Durante el ciclo escolar 2023–2024 se registraron 516 incidentes de este tipo en 17 condados del estado, entre ellos Levy, Suwannee, Holmes y Columbia. Uno de esos casos, ocurrido en Levy, reavivó la discusión cuando un estudiante fue castigado sin que existiera consentimiento de sus padres. El hecho impulsó a los legisladores a revisar la regulación y finalmente aprobaron la ley HB-1255, que entró en vigor el 1 de julio de 2025.

La legislación estatal define el castigo corporal como el “uso moderado de la fuerza física o el contacto físico” por parte del personal escolar con el objetivo de corregir la conducta de los estudiantes. En la práctica, suele traducirse en nalgadas u otras acciones similares, siempre bajo el principio de que no se utilicen objetos ni se provoquen lesiones.

La norma prohíbe expresamente cualquier exceso de fuerza, y establece que traspasar ese límite se considera abuso. Sin embargo, la aplicación de esta medida no estaba regulada de forma uniforme, pues quedaba a discreción de cada distrito escolar.

Aunque la ley estatal no enumera conductas específicas que ameriten este tipo de disciplina, los reportes de incidentes reflejan que suele aplicarse en situaciones como:

• Faltas graves de disciplina dentro del aula.
• Conductas disruptivas que afectan el orden escolar.
• Insubordinación hacia maestros o personal administrativo.
• Peleas o agresiones menores entre estudiantes.

Cada distrito ha tenido libertad para decidir cómo y cuándo usar esta práctica, lo que ha generado diferencias significativas en su implementación.

Lo que cambia con la HB-1255

La nueva ley no prohíbe el castigo corporal, pero sí introduce límites más claros. A partir de ahora, los distritos escolares de Florida están obligados a obtener el consentimiento previo y por escrito de los padres antes de aplicar esta medida disciplinaria.

La disposición aplica tanto para escuelas públicas tradicionales como para las charter schools. En la práctica, esto significa que aun cuando un reglamento distrital contemple el castigo corporal como sanción posible, no se podrá ejecutar si no existe autorización expresa de los padres.

Con este cambio, las autoridades buscan dar mayor transparencia al proceso y garantizar que las familias tengan un papel decisivo en la educación y disciplina de sus hijos.

Florida no es el único estado donde esta práctica está permitida. En total, 17 estados de Estados Unidos mantienen disposiciones legales que autorizan el castigo corporal en escuelas públicas. La lista incluye Alabama, Arkansas, Arizona, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina y Tennessee.

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No obstante, en muchos de ellos los distritos han optado por prohibirlo de manera local, aunque la legislación estatal aún lo contemple. Esto ha generado un mapa diverso en el que las experiencias educativas varían ampliamente según la región.

Con la entrada en vigor de la HB-1255, Florida se suma a los estados que no eliminan el castigo corporal, pero que buscan acotar su uso y responder a las crecientes críticas sobre la pertinencia de aplicar la fuerza física como método de disciplina en las escuelas.

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Para entrar en vigor esta medida ahora depende de la firma del gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

Luego de un amplio y acalorado debate de dos días en el capitolio estatal ubicado en la localidad de Tallahassee, los miembros de la Cámara Baja aprobaron la legislación con 75 votos a favor y 43 en contra el proyecto de ley que amplía una ley vigente que requiere que los padres de las jóvenes menores de 18 años sean notificados antes de que puedan someterse a una interrupción del embarazo. 

Además de Florida, otros 26 estados del país solicitan que por lo menos uno de los padres entregue un permiso por escrito que autorice al médico poner fin al embarazo de una menor de edad. 

Según la propuesta, los médicos que realicen abortos sin el consentimiento de los padres a una joven menor a 18 años enfrentan hasta cinco años en prisión por un delito de tercer grado.

La iniciativa tiene una cláusula que permitirá que una joven pida a un juez una dispensa de la ley en casos de abuso, incesto o cuando involucrar a un padre de familia pudiera causar más daño que permitir el procedimiento. 

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Sin embargo, los opositores a la propuesta argumentaron que pedirles a los menores enfrascarse en procesos legales cuando ya están atemorizados y avergonzados podría provocar que se sometan a procedimientos ilegales.

Actualmente la legislación establece que los tutores legales solo deber ser notificados en caso de que el menor a su cargo solicite un aborto, pero ahora serán estos los que tendrán que aprobar el procedimiento salvo en caso de emergencia médica.

En los primeros días de febrero el Senado de Florida ya había aprobado esta normativa con 23 votos a favor y 17 en contra, a pesar de la oposición de los demócratas que la consideran inconstitucional y una violación a la ley de privacidad.

Tras la aprobación de la medida los demócratas de la entidad floridana denunciaron mediante un comunicado que “el proyecto de ley republicano desmantela derechos de aborto para mujeres jóvenes”.

“El proyecto de ley republicano ha sido criticado ampliamente como inconstitucional en vista de la decisión de la Corte Suprema de Florida de 1989, que defiende el derecho a la privacidad de las mujeres jóvenes“, declaró Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida.

“Los críticos han señalado que tendrá efectos adversos para las mujeres jóvenes no sólo en Florida, sino potencialmente en todo el sudeste del país, porque Florida es uno de los últimos lugares en la región donde el acceso al aborto no está muy restringido”, añadió Rizzo en el comunicado.

“Si este proyecto de ley se convierte en ley, los legisladores republicanos finalmente ignorarán la voluntad del pueblo”, sentenció.

Tras la predecible firma de DeSantis, la nueva ley debe entrar en vigencia el 1 de julio.

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