La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue arrestado en España la semana pasada y espera una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición.

Los fiscales mexicanos acusaron a Lozoya de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht S.A y la siderúrgica mexicana Altos Hornos.

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“La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel”, dijo al The Wall Street Journal el alto funcionario refiriéndose a Peña Nieto. “La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”.

La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que expiró el mandato de Peña Nieto a fines de 2018.

En el caso de que Peña Nieto fuese procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno enfrenta cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses.

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Quien fue ministra de los despachos de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario durante la administración de Peña Nieto fue aprehendida tras finalizar una audiencia de 12 horas ante un juez, quien ordenó su prisión preventiva, informó el Diario El Universal.

“El juez le dictó una prisión preventiva por dos meses, es el tiempo que tenemos para aportar nuevos datos de prueba a la investigación”, dijo a la prensa Xavier Olea, abogado de la defensa de Robles quien aseguró que se trata de una persecución política contra su clienta y que cuenta con todos los recursos necesarios para demostrar la inocencia de la exministra.

Robles fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, al oriente de la capital mexicana.

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El desvío de unos 300 millones de dólares conocido como “La Estafa Maestra” fue revelado mediante una premiada investigación periodística publicada en septiembre de 2017 y supuso un duro golpe a la administración de Peña Nieto, manchada por escándalos de corrupción.

Según investigaciones de la Fiscalía y de la Auditoría Superior de la Federación, el esquema de corrupción implicaría a más de una decena de dependencias federales, entre ellas los dos ministerios donde sirvió Robles, a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.

La Fiscalía de México afirmó que Robles sabía que en ambas dependencias funcionarios a su cargo cometían irregularidades en la contratación directa de entes públicos, pero no hizo nada para evitarlo ni lo informó al expresidente Peña Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había señalado en las últimas semanas que la exfuncionaria era “un chivo expiatorio”, aseguró este martes que será la justicia quien decida si hay otros políticos implicados. “No es asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato”, dijo en su habitual conferencia de prensa matutina.

La justicia mexicana también busca a otro exfuncionario del gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien se presume podría estar fuera de México.

Robles y Lozoya son los primeros exfuncionarios de alto nivel que son investigados por el gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia con el compromiso de erradicar la corrupción en México.

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Los efectos de tales argumentos han preocupado en sobre manera a la Fiscalía Federal, situación que los condujo a pedir al juez que impida a la defensa utilizar ese enfoque legal en los argumentos finales del caso.

La Corte de Nueva York que lleva el caso del apresado líder del Cartel de Sinaloa a la fecha ha escuchado a 56 testigos, 13 de ellos cooperantes del Gobierno de EE.UU.

La Fiscalía presentó la moción al juez del caso, Brian Cogan, para pedir que evite además argumentos de la defensa sobre una alegada conspiración entre EE.UU. y México para encubrir la corrupción en este último país.

Los reportes de corrupción en México y el tema que vincula a autoridades mexicanas solapando la actividad del narcotráfico no es una “noticia exclusiva” salida de las audiencia por el proceso de “El Chapo”. Sin embargo causa curiosidad en torno al por qué cuidar en que no se aluda en los argumentos finales de la defensa los presuntos sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano por parte del cartel de Sinaloa, que presuntamente dirigió el acusado junto con su socio Ismael “el Mayo Zambada” para poder operar su negocio de narcotráfico, en los que implicaron al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Desde el primer día del juicio, el 14 de noviembre pasado, la defensa aseguró que el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su predecesor, Felipe Calderón, fueron sobornados por Zambada.

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Señala la Fiscalía además en la moción que la defensa ha alegado durante el este proceso, y sin evidencia, que Zambada sobornó al gobierno de México para lograr sus propósitos para que se procesara a Guzmán Loera.

“Además, de haber existido esa evidencia, que no existe, dicho argumento es completamente irrelevante en la culpabilidad del acusado”, indicó la Fiscalía.

Argumentó además al juez que la defensa ha hecho esfuerzos, durante el interrogatorio de testigos, para obtener declaraciones sobre sobornos pagados a funcionarios del gobierno de México a nombre del Mayo Zambada.

Guzmán Loera, extraditado a Nueva York hace dos años, enfrenta cargos por narcotráfico, el principal de mantener una empresa criminal de forma continuada, y de ser hallado culpable enfrenta cadena perpetua.

La Fiscalía había reducido de 17 a 11 los cargos y previo a finalizar el juicio eliminó una de las acusaciones por tráfico de drogas, por los que será evaluado por el jurado.

El jurado, cuyas edades oscilan entre los 20 y 50 años y entre los que hay inmigrantes de Polonia, Etiopía y Asia, podría comenzar a deliberar el próximo viernes, después de 36 días de juicio.

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