La iniciativa, que se presentará esta semana al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6% en las cotizaciones, que pasarían del 10% actual hasta el 16%.

Un 3% del incremento de la cotización lo pagará el empleador, se sumará al 10% actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador. El otro 3% también estará a cargo del empleador pero contará con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario.

Ese fondo es otra de las novedades que presenta la reforma y sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar “un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa”, explicó Piñera.

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Actualmente el modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

La reforma permitirá un aumento de 56.600 pesos mensuales (cerca de 73 dólares) para los hombres, lo que significa un aumento promedio de 20 % de sus pensiones y beneficiará a más de 500 mil pensionados.

En el caso de las mujeres el beneficio será de 70.800 pesos al mes (unos 91 dólares), lo que significa un aumento promedio de 32 % de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350 mil pensionadas, según dijo el Jefe de Estado.

“Con estas reformas, se garantiza que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo”, que es de 300 mil pesos chilenos (unos 400 dólares), señaló Piñera.

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“Quiero convocar con mucha alegría y entusiasmo a todos nuestros compatriotas a participar del plebiscito que tendremos el 26 de abril del 2020”, anunció el Jefe de Estado quien asumió el poder en marzo de 2018 con una postura contraria al cambio de la Constitución que había contemplado el gobierno de su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018).

En un acto celebrado cuatro días antes de finalizar el 2019, en el Palacio de La Moneda sede del Ejecutivo, Piñera firmó un decreto supremo mediante el cual oficializó el llamado a la ciudadanía a votar en la consulta considerada histórica para decidir si se cambia la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

En la consulta, los chilenos deberán responder dos preguntas: si quieren o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactar el nuevo Texto Fundamental.

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La redacción de una nueva Constitución es uno de los principales clamores del estallido social ya que es considerada por la ciudadanía el origen de las desigualdades en el país.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución que debe redactarse en un máximo de un año, se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

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“En algunos casos no se respetaron los protocolos, se cometieron abusos” por parte de las fuerzas de seguridad, refirió el mandatario aunque no hizo mención de a la solicitud de distintos partidos políticos de responsabilizar por estos actos directamente al general Director de Carabineros, Mario Rozas.

Piñera expresó su “solidaridad y condolencias con las personas que fueron víctimas de esa violencia y especialmente con los familiares de aquellos compatriotas que perdieron su vida”.

Dijo que su compromiso es con los derechos humanos, con la verdad y la justicia, “que exigen que todos estos casos que están siendo investigados sigan siendo investigados para que puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos”, acotó.

El jefe de Estado indicó que su gobierno hará el mejor esfuerzo para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la fiscalía y los tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia.

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“En las últimas cuatro semanas, Chile cambió; los chilenos cambiaron, el Gobierno cambió, todos hemos cambiado. El pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó”, dijo el domingo el Presidente quien al inicio de la crisis anunció una serie de medidas sociales que avanzan con tropiesos en el Parlamento.

El mandatario alabó también el acuerdo al que llegaron el viernes pasado las fuerzas parlamentarias para convocar un plebiscito en abril de 2020 y preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y que órgano debería redactarla, al tiempo que reconoció por primera vez que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, lo que se comprometió a sancionar.

“El acuerdo por la paz no significa solamente resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, significa también fortalecer la amistad cívica en todos los chilenos, significa regirse por el estado de derecho y respetar la ley, significa también respetar los derechos humanos de todos, significa pacificar los espíritus”.

Un mes de protestas

Miles de personas salieron el lunes a las calles para celebrar el primer mes del estallido social más grave de la democracia chilena y mostrar su desconfianza tanto con la agenda social anunciada por el Gobierno como con el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.

La Plaza Italia, emblemática zona de las revueltas, volvió a ser epicentro de una gran concentración que transcurrió de manera pacífica, aunque se dieron algunos incidentes aislados entre jóvenes y fuerzas de seguridad.

El estallido social ha dejado al menos 23 muertos, cinco de ellos presuntamente a manos de agentes policiales, y 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares según el último informe del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La Policía chilena (Carabineros) indicó por su parte este lunes 18 de noviembre que se han registrado más de 15.000 detenciones desde el 18 de octubre, de las cuales 4.000 corresponden a saqueos.

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“Nuestro Gobierno, con profundo dolor, ha resuelto no realizar la cumbre de la APEC, ni tampoco la cumbre de la COP25. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas e inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP25”, explicó el Jefe de Estado.

El mandatario chileno aseguró que la medida se toma para poder priorizar las soluciones a las demandas sociales que se han producido en el país suramericano.

“Un Presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas por encima de cualquier otra consideración”, agregó, según cita el diario chileno La Tercera.

La cumbre más inminente es la de la APEC, que estaba prevista para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre en Santiago y a la que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había confirmado su asistencia a pesar de los disturbios en Chile. La COP25 se esperaba para el 2 y el 13 de diciembre también en la capital chilena.

La cumbre del clima se organiza bajo el paraguas de la ONU cada año y la de Chile debía servir para ultimar algunos detalles del reglamento que servirá para aplicar el Acuerdo de París contra el cambio climático.

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La ONU señaló que el Gobierno chileno le comunicó este miércoles que no acogerá la reunión por la “difícil situación” que atraviesa el país. “Estamos explorando opciones alternativas”, apuntó la ONU en referencia a un posible cambio de sede o de fechas.

Piñera subrayó que ha sido “una decisión muy difícil” debido a la “importancia” de la APEC y la COP25 “para Chile y el mundo”, al tiempo que ha ratificado el “absoluto compromiso” de la nación suramericana con ambas organizaciones.

El presidente chileno explicó que ha dado este paso basándose “en el sentido común y en poner por delante a los compatriotas”. “Dadas las difíciles circunstancias que ha vivido el país en las últimas semanas, la primera preocupación y prioridad es restablecer el orden público y la seguridad ciudadana”, indicó el Jefe de Estado.

Piñera insiste en que sus prioridades son impulsar la nueva agenda social para responder a las demandas ciudadanas y el proceso de diálogo en el país.

Las protestas que comenzaron el 17 de octubre por el alza en el precio del boleto de metro, han dejado al menos 20 muertos y golpeado la popularidad del mandatario.

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Entre las propuestas más relevantes se encuentran el aumento del salario mínimo de 301.000 a 350.000 pesos a costo estatal, la creación de un seguro catastrófico de enfermedades, el aumento “inmediato del 20 % en la pensión básica solidaria apenas se apruebe la ley” y la creación de un nuevo tramo impositivo del 40 % para quienes ganen más de 8 millones de pesos mensuales.

Asimismo, anunció que se planteará la “reducción de las dietas parlamentarias y los funcionarios públicos”, además de la limitación de la reelección y reducción del número de parlamentarios. También se reformará el Fondo Común Municipal, para que las comunas más ricas del país aporten más recursos a las más pobres, además de la anulación del alza del 9,2 % en las tarifas eléctricas.

En un discurso más moderado, tras su criticada referencia a que el país estaba “en guerra”, Piñera pidió “perdón a mis compatriotas” por su falta de visión ante la crisis. “Hemos escuchado, fuerte y clara, la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y esperanzas de una vida mejor”, sostuvo. Anteriormente el Gobierno solo había calificado de “acciones delictivas” las protestas.

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“Esta agenda social no solucionará todos los problemas que aquejan a los chilenos pero será un aporte necesario y significativo para mejorar su calidad de vida, y muy especialmente la de los sectores más vulnerables y la clase media, con especial prioridad por los niños, las mujeres y los adultos mayores”, dijo el mandatario que presentó las propuestas tras reunirse con dirigentes oficialistas y opositores en el Palacio de la Moneda.

Muchos de los proyectos serán presentados con carácter de urgencia al Parlamento. Sin embargo, Piñera deberá alinear a su propio sector que este mismo martes votó en bloque contra la disminución de la dieta parlamentaria, que pese a ello fue aprobada en la Cámara de Diputados con votos de la oposición. El proyecto fue presentado hace cuatro años por parlamentarios que hoy militan en el izquierdista Frente Amplio.

Piñera agregó que sabe “que algunos piden terminar con los estados de emergencia y el toque de queda. Todos lo queremos. Pero como Presidente es mi deber levantar los estados de emergencia cuando tenga seguridades que el orden público, la seguridad ciudadana y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados”.

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El despliegue de miles de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada no logró frenar la furia de los centenares de manifestantes que mantiene a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos.

La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (1,17 dólares aproximadamente).

A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar “evasiones masivas” en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, pero la situación fue agravándose a partir del viernes 18 de octubre cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.

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Ante la situación el Gobierno decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes ordenaron toque de queda la tarde del sábado 19 de octubre.

El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció en la noche del sábado, la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado “con humildad la voz de la gente”. Pero las protestas continuaron y los manifestantes ahora pedían la caída de todo el Gobierno.

Pero, a qué se debe esa violencia desbordada. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la “punta del iceberg” de los problemas que están aquejando a los chilenos, según reseñó la BBC en un reportaje de investigación sobre el caso.

La palabra “desigualdad” se apoderó del debate en los últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país suramericano es desmedida.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301 mil pesos (423 dólares) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400 mil pesos (562 dólares) al mes.

Los manifestantes alegan que con ese salario, un aumento en el pasaje del metro es inconcebible, más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más costosos en función al ingreso medio.

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Este es el segundo ajuste del gabinete ministerial que Piñera ejecuta desde que asumió el poder en marzo de 2018. El primero ocurrió en agosto del año pasado cuando cambió a dos de sus ministros.

“Acabo de entregar a los nuevos ministros una carpeta con las metas y objetivos que deberán cumplir”, dijo Piñera en el acto en el que nombró a los nuevos titulares.

El mandatario confirmó la salida de Emilio Santelices de la cartera de Salud; Roberto Ampuero, de Relaciones Exteriores; José Ramón Valente, de la cartera de Economía; y Susana Jiménez, del ministerio de Energía. Además, Juan Andrés Fontaine, dejó Obras Públicas para convertirse en el nuevo jefe de Economía y Alfredo Moreno salió de Desarrollo Social para asumir en Obras Públicas.

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En Cancillería asumirá Teodoro Ribera en reemplazo de Ampuero, quien fue muy criticado durante su gestión al frente de la política exterior del país suramericano, que ha buscado asumir un liderazgo regional sobre todo respecto a la situación en Venezuela.

En Educación, Marcela Cubillos reemplazó a Gerardo Varela y en Cultura Mauricio Rojas fue designado en lugar de Alejandra Pérez; sin embargo, Rojas duró apenas 90 horas en el cargo y en su lugar fue nombrada luego Consuelo Valdés.

El ministerio de Economía, encargado de fomentar inversiones, quedará en manos de Juan Andrés Fontaine, hasta ahora titular de Obras Públicas, donde asumirá Alfredo Moreno y en Desarrollo Social ingresará Sebastián Sichel, hasta ahora vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento (Corfo).

En Energía entrará Juan Carlos Jobet y en Salud Jaime Mañalich que fue titular de esa cartera en el primer gobierno de Piñera (2010-2014).

“Este año 2019 es, sin duda, un año más exigente. El comercio mundial está cayendo, situación que no ocurría hace muchas décadas, y los precios de muchos productos que exportamos, como el cobre, han bajado, y los precios de productos que importamos, como los combustibles, han subido”, dijo Piñera.

El Jefe de Estado aludió también a dificultades “internas”, en relación a que tiene minoría en el Parlamento, lo que ha demorado la tramitación de proyectos de reformas que considera claves, como la tributaria, de pensiones y laboral.

Los anuncios llegan luego de que se conociera que el Presidente tiene una aprobación del 25 % y un rechazo del 50 %, según los resultados de una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). La aprobación a la gestión del mandatario supone una caída de 12 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior, correspondiente al pasado diciembre, mientras el rechazo a su desempeño representa un aumento de 11 puntos.

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“Queremos transformar a Chile en un verdadero centro de negocios para las empresas chinas. Para que ustedes puedan, desde Chile, llegar también a toda América Latina”, manifestó el mandatario durante un encuentro de innovación e inversión celebrado en Pekín en la mañana del jueves.

La inteligencia artificial y el comercio electrónico fueron dos de los asuntos abordados en la reunión a la que asistieron tanto empresarios chilenos como chinos.

“Chile quiere enfrentar esa nueva revolución, aceptar todas las nuevas oportunidades y es por eso que estamos poniendo mucho énfasis en la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento”, agregó Piñera.

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Tras el encuentro, el presidente Piñera inauguró un acto de promoción de vinos de Chile desde donde salieron ocho millones de cajas en 2018 con destino a China, según información proporcionada por la Presidencia del país suramericano.

La agenda de Piñera en Pekín continuó con una visita a la sede de la empresa de transporte Didi, el equivalente chino a Uber, y que está previsto comience a operar en Chile este año después de haberlo hecho ya en Brasil y México.

Un almuerzo con directivos de grandes empresas chinas fue la siguiente cita del mandatario chileno en la capital china.

En él, Piñera buscó incrementar el desarrollo de las exportaciones de servicios e incrementar y diversificar las inversiones de China en el país suramericano.

Durante el viernes y el sábado, el jefe de Estado chileno participará en el II Foro de las Rutas de la Seda en Pekín, un macroproyecto internacional impulsado por China para la construcción de infraestructuras por todo el planeta que ha logrado la colaboración de más de 120 países en todo el mundo.

Sin embargo, la iniciativa también ha generado dudas, sospechas y protestas por parte de organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos por su falta de transparencia y ausencia de estudios de impacto social y ambiental.

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