Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo Estados Unidos han suscrito estos acuerdos de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El esquema de pago incluye un desembolso base de 100.000 dólares por departamento y un bono adicional de 7.500 dólares por cada agente que se incorpore al programa. No obstante, documentos internos filtrados revelan que los oficiales solo comienzan a percibir estos incentivos tras realizar su primer arresto.

Aunque el DHS justificó inicialmente la medida como una herramienta para capturar a criminales peligrosos y terroristas, las estadísticas contradicen este discurso. Datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse indican que más del 70% de los retenidos en centros de detención no tienen condenas previas. La mayoría de los imputados enfrentan cargos por infracciones menores, como faltas de tráfico.

Felicity Rose, vicepresidenta de FWD.us, advirtió que estos estímulos económicos “incentivan el sesgo racial” y desvían la labor policial hacia la persecución de faltas administrativas.

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La implementación del programa es especialmente fuerte en Florida, con 270 departamentos adheridos y 149 millones de dólares recibidos, y en Texas, con 161 acuerdos.

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La iniciativa, conocida como Programa de Bonos de Reclutamiento de Agentes de la Ley de Florida, fue lanzada en 2022 con el objetivo de incentivar a oficiales activos —tanto dentro como fuera del estado— a integrarse a los departamentos policiales locales y estatales mediante pagos únicos libres de impuestos.

Según datos oficiales, el programa ha supuesto una inversión pública superior a los 67,9 millones de dólares desde su creación. En la ronda de pagos más reciente, el gobierno estatal distribuyó cerca de cinco millones de dólares entre 744 oficiales que se incorporaron a distintas agencias policiales en el estado.

De acuerdo con DeSantis, la medida busca reforzar la seguridad pública y consolidar a Florida como uno de los territorios con mayor respaldo institucional a las fuerzas del orden en Estados Unidos.

“Me enorgullece anunciar un logro para el Programa de Bonos de Reclutamiento de las Fuerzas del Orden de Florida: ya se han distribuido más de 10.000 pagos de bonificaciones de 5.000 dólares después de impuestos al personal de las fuerzas del orden en todo nuestro estado”, declaró el gobernador.

El mandatario también señaló que muchos de los nuevos agentes han llegado desde otros estados donde, según afirmó, las fuerzas policiales han enfrentado recortes presupuestarios o una disminución en el respaldo político.

“Muchos de estos nuevos reclutas se han trasladado a Florida desde estados donde las fuerzas del orden han sido desfinanciadas o desmoralizadas por agendas políticas radicales”, afirmó.

No solo para cubrir vacantes

Las autoridades estatales sostienen que el programa no solo busca cubrir vacantes, sino también facilitar la reubicación de los agentes y sus familias. El secretario de Comercio del estado, J. Alex Kelly, indicó que los bonos ayudan a los oficiales a establecerse en Florida y, al mismo tiempo, fortalecen la seguridad en las comunidades.

Según Kelly, la estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la estabilidad de los departamentos policiales y garantizar la protección de los residentes.

El incentivo económico se complementa con otros cambios legislativos y presupuestarios orientados a mejorar las condiciones laborales de los agentes. En el presupuesto estatal correspondiente al año fiscal 2025-2026, Florida asignó aproximadamente 49 millones de dólares para incrementos salariales destinados a más de 16.200 oficiales juramentados que trabajan en agencias estatales.

Con estos fondos, el salario base mínimo para los agentes se eleva a 60.000 dólares anuales. Además, se establecen aumentos del 10% para los oficiales que comienzan su carrera y del 15% para los agentes con mayor experiencia.

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El paquete de medidas también incluye reformas legales dirigidas a reforzar la protección de los policías en el ejercicio de sus funciones. Entre ellas se contemplan sanciones más severas para delitos cometidos contra agentes del orden, así como la creación de becas para cubrir los costos de formación en academias policiales.

Asimismo, el estado ha impulsado programas educativos en escuelas secundarias con el objetivo de fomentar el interés de los jóvenes en carreras relacionadas con la seguridad pública.

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Según los datos recopilados por el grupo de defensa FWD.us, el número de acuerdos activos pasó de 135 durante la administración del expresidente Joe Biden a 1.168 en la actualidad. Estas alianzas abarcan agencias en 39 estados, lo que evidencia una presencia territorial amplia y un fortalecimiento de la coordinación entre autoridades locales y federales en tareas de control migratorio.

El crecimiento está vinculado a la reactivación del modelo de “fuerza de tarea”, que faculta a oficiales municipales y de oficinas del sheriff —previa capacitación— a desempeñar determinadas funciones federales, como interrogar, detener y arrestar a personas sospechosas de encontrarse en el país sin estatus migratorio regular. Este programa había sido suspendido en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, tras denuncias de perfilamiento racial en jurisdicciones como el condado de Maricopa, en Arizona, y el condado de Alamance, en Carolina del Norte.

Con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la iniciativa fue restablecida con respaldo presupuestario del One Big Beautiful Bill Act. De acuerdo con reportes citados por distintos medios, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ofrece incentivos económicos a las agencias participantes; hasta 7.500 dólares por cada oficial capacitado para la compra de equipo, 100.000 dólares para la adquisición de vehículos y compensaciones por horas extra que pueden alcanzar el 25 por ciento del salario de un agente. Se estima que los departamentos integrados al programa podrían recibir entre 1.400 y 2.000 millones de dólares en conjunto durante el año fiscal en curso.

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El grupo FWD.us, organización que se ha opuesto a las campañas de deportación al cuestionar lo que describe como “brutalidad y violencia” en operativos, señaló que la expansión marca un cambio sustancial frente al periodo anterior. Florida lidera la lista con 342 agencias participantes, seguida por Texas con 296. También figuran Tennessee, con 63 acuerdos; Pensilvania, con 58; y Alabama, con 53, consolidando una red de cooperación migratoria que se ha extendido rápidamente a nivel nacional.

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Los asesinatos se produjeron un día después de que grupos de pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país; una de las prisiones ya fue recuperada.

“Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos”, dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.

Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos por los ataques y un presunto pandillero muerto.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas en el país de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

Desde la mañana del sábado, los pandilleros mantenían retenidos a 45 custodios y a un siquiatra para exigir el traslado de sus jefes a prisiones con medidas de seguridad menos severas, petición que fue rechazada por el gobierno.

“No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios, ni a conceder ningún tipo de consideración para que esta situación deje de producirse”, afirmó Villeda.

Este domingo, las autoridades lograron retomar el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberar a los nueve custodios que permanecían retenidos por los pandilleros allí.

Al alba, los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los rehenes.

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“Fue un operativo que se desarrolló sin que hubieran bajas de ninguno de los dos lados y se logró rescatar con vida a los nueve rehenes que estos terroristas tenían en su poder”, señaló Villeda.

Los pandilleros tienen aún 28 personas retenidas en el centro penitenciario Fraijanes II y otros nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.

Por: AFP

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Durante una rueda de prensa, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó en su momento a los periodistas que entre los arrestados se encontraban un presunto asesino colombiano, supuestos miembros de pandillas callejeras de la MS13 y MS18, y un ruso con una alerta roja por homicidio involuntario.

In a first-of-its-kind partnership between state and federal partners, ICE Miami and Florida law enforcement arrested nearly 800 illegal aliens this week during the first four days of #OperationTidalWave — a massive, multi-agency, immigration enforcement crackdown.

💡Learn how… pic.twitter.com/LbH3j4OJU9

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 26, 2025

El referido operativo se convirtió en el primer trabajo coordinado de control migratorio de agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) con la Policía de Florida.

“Es lo que está por venir en este país: operaciones a gran escala que emplean a nuestros socios estatales y locales para expulsar a los inmigrantes ilegales delincuentes de nuestras calles”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

A los 800 migrantes sin la documentación requerida que fueron detenidos en Florida, se suma el arresto de más de otros 100 indocumentados en un solo día, hecho que tuvo lugar la noche del sábado 26 de abril en un club nocturno en el estado de Colorado.

Al cumplirse recientemente los primeros 100 días de mandato de Trump, tanto Leavitt y como Tom Homan, el designado zar de la frontera, destacaron los esfuerzos del Presidente para llevar a cabo su promesa de deportaciones masivas.

Las redadas efectuadas en Florida se llevaron a cabo en los condados de Miami-Dade y Broward, y en las ciudades de Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers, de acuerdo con información mencionada por el diario local Miami Herald.

Las autoridades migratorias manifiestan que se han centrado en arrestar a “delincuentes o infractores de inmigración” con órdenes de deportación finales.

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Un socio a toda prueba

El gobierno de Florida, con el gobernador Ron DeSantis al frente, se ha convertido en uno de los principales socios del Gobierno del presidente Donald Trump y su plan de deportaciones masivas.

DeSantis firmó en febrero pasado dos extensas leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares en su estado y facilitan en esta región la aplicación de la agenda migratoria del Jefe de Estado.

Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes.

Florida ha otorgado a su policía poder para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por la discriminación racial que pudiera originar.

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Un ejemplo de esto fue el arresto a mediados de abril de Juan Carlos López Gómez, de 20 años, un ciudadano estadounidense al que un agente de la Patrulla de Caminos de la Florida arrestó por supuestamente ser indocumentado.

El joven fue detenido cuando viajaba como pasajero en un vehículo que ingresó al estado desde Georgia.

López Gómez tuvo que presentarse frente a un juez y no fue liberado sino hasta que su madre presentó su certificado de nacimiento.

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La decisión de los decanos de las instituciones de educación superior del estado, que hasta ahora son los únicos en Estados Unidos en prestar dicha colaboración, causado preocupación entre alumnos y defensores de derechos civiles, por los efectos que pueda ocasionar entre los estudiantes.

La Florida International University (FIU), con sede en Miami y con una matrícula estudiantil de mayoría hispana, confirmó que su departamento de policía recibirá capacitación para desempeñar funciones migratorias bajo supervisión federal como parte del programa 287(g).

“Tenemos que asegurarnos de tener suficiente capacidad y suficientes asientos para nuestros residentes legales del estado de Florida”, manifestó en una declaración a los periodistas la presidenta de la FIU, Jeanette Núñez, quien hasta febrero pasado se desempeñó como vicegobernadora de Florida.

La medida asumida por las citadas universidades obedece al mandado expresado por el gobernador de Florida Ron DeSantis el pasado febrero, y que permite a los departamentos de policías locales y estatales preguntar por el estatus migratorio de las personas y hacer detenciones.

Aún no está claro si esta colaboración entre las universidades y las autoridades de inmigración afectará a personas amparadas por programas migratorios como el de Acción Diferida para lo Llegados en la Infancia (DACA).

Por ejemplo, la FIU tiene aproximadamente 600 estudiantes beneficiarios del programa de DACA, que ahora enfrentan una mayor incertidumbre.

La medida también afectaría a los estudiantes internacionales y muestra de ello es que entre el 25 de marzo y el 10 de abril, la FIU confirmó que 18 de sus estudiantes y graduados recientes perdieron sus visas F-1, lo que los obligó a abandonar sus estudios.

Dianne Fernández, portavoz de la FIU dijo que “la Universidad está brindando asesoría legal a los afectados” y ha expresado preocupación por el impacto de estas medidas en la comunidad estudiantil.

Ante esta situación, el Secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la política de revocar visas a estudiantes extranjeros que participen en actividades que, según él, atenten contra los intereses de Estados Unidos.

“Si nos mientes, consigues una visa y entras a Estados Unidos, y con ella participas en ese tipo de actividades, te la retiraremos”, dijo Rubio.

Un ambiente de temor y desconfianza

En Boca Ratón la Florida Atlantic University (FAU) también ha iniciado el proceso para que sus policías colaboren con el ICE. Mientras que la University of South Florida (USF) en Tampa, y la University of Central Florida (UCF) en Orlando, ya confirmaron su intención de unirse al programa 287(g), aunque aún están en proceso de formalizar los acuerdos.

Los críticos de esta disposición indican que la presencia de agentes de inmigración en las universidades podría crear un ambiente de temor y desconfianza, que disuadiría a los estudiantes de acceder a recursos esenciales y participar plenamente en la vida académica.

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Miami University, institución privada ubicada en Coral Gables, hasta ahora no ha suscrito acuerdos de colaboración con el ICE bajo el programa 287(g).

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Durante su primera reunión oficial, el referido Consejo, conformado por ocho jefes de departamentos de policías del estado de Florida, expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan las fuerzas locales del orden para colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El presidente del Consejo, Grady Judd, enfatizó la necesidad de que el Gobierno federal flexibilice sus normas para que las autoridades estatales puedan intervenir de manera más directa en la detención y traslado de migrantes en situación irregular, según la reseña publicada por el citado periódico.

Judd, quien también ocupa el cargo de alguacil del condado de Polk, criticó la ausencia de apoyo de la Casa Blanca en esta materia. De acuerdo con USA Today, los miembros del Consejo manifestaron su descontento ante la negativa del Gobierno federal a permitir que las 67 cárceles del estado alberguen a extranjeros en proceso de deportación ya que el ICE enfrenta una escasez de camas para albergar a indocumentados, pero debe apegarse a la ley federal para poder asignar contratos.

Conformado por ocho miembros, todos jefes de departamentos de policías locales y de los condados, el Consejo centró su primera reunión en las frustraciones y obstáculos que han enfrentado sus agentes para ayudar a ICE y a la Administración Trump a cumplir con su agenda de deportaciones masivas.

El impulsor Ron DeSantis

Uno de los principales obstáculos que se presentan con la detención de personas sin un estatus migratorio definido, es la limitada capacidad del ICE para retener a estas personas, ya que debe ajustarse a normativas federales en la asignación de contratos para la detención.

A pesar de esta circunstancia, el gobernador Ron DeSantis ha impulsado una serie de iniciativas para reforzar la política migratoria estatal. Como parte de estos esfuerzos la Legislatura de Florida aprobó una partida de 250 millones de dólares destinada a financiar operativos de detención y reforzar la colaboración entre agencias locales y federales.

El Consejo Estatal de Control de Inmigración de Florida funciona bajo la supervisión de la Junta Estatal de Control de Inmigración, presidida por DeSantis y su conformación en el mes de febrero pasado obedece a la creciente presión que han ejercido las autoridades locales para endurecer las medidas contra la inmigración irregular en el estado.

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Recientemente el mandatario floridano ha impulsado varias medidas con el propósito, según ha dicho varias veces, de que el estado de Florida sea el “más seguro y protegido” de Estados Unidos. Entre las medidas puestas en marcha se encuentra la de imponer sanciones más severas a inmigrantes indocumentados que a estadounidenses, aunque comentan el mismo delito.

Además, sancionó una ley que establece la pena de muerte automática para inmigrantes sin documentos que sean condenados por delitos capitales, como asesinato o abuso sexual infantil.

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En este momento, no se han identificado sustancias peligrosas específicas. Otras agencias involucradas en la respuesta e investigación incluyen la Oficina de Gestión de Emergencias de Filadelfia, el Departamento de Bomberos y el Departamento de Agua de Filadelfia.

Todo esto se origina luego de que un incendio y una explosión se registrara alrededor de las 9:30 pm, en la cuadra 300 de Highland Avenue.

Según informó Fox29, gran cantidad de humo salió del techo de un almacén que alberga a SPS Technologies, una empresa de componentes y sujetadores de metal.

La ciudad está monitoreando un gran incendio en el condado de Montgomery y cuenta con recursos para analizar la calidad del aire y el agua. Lea más del Departamento de Salud Pública de Filadelfia: https://t.co/jM78R1bqun

— Philadelphia OEM (@PhilaOEM) 18 de febrero de 2025

Las autoridades evacuaron al menos a 60 empleados, sin registrar heridos ni complicaciones. Policías y bomberos permanecían trabajando en el lugar este martes a la mañana controlando que el incendio no se propagara.

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Ante este suceso, las escuelas en los distritos escolares de Abington y Jenkintown cerraron durante el día, al igual que los negocios cercanos al lugar de los hechos.

La ciudad continuará brindando actualizaciones a medida que estén disponibles, a través de la cuenta X de la Oficina de Gestión de Emergencia de Philadelphia y la cuenta X del Departamento de Salud.

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El alto funcionario indicó que 36 personas fueron arrestadas, entre ellas 23 policías activos y dos retirados.

“Hoy en la mañana se desmanteló una estructura criminal dedicada al tráfico de personas”, escribió Jiménez en la red social X donde dijo además que los traficantes utilizaban a “agentes policiales corrompiéndoles para que se garantizara el trayecto de las personas que traficaban en las rutas en el país”.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala por su parte indicó a través de la misma red social que la operación para desmantelar a la red se realizó “bajo el liderazgo” del ministerio guatemalteco del Interior y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estadounidense.

La misión diplomática agregó que la estructura “explotó” a “casi 10.000 migrantes” y resaltó “la coordinación e intercambio de información bilateral” para ejecutar las detenciones.

Centroamérica sirve de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a EE.UU.

El fiscal Marvin Orellana detalló que la red movilizó a migrantes de Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otras nacionalidades.

Además, miles de centroamericanos se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal.

Jiménez explicó que la operación se enmarca en “la estrategia” del presidente Bernardo Arévalo “de no criminalizar al migrante, pero sí perseguir y desmantelar las estructuras de tráfico de personas”.

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“El resultado de este desmantelamiento se debió a una colaboración interna de la propia Policía Nacional Civil”, indicó el ministro.

Durante la operación, que abarcó 34 allanamientos en poblados del este, oeste, sur y la capital del país (centro), también se incautó “cuatro vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo”, dijo a periodistas el fiscal Marvin Orellana.

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El primer subcomisionado John Stanford destacó que el departamento agregará lo que llaman a nuevos oficiales uniformados en vehículos marcados para combatir el crimen los fines de semana.

“Atravesarán toda la ciudad obviamente con la idea en mente de luchar contra el crimen, pero también estarán disponibles para cualquiera de los tipos de incidentes planificados o no que hemos visto en toda la ciudad, como esas grandes reuniones de personas, encuentros de autos, o cualquier tipo de incidente mayor”.

Stanford precisó que el personal adicional de unidades que no son de patrullaje se utilizará los viernes y sábados por la noche para comenzar, al tiempo que indicó que el cambio está diseñado para darles a los oficiales de patrulla la confianza de que habrá refuerzos disponibles si algo sale mal.

El subcomisionado del Philadelphia Police Departmentañadió que la patrulla especial perseguirá todo lo que se refiere a delitos. “Si ven que se está cometiendo un crimen, van a responder, van a actuar y, como saben, algunos han considerado el robo minorista como un delito de pequeño nivel desde hace años. Ése es uno de los temas más importantes en este momento para nosotros y por eso sigue siendo un delito”.

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Stanford dijo que los líderes policiales monitorearán la utilidad de los oficiales adicionales y ajustarán la fuerza según sea necesario, redistribuyendo uniformados cada fin de semana a puntos críticos de crimen y manteniéndolos móviles para que puedan ayudar donde sea necesario en toda la ciudad.

(Modafinil)

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