Cuando en los trabajos se producen unos elevados niveles de igualdad, diversidad e inclusión, se transforma en mayor innovación, productividad y rendimiento, a la contratación y retención de talentos y al bienestar de los empleados.

Pero, según el informe solo la mitad de los encuestados para el estudio constató que la diversidad y la inclusión están lo suficientemente identificadas y dotadas de recursos en la cultura y la estrategia de sus centros de trabajo.  En estos momentos, sólo un tercio de las empresas mide la inclusión.

Anteriormente, solo se recogían datos sobre la diversidad e inclusión en grandes empresas, en países occidentales de altos ingresos, mientras el nuevo estudio se centra en compañías de todos los tamaños y recopila información de una mezcla diversa de personal, directivos y altos ejecutivos.

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Además, incluye diversidad en las franjas de edad, de género, de orientación sexual, de grupos étnicos, raciales y religiosos, de personas con discapacidad y de las que viven con el VIH.

«Si la inclusión sigue siendo un privilegio que sólo experimentan los altos cargos, las empresas corren el riesgo de perder (…) beneficios considerables», añadió el informe.

La información usada para el estudio se recopiló entre julio y septiembre de 2021, durante la pandemia de COVID-19, entre más de 12.000 empleados en 75 países de cinco regiones del mundo.

«Los empleados deben sentirse valorados, respetados, tratados con justicia y capacitados mediante prácticas empresariales inclusivas, una cultura organizativa inclusiva y un liderazgo inclusivo. Este enfoque transformador de la diversidad y la inclusión es el que contribuye significativamente al rendimiento general de la empresa», dijo la directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la Organización, Deborah France-Massin.

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Entre los beneficios destacan una menor incidencia de hipertensión y estrés, y alimentación más saludable; los perjuicios incluyen aislamiento, riesgo de irritabilidad y problemas esqueletomusculares por falta de equipo apropiado, sin planificación ni asistencia puede ser altamente negativo para el cuerpo, la mente y el bienestar social.

Las instituciones señalaron que el teletrabajo bien organizado mejora del equilibrio entre la vida laboral y la personal, ofrece la posibilidad de un horario flexible y de realizar actividad física, y ahorra el tiempo dedicado a transportarse.

También se ha demostrado menor tendencia a la depresión y mayor bienestar emocional debido a la convivencia familiar de calidad, así como el consumo de dietas más saludables porque se preparan los alimentos en casa.

Por otra parte, el trabajo remoto disminuye la contaminación atmosférica y los tiempos de desplazamiento, lo que también contribuye a mejorar la salud física y mental y el bienestar social. De igual manera, el teletrabajo puede conseguir un aumento de la productividad y una reducción de los costos operativos para muchas empresas.

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Pero, hay aspectos que siguen preocupando como el alargamiento frecuente de las jornadas laborales y que muchas veces se trabaje aun estando enfermo.

Otro posible daño es el aislamiento social que puede conducir a una mayor soledad, agotamiento, depresión, irritabilidad, preocupación y sentimientos de culpa en los trabajadores.

Así, la colaboración entre trabajadores y empleadores es «esencial» para un teletrabajo seguro, según la OMS. «En los casi dos años transcurridos desde el inicio de la pandemia, quedó muy claro que el teletrabajo puede aportar tan fácilmente beneficios para la salud como tener un impacto nefasto», dijo la doctora María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS.

Entre las medidas que deben poner en marcha los empresarios, destacan: garantizar que los trabajadores reciban el equipo adecuado para completar las tareas del trabajo; proporcionar información, directrices y formación pertinentes para reducir el impacto psicosocial y de salud mental del teletrabajo; formar a los directivos en la gestión eficaz de los riesgos, el liderazgo a distancia y la promoción de la salud en el lugar de trabajo; y establecer el «derecho a la desconexión» y días de descanso suficientes.

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De acuerdo a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se entiende por salario mínimo la cantidad mínima de dinero que se debe pagar a un trabajador, de manera obligatoria, por las actividades laborales que haya desempeñado en un tiempo determinado.

El organismo explica que “la finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas”.

A menudo el salario base es un elemento enmarcado en las políticas sociales de un país que tienen como objetivo disminuir la pobreza y la desigualdad. Una vez decretado, no puede ser reducido “ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”, indica la OIT.

Dada la importancia que tiene en los ámbitos social, económico y político, y según una indagación divulgada por la cadena de noticias CNN en Español, a continuación se muestra una guía que incluye los salarios mínimos que están establecidos por ley para 2021 en América Latina.

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Argentina

Desde el 1 de septiembre el salario mínimo en Argentina es de US$ 298,03 al mes.

Belice

John Briceño, primer ministro de Belice, señaló en su discurso sobre el presupuesto para el año fiscal 2021/2022 que el salario base es de 5 dólares por hora. No se especifica qué tipo de dólares; sin embargo en Belice la moneda es el dólar beliceño.

Bolivia

Según el Decreto supremo 4501 del 1 de enero de 2021, el salario mínimo nacional en Bolivia es de US$ 313,96 mensuales, tanto para trabajadores del sector público como del privado.

Brasil

En el caso de Brasil, el salario mínimo de 2021, efectivo desde enero, es de US$ 213,17 al mes.

Chile

El salario mínimo en Chile se divide en tres:

Trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años: US$ 438,36

Trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años: US$ 327,01

Ingreso base mensual para fines no remuneracionales: US$ 282,56

Colombia

El gobierno colombiano estableció el salario mínimo para 2021 en US$ 242,02 mensuales y US$ 28,36 en auxilio de transporte.

Costa Rica

Los salarios mínimos de Costa Rica para 2021 se dividen por tipo de trabajador. El gobierno muestra algunos salarios por jornada ordinaria (que van desde los US$ 17,06 hasta los US$ 34,58) y otros al mes (que van desde los US$ 511,86 hasta los US$ 1.093,34).

Cuba

Granma, medio de difusión oficial de Cuba, informó que el salario mínimo para la isla en 2021 es de US$ 87,48 mensuales.

Ecuador

El salario base que estableció Ecuador para 2021 es de US$ 400 mensuales. Se le conoce como salario básico unificado (SBU).

El Salvador

El pasado 1 de agosto, las nuevas tarifas de salario mínimo de El Salvador entraron en vigor. En este país, se divide en seis sectores, donde el salario mínimo más bajo es de US$ 8 y el más alto de US$ 12 al día.

Guatemala

Aquí, el salario mínimo se divide por actividades económicas y van desde los US$ 10,96 hasta los US$ 12 diarios:

No agrícolas: US$ 12 al día

Agrícolas: US$ 11,64 diarios

Exportadora y de maquila: US$ 10,96 por día

Honduras

Las nuevas tarifas del salario mínimo en Honduras entraron en vigor el pasado 1 de julio. Aquí, los montos se dividen en 11 ramas de actividad económica y aumentan según la cantidad de trabajadores por empresa. El rango está entre los US$ 9,78 y los US$ 18,57 diarios.

Nicaragua

Las nuevas tarifas de salario mínimo están vigentes en Nicaragua desde el pasado 1 de marzo. Se dividen en 10 sectores y el rango va de US$ 4,41 hasta US$ 9,37 diarios.

México

En el país, el salario mínimo se divide en dos áreas geográficas:

Zona Libre de la Frontera Norte (43 municipios de seis estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas): US$ 10,70 al día

Resto del país: US$ 7,10 diarios

Panamá

El salario mínimo mensual en Panamá es, en promedio, de US$ 625 y se negocia cada dos años. Este entró en vigor desde enero de 2020; en enero de 2022, debe entrar uno nuevo, según la ley.

Paraguay

Desde el ajuste que entró en vigor el 1 de julio de este año, el salario mínimo en Paraguay es de US$ 330,81 mensuales.

Perú

El salario mínimo en Perú, conocido como remuneración mínima vital (RMV), es de US$ 227,54 al mes (siempre y cuando se laboren ocho horas diarias o 48 horas semanales).

Puerto Rico

Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, el salario base en el país es de US$ 7,25 por hora.

República Dominicana

En el mes de julio, el salario mínimo en República Dominica se estableció en US$ 351,91 mensuales para las empresas grandes; en US$ 325,51 para las empresas medianas; en US$ 218,18 para empresas pequeñas; y en US$ 202,35 paras las microempresas.

Uruguay

A partir del 1 de enero de 2021, el salario bsae nacional en Uruguay es de US$ 421,98 mensuales.

Venezuela

De acuerdo con Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo de Venezuela, el salario mínimo en el país se estableció en 7.000.000 de bolívares, lo que al tipo de cambio de hoy es de US$ 1,74 mensual.

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“Al tiempo que redoblamos esfuerzos para vencer al virus, debemos adoptar medidas a escala lo antes posible para paliar sus efectos en los planos económico, social y laboral. En particular, fomentar el empleo y la actividad empresarial y garantizar los ingresos”, señaló Ryder.

Por consiguiente, la OIT se ha visto obligada a revisar drasticamente las previsiones de recuperación del mercado laboral hechas a finales de junio, y que hoy resultan demasiado optimistas ante el resurgimiento de la COVID-19 en numerosos países.

Por ejemplo, la semana del 14 al 20 de septiembre se registró un número sin precedentes de 2 millones de nuevos casos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, aunque las muertes están disminuyendo.

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Proyecciones de la OIT

Las últimas proyecciones de la OIT para los tres últimos meses del año prevén ahora una disminución global de las horas trabajadas del 8,6% con relación al mismo período del año anterior.

Esto se compara con la reducción del 4,9% prevista por la organización en sus últimas previsiones en junio.

Esta nueva estimación corresponde a la pérdida de 245 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, algo menos del doble de los 140 millones estimados en junio.

“Está muy claro que existe un vínculo fuerte entre nuestro rendimiento en materia de salud y nuestro rendimiento socioeconómico“, subrayó Ryder.

La OIT señala también que “una de las razones de estos aumentos estimados de las pérdidas en horas trabajadas es que, en los países en desarrollo y en los países emergentes, los trabajadores se han visto mucho más afectados que en las crisis anteriores, especialmente las personas que trabajan en la economía informal”.

En los nueve primeros meses del año, la OIT estima que el total de los ingresos laborales ha disminuido en un 10,7%, lo que equivale a 3,5 billones de dólares si se compara con el período entre enero y septiembre de 2019, excluidas las medidas de apoyo a los ingresos establecidas por los gobiernos.

Por: AFP

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“En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias”, advirtió la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, al referirse a este fenómeno producto de factores como la pobreza, la falta de oportunidades para adultos y adolescentes, migración, discriminación y ahora la crisis sanitaria mundial a raíz de la propagación de la COVID-19.

Este año, el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, conmemorado por la OIT cada 12 de junio desde 2002, se centra en el impacto económico y laboral que tiene la pandemia en la vida de millones personas y, en consecuencia, en el aumento del número de menores de edad que se ven obligados a trabajar.

En América Latina, epicentro creciente de la COVID-19, se enfrenta hoy no solo a los estragos económicos y de pérdidas humanas que deja el virus sino también a la amenaza de que la pandemia empeore la enfermedad social llamada trabajo infantil.

Millones de niños corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis de #COVID19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras 20 años de avances. #12J #SinTrabajoInfantil #NOChildLabour https://t.co/lgEVy26yyh

— OIT (@OITnoticias) June 12, 2020

En esta región, según cálculos entregados por Unicef, se estima que hay 17,4 millones de niños y niñas trabajadores, cifra que equivale al 16 % del total de menores que viven en esta parte del mundo.

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Los pequeños, algunos de los cuales no alcanzan la mayoría de edad víctimas del maltrato, abuso sexual o de las deplorables condicionales laborales a las que son sometidos, se desempeñan principalmente como sirvientes, agricultores, comerciantes, mineros, recolectores de basura o pescadores.

A esta preocupante situación se suma el nefasto panorama que dejará el coronavirus. Unicef y Save The Children alertan que unos 16 millones más de niños latinoamericanos podrían vivir en la pobreza cuando termine el 2020 si los Gobiernos no hacen ya lo que les corresponde.

La recesión hará que los menores de edad sean más explotados como mano de obra y en el caso de las niñas, que cumplan más funciones domésticas. Además, habrá un aumento tanto del desempleo como del trabajo informal, así como deficiencias en los sistemas de protección social entre otras consecuencias.

En América Latina, el trabajo infantil es la consecuencia de un elevado índice de informalidad en la economía. Además, el alto flujo migratorio que existe en la región, especialmente en Centroamérica y Venezuela, elevará muy seguramente el porcentaje de niños y niñas trabajadores.

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“Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro”, advirtió el director general de la OIT, Guy Ryder quien añadió que “a medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más lenta se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable”.

De acuerdo con el último informe del organismo que se publicó el 29 de abril, en América Latina y el Caribe se prevé que la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020 alcance el 10,3 % en comparación con los niveles anteriores a la crisis, unos datos que lucen funestos cuando se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

“Los hogares de ingresos bajos con personas a su cargo, especialmente menores, son particularmente vulnerables a los efectos inmediatos de las restricciones al ponerse en peligro el acceso a bienes básicos y alimentos”, comenta Merike Blofield, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA (German Institute of Global and Area Studies) con sede en Hamburgo.

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“La mayoría de esta población no tiene seguridad social u otras formas de protección de los ingresos. Están en riesgo inmediato de una catástrofe humanitaria”, puntualizó.

Son muy pocos los que ganan con una crisis como la actual y son muchos los que pierden más que el resto como es el caso de quienes trabajan en empleos informales, grandes protagonista de muchas economías latinoamericanas. Los analistas de la OIT calculan que los ingresos de estos trabajadores cayeron un 81% en las Américas y África. Si no tienen fuentes de ingreso alternativas, estos hogares no tienen medios de supervivencia.

“Mucha gente vive del día a día y no está cubierta por seguros de desempleo o por registros de protección social”, comenta Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

“El tipo de medidas que se ponen en marcha en las economías avanzadas para compensar a quienes tengan que dejar de trabajar son mucho más difíciles de implementar”, comenta el experto.

Según la OIT, la tasa de pobreza relativa entre trabajadores informales de las Américas se incrementará en un 57%.

Aunque la mayoría de los países de la región han puesto en marcha algún tipo de asistencia financiera o de alimentos para los hogares más vulnerables, Merike Blofield señala que naciones como México, Nicaragua y Honduras todavía no han establecido transferencias monetarias de emergencia para amplios sectores de la población.

La OIT ha pedido que las medidas de reactivación de la economía estén respaldadas por políticas laborales fuertes y por sistemas de protección social más amplios. También ha pedido coordinación internacional en relación con las medidas de alivio de la deuda.

Los expertos consideran que en plena crisis de la COVID-19 a Latinoamérica le toca reinventarse. También coinciden en afirmar que certezas hay pocas, salvo la de que lo que había hasta ahora no ha evitado el desastre.

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Según un estudio publicado por la agencia de Naciones Unidas, se estima que la pandemia del nuevo coronavirus puede hacer desaparecer 6,7% de las horas de trabajo en el mundo solamente en el segundo trimestre de 2020, es decir el equivalente de 195 millones de puestos a tiempo completo.

Estas duras pérdidas en término de empleos son sobre todo esperadas en países de ingresos intermediarios superiores  (100 millones de equivalente tiempo completo afectados), una situación que “va más allá de los efectos de la crisis financiera de 2008-09”.

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Los países árabes y Europa se verán fuertemente afectados debido a su población, pero en términos absolutos la región Asia Pacífico es la que más padecerá la situación en este período del año.

Globalmente, estas devastadores pérdidas en términos de horas trabajadas y de empleos constituyen “la crisis mundial más grave desde la Segunda Guerra Mundial”, según la OIT.

Debido a los confinamientos, en la población activa mundial de 3.300 millones de personas, aproximadamente un 81% están actualmente afectadas por el cierre total o parcial de los lugares de trabajo, según la OIT.

Según la OIT, el mundo del trabajo después del coronavirus dependerá de dos factores: la evolución de la pandemia y las medidas políticas que se adopten para auxiliar a las empresas, preservar el empleo y los ingresos, y estimular la economía.

Para lograrlo, la OIT pide que se activen políticas fiscales y monetarias que estimulen el empleo, así como sistemas de préstamos y apoyo financiero para las empresas. Éstas, por su parte, deben asumir la responsabilidad de “retener a sus empleados y mantenerlos conectados con el mercado laboral”.

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La situación se debería, entre otros factores, a que la región habría registrado un crecimiento de 0,5% en 2019 según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cifra que está por debajo del 0,9% registrado en 2018 considerado como moderado y con escaso impacto en los mercados laborales.

“Estamos viviendo un momento de alta complejidad en América Latina y el Caribe”, dijo el director regional de la UNDCO, Christian Salazar, durante la inauguración de la primera reunión de Coordinadores Residentes de Naciones Unidas y la OIT realizada en Lima, Perú.

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En esta reunión se precisó que ante este panorama económico, “será difícil que pueda reducirse la informalidad que afecta al 50% de los ocupados en la región, que son alrededor de 140 millones de personas”.

Salazar destacó la importancia de revitalizar la cooperación en un momento en el cual no se busca solo avanzar en el desarrollo sostenible, sino también evitar retrocesos.

“Necesitamos trabajar juntos y alinearnos mejor para hacer frente a temas de trabajo y economía, que no deben quedar fuera de la agenda para el desarrollo sostenible, tal como el empleo de los jóvenes, quienes enfrentan una desocupación tres veces mayor que los adultos, alta informalidad de 60%, y la dificultad de insertarse para un 20% que ni estudia ni trabaja”, agregó el especialista.

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Según datos de la OIT, la incidencia de las lesiones profesionales no mortales es un 40 % superior entre los trabajadores jóvenes de 18 a 24 años, que entre los trabajadores adultos. Las estadísticas indican que la incidencia de las enfermedades profesionales es menor entre los trabajadores jóvenes que entre los de mayor edad.

Los datos se conocieron en la Conferencia sobre Seguridad y Salud de trabajadores adolescentes y jóvenes, realizada en Buenos Aires en el marco del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el trabajo que se celebra el 28 de abril.

Con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Ministerio de Producción y Trabajo de la Argentina, SafeYouth@Work Project, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y del INJUVE, la conferencia reunió en diferentes paneles a destacados especialistas del mundo laboral, gremial y político que ofrecieron su visión acerca de los desafíos actuales en materia de salud y seguridad de los jóvenes en el ambiente laboral.

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Uno de los tópicos de la jornada fue el debate sobre los efectos de la tecnología sobre las nuevas formas de producción y cómo insertarse en el mundo laboral en este contexto. A esta dirección apuntó la especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT, Carmen Bueno.

“La revolución 4.0, impulsada por la tecnologización y la digitalización, también plantea desafíos y oportunidades en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. En algunos casos las nuevas tecnologías van a reducir y eliminar tiempos de traslado al trabajo”, dijo la funcionaria española.

La deputy de Finanzas del G20 Argentina, Laura Jaitman, agregó que “muchas personas piensan el cambio tecnológico como una amenaza. En América Latina, el 80% de las personas piensa que el sector público se tiene que hacer cargo de este cambio y sus consecuencias”.

La seguridad y la salud en el trabajo también fue abordada desde la óptica de los actores principales de la jornada: los jóvenes. Cuatro de ellos participaron del panel “La mirada de los jóvenes sobre las condiciones de trabajo, empleo y salud”, coordinado por la jefa del Observatorio de Riesgos del Trabajo de la SRT, Natalia Gadea. Allí debatieron con el público su visión sobre la temática.

También se debatieron estrategias que contribuyan a profundizar el concepto de una “cultura de la prevención”. Desde el panel “Construyendo una generación de jóvenes trabajadores seguros y saludables”, la jefa del Departamento de Formación Técnica y Profesional de la SRT, Viviana Martínez, destacó que es “fundamental modificar la percepción de los riesgos que derivan del trabajo a nivel general, y en los jóvenes en particular”.

El Superintendente de Riesgos del Trabajo argentino, Gustavo Morón, consideró que “el desafío es garantizar a las futuras generaciones el acceso a un trabajo decente. Celebramos que el objetivo de esta colaboración entre organismos nacionales e internacionales sea el desarrollo de un Plan Nacional de Salud y Seguridad para Jóvenes”, dijo el superintendente.

Tras destacar que las primeras líneas de acción ya se implementaron en la zona del NOA (Noroeste Argentino), donde colaboraron Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Tucumán y La Rioja, Morón celebró que la OIT esté promoviendo iniciativas para mejorar la situación de los jóvenes en materia de salud y seguridad en el trabajo.

En la apertura de la jornada participaron otros funcionarios argentinos como la presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), Cecilia Garau; la directora federal de Proyectos Productivos del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), Adriana Cáceres; y el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Tom Cooney.

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