Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), informó el Departamento del Tesoro.

“La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense”, acusa el Departamento de Estado.

“Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, añade.

Estados Unidos ya sancionó al ministro de Energía y Minas nicaragüense, Salvador Mansell, en 2021.

Ahora pasa a sancionar entre otros al viceministro, Santiago Hernán, así como a abogados y representantes legales de empresas del sector.

Las sanciones implican que todos esos funcionarios y empresas no pueden realizar ningún tipo de transacción financiera o comercial en Estados Unidos, ni tener cuentas bancarias o acceder a servicios financieros de ese país.

El gobierno estadounidense considera a Nicaragua una dictadura y uno de los focos de inestabilidad en la región.

El Departamento del Tesoro acusa en particular a  empresas nicaragüenses de haber participado en la expropiación de negocios con capital extranjero del sector el año pasado.

“Representantes de empresas vinculadas a la dictadura de Murillo-Ortega ocuparon arbitrariamente una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua, una empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión extranjera de una compañía estadounidense” aseguró el Departamento del Tesoro.

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En consecuencia, la OFAC decreta sanciones contra Zhong Fu Development y Santa Rita Mining Company.

También se aplican contra la gran empresa del sector, Exportadora de Metales (EMSA), así como Grupo Minero Xiloa, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze y Brother Metal.

Por AFP

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Ortega y su esposa, Rosario Murillo, con quien comparte el poder, son estrechos aliados del gobierno venezolano desde los tiempos del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Nos sumamos al clamor para que regresen al presidente Maduro a su pueblo”, dijo Ortega durante una ceremonia de graduación de policías, y señaló que el líder chavista fue detenido en una “acción totalmente desproporcionada (…), sin ninguna orden de captura”.

En su discurso transmitido por medios públicos, el gobernante izquierdista también llamó a Estados Unidos a que “deje de amenazar a Cuba”.

Tras la incursión en Caracas, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York donde enfrentan un juicio por supuesto tráfico de drogas.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma interina entre amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien asegura conducir el país caribeño y en particular su industria petrolera.

Ortega saludó a Rodríguez, quien según él “está haciéndole tiempo a Nicolás”.

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Trump y Rodríguez mantuvieron el miércoles una “larga conversación telefónica”, reveló el mandatario estadounidense, quien la calificó como una persona “formidable”.

La presidenta encargada ha prometido “rescatar” a Maduro, al tiempo que inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019.

Por AFP

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El mandato de gobierno pasa de cinco a seis años y la ya poderosa Murillo sube de rango, de vicepresidenta a “copresidenta”, según la reforma aprobada en noviembre en un primer periodo legislativo y ahora en el segundo necesario para que entre en vigor.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar en Nicaragua una “dictadura familiar”, junto a su esposa, de 73 años.

La reforma, aprobada por “unanimidad” por un Congreso dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral”, antes reconocidos como poderes independientes.

“Estos cambios drásticos marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua”, aseguró el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU que evalúa los derechos humanos en Nicaragua.

El Congreso aprobó también una moción presentada por el jefe legislativo para que la norma sobre el mandato de gobierno sea retroactiva, con lo cual el actual periodo de Ortega se extenderá hasta 2028 gobernando junto a Murillo.

“Retroceso”

Nicaragua es definida ahora como un Estado “revolucionario” y “socialista”, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla de izquierda que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

El parlamento “ha sellado un nuevo capítulo en nuestra historia de bendición, de libertad, de dignidad nacional, de orgullo nacional, aprobando de manera unánime la nueva Constitución”, dijo Murillo, al destacar que Nicaragua es un “modelo de democracia directa”.

La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en un comunicado su “profunda preocupación” al considerar que la reforma “profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas” en el país centroamericano.

Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

La reforma establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”, y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua.

También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados “traidores a la patria”, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.

Miles de encapuchados

Otra de las controvertidas normas de la Constitución reformada es la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018.

Con los rostros cubiertos con capuchas negras, más de 15.000 civiles han sido juramentados por las autoridades de Nicaragua como “policía voluntaria” desde mediados de enero, antes incluso de que fuera ratificada en su totalidad la reforma.

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Durante las protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el gobierno llamó el “pueblo”, intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.

La Constitución de 1987 ha sido reformada en una docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.

Por: AFP

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Al referirse a Humberto Ortega como “el jefe del ejército en ese entonces“, sin nombrarlo, el presidente nicaragüense calificó esa condecoración como un “acto de entreguismo” y “vergüenza nacional”.

“Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional al entregar a un militar yanqui una medalla de tanta relevancia y trascendencia y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria”, dijo Ortega.

Esta afirmación ocurre una semana después de que la policía de Nicaragua instalara una unidad médica en la casa de Humberto Ortega, crítico del gobierno, una medida interpretada como detención domiciliar por opositores en el exilio.

La medida fue anunciada por la policía nicaragüense en un comunicado días después de que el exjefe del ejército dijera en una entrevista de prensa que Daniel Ortega, de 78 años, carece de sucesores y su poder no resistirá a un eventual fallecimiento.

El gobierno de Ortega ha despojado de la nacionalidad a más de 300 opositores y críticos de su gobierno que envió al exilio, al acusarlos de “traidores” y “vendepatria”.

Una reforma a la constitución aprobada en febrero de 2023 y ratificada este año, estableció que las personas sentenciadas por delitos de “traición a la patria” perderán la nacionalidad.

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“Ya tenía entregada su alma al diablo”

El general retirado Humberto Ortega, jefe del Ejército de 1979 a 1995, impuso en 1992 al agregado militar estadounidense Dennis Quinn la medalla “Camilo Ortega”, que lleva el nombre del hermano menor que murió en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza en 1978.

Según el presidente Ortega, “el jefe del ejército en ese entonces cometió el sacrilegio de entregarle esa orden”, que según informes de esa época se hizo en reconocimiento a una relación de respeto.

“El jefe del ejercito ya tenía entregada su alma al diablo” en la década de 1990, agregó, al anular la condecoración por un decreto que leyó en el acto en Managua.

Ambos hermanos Ortega están distanciados por diferencias políticas desde la década de los 90.

La entrevista polémica

En una entrevista con el portal Infobae, publicada el 19 de mayo, el general Ortega vaticinó que el entorno de su hermano no podrá mantenerse en el poder cuando muera.

“Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo”, dijo el exjefe militar.

Según medios de prensa en el exilio, tras la publicación de la entrevista la policía visitó la casa del general, al sur de Managua, y lo despojó de teléfonos celulares y computadores. El gobierno no se ha pronunciado sobre estas versiones.

Los dos hermanos formaron parte de la guerrilla sandinista que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza, el último dirigente de una dinastía que gobernó con mano de hierro el país durante cuatro décadas.

Tras el triunfo de la revolución en 1979, Humberto Ortega se convirtió en jefe del Ejército Popular Sandinista mientras Daniel tomó las riendas del gobierno, primero bajo una junta de gobierno y luego personalmente.

Humberto continuó al frente de la institución armada -que cambió su nombre a Ejército de Nicaragua- hasta 1995 después de la derrota electoral de Daniel en 1990 ante la opositora Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó casi siete años.

Daniel Ortega volvió al poder en 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional. Su esposa es la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo.

Por: AFP

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“El gobierno de Nicaragua sacó nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de nuestra cadena, en la que han confiado durante más de 25 años”, indicó CNN en Español en un comunicado según un reporte de la AFP.

El canal panamericano de noticias en español destacó “el papel vital que juega la libertad de prensa en una democracia saludable”.

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“CNN en Español continuará cumpliendo con su responsabilidad con el público nicaragüense, ofreciendo nuestros enlaces de noticias en CNNEspanol.com, para que puedan tener acceso a información que no está disponible de otra manera”, indica el comunicado.

En Managua, el régimen de Daniel Ortega no hizo ningún comentario sobre su decisión, ni tampoco los operadores que llevan la señal de CNN, a los que la empresa estadounidense dijo haber consultado.

Desde las masivas protestas ocurridas en abril de 2018, Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ejercen un férreo control sobre la vida de los nicaragüenses y castigan con prisión a las voces disidentes a su gobierno, ya sean opositores, periodistas e incluso miembros de la Iglesia católica.

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En el último año, el Ejecutivo nicaragüense detuvo a más de 40 opositores y críticos, imponiéndoles penas de hasta 13 años de cárcel. Entre los opositores encarcelados, siete eran aspirantes a la presidencia de la república para las elecciones de 2021 en las que Ortega fue reelecto por cuarta vez consecutiva.

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As reported by FOX43, Ortega said, “Ultimately, the discretions around the vaccinations rest with the Department of Health. It is not our intention to require a vaccine, but to leave that to the local discretion.”

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Ortega also thanked parents and teachers for their proper response during the pandemic, and added, “folks need to make a decision that’s best for them, but also for others. So, I just wanted to leave that out there in regards to our stance on vaccinations.”

The Pa. Department of Health says they have no plans to make the COVID-19 vaccine mandatory, but it strongly suggests Pennsylvanians receive the vaccine to best prevent contracting the coronavirus.

Currently, the only FDA COVID-19 vaccine with emergency use authorization for those below age 16 is the Pfizer COVID-19 vaccine, which is approved for those ages 12-15.

Closer to normalcy

“Today’s action allows for a younger population to be protected from COVID-19, bringing us closer to returning to a sense of normalcy and to ending the pandemic. Parents and guardians can rest assured that the agency undertook a rigorous and thorough review of all available data, as we have with all of our COVID-19 vaccine emergency use authorizations,” Acting FDA Commissioner Janet Woodcock said in a statement.

Ortega, who was named acting Secretary of Education in October 2020, also spoke about the concerns over teacher burnout and students dropping out altogether. He also discussed the future of remote learning when classes resume this fall.

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La petición se extiende a cinco altos mandos de la Policía Nacional: la ex directora Aminta Granera; el subdirector general Ramón Avellán y los comisionados generales Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

En una carta enviada a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 Estados miembros, la organización expone que la UE debería aumentar la presión contra el gobierno de  Ortega para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional.

El organismo recordó que la represión contra manifestaciones antigubernamentales ejercida por agentes policiales y paramilitares dejó saldo de más de 300 muertos y más de dos mil heridos.

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Un informe presentado por HRW el 19 de junio pasado documentó crueles abusos que incluyen torturas, infligidos a muchas de las personas detenidas por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del Gobierno.

“El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su Gobierno trabajó tan arduamente para desmantelar”, sostuvo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.

“Es crucial que haya una presión internacional fuerte y persistente para que cesen los abusos generalizados en Nicaragua, en particular a través de sanciones individuales contra altos funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos”, agregó.

Estados Unidos y Canadá ya impusieron sanciones individuales contra 11 funcionarios del régimen de Ortega, entre ellos la vicepresidente y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y su hijo Laureano Ortega Murillo.

Además de las sanciones individuales contra Ortega y los altos mandos policiales, HRW pidió a la UE “condicionar todo apoyo presupuestario, particularmente el restablecimiento del financiamiento a la policía”.

“La UE también debería supeditar toda asistencia financiera futura a la Policía Nacional de Nicaragua a que se realicen investigaciones exhaustivas de violaciones de derechos humanos, y a esfuerzos verificables por las autoridades dirigidos a desmantelar y juzgar a integrantes de las bandas armadas partidarias del Gobierno”, dijo HRW en la misiva.

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En un comunicado, la delegación del Gobierno en la mesa de negociación afirmó que continúan “fortaleciendo la democracia y la institucionalidad electoral a fin de organizar y realizar elecciones nacionales para el 2021, de acuerdo a los estándares reconocidos en los sistemas especializados del mundo”, reseño la agencia de noticias EFE.

El pasado viernes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exigió elecciones anticipadas al régimen de Ortega tras reunirse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La Alianza que actúa como contraparte del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis, reclamó la “celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas”, como “solución pacífica a la crisis”.

Según la Constitución nicaragüense, los comicios generales deben celebrarse cada cinco años y están fijadas para noviembre de 2021.

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La Alianza Cívica ha dicho que “no cederán” en exigir un adelanto de las elecciones presidenciales para superar la crisis, a lo que se opone el Ejecutivo bajo el argumento que implicaría una violación a la Carta Magna.

La administración de Daniel Ortega invitó a la Secretaría General de la OEA a participar en la mesa de negociaciones que comenzó el 27 de febrero, instancia que aceptó incorporarse como testigo y acompañante.

El Gobierno hizo esa invitación después de que exhortara a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense y un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones.

Las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica se mantienen estancadas por el tema de quienes la oposición considera “presos políticos”.

A pesar del fin del diálogo, las partes mantenían reuniones para que el Ejecutivo cumpliera con los acuerdos firmados y avanzar en otros puntos.

El Consejo Permanente de la OEA comenzó a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 593 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, habían convocado una reunión el martes entre Gobierno y oposición. Sin embargo, la Alianza Cívica rechazó participar porque el Gobierno no ha liberado a los manifestantes presos, ni tampoco ha logrado demostrar el restablecimiento de varios derechos constitucionales tal y como habían acordado las partes.

“Nosotros tenemos el interés de permanecer en la mesa de conversaciones, pero en este caso no podemos asistir, ya sabemos que el Gobierno hablará de planes para cumplir, pero no queremos seguir escuchando eso, lo que queremos es que cumpla”, dijo el representante en la mesa de negociación de la oposición Carlos Tünnermann, según declaraciones recogidas por el periódico El Nuevo Diario.

Al menos 325 personas han fallecido durante el año que dura ya el conflicto de acuerdo con datos de la OEA.

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A finales de marzo las partes firmaron un pacto denominado “acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, que consta de dieciocho puntos que incluyen autorizar la celebración de protestas, proteger la libertad de prensa y cesar las detenciones ilegales contra ciudadanos que se han protestado en contra del gobierno de Ortega.

A su vez, el mandatario prometió liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días con el fin de que Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones que han impuesto contra su gobierno.

Aumento de la represión

Casi un mes después de cerrar dicho acuerdo la Alianza Cívica eleva la presión sobre el gobierno al exigir pruebas de que se está cumpliendo lo suscrito, ya que la oposición tiene dudas de que el pacto esté siendo implementado después de que durante la Semana Santa la policía reprimió violentamente una manifestación y detuvo a unas 160 personas.

Se calcula que unas 800 personas han sido detenidas en Nicaragua por participar en las protestas contrarias al gobierno de Ortega, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una ONG local.

Sin embargo Naciones Unidas estima en unas 400 personas el número de detenidos desde el 18 de abril de 2018, cuando empezaron las protestas. Desde febrero el gobierno ha excarcelado a 236 opositores, no obstante la Alianza Cívica considera que no han sido liberados porque recibieron casa por cárcel, es decir, están en su hogar en vez de la prisión mientras los procesos judiciales contra ellos continúan.

El principal escollo entre el régimen de Ortega y la oposición continúa siendo un posible adelanto electoral.

La Alianza Cívica ha insistido en adelantar las elecciones previstas para 2021 y que ni Ortega ni su mujer, la vicepresidenta Murillo pudieran presentarse. Pero el gobierno considera este asunto una línea roja que hasta ahora no se ha mostrado dispuesto a cruzar.

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