La demanda alega que altos ejecutivos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) hicieron un mal uso de los fondos de caridad para beneficio personal, otorgaron contratos a amigos y familiares y proporcionaron contratos a ex empleados para asegurar su lealtad.

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Los datos de esta nota periodística fueron divulgados por la National Public Radio (NPR) fuente que precisa que tratar de disolver la NRA es la sanción más agresiva que la fiscal James podría haber buscado contra la organización sin fines de lucro, sobre la cual James tiene jurisdicción porque está registrada en Nueva York.

James tiene una amplia gama de autoridades relacionadas con las organizaciones sin fines de lucro en el estado, incluida la autoridad para obligar a las organizaciones a cesar sus operaciones o a disolverse. La NRA está casi segura de impugnarla.

La NPR aseguró en su escrito que se trató de poner en contacto con la NRA para pedirle comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Las palabras de la fiscal James

La fiscal de Nueva York, Letitia James dijo, a través de un comunicado, que “la influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización estuvo sin control durante décadas mientras los altos ejecutivos canalizaban millones de dólares a sus propios bolsillos”.

“La NRA está plagada de fraude y abuso, por lo que hoy en día tratamos de disolverla, porque ninguna organización está por encima de la ley”.

La queja de James nombra a la Asociación Nacional del Rifle en su conjunto, pero también nombra a cuatro ejecutivos actuales y anteriores de la NRA: El vicepresidente ejecutivo Wayne LaPierre, el consejero general John Frazer, el ex director financiero Woody Phillips y el ex jefe de personal Joshua Powell.

Una ristra de delitos

Se enumeran docenas de ejemplos de presuntos delitos financieros, incluido el uso de fondos de la NRA para vacaciones, jets privados y comidas caras. En una declaración, la oficina de James dijo que los ejecutivos de la organización de beneficencia “instituyeron una cultura de autoliquidación, mala gestión y supervisión negligente” que contribuyó al “despilfarro y la pérdida de millones de activos”.

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La demanda busca disolver la NRA en su totalidad y pide al tribunal que ordene a LaPierre y a otros ejecutivos actuales y anteriores a devolver las ganancias ilícitas. También busca remover a LaPierre y Frazer del liderazgo de la organización y prevenir que los cuatro individuos nombrados vuelvan a servir en la junta de una organización de caridad en Nueva York.

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