La lista registra los casos de numerosos trabajadores de la comunicación que se han visto obligados a huir del país debido a la crisis sociopolítica que aqueja a la nación centroamericana.

El ejercicio periodístico es considerado como una profesión de alto riesgo. Prueba de ello, fue el asesinato de Ángel Gahona, reportero y camarógrafo nicaragüense, el 21 de abril en la ciudad de Bluefields, mientras cubría en directo las protestas contra las reformas a la Seguridad Social del presidente Daniel Ortega.

Según el director del Confidencial de Nicaragua, Carlos F. Chamorro, dos jóvenes afrodescendientes fueron condenados por el crimen de Gahona en un proceso judicial a puertas cerradas y lleno de irregularidades.

Familiares del periodista convencidos de que el gobierno está protegiendo a un “asesino uniformado”, tuvieron que refugiarse en Estados Unidos y Costa Rica para frenar el acoso de las autoridades.

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La libertad de prensa constituye uno de los aspectos del país que presenta mayor vulnerabilidad. Para muestra de ello, entre abril y noviembre de 2018 se registraron al menos 420 casos de violación a la libertad de prensa que incluyen agresiones, censura, amedrentamiento y muerte, según datos proporcionados por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)

El movimiento de Periodistas y Comunicadores Independientes destacó que, además del asesinato de Gahona, existen tres casos de periodistas detenidos, un canal de televisión “confiscado”, una radioemisora clausurada, además de un grupo de medios allanado y saqueado.

La responsabilidad de estos incidentes represivos recae sobre el Gobierno, denunció la organización.

La ONG Reporteros Sin Fronteras ha denunciado un incremento significativo en los ataques a la prensa independiente de Nicaragua que ve en ellos un intento del presidente Ortega de acallar las voces críticas de su gestión.

La organización con sede en París consideró que el final de 2018 se caracterizó por una serie de “ataques graves” contra la prensa independiente que incluían detenciones arbitrarias, actos violentos, amenazas de muerte y espionaje.

La organización mencionó el asedio contra el canal opositor de televisión 100% Noticias y su director, Miguel Mora. De igual modo señaló acciones contra las emisoras de la ciudad de León, Radio Darío y Radio Mi Voz.

Dentro de sus denuncias citó las agresiones e intimidación contra los periodistas Gustavo Jarquín (Radio Corporación), Carlos Salinas (Confidencial), Álvaro Montalván (Radio Mi Voz), Luis Sánchez (diario La Prensa), Eddy López (La Prensa) y Verónica Chávez (100% Noticias), además de la salida al exilio de Carlos Pinell, Carlos Pastora y Jaime Arellano.

Estas agresiones a periodistas y medios independientes han sido identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “la cuarta etapa de la represión gubernamental” contra la población nicaragüense.

Esta etapa ha sido precedida por una primera ola represiva contra manifestaciones de calle pacíficas, luego, la implementación de  ataques armados contra ciudades que se oponen al mandato del presidente Daniel Ortega y una tercera fase de criminalización de las protestas. De acuerdo a la CIDH, las cuatro etapas han arrojado saldos de víctimas mortales.

En diciembre pasado la CIDH acusó al Gobierno de Ortega de cometer crímenes “de lesa humanidad”, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual  ya se ha iniciado un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.

Estas acusaciones han sido rechazadas por el presidente Ortega quien ha considerado las protestas en su contra como maniobras golpistas que han sido enfrentadas legítimamente por su gobierno.

Según organismos humanitarios, entre 325 y 545 personas han muerto en el marco de la crisis que afecta Nicaragua, de los que el Gobierno reconoce 199.

Unas fallidas reformas de la seguridad social fueron el detonante que inició las protestas el 18 de abril pasado y que evolucionaron a la exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.

Por: José Espinoza

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