El informe anual de reputación evalúa las marcas automotrices y los concesionarios en América del Norte utilizando un puntaje de reputación exclusivo, que mide el sentimiento, el compromiso y la visibilidad en una escala de 100 a 1000.

El informe de este año analizó los comentarios de 5,5 millones de compradores de automóviles y arrojó información sobre la evolución de las opiniones de los consumidores, la influencia de las reseñas en línea en las ventas de automóviles y las características de los concesionarios con mejor desempeño. Este confirma que las marcas que priorizan la experiencia de gestión de la reputación aumentan la satisfacción del cliente.

Nissan, un destacado fabricante de autos a nivel mundial, sigue dando prioridad a la implementación de iniciativas centradas en el cliente que mejoran la experiencia de compra y propiedad. Productos y servicios como NISSAN ENERGY Charge Network1 , SignatureFLEX , Nissan @Home y Second Delivery2 reflejan el compromiso de la empresa de cumplir y superar las expectativas de los consumidores.

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Nissan, que tiene más de 90 años de historia, fabricó su primer auto, un Datsun, en 1914, pero el nombre de la marca no apareció sino hasta 1933.

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La “llamada pregunta de la discordia” ha tenido una sentencia que es considerada como una derrota más que se le propina al equipo del Jefe de la Casa Blanca que deseaba poner un elemento de segregación en el instrumento de medición poblacional, argumentando fines logísticos.

Los jueces del máximo tribunal de EE.UU. solicitaron al Departamento de Comercio, encargado de elaborar el censo, que proporcionen otra explicación sobre la inclusión de esa pregunta. Por lo tanto, la decisión del Tribunal no termina esta disputa legal, que podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo.

La alta corte dijo “no” a la pregunta en esta oportunidad, decisión que estuvo amparada en una votación donde cinco jueces se pronunciaron en contra de ella y cuatro a favor. La formulación de la indagatoria contempla que el cuestionario del censo incluya una pregunta sobre el estatus legal de los residentes en EE.UU., una medida que organizaciones civiles tacharon de “racista y discriminatoria”.

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El magistrado John Roberts, actual Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, nombrado así por George W. Bush, en el fallo señaló que “las pruebas cuentan una historia que no coincide con la explicación que dio el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de su decisión”, escribió.

El Ejecutivo de Trump sostiene que esta interrogante es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición apunta que, en realidad, solo serviría para restar visibilidad a la comunidad inmigrante.

La decisión llegó al Supremo, debido a que en cortes intermedias la medida ya había sido bloqueada por tres jueces federales, incluyendo Jesse M. Furman, de Nueva York, por considerarla ilegal.

Es menester precisar que del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU. y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.

Una polémica de largo aliento

Las acusaciones y argumentaciones entre bandos hasta hace poco solo tenían un tono retórico, pero las cosas cambiaron cuando se desveló que un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, llamado Thomas Hofeller, había elaborado y entregado a sus correligionarios un informe en el que recomendaba incluir en el censo esa consulta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.

Este tipo de accionar traspasan líneas éticas que han sido criticadas por el Departamento de Estado como prácticas ventajistas en naciones de ultramar, ejercida en su mayoría en regímenes considerados totalitarios y que han sido sancionados por el Ejecutivo de los Estados Unidos con acciones extraterritoriales.

Sin embargo la reacción de la Casa Blanca fue el desmarcarse del “Informe Hofeller”, que salió a la luz tras ser hallado por su propia hija, Stephanie Hofeller Lizon, entre los papeles del estratega tras su muerte- y negar su conocimiento sobre la existencia del mismo.

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The Washington Post, en una investigación independiente, reveló la existencia de una serie de documentos, también encontrados por Hofeller Lizon, que establecen que el asesor político informó de sus conclusiones a Christa Jones, la actual jefa de personal de la oficina del director del Buró del Censo de EE.UU., Steven Dillingham.

La población total estimada de Estados Unidos por el censo para 2017 fue de 325,7 millones, con un 14 % de inmigrantes.

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The so-called “question of discord” has had a sentence that is considered another failure of the President´s team who wanted to put an element of segregation in the instrument of population measurement, arguing logistical purposes.

The judges of the U.S. highest court had asked the Department of Commerce, which was responsible for preparing the census, to provide another explanation for the inclusion of that question. Therefore, the Court’s decision does not end this legal dispute, which could last for much of the summer, compromising the timing for printing the census questionnaire.

 The high court said “no” to the question at this time, a decision that was supported by a vote in which five judges voted against it and four in favor. The formulation of the inquiry contemplates that the census questionnaire include a question about the legal status of U.S. residents, a measure that civil organizations labeled “racist and discriminatory.

John Roberts, Chief Justice of the Supreme Court of the United States, nominated by George W. Bush, noted that “the evidence tells a story that does not match the explanation the Commerce Secretary Wilbur Ross gave for his decision,” he wrote.

Trump’s executive maintains that this question is fundamental to better understand the composition of the population, but the opposition points out that, in reality, it would only serve to reduce the visibility of the immigrant community.

The decision reached the Supreme Court because in intermediate courts the measure had already been blocked by three federal judges, including Jesse M. Furman of New York, who considered it illegal.

It is necessary to specify that the census depends on the distribution of federal funds, the drawing of electoral districts for the U.S. House of Representatives and the Electoral College.

A long-running controversy

The accusations and arguments between sides until recently only had a rhetorical tone, but things changed when it was revealed that Thomas Hofeller, a Republican Party strategist who died in August 2018, had prepared and delivered to his colleagues a report in which he recommended to include in the census that consultation in order to redesign the electoral districts in a way favorable to the interests of the conservative party.

This type of action crosses ethical lines that have been criticized by the State Department as advantageous practices in other nations, exercised mostly in regimes considered totalitarian and that have been sanctioned by the Executive of the United States with extraterritorial actions.

However, the White House’s reaction was to distance from the “Hofeller Report”, which came to light after being found by its own daughter, Stephanie Hofeller Lizon, among the roles of the strategist after his death – and to deny knowledge of its existence.

The Washington Post, in an independent investigation, revealed the existence of a series of documents, also found by Hofeller Lizon, which state that the political advisor reported his findings to Christa Jones, the current chief of staff of the U.S. Census Bureau Director Steven Dillingham.

The total U.S. population estimated by the 2017 census was 325.7 million, with 14% of immigrants.

Translated by: José Espinoza

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