La decisión fue comunicada mediante tres escritos firmados por el fiscal federal Joseph Nocella Jr., dirigidos a los jueces del Distrito Este de New York a cargo de cada caso. En los documentos, se señala que la fiscal general Pam Bondi autorizó no buscar la condena capital en estos procesos.

“El Gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a su oficina a que no busque la pena de muerte”, se lee en las misivas presentadas este martes.

En abril pasado, el DOJ había confirmado su intención de solicitar la pena de muerte para Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, quienes fueron extraditados desde México en febrero para enfrentar cargos por tráfico de drogas.

Caro Quintero, además, enfrenta acusaciones por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, uno de los casos más emblemáticos en la historia del narcotráfico entre México y EE.UU.

La extradición de ambos fue interpretada como una respuesta del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha exigido mayores resultados en la lucha bilateral contra el crimen organizado.

En el caso de Ismael Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, la fiscalía había considerado solicitar la pena capital por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero.

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Zambada fue detenido en julio de 2024, tras arribar a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Según versiones difundidas por su defensa, habría sido trasladado bajo engaños. En febrero de este año, solicitó formalmente al gobierno mexicano su repatriación, en un intento por evitar la ejecución.

La decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. marca un nuevo giro en la estrategia judicial contra los capos del narcotráfico mexicano. La exclusión de la pena de muerte podría influir en la cooperación judicial entre ambos países, así como en las negociaciones de los imputados con las autoridades estadounidenses.

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“Después de una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que busquen la pena de muerte en este caso”, asegura Bondi en un comunicado.

Brian Thompson, presidente de UnitedHealthcare, una de las mayores compañías de seguros médicos de Estados Unidos, fue asesinado por la espalda el pasado 4 de diciembre en una calle de New York cuando iba a participar en una conferencia de inversores de la empresa.

Según Bondi, “el asesinato fue un acto de violencia política”, que fue “premeditado y a sangre fría”.

El crimen y la huida de cinco días de su presunto autor cautivaron a los estadounidenses, la mayoría muy críticos con los seguros privados de salud por sus altos costos y demoras en dar acceso a sus servicios, entre otros.

Mangione, un ingeniero de 27 años de buena familia, fue capturado en un McDonald’s en Altoona, una pequeña localidad del estado de Pensilvania.

Se declaró inocente de los 11 cargos que enfrenta en el tribunal de Manhattan, entre ellos el de asesinato como acto “terrorista”.

También está acusado por un tribunal federal de asesinato y posesión de armas, esté último cargo también se le imputa en Pensilvania.

En un memorando del pasado 5 de febrero, la titular de justicia dejó sin efecto la moratoria declarada por su predecesor sobre las condenas a pena de muerte y ejecuciones en delitos federales.

La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, estimó que la “decisión de ejecutar” a su defendido es “política y va en contra de la recomendación de los fiscales federales locales, de la ley y de los precedentes históricos”.

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“Mientras afirma proteger contra el asesinato, el gobierno federal actúa para cometer el asesinato premeditado y patrocinado por el Estado de Luigi”, reza una declaración enviada a la AFP.

Aunque en el estado de New York está abolida la pena de muerte, los cargos que enfrenta a nivel federal podrían ser pasibles de pena de muerte.

No obstante, es el jurado popular que lo juzgará el que deberá determinar si es culpable y si debe ser condenado a la pena capital.

Su caso ha despertado una oleada de simpatía. El fondo creado por sus abogados para recaudar dinero para su defensa llevaba recaudados este martes más de 785.000 dólares de miles de pequeños donantes en su mayoría.

En el lugar del crimen, frente a un hotel en Manhattan, se encontraron casquillos de bala con las inscripciones “demorar”, “denegar” y “deponer” las palabras más utilizadas en la industria sanitaria en un país donde una enfermedad puede llevar a la ruina económica a muchas personas.

Por: AFP

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Irán fue el líder en las ejecuciones registradas el año pasado con 853 ejecuciones, pero se cree que China es de lejos el mayor verdugo, con “miles” de personas ejecutadas en secreto cada año, según Amnistía.

Las siguientes son cifras claves de la práctica.

Abolida en 112 países

Dieciséis países ejecutaron prisioneros en 2023.

Casi tres cuartas partes de todos los países habían abolido la pena capital para finales de 2023.

Un total de 112 países la abolieron para todos los crímenes, 23 son considerados abolicionistas en la práctica porque no han ejecutado a nadie en una década y nueve la suprimieron para delitos comunes.

El único país del continente europeo que aún aplica la pena de muerte es Bielorrusia, un firme aliado de Rusia.

Repunte en Irán y Arabia Saudita

Las 853 ejecuciones confirmadas por Amnistía en 2023 en Irán representa un aumento de casi 50% respecto al año anterior, cuando ya se había registrado una subida de 83% respecto a 2021.

La mayoría fueron ahorcamientos por delitos de drogas, 38 por “corrupción en tierra” -un cargo utilizado para condenar a disidentes desde el inicio de protestas contra el uso del velo en octubre de 2022-.

Irán ejecutó a ocho hombres en casos ligados a esas protestas. Grupos de derechos humanos señalan que el repunte de los ahorcamientos busca generar miedo en la población.

Arabia Saudita es conocida por las decapitaciones. El reino ejecutó a 81 personas en un solo día en 2022.

Ese año se triplicaron las ejecuciones a 196, y siguieron elevadas en 2023, con 172 casos, sobre todo por asesinato o terrorismo.

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Declive en Estados Unidos

En Estados Unidos se dieron 24 ejecuciones en 2023, por encima de los 18 en 2022, pero lejos de las 98 de 1999.

La tendencia es hacia la abolición del castigo, con 23 de los 50 estados que prohíben su uso, y otros 14 que han suspendido las ejecuciones desde hace una década o más.

La primera ejecución de 2024 en el país, la de Kenneth Smith, condenado por asesinato, fue mediante inhalación de gas de nitrógeno, un método que causa sofoco y es condenado por la ONU que lo equipara con la “tortura”.

Reducción de pena de muerte en África

El único país en África subsahariana en aplicar la pena de muerte en 2023 fue Somalia, donde las ejecuciones triplicaron a 38.

Las cortes del país del Cuerno de África suelen dictar la pena de capital para casos de terrorismo. Somalia enfrenta una insurgencia de 17 años del grupo Al Shabaab, ligado a Al Qaida, así como militantes del grupo Estado Islámico.

Unas tres cuartas partes de los países africanos han abolido la pena de muerte, ya sea legalmente como en la práctica.

Por: AFP

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Al entrar en vigencia dicha ley, un juez de Florida podrá imponer la pena capital a un condenado si 8 de los 12 jurados así lo recomiendan. Eso significa volver a la situación anterior a 2017, año en el que se comenzó a exigir la unanimidad a requerimiento de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Aun no se ha especificado cuándo entrará en vigencia la referida legislación y si se aplicará o no con efecto retroactivo.

DeSantis había anunciado el año pasado que aspiraba volver a la condena a muerte por mayoría simple argumentando que estaba decepcionado con que el autor confeso del tiroteo en el que murieron 17 personas en Parkland en 2018, Nikolas Cruz, se hubiera librado de la pena capital porque el voto del jurado no fue unánime.

Familiares de algunas de las víctimas de Cruz dijeron su satisfacción por el cambio legal que se concretó ahora con la firma del gobernador.

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Según datos del Departamento de Correcciones de Florida, en la actualidad hay casi 300 presos en el “corredor de la muerte”, lugar como se conoce el sitio donde permanecen los que van a ser ejecutados.

El penado de edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años, que fue condenado por tres asesinatos que aún en la actualidad asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.

Batería ultraconservadora

La ley firmada hace apenas unos días es una de varias aprobadas por el Congreso de Florida en su actual periodo de sesiones a instancias del gobernador DeSantis, en el marco de su agenda ultraconservadora en Florida.

Los cambios legales aprobados desde marzo del presente año afectan aspectos como los derechos reproductivos, el porte y tenencia de armas, la educación en las escuelas públicas y la educación y orientación sexual.

El Departamento de Educación de Florida aprobó en fecha reciente extender a la educación secundaria la ley conocida como “No digas gay” que prohíbe a los maestros abordar los temas de identidad de género y orientación sexual.

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Dicha ley, que oficialmente se llama “Derechos de los padres en la educación”, es vigente desde el jardín de infancia hasta el tercer grado. Ahora fue extendida a todo K-12 que es el sistema público de enseñanza hasta secundaria.

Según este estatuto, firmado por el gobernador floridano en marzo de 2022, los padres tendrán posibilidad de presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si incumplen esta disposición.

Sin embargo, en esto como en otros temas como el aborto, la Corte Suprema parece haber cambiado su doctrina, ya que hace unos días no accedió a una petición de clemencia de un condenado a muerte solo por mayoría simple del jurado en Florida permitiendo así que fuera ejecutado.

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El proyecto, aprobado en el Senado estatal con 29 votos a favor y 10 en contra, implanta que un juez podrá imponer la pena máxima a una persona condenada si ocho de los doce jurados así lo recomiendan. Esta metodología va contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que considera inconstitucional para estos casos la mayoría simple y exige un voto unánime del jurado.

En 2022 DeSantis anunció que deseaba que al estado volviera la pena capital por mayoría simple, la cual estuvo vigente en Florida hasta que la Corte Suprema obligó a cambiarla en 2016.

La razón invocada por el mandatario floridano fue que el autor confeso del tiroteo en el que murieron 17 personas en una escuela secundaria de Parkland en 2018, Nikolas Cruz, se libró de la pena de muerte porque el voto del jurado no fue unánime.

De forma paralela, DeSantis ha promovido una simplificación de las normativas que regulan en su estado el porte y tenencia de armas. Ya solamente falta la firma del gobernador para que en Florida sea legal que las personas lleven consigo, aunque de manera oculta, un arma de fuego sin necesidad de permiso ni entrenamiento, lo que el gobernador ha denominado “porte constitucional”.

En enero del presente año se llevó a cabo la primera ejecución de un condenado a muerte desde 2019. Donald David Dillbeck, de 59 años y condenado a muerte por un asesinato cometido en 1990, años después de haber matado a un policía, fue ejecutado con una inyección letal.

Para el 12 de abril está programada la ejecución de Louis Gaskin, condenado a muerte por un doble asesinato cometido con un rifle en 1989.

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La Iglesia opuesta

En una misiva la Conferencia de Obispos Católicos de Florida le solicitó a DeSantis que no firmara la autorización para ejecutar a Dillbeck, pero eso no ocurrió y fue ejecutado en la fecha prevista.

En la carta, los obispos recalcaron que castigar con la pena de muerte “debería ser inadmisible”.

En 2021 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aplicó una moratoria a las ejecuciones federales luego de que su antecesor, Donald Trump, las reanudara durante su mandato presidencial.

De acuerdo con datos del Departamento de Correcciones de Florida, en la actualidad existen casi 300 reclusos en el “corredor de la muerte”, como se conoce el lugar donde permanecen los que van a ser ejecutados.

El penado con la edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años, que fue condenado por tres asesinatos que aún en la actualidad asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.

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Los legisladores republicanos, senador Jonathan Martin y representante Jessica Baker, son los promotores de ambas propuestas de ley que serán tratadas en la legislatura que comenzó el martes 7 de marzo y antes lo hicieron en comisiones.

En sus argumentos Martin y Baker exponen que los violadores de menores “destruyen la inocencia” y trasgreden “todos los niveles de decencia de una sociedad civilizada”.

Los dos proyectos de ley planean que un jurado podría recomendar al juez la pena capital para los agresores sexuales de menores de 12 años si ocho de sus 12 miembros votaran favorablemente.

En el caso de que fueran menos de ocho miembros, se impondría la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

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En el estado de Florida, para imponer a un condenado la pena de muerte por inyección letal se requiere la unanimidad de los miembros del jurado, pero han surgido voces, entre ellas la del gobernador Ron DeSantis, para cambiar la ley para que baste con una mayoría simple del jurado.

Actualmente en las dos cámaras del Congreso de Florida están pendientes de trámite proyectos de ley para eliminar el requisito de la unanimidad del jurado, que es acorde con la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos que no considera punible con pena de muerte la agresión sexual de niños.

Los altos tribunales de Estados Unidos y de Florida fallaron en contra de la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores de 12 años en sendas sentencias que constituyen precedentes, según indican los medios de comunicación al informar sobre los proyectos presentados por el senador Jonathan Martin y representante Jessica Baker.

En pro de revertir la ley

El pasado 23 de febrero se llevó a cabo la primera ejecución en Florida en casi tres años y medio.

El ejecutado fue Donald Dillbeck, que en sus 59 años había sido condenado por dos asesinatos en primer grado, el primero cometido con arma de fuego en 1979 cuando era menor de edad y otro a puñaladas en 1990.

Los obispos católicos de Florida pidieron clemencia para Dillbeck al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es partidario de la pena capital y que ha prometido explorar vías para que se pueda extender a los violadores de niños.

El expresidente Donald Trump ha reclamado también la pena capital para los traficantes de drogas.

En 2017, el entonces gobernador de Florida Rick Scott, firmó una ley que armoniza la legislación del estado con el fallo de la Corte Suprema que considera “inconstitucional” condenar a muerte por mayoría simple y exige la unanimidad del jurado, una medida que el actual gobernador ha manifestado querer revertir.

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La ejecución de Dillbeck es la primera programada en Florida desde 2019 cuando se llevaron a cabo dos. La pandemia de la covid-19 también paralizó las ejecuciones.

La semana pasada la Corte Suprema de Florida rechazó una solicitud de suspender la ejecución de Dillbeck, entonces sus abogados anunciaron que presentarían una apelación ante la Corte Suprema federal que también denegó la petición.

El abogado de la defensa alega que Dillbeck sufre de un trastorno neuronal resultante de la exposición prenatal al alcohol, conocida por las siglas ND-PAE.

Florida tiene prevista para este jueves su primera ejecución desde 2019.

➡️ Donald David Dillbeck se convertiría en la persona número 100 a la que se le aplica la pena de muerte en ese estado.https://t.co/aknbflF9g4

— Univision Noticias (@UniNoticias) February 23, 2023

Donald David Dillbeck fue condenado a cadena perpetua en 1979 por el asesinato de un policía y en 1994 a la pena capital por la muerte de una mujer a la que le robó su automóvil en el estacionamiento de un centro comercial de la ciudad de Tallahassee en 1990.

Dillbeck se había fugado de una cárcel en la que cumplía cadena perpetua por asesinar a tiros a un oficial de policía. Fue detenido poco después al estrellarse con el vehículo robado a la mujer.

En el juicio por el asesinato de 1990 fue condenado a morir mediante una inyección letal con el voto a favor de 8 de los 12 miembros del jurado. Los otros cuatro votaron por una condena a prisión perpetua.

El diario Tampa Bay publicó una historia sobre la vida de Dillbeck en la que cuenta que estuvo en hogares de adopción temporal desde los 4 años y empezó a consumir drogas a los 13.

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Relata además las penalidades por las que pasó cuando fue recluido con adultos con 15 años de edad, desde abusos sexuales a violencia, y subraya que en el juicio de 1994 testificaron varios médicos que indicaron que mostraba señales de problemas mentales asociados a la esquizofrenia.

En Florida actualmente para que un juez dictamine una condena a muerte a un acusado se requiere el voto unánime del jurado, tal como establece la Corte Suprema de Estados Unidos, que considera inconstitucional la condena por mayoría simple.

El requerimiento de unanimidad es un tema que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quiere cambiar y así lo anunció el año pasado después de que el autor confeso del tiroteo en el que murieron 17 personas en una escuela secundaria de Parkland en 2018, Nikolas Cruz, se librara de la pena capital por ese motivo.

🚨 | DeSantis: "Si asesinas a un oficial de policía, deberías recibir la pena de muerte por hacerlo".pic.twitter.com/v7OUCKP6yz

— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 20, 2023

En ambas cámaras del Congreso de Florida, de mayoría republicana, existen proyectos de ley para realizar el cambio que pide DeSantis.

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En 2021 el presidente Joe Biden aplicó una moratoria a las ejecuciones federales luego de que su antecesor, Donald Trump, las reanudara durante su mandato.

Según datos del Departamento de Correcciones (Prisiones) de Florida, actualmente hay 299 presos en el “corredor de la muerte”, como se conoce el lugar donde permanecen quienes van a ser ejecutados.

El preso de edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años de edad, que fue condenado por tres asesinatos que hasta el día de hoy asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.

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Shapiro fue enfático al mencionar que se negará a firmar órdenes de ejecución y que usará su poder como gobernador para conceder indultos a cualquier recluso cuya orden esté programada.

Al hacerlo, está ejerciendo una autoridad utilizada durante ocho años por su predecesor, Tom Wolf, para imponer efectivamente una moratoria a la pena de muerte en un estado donde se ha utilizado escasamente.

Shapiro dio un paso más allá y le pidió a los legisladores que derogaran la pena de muerte. “Estoy pidiendo respetuosamente a la Asamblea General que trabaje conmigo para abolir la pena de muerte de una vez por todas aquí en Pensilvania”. (greenbot.com)

Durante una rueda de prensa, realizada en la Iglesia Comunitaria Mosaic en Filadelfia, detalló que Pensilvania no debería ser uno de los 27 estados que permiten la pena de muerte.

Today, I'm announcing I will not issue any execution warrants during my term as Governor.

When one comes to my desk, I will sign a reprieve every time — and I’m asking the General Assembly to send me a bill abolishing the death penalty in Pennsylvania once and for all.

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) February 16, 2023

Todo este debate se origina luego de que el gobernador recibiera la semana pasada, la primera orden de ejecución.

Durante su campaña, Shapiro manifestóla evolución que tuvo ante este tema. En ese momento había dicho que se oponía moralmente a la pena de muerte, a pesar de que al postularse como fiscal general en 2016 era partidario en los casos más atroces.

Shapiro está cambiando su postura en medio de la reducción del apoyo a nivel nacional para la pena de muerte.

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Durante el mandato de Wolf, desde el 2015 hasta el mes pasado, los jueces dictaron ocho sentencias de muerte más. Mientras tanto, el exgobernador emitió el mismo número de aplazamientos a los reclusos que habían sido programados para ser asesinados.

En ese momento Wolf había dicho que continuaría con los aplazamientos hasta que los legisladores abordaran las desigualdades en el uso de la pena de muerte, pero los legisladores nunca lo hicieron.

El uso de aplazamientos por parte de Wolf fue confirmado por la Corte Suprema del estado en una impugnación legal presentada por los fiscales del condado, que argumentaron que estaba convirtiendo inconstitucionalmente lo que se había destinado a ser una herramienta temporal en una permanente.

You can read my full remarks here, and understand how and why I've evolved on this issue over time.

The Commonwealth shouldn’t be in the business of putting people to death.https://t.co/vxLPKcbPQ6

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) February 16, 2023

Pensilvania ha ejecutado a tres personas desde que se restableció la pena de muerte en 1976, puesto que los tribunales y gobernadores, han bloqueado todas las demás sentencias de muerte.

La ejecución más reciente del estado tuvo lugar en 1999. Los tres hombres que fueron ejecutados renunciaron a sus apelaciones voluntariamente.

¿Cuándo aplica?

En Pensilvania, la pena de muerte solo se puede aplicar en los casos en que un acusado sea declarado culpable de asesinato en primer grado si hay factores agravantes en la condena.

Una vez que se emite una condena, se produce una audiencia separada, donde se tienen en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes antes de que un jurado haga una sentencia formal, en este caso, la entrega de la pena de muerte.

Si a través de varias apelaciones, los tribunales mantienen la sentencia, el caso llegará al escritorio del gobernador, en este caso de Shapiro.

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Dillbeck se había fugado de la cárcel donde cumplía una condena a cadena perpetua por asesinar a un alguacil. En su huida mató a puñaladas a Faye Vann en el estacionamiento de un centro comercial de Tallahassee, la capital del estado según indica la sentencia de la Corte Suprema de Florida.

La ejecución de Dillbeck será la primera en el estado de Florida desde la de Gary Ray Bowles que se ejecutó en 2019.

La documentación judicial del caso refiere que a finales de los años 1970 Dillibeck mató al alguacil del condado de Lee, Dwight Lynn Hall.

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DeSantis firmó la orden de ejecución de Dillibeck el 23 de enero del presente año. Ese día expresó su deseo de que en Florida no se requiriera la unanimidad del jurado para imponer una pena capital, como lo fue hasta 2017. Ese año el entonces gobernador de Florida, Rick Scott, firmó una ley que armoniza la legislación del estado con el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que considera “inconstitucional” condenar a muerte por mayoría simple y exige la unanimidad del jurado.

DeSantis ha dicho que Nikolas Cruz, el joven que mató a 17 estudiantes y personal en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland en febrero de 2018, pudo evitar la pena capital porque el jurado no logró unanimidad.

De acuerdo con datos publicados en un portal web dedicado al registro de las penas de muerte ejecutadas en Florida, desde 1976 se han ejecutado 101 condenados y en la actualidad existen 323 personas, tres de ellas varias mujeres, esperando en el “corredor de la muerte” a que se cumpla su sentencia.

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“FIFPro está conmocionado y asqueado por las informaciones según las que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani podría ser ejecutado en Irán después de haber hecho campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en el país. Somos solidarios con Amir”, escribió el sindicato el lunes en su cuenta de Twitter.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022

Esta reacción llega tras el clamor provocado en el extranjero después de la ejecución en Irán en los últimos días de dos jóvenes arrestados durante las manifestaciones originadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años que falleció tras su arresto por la policía de la moral, por infracción del estricto código de vestimenta de la República islámica.

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Amir Nasr-Azadani, defensa del club iraní de Iranjavan y que ha llegado a jugar en los Sub-16 de la selección nacional, inició su carrera como futbolista en el equipo de Teherán, Rah-Ahan, con el que hizo su debut en la Premier League iraní.

La exestrella internacional iraní Ali Karimi, ferviente defensor de las manifestaciones, apoyó al futbolista con un tuit: “No ejecuten a Amir”.

El jefe de la Autoridad Judicial de Ispahan (centro-oeste), Abdullah Jafari, indicó el domingo que el futbolista, detenido desde el 18 de noviembre, estaba acusado de pertenecer a un grupo de nueve personas que trataron de atacar los “fundamentos de la República islámica de Irán”, según la agencia Isna.

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“Amir y otras tres personas son el origen de una protesta que se produjo el 16 de noviembre en Ispahan” durante la que tres agentes de seguridad murieron, según Jafari.

Amir Nasr-Azadani es sospechoso de haber estado implicado en la muerte de uno de los tres agentes de seguridad, según la agencia de prensa Tasnim.

Al menos 458 personas han muerto en la represión de las manifestaciones, según un balance establecido por la ONG Iran Human Rights (IHR), y al menos 14.000 personas han sido detenidas según la ONU.

Por: AFP

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