Se trata de una gran preocupación para más de un millón de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo Alexis Guild, vicepresidenta de estrategia y programas de Farmworker Justice.

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de un billón de dólares, y Estados Unidos depende de unos 2.9 millones de trabajadores agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según un nuevo análisis, entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, 43 estados y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para ponerlo en marcha antes.

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un 24% más de probabilidades de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

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Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS anunciaron su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones más peligrosas del país y está asociado con impactos en la salud a largo plazo y altas tasas de enfermedades crónicas, incluidas afecciones respiratorias. Una encuesta realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families.

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo Akeiisa Coleman, vicepresidenta asistente de The Commonwealth Fund, una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

Por: Paula Andalo/ KFF Health News

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El republicano arremetió contra California en dos ataques políticos consecutivos en mayo, afirmando que el estado, de amplia mayoría demócrata, está cometiendo un “fraude escandaloso” y “robando” al gastar dinero estatal y federal de Medicaid —destinado a cubrir tratamientos médicos básicos— en servicios poco convencionales como ayuda para vivienda y alimentación, membresías de gimnasios e incluso, aseguró, oraciones tribales y exorcismos.

“El programa Medicaid de California paga medicamentos a base de hierbas y entrega de alimentos a domicilio. También paga vivienda”, dijo Kennedy. “No sé qué tiene que ver la vivienda con la atención médica”, exclamó.

“California simplemente está batiendo todo tipo de récords”, añadió. “Son gente fuera de control”.

A pesar de las críticas de los republicanos en el Congreso y del creciente escrutinio por parte de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom, demócrata y posible aspirante a la presidencia, aseguró sentirse orgulloso de que Medi-Cal, el Medicaid de California, invierta en servicios sociales.

Se trata de un programa de varios miles de millones de dólares, diseñado para ayudar a pacientes con problemas de salud complejos y médicamente vulnerables a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, la alimentación y otros factores sociales. Newsom sostiene que esta iniciativa no solo es legal, sino que también representa una forma de brindar atención médica a los californianos con condiciones de salud complejas, que es más rentable y está respaldada por evidencia científica.

Newsom sostiene que se trata de una medida legal, más rentable y respaldada por la evidencia para brindar atención médica a los californianos con problemas de salud complejos. A su juicio, invertir en servicios fuera del ámbito clínico puede ayudar a que las personas eviten las guardias y las internaciones, mejoren su salud a largo plazo y, en última instancia, les ahorren dinero a los contribuyentes. “Se trata de una atención integral de la persona”, explicó Newsom, y añadió que espera que la administración del presidente Donald Trump reconozca el liderazgo de California y considere las “reformas que estamos impulsando como mejores prácticas nacionales”.

Ahora, una de las iniciativas de salud más destacadas del gobernador se encuentra en el centro de una creciente batalla partidista con los republicanos en Washington, D.C., que impulsan medidas para frenar el gasto sanitario de miles de millones de dólares destinado a personas de bajos ingresos y con discapacidades, tanto en estados republicanos como demócratas.

Se trata de una diferencia filosófica. Los conservadores sostienen que los servicios sociales representan una carga financiera para Medicaid y no deberían considerarse atención médica, mientras que los liberales argumentan que invertir en prevención termina ahorrando dinero.

Aunque este tipo de programas se expandieron por todo el país durante la presidencia de Joe Biden, la administración Trump revocó la política federal que alentaba a los programas estatales de Medicaid a abordar las necesidades sociales relacionadas con la salud.

La disputa sobre Medicaid está dejando a muchos pacientes en el limbo.

Lucy Rodríguez enseña danza folclórica mexicana en Hollister, una localidad de la región de la Costa Central de California. La mujer contó que su vida cambió este año cuando un administrador de casos intensivos de Titanium Healthcare —empresa que trabaja con aseguradoras médicas para brindar servicios de apoyo— comenzó a ayudarla a controlar sus enfermedades crónicas, mantenerse al día con sus citas médicas y medicamentos, e incluso recoger cajas de alimentos gratuitos para ella.

Rodríguez, de 73 años, está inscrita en Medicare y Medi-Cal, que ofrecen beneficios más amplios. El programa para personas de bajos ingresos ha ayudado a pagar sus facturas de servicios públicos y, recientemente, Rodríguez recibió la aprobación para recibir comidas a domicilio.

“Ha sido una bendición”, dijo Rodríguez, quien padece diabetes, hipertensión y enfermedad renal. “Me estaba sintiendo muy estresada y deprimida. Es muy difícil cuando vives con un ingreso fijo. Los alimentos están muy caros y, en verano, la electricidad cuesta todavía más. Pero esto realmente está mejorando mi vida”.

Rodríguez teme que la administración Trump recorte los beneficios para las personas mayores de bajos ingresos.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) advirtieron a los estados que el financiamiento federal para servicios sociales se evaluaría caso por caso.

Christopher Krepich, portavoz de los CMS, explicó que la agencia no está cancelando los acuerdos actuales, conocidos como waivers (exenciones), que permiten temporalmente a los estados ofrecer servicios sociales financiados con recursos estatales y federales.

Sin embargo, advirtió que las futuras solicitudes, ya sea para nuevos servicios o para ampliar programas existentes, podrían verse en riesgo si se alejan demasiado de la atención médica tradicional.

“En adelante, los CMS trabajarán con los estados en exenciones innovadoras que respondan a necesidades fundamentales de atención médica, de acuerdo con enfoques basados en evidencia vinculados a diagnósticos y servicios clínicos, con el objetivo final de mejorar los resultados de salud de la población inscrita en Medicaid”, señaló Krepich en un comunicado.

En una medida que elevó aún más la tensión, el Departamento de Justicia emitió recientemente un memorando que permite que los estados institucionalicen a personas con discapacidades y enfermedades mentales graves, en lugar de brindarles atención en la comunidad.

Los republicanos también han señalado a varios estados, en su mayoría demócratas, porque consideran que no han hecho lo suficiente contra el despilfarro de recursos, el fraude y el abuso en Medicaid.

En mayo, el administrador de CMS, Mehmet Oz, apareció junto al vicepresidente JD Vance cuando este anunció la retención de 1.300 millones de dólares destinados a Medicaid en California, debido a sospechas de fraude.

El fiscal general de California, Rob Bonta, respondió que los republicanos simplemente buscan sacar provecho político mientras ignoran las necesidades médicas de las personas pobres.

“El gobierno federal quiere politizar el fraude”, dijo Bonta, “y utilizarlo, lamentablemente, como un garrote y un instrumento de presión para atacar a los estados gobernados por demócratas”.

Atención médica y servicios sociales

Los investigadores en políticas de salud afirman que aproximadamente el 80% de los resultados sanitarios están relacionados con factores socioeconómicos, ambientales y de comportamiento, como una vivienda inestable, la falta de hogar, la inseguridad alimentaria y la exposición a la violencia, mientras que solo el 20% se asocia con la atención médica prestada en hospitales y clínicas.

Estos datos impulsaron los esfuerzos de la administración Biden para incorporar servicios sociales dentro de Medicaid.

Al menos 24 estados utilizan recursos propios junto con fondos federales de Medicaid para desarrollar programas piloto de atención médica basada en necesidades sociales.

Colorado, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon y Pennsylvania figuran entre los estados que ofrecen ayuda para vivienda y alimentación.

Mientras la administración Trump reduce el apoyo a este tipo de servicios, los estados se están replanteando cómo financiar beneficios que han mejorado la atención preventiva para personas de bajos ingresos.

Algunos crearon nuevos beneficios mediante lo que se conoce como una enmienda al plan estatal, un mecanismo que permite modificar los programas de Medicaid sin necesidad de obtener una exención federal.

Michigan y Minnesota, por ejemplo, utilizan este mecanismo para ofrecer atención de recuperación a personas sin hogar después de una hospitalización.

Estos centros de atención temporaria permiten que los pacientes se repongan antes de volver a vivir de forma independiente y funcionan como puente entre el alta hospitalaria y el regreso a la comunidad.

Este enfoque “tiene la ventaja de establecer, en todo el estado, un beneficio permanente que no requiere renovaciones federales continuas, lo que ofrece mayor estabilidad y previsibilidad”, explicó Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Mientras tanto, otros estados dependen de exenciones federales que deben renovarse cada cinco años para mantener estos servicios sociales.

Funcionarios de Arizona informaron que el estado planea presentar, antes de que termine setiembre, una solicitud para continuar los programas que brindan vivienda y otros servicios a personas sin hogar, o en riesgo de quedarse en la calle, que padecen enfermedades mentales graves, enfermedades crónicas o que han estado recientemente encarceladas.

“Cuando los afiliados tienen acceso a una vivienda estable y a servicios de apoyo, es mucho más probable que mantengan una atención médica continua y menos probable que necesiten visitas evitables a salas de emergencia u hospitalizaciones”, afirmó Roberta Harrison, directora interina del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

California, que ha sido el estado más activo a la hora de incorporar servicios sociales, ha implementado un enfoque doble para garantizar la financiación de su amplia oferta más allá de este año. Está utilizando su autoridad regulatoria para convertir en permanentes la mayoría de los servicios sociales actuales dentro de la cobertura administrada de Medi-Cal.

Esa maniobra normativa elude la necesidad de que el gobierno federal apruebe una exención, una medida que podría atraer un mayor escrutinio por parte de los republicanos.

Sin embargo, no todos los servicios pueden financiarse sin autorización del gobierno federal.

Mientras convierte algunos beneficios en permanentes, la administración Newsom solicita nuevas exenciones para mantener otros programas sociales e incluso ampliar la oferta.

Se trata de una estrategia ambiciosa que ampliaría el experimento de atención médica basada en necesidades sociales de California.

Newsom reconoció que le preocupa que el gobierno federal rechace la solicitud más reciente.

“¿Cómo no voy a estar preocupado con esta administración?”, afirmó. “Siempre estoy preocupado”.

Un nuevo frente en la atención médica

California brinda la mayoría de sus servicios sociales relacionados con la salud mediante exenciones aprobadas durante la administración Biden dentro de Medi-Cal, cuyo presupuesto propuesto asciende a 217 mil millones de dólares.

Aunque más de 14 millones de residentes están inscritos en Medi-Cal, el estado ha sido selectivo con respecto a quiénes reciben ayuda a través de los 15 tipos de servicios sociales incluidos en su programa denominado California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM).

Los pacientes con necesidades complejas también pueden recibir apoyo de trabajadores sociales especializados para coordinar sus necesidades médicas y sociales, a través de un beneficio conocido como enhanced care management (manejo intensivo de la atención).

Desde 2022, California ha venido ofreciendo estos servicios sociales, con una inversión de cerca de 12 mil millones de dólares en fondos conjuntos estatales y federales, con la esperanza de reducir el gasto de Medi-Cal a largo plazo al evitar que los beneficiarios terminen en instituciones costosas, como salas de emergencia, cárceles, hogares de ancianos y centros de atención para crisis de salud mental.

Hasta septiembre de 2025, la información más reciente disponible del estado muestra que CalAIM había proporcionado servicios sociales a más de 528.000 pacientes. Además, cerca de 453.000 californianos de bajos ingresos habían recibido manejo intensivo de casos. Algunos pacientes reciben ambos servicios.

Entre los beneficios que California está convirtiendo en permanentes se encuentran los siguientes: las personas sin hogar pueden recibir ayuda para encontrar un apartamento, y Medi-Cal cubre el depósito de garantía del alquiler y hasta seis meses de renta. Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas, pueden recibir comidas saludables a domicilio. Las personas con asma pueden obtener la eliminación del moho de sus viviendas para prevenir episodios agudos de la enfermedad. Los adultos mayores de bajos ingresos con discapacidades pueden recibir, sin costo, la instalación de una rampa para silla de ruedas en su hogar. Además, quienes salen de la cárcel o de prisión pueden ser vinculadas de inmediato con servicios de atención primaria, salud mental y tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, en caso de necesitarlos.

Según el Departamento de Servicios de Atención Médica de California, estos servicios sociales —especialmente la asistencia para vivienda, alimentación y reformas en el hogar— ya están demostrando su eficacia al estabilizar la salud de los pacientes con necesidades más complejas, al tiempo que generan ahorros para Medi-Cal mediante la reducción de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y la dependencia de instituciones como los hogares de ancianos.

En el Valle Central, por ejemplo, la directora ejecutiva de Health Plan of San Joaquin, Lizeth Granados, dijo que CalAIM ha ayudado a ubicar en viviendas a personas sin hogar que antes eran hospitalizadas de manera recurrente. Además, pacientes con diabetes descontrolada lograron reducir sus niveles de azúcar en sangre tras recibir asesoría nutricional y comidas a domicilio.

En términos generales, Granados afirmó que el plan de salud ha generado importantes mejoras en el manejo de enfermedades crónicas y una disminución de las hospitalizaciones. Desde el lanzamiento de CalAIM en 2022, las hospitalizaciones se redujeron a 44 por cada 1.000 afiliados, frente a las 61 por cada 1.000 registradas antes del programa.

En el condado de Orange, funcionarios de CalOptima Health atribuyeron a los servicios de vivienda de CalAIM una reducción cercana al 27% en el número de personas sin hogar.

“También hemos podido ampliar nuestros programas de medicina en la calle”, dijo Yunkyung Kim, directora de operaciones de la aseguradora.

En todo el estado, las aseguradoras de Medi-Cal se mostraron a favor de que CalAIM siga generando ahorros y mejorando la salud de los pacientes. Sin embargo, el futuro de algunos de estos servicios dependerá de las decisiones de la administración Trump.

California ha solicitado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que le permitan seguir inscribiendo en Medi-Cal a las personas encarceladas 90 días antes de su liberación, con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, enfermedades mentales y afecciones físicas. Este beneficio de CalAIM aún se encuentra en una etapa inicial.

El estado también ha propuesto un nuevo beneficio de asistencia laboral, al que los condados podrían adherirse para ayudar a los pacientes a encontrar y conservar empleo, en respuesta a los futuros requisitos federales de trabajo establecidos por la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el verano pasado.

Además, California busca mantener su programa de sanadores tradicionales y guías de medicina ancestral para personas que pertenecen a tribus indígenas. Entre los servicios se incluyen musicoterapia, danza, tambores y referencias a ceremonias de sweat lodge (cabañas de sudor) para el tratamiento de problemas de salud mental y la recuperación de trastornos por consumo de sustancias. Aunque Medi-Cal cubre servicios espirituales, como ceremonias, rituales y remedios de hierbas, funcionarios estatales aclararon que el programa no cubre exorcismos.

La postura adoptada por la administración Trump ya ha obligado al estado a eliminar los beneficios destinados a cubrir alojamiento y alimentación, lo que pone en riesgo los esfuerzos locales para ofrecer camas de recuperación a los pacientes.

California también está eliminando el beneficio de vivienda temporal después de una hospitalización, creado para evitar que los hospitales den de alta a personas sin hogar —o en riesgo de quedarse sin vivienda— y las dejen en la calle. El servicio de CalAIM que ofrecía hasta seis meses de alojamiento temporal y atención continua finalizará a fin de este año.

Además, el Estado está recortando las prestaciones para cuidados de recuperación, dejando de pagar las camas para que los pacientes se recuperen de una enfermedad o lesión y ofreciendo, en su lugar, únicamente servicios de apoyo integral (wraparound services).

En San Francisco, estas camas han sido fundamentales para reducir las muertes por sobredosis, facilitar la transición de personas sin hogar desde las calles hacia una vivienda y disminuir la ocupación de camas hospitalarias, explicó Neal Sheran, director médico del Departamento de Salud Pública de la ciudad. El plan de salud municipal gestiona un centro de desintoxicación y centros de cuidados donde los pacientes pueden recuperarse después de una hospitalización.

“Estamos preocupados”, dijo Sheran. “El financiamiento para el componente de alojamiento nocturno de estos programas es absolutamente fundamental para que funcionen”.

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Recortes en el horizonte

Incluso sin las amenazas del gobierno federal, las presiones presupuestarias del estado han puesto en tensión el financiamiento de CalAIM. Newsom ha propuesto reducir en 68,3 millones de dólares los fondos destinados a servicios sociales durante este año fiscal. El recorte aumentará el próximo año y se mantendrá en 150,2 millones de dólares anuales a partir de 2028.

Los proveedores temen que los pacientes de Medi-Cal pierdan estos beneficios. Y tanto los servicios como las comidas a domicilio y la asistencia para vivienda podrían restringirse aún más.

“Esto nos está llevando de regreso a la época en que nuestro sistema de salud era más costoso y reaccionaba a las enfermedades en lugar de invertir en la prevención”, afirmó Anwar Zoueihid, vicepresidente y director de estrategia de Partners in Care Foundation, una organización de Los Ángeles que participa en CalAIM. “Es contradictorio con el lema Make America Healthy Again.”

Para ahorrar dinero, el estado está endureciendo los criterios de elegibilidad con el fin de limitar los servicios y reducir su uso inapropiado. Por ejemplo, los pacientes de Medi-Cal que padecen inseguridad alimentaria ya no podrán recibir comidas saludables a domicilio si no tienen una condición médica que las justifique, como la diabetes. Asimismo, las personas sin hogar tendrán un plazo de seis meses para recibir ayuda en la búsqueda de vivienda.

Algunos de los principales proveedores de CalAIM afirman que estos servicios deben evaluarse continuamente y restringirse cuando los planes de salud hayan sido demasiado flexibles al otorgarlos. En algunos casos, beneficios relacionados con alimentos y vivienda fueron entregados a pacientes de bajos ingresos que no necesariamente presentaban las necesidades más complejas.

“Es importante que todos analicen esto con mucha objetividad para determinar si realmente estamos beneficiando a las personas y destinando el dinero a los lugares adecuados”, dijo Charlie Robinson, director de equidad en salud de L.A. Care, una de las mayores aseguradoras de Medi-Cal del estado.

Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net, afirmó que la aseguradora no se deja desanimar por los recortes tanto estatales como federales.

“Independientemente de lo que ocurra a nivel federal, seguimos comprometidos”, afirmó. “Se trata de una transformación importante del sistema de atención médica y ya estamos observando reducciones significativas en las visitas evitables a las salas de emergencia, en las hospitalizaciones que podrían prevenirse y hemos logrado cerrar brechas en la atención preventiva”.

Por: Angela Hart/ KFF Health News

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Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno reembolsa a los hospitales el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.

Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó Leonardo Cuello, profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.

Un memorando de política del ICE de 2013 garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.

Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida la información fiscal enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.

Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para bloquear ese acuerdo de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez falló en diciembre que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.

KFF Health News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.

De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.

“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.

Información sobre las solicitudes

En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia  preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.

“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en redes sociales en enero.

Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.

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Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que KFF Health News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.

El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de preguntas y respuestas desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.

Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.

Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.

Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS —que supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal— está compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.

Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales —aunque “están en una posición muy difícil”— deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, abogada del National Health Law Program, un grupo de defensa legal.

“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información —incluida sus direcciones— en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.

Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.

“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.

Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.

Medicaid de Emergencia

La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.

En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente el 0,4% del gasto total federal en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.

El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.

El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.

En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.

Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de KFF y The New York Times publicada en noviembre. (KFF es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a KFF Health News).

Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.

Por: Por Phil Galewitz y Amanda Seitz | KFF Health News

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud, y uno de los principales programas de KFF: la fuente independiente de investigación sobre políticas de salud.

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Tomaron comida enlatada, frutas y verduras, y una tarjeta de regalo para el supermercado. Luego, Basu vio una fila de mesas en el estacionamiento, atendidas por trabajadores del área de servicios sociales, que ayudaban a la gente a solicitar asistencia alimentaria y cobertura de salud. Le dijeron que su suegra, quien también recibe Medicaid, podría calificar para recibir ayuda alimentaria.

“Tendría que separar menos dinero”, dijo Basu, que es la única que aporta ingresos en su hogar en Anaheim desde que su esposo sufrió un derrame cerebral. “Tal vez pueda usar ese dinero extra para cubrir otros gastos”.

Basu fue una de las más de 3.000 personas que asistieron a un evento de CalOptima en noviembre, en uno de los condados más ricos de California. La jornada marcó el inicio de una campaña de $20 millones por parte de esta aseguradora de Medicaid. El objetivo es ayudar a que residentes de bajos ingresos accedan y conserven su cobertura médica y sus beneficios de alimentos, en el momento en que comiencen a aplicarse las restricciones federales establecidas en la ley de presupuesto impulsada por el presidente Donald Trump, llamada Una Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Bill Act).

La ley recorta más de $900.000 millones en financiamiento federal para Medicaid, conocido como Medi-Cal en California. También elimina alrededor de $187.000 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido como CalFresh en California. Esto representa cerca del 20% del presupuesto del programa en los próximos 10 años. Como resultado, hasta 3,4 millones de beneficiarios de Medi-Cal y casi 400.000 personas que usan CalFresh podrían perder estos beneficios. (La mayoría de quienes reciben CalFresh también tienen Medi-Cal).

Representantes republicanos dicen que estos cambios —algunos de los cuales ya están en vigor— ayudarán a prevenir el fraude y el despilfarro mediante controles de elegibilidad más estrictos y nuevos requisitos laborales.

Sin embargo, los planes de salud de Medicaid en todo el país están reforzando sus actividades comunitarias para no perder afiliados, muchos de los cuales ya enfrentan altos costos de alimentos y atención médica.

En el condado de Los Ángeles, el plan de salud L.A. Care lanzó en diciembre reuniones comunitarias para informar a la población sobre los cambios en Medi-Cal. En Hawaii, AlohaCare está reactivando una alianza creada durante la pandemia de covid para mitigar el impacto de la pérdida de cobertura. Y en Philadelphia, Community Behavioral Health, un plan de Medicaid para la salud mental, tiene previsto organizar una serie de encuentros durante 2026 para difundir información sobre estos cambios.

“Sabemos que estos cambios afectarán a muchos de nuestros afiliados”, afirmó Michael Hunn, director ejecutivo de CalOptima, uno de los más de veinte planes de atención médica de Medi-Cal que reciben pagos mensuales en función del número de afiliados. “Tenemos la gran responsabilidad de asegurarnos de que comprendan y puedan adaptarse a estos cambios a medida que se implementan”.

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CalOptima, una entidad pública cuyo directorio es nombrado por la junta de supervisores del condado, ha destinado unos $2 millones hasta 2028 para financiar que trabajadores del área de elegibilidad brinden ayuda en eventos comunitarios como la distribución de alimentos. Según An Tran, director de la Agencia de Servicios Sociales del condado de Orange, estos fondos permitirán realizar actividades de divulgación fundamentales que, de otro modo, el condado no podría costear.

El condado de Orange tiene unos 1.500 trabajadores encargados de procesar las reinscripciones y de verificar los datos de aproximadamente  850.000 beneficiarios de Medi-Cal y más de 300.000 inscritos en CalFresh.

“Estamos hablando de familias que necesitan ayuda con urgencia, especialmente en un momento en que los precios de los alimentos y la inflación están tan altos que apenas logran llegar a fin de mes”, dijo Tran.

Además de financiar a trabajadores del condado, CalOptima también planea otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias para que realicen actividades de difusión sobre Medi-Cal. Además, desarrollará una campaña de concientización pública en varios idiomas para informar a las personas afiliadas sobre los nuevos requisitos, explicó Hunn.

La representante federal Young Kim, republicana que representa a parte del condado de Orange, no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha dicho que la ley presupuestaria firmada por Trump, por la que votó a favor, “toma medidas importantes para asegurar que los fondos federales se usen de la manera más eficaz posible y para fortalecer Medicaid y SNAP para nuestros ciudadanos más vulnerables que realmente lo necesitan”. Kim y otros republicanos han dicho que la ley ofrecerá alivio fiscal a las personas trabajadoras en Estados Unidos.

Después de casi una hora de hablar con una trabajadora del área de elegibilidad, Basu se enteró de que gana demasiado como para que su suegra —quien vive con su familia— califique para CalFresh. Ahora, contó, le preocupan los cambios en los requisitos de Medi-Cal para inmigrantes. Teme que estas modificaciones puedan afectar a su suegra, quien obtuvo la residencia legal permanente hace aproximadamente un año y medio.

“Antes de tener eso, pagábamos en efectivo por el cardiólogo, por los análisis de laboratorio, por todo. Era carísimo”, dijo Basu. “Estoy pensando que en unos meses tendré que volver a pagar todo de mi bolsillo. Es mucho para mí. Es una carga”.

En la mayor parte del país, las personas que tienen residencia permanente (green card) desde hace menos de cinco años suelen no calificar para Medicaid, que es financiado por el gobierno federal. Sin embargo, California ha ofrecido cobertura de Medi-Cal con fondos estatales tanto a esas personas como a inmigrantes de bajos ingresos que no tienen estatus legal.

Pero incluso estos beneficios están siendo recortados por la presión del presupuesto estatal. En julio, el estado eliminará la cobertura completa de servicios dentales a algunos afiliados que tienen tarjeta de residencia desde hace menos de cinco años, así como a ciertos grupos de inmigrantes. Un año después, ese mismo grupo comenzará a pagar cuotas mensuales.

Y desde enero, California congelará la inscripción en Medi-Cal para personas mayores de 19 años sin estatus migratorio legal y para algunos inmigrantes que sí están legalmente en el país. También reinstaurará el límite de bienes para todos los afiliados mayores de edad.

Mientras tanto, el estado está preparando instrucciones para los condados sobre cómo implementar los cambios federales en los requisitos de elegibilidad de Medicaid, dijo Tony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California. Las reglas federales de trabajo y las revisiones de elegibilidad dos veces al año deberán aplicarse desde comienzos de 2027, en particular para quienes están afiliados bajo la expansión de cobertura de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Servicios Sociales de California, que administra CalFresh, ya modificó el modo de calcular los costos de servicios públicos del hogar y ha impuesto un límite a los beneficios para hogares muy numerosos. Además, aún está desarrollando las directrices sobre los requisitos federales de trabajo y los cambios que dejan afuera a ciertas personas que no son ciudadanas, indicó el subdirector David Swanson Hollinger durante una audiencia reciente.

El Departamento de Servicios de Salud ha creado una página web titulada Lo que las personas afiliadas a Medi-Cal deben saber sobre los cambios estatales y federales en Medicaid. También está utilizando su red de “embajadores de cobertura de Medi-Cal” para compartir información y actualizaciones en comunidades de todo el estado en varios idiomas. Y está colaborando con los condados y los planes de Medi-Cal para apoyar la inscripción comunitaria, incluso en eventos locales, explicó Cava.

Aquilino y Fidelia Salazar, un matrimonio que recibió ayuda con su solicitud a CalFresh, dijeron que no esperaban verse afectados por los requisitos laborales ni los cambios en la elegibilidad de Medi-Cal, porque ambos son residentes permanentes de EE.UU., tienen enfermedades crónicas y no pueden trabajar. Las personas consideradas incapaces de trabajar por razones físicas o mentales pueden quedar exentas de los requisitos laborales. Pero la pareja expresó preocupación por otras personas inmigrantes de su comunidad, que podrían perder el acceso a atención médica.

“No es justo, porque hay mucha gente que realmente sí lo necesita”, dijo Fidelia Salazar en español. “Ganan tan poquito y luego las medicinas e ir a un doctor es carísimo”.

Por: Claudia Boyd-Barrett/ KFF Health News

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Pero este verano comenzó a recibir una terapia llamada de “análisis de comportamiento aplicado”, conocida como ABA en inglés, que suele utilizarse para ayudar a personas con autismo a mejorar sus habilidades sociales y de comunicación.

Desde entonces, empezó el preescolar, ha comido con mayor regularidad, logró dejar el pañal, acompaña a su madre al supermercado sin incidentes y conoció a quien es su mejor amiga. Todo eso, por primera vez en su corta vida.

“Eso es lo que ABA nos está dando: momentos de normalidad”, dijo Osborne.

Pero en octubre, las horas de terapia de Aubreigh se redujeron abruptamente de 30 a 15 por semana, como parte de una iniciativa estatal para recortar el gasto de Medicaid.

Otras familias en el país también han visto restringido su acceso a esta terapia mientras funcionarios estatales aplican recortes importantes al programa: el seguro de salud público que cubre a personas con bajos ingresos y con discapacidades. Carolina del Norte recortó en 10% los pagos a proveedores de ABA. Nebraska redujo casi 50% los pagos para algunos de estos servicios. En Colorado e Indiana, entre otros estados, también consideran reducciones.

Estos recortes llegan cuando el gasto de Medicaid en esta terapia se ha disparado en los últimos años. Los pagos por ABA en Carolina del Norte fueron de $122 millones en el año fiscal 2022 y se proyecta que lleguen a $639 millones en 2026, un aumento del 423%. En Nebraska, el gasto aumentó 1.700% en los últimos años. En Indiana, el incremento fue de 2.800%.

El aumento en el diagnóstico y la conciencia sobre el autismo ha hecho que más familias busquen tratamiento para sus hijos, que puede ir de 10 a 40 horas semanales de servicios, según Mariel Fernandez, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del Consejo de Proveedores de Servicios para el Autismo (Council of Autism Service Providers).

Además, la cobertura de esta terapia por Medicaid es relativamente reciente. El gobierno federal ordenó a los estados cubrir tratamientos para el autismo en 2014, pero no todos incluían ABA, considerada por Fernandez como el “estándar de oro”, hasta 2022.

Déficits presupuestarios estatales y los casi $1.000 millones en recortes previstos en Medicaid, derivados de la Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Bill Act) del presidente Donald Trump, han llevado a los estados a reducir el gasto en ABA y otras áreas en crecimiento dentro del programa.

También ha influido una serie de auditorías estatales y federales que pusieron en duda los pagos realizados a algunos proveedores de ABA.

Una auditoría federal del programa Medicaid en Indiana estimó pagos indebidos de al menos $56 millones en 2019 y 2020, señalando que algunos proveedores cobraron por horas excesivas, incluso durante la hora de la siesta.

Una auditoría similar en Wisconsin calculó pagos indebidos por al menos $18,5 millones entre 2021 y 2022. En Minnesota, las autoridades estatales tenían 85 investigaciones abiertas sobre proveedores de servicios para el autismo en el verano, después de que el FBI allanara dos centros a finales del año pasado como parte de una investigación por fraude a Medicaid.

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Familias presentan batalla

Pero los esfuerzos por reducir el gasto en esta terapia también han generado rechazo entre las familias que dependen del tratamiento.

En Carolina del Norte, las familias de 21 niños con autismo presentaron una demanda judicial contra el recorte del 10% en los pagos a proveedores. En Colorado, un grupo de proveedores y padres demandó al estado por su decisión de requerir autorizaciones previas y reducir los pagos por la terapia.

Y en Nebraska, familias y defensores aseguran que los recortes —que van del 28% al 79%, según el tipo de servicio— podrían poner en riesgo el acceso al tratamiento.

“Sus hijos han tenido avances muy importantes y ahora los dejan en la estacada”, dijo Cathy Martinez, presidenta de Autism Family Network, una organización sin fines de lucro con sede en Lincoln, Nebraska, que apoya a personas autistas y a sus familias.

Martinez pasó años abogando para que Nebraska exigiera cobertura para la terapia ABA, cuando su familia se tuvo que declarar en bancarrota por pagarla de su bolsillo para su hijo Jake.

Jake fue diagnosticado con autismo a los 2 años, en 2005, y comenzó a recibir ABA en 2006. Martinez atribuye a esta terapia el que Jake haya aprendido a leer, escribir, usar un dispositivo de comunicación asistida e ir al baño solo.

Para pagar el tratamiento, que costaba $60.000 al año, la familia pidió dinero prestado a un familiar, hipotecó su casa por segunda vez y terminó en bancarrota.

“Me dio muchísima rabia que mi familia tuviera que declararse en bancarrota para poder darle a nuestro hijo algo que recomendaron todos los doctores que lo vieron”, dijo Martinez. “Ninguna familia debería tener que elegir entre la bancarrota y ayudar a su hijo”.

Nebraska ordenó la cobertura de servicios para el autismo en 2014. Ahora, Martinez teme que los recortes lleven a los proveedores a dejar de ofrecer el servicio, limitando el acceso por el que tanto luchó.

Sus temores parecieron confirmarse a fines de septiembre, cuando Above and Beyond Therapy, uno de los mayores proveedores de ABA en Nebraska, notificó a las familias que dejaría de participar en el programa Medicaid del estado, debido a los recortes.

El sitio web de Above and Beyond ofrece servicios en al menos ocho estados. Según una auditoría estatal, la empresa recibió más de $28.5 millones del programa Medicaid con administración privada de Nebraska en 2024. Eso representa aproximadamente un tercio del gasto total en ABA en el estado ese año, y cuatro veces más que el segundo proveedor más grande. Su director general, Matt Rokowsky, no respondió a las solicitudes de entrevista.

Una semana después de anunciar su retiro, la empresa cambió de opinión y decidió continuar ofreciendo servicios bajo Medicaid, citando “una enorme cantidad de llamadas, correos electrónicos y mensajes emotivos” en una carta enviada a las familias.

Danielle Westman, madre de Caleb, un adolescente de 15 años paciente de Above and Beyond que recibe 10 horas semanales de ABA en casa, se sintió aliviada con el anuncio. Caleb es semiverbal y tiene tendencia a alejarse de sus cuidadores.

“No voy a ir con ninguna otra empresa”, dijo Westman. “Muchas compañías de ABA quieren que vayamos a sus centros en horario de oficina. Mi hijo tiene mucha ansiedad, ansiedad muy alta, así que estar en casa, en su espacio seguro, ha sido increíble”.

Funcionarios de Nebraska declararon que antes de los recortes, el estado tenía las tarifas de reembolso de Medicaid para ABA más altas del país y que los nuevos pagos siguen siendo competitivos en comparación con los estados vecinos, pero permitirán que el servicio “sea accesible y sostenible a futuro”.

Drew Gonshorowski, director estatal de Medicaid, dijo que su agencia sigue de cerca la situación y que no tenía conocimiento de proveedores que hubieran dejado el estado debido a los recortes. Afirmó que más proveedores han comenzado a operar en Nebraska desde que se anunciaron los cambios.

Uno incluso celebró los recortes. Corey Cohrs, CEO de Radical Minds, que tiene siete centros en el área de Omaha, criticó lo que considera una tendencia de algunos proveedores a ofrecer 40 horas de servicios por niño por semana, sin diferenciar necesidades. Lo comparó con recetar quimioterapia a todos los pacientes con cáncer, sin importar la gravedad, solo porque es el tratamiento más caro.

“Así se gana más dinero por paciente y no se toman decisiones clínicas reales para determinar el mejor camino”, expresó Cohrs.

Nebraska estableció un límite de 30 horas semanales de ABA sin revisión clínica adicional, y según Cohrs, las nuevas tarifas son viables para los proveedores, a menos que su modelo de negocios dependa exclusivamente de las altas tasas de Medicaid.

En Carolina del Norte, los servicios de ABA de Aubreigh Osborne fueron restablecidos principalmente gracias a la persistencia de su madre, quien llamó una y otra vez hasta lograr que el sistema cediera.

Y por ahora, Gaile Osborne no tendrá que preocuparse por las disputas legislativas que podrían afectar la atención de su hija. A principios de noviembre, un juez del Tribunal Superior del estado suspendió temporalmente los recortes a ABA mientras avanza la demanda presentada por las familias.

Osborne es directora ejecutiva de Foster Family Alliance, una importante organización de defensa del cuidado temporal en el estado, y fue maestra de educación especial durante casi 20 años. A pesar de su experiencia, no sabía cómo ayudar a Aubreigh a mejorar socialmente. Al principio, era escéptica sobre ABA, pero ahora ve en esta terapia un puente hacia el bienestar de su hija.

“No es perfecta”, dijo Osborne. “Pero el progreso que ha tenido en menos de un año es increíble”.

Por: Bram Sable-Smith and Andrew Jones/ KFF Health News

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Aunque cada estado tiene sus propios requisitos y reglas, existen normas federales que todos deben seguir.

¿Qué es Medicaid?

Medicaid es un programa financiado conjuntamente por el gobierno federal y los estados. Proporciona atención médica a personas y familias con ingresos bajos que cumplen con ciertos requisitos.

En todos los estados, Medicaid cubre a:

• Familias y niños con bajos ingresos
• Mujeres embarazadas
• Personas mayores
• Personas con discapacidades

Algunos estados han optado por ampliar Medicaid, lo que permite que también califiquen adultos sin hijos con ingresos por debajo de un cierto nivel. Aunque no todos los estados han adoptado esta expansión, es recomendable presentar una solicitud de todos modos, ya que podrías calificar bajo otras categorías.

¿Qué es el CHIP?

El CHIP proporciona cobertura médica a bajo costo para niños y mujeres embarazadas cuyas familias ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero no lo suficiente para pagar un seguro privado.

Este programa está gestionado por cada estado en coordinación con el programa Medicaid. Esto significa que la elegibilidad, los beneficios y los costos pueden variar dependiendo de dónde vivas.

Beneficios que ofrecen Medicaid y el CHIP

Los beneficios específicos varían según el estado, pero en general incluyen:

• Consultas médicas y hospitalarias
• Medicamentos recetados
• Servicios preventivos, vacunas y exámenes de salud.
• Atención durante el embarazo y parto
• Atención dental y de la vista para niños
• Servicios para personas con discapacidades

Además, algunos estados pueden cubrir los gastos médicos de hasta tres meses antes de presentar la solicitud, siempre que cumplas con los requisitos de ingresos durante ese período.

¿Quién puede solicitar?

Las personas pueden presentar una solicitud para Medicaid y para el CHIP en cualquier momento del año. No es necesario esperar un período de inscripción abierta como en otros tipos de seguro.

Debes considerar solicitar si:

• Tienes hijos menores de edad
• Estás embarazada
• Tienes una discapacidad
• Eres adulto mayor
• Tus ingresos son limitados o han cambiado recientemente

Incluso si la persona cree que no califica, es importante que igual complete la solicitud. El estado evaluará su caso tomando en cuenta varios factores como ingresos, tamaño del hogar, edad y situación familiar.

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¿Cómo presentar la solicitud?

Existen dos maneras principales de solicitar Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños:

1. A través del Mercado de Seguros Médicos

• Ingresar a www.CuidadoDeSalud.gov
• Crear una cuenta y completar la solicitud en línea
• Si parece que la persona o alguien en el hogar califica para Medicaid o para el Programa de Seguro Médico para Niños, el sistema enviará su información de manera segura a la agencia estatal correspondiente.
• Si la persona no califica, podría recibir información sobre otras opciones de cobertura con descuentos

2. Directamente con la agencia estatal de Medicaid

• Las personas pueden comunicarse con la agencia de Medicaid de su estado y completar el proceso directamente
• Cada estado tiene su propio sitio web y oficinas disponibles para ayudarte con la solicitud

Medicaid y el CHIP son clave para asegurar que más personas tengan acceso a servicios médicos esenciales. Si la persona tiene ingresos bajos, está embarazada, cuida a niños o enfrentas una discapacidad, es muy probable que califique para uno de estos programas.

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En ese momento, afirmó que a Medicaid lo financia por completo el gobierno federal (no es así) y que muchos beneficiarios están insatisfechos con los altos gastos de bolsillo (los afiliados pagan poco o nada).

Medicaid es complejo. Este programa estatal-federal que cuesta $880 mil millones al año ofrece cobertura de salud a millones de estadounidenses de bajos ingresos, o con discapacidades. Cubre distintos servicios para diferentes personas en muchas partes del país, y los afiliados pueden interactuar con compañías de seguros privadas que no tienen la palabra “Medicaid” en sus nombres, lo que hace que algunos ni siquiera sepan que están en el programa. 

Aunque el presidente Donald Trump prometió “amar y apreciar” a Medicaid, los republicanos anunciaron hace pocos días en el Congreso proyectos de presupuesto federal que podrían reducir drásticamente al programa. A medida que comienza el debate, esto es lo que necesitas saber sobre Medicaid.

¿Qué es Medicaid y en qué se diferencia de Medicare? 

Medicaid y Medicare fueron creados por la misma legislación —una enmienda a la Ley del Seguro Social— promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1965.

Medicaid es un programa gubernamental de seguro de salud para personas con bajos ingresos, y para adultos y niños con discapacidades.

Medicare, por el contrario, generalmente cubre a personas de 65 años o más. 

Para los estadounidenses mayores con bajos ingresos, Medicaid cubre los gastos de bolsillo de Medicare. Estas personas suelen llamarse “doblemente elegibles” porque califican para ambos programas.

¿Quién está en Medicaid? 

Más de 79 millones de personas reciben servicios de Medicaid o del relacionado Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). Esto representa aproximadamente el 20% de la población total de Estados Unidos. La mayoría de los beneficiarios califican debido a sus bajos ingresos.

Cerca del 40% de todos los niños de Estados Unidos son beneficiarios de Medicaid o de CHIP, que fue creado en 1997.

Ambos programas pagan servicios como chequeos rutinarios, vacunas y hospitalizaciones. Medicaid también cubre a personas embarazadas antes y después del parto: financia más del 40% de todos los nacimientos del país.

Medicaid también atiende a personas con discapacidades o necesidades médicas complejas y los ayuda a pagar servicios que les permiten vivir de manera independiente, integradas a la comunidad, fuera de instituciones como hogares de adultos mayores u hospitales estatales. 

El programa atiende a una población diversa. Aproximadamente el 40% de las personas menores de 65 años que usan Medicaid son blancas no hispanas, el 30% son hispanas, el 19% son negras no hispanas, y el 1% son nativos americanos.

Los fondos federales de Medicaid no pueden utilizarse para cubrir a inmigrantes sin papeles, aunque algunos estados y Washington D.C. han usado sus propios fondos para extender la cobertura a miembros de este grupo. California fue el primer estado en hacerlo.

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¿Cuáles son los requisitos de ingreso? 

La elegibilidad generalmente depende de si una persona tiene bajos ingresos, y los estados tienen diferentes formas de definir esto. Para un hogar de cuatro adultos sin hijos dependientes, el nivel de cobertura promedio a nivel nacional es de $44,367.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, conocida como Obamacare), aprobada en 2010, permitió que más personas calificaran para Medicaid en función de sus ingresos. Esto se conoce como “expansión de Medicaid”. 

La ley ofreció considerables incentivos financieros a los estados para que ampliaran el programa, para llegar a cubrir a más personas. El gobierno federal aportaría más dinero por cada afiliado para ayudar a incluirlo en la cobertura.

La intención de la expansión era cerrar la brecha de falta de seguro de salud para los millones de estadounidenses que no obtienen cobertura a través de un empleador. Medicaid cubriría a personas con ingresos extremadamente bajos y, a medida que sus ingresos aumentaran, podrían pasar a planes subsidiados que se venden en los mercados de seguros de ACA.

En 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la decisión de expandir Medicaid quedaría en manos de cada estado. Actualmente, 40 estados y Washington D.C. han optado por hacerlo, con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos. 

En 2025, en los 10 estados que no han expandido Medicaid, el límite de ingresos para calificar es de $5,947 al año para una persona soltera. Quienes ganan más no son elegibles.

Sin embargo, los adultos de esos estados que ganan demasiado para Medicaid también es posible que no ganen lo suficiente para recibir ayuda que les permita comprar planes en los mercados de ACA.

Esta situación deja a algunos sin cobertura. Se estima que 1.5 millones de personas caen en esta brecha.

¿De dónde proviene el dinero para financiar Medicaid? 

El gobierno federal cubre la mayor parte del costo de Medicaid, igualando el porcentaje del gasto estatal.

Actualmente, el gobierno federal contribuye con al menos el 50% del gasto de los estados y aporta más dinero para algunos servicios y afiliados, como los niños y las embarazadas.

Los estados menos ricos reciben un porcentaje mayor de fondos federales. En Mississippi, por ejemplo, el gobierno federal cubre el 77% del costo de Medicaid. 

Para los beneficiarios elegibles bajo la expansión de ACA, el gobierno federal paga el 90% de los costos.

No hay un límite en cuánto pueden gastar los estados en el programa, y cientos de miles de millones de dólares federales fluyen hacia ellos cada año. En 2023, los estados destinaron aproximadamente el 15% de sus presupuestos a Medicaid.

¿En qué se gasta ese dinero? 

La ley federal exige que todos los programas estatales de Medicaid cubran ciertos servicios como, por ejemplo, el transporte médico de emergencia, los exámenes de laboratorio, las radiografías, la planificación familiar y el tratamiento asistido con medicamentos para el trastorno por consumo de opioides.

El programa también cubre muchos servicios de enfermería y atención domiciliaria, aunque la ley permite que el gobierno recupere esos beneficios después del fallecimiento del afiliado.

Más allá de estos requisitos, los estados tienen flexibilidad para decidir otros servicios que sus programas de Medicaid pueden ofrecer. 

Todos los estados cubren medicamentos recetados y la mayoría cubre atención dental, fisioterapia y anteojos. Medicaid cubre más servicios de salud mental y cuidados a largo plazo que cualquier otro tipo de seguro, público o privado.

¿Cómo se llama Medicaid en mi estado? 

Los programas de Medicaid pueden tener muchos nombres diferentes, incluso dentro del mismo estado, en parte porque la mayoría de los estados utilizan aseguradoras privadas para gestionarlos. Esto puede resultar confuso para los consumidores, que pueden no darse cuenta de que están inscritos en Medicaid.

En New York, por ejemplo, los planes de Medicaid son ofrecidos por grandes compañías, como Anthem Blue Cross Blue Shield y UnitedHealthcare. Pero también algunas de las que quizá no hayas oído hablar, como Amida Care y MetroPlusHealth.

En Wisconsin, los afiliados pueden estar en BadgerCare Plus; en Connecticut, en Husky Health; en Texas, en STAR; y en California, en Medi-Cal.

¿Cómo afecta Medicaid a los hospitales y médicos de mi estado?

Medicaid generalmente les paga a los proveedores de atención médica menos dinero que Medicare o los seguros privados. Sin embargo, es más de lo que recibirían por atender a personas sin seguro. Sin Medicaid, muchas más personas no tendrían cobertura.

Tanto los estados como los hospitales y médicos dependen de estos fondos, y han expresado preocupación porque, incluso si los recortes se implementaran gradualmente, requerirían grandes ajustes.

¿Qué pasará con Medicaid? 

No está claro. Los republicanos en Washington están impulsando nuevamente cambios importantes, que podrían incluir recortes en la financiación federal. Esto podría reducir el número de personas elegibles, de los servicios disponibles o de ambos.

Un intento similar de derogar y reemplazar Obamacare en 2017, durante el primer mandato de Trump, fracasó. 

Uno de los mayores obstáculos para cambiar Medicaid es su popularidad el 77% de los estadounidenses, incluidas mayorías de demócratas, independientes y republicanos, tienen una opinión favorable del programa.

En el fondo, la discusión se reduce a varias preguntas clave sobre el papel del gobierno en la atención de salud. Algunas de ellas: ¿Cuán extensa debe ser la red de seguridad en salud? ¿Quién merece asistencia gubernamental? ¿Cómo afectarán los grandes cambios en Medicaid a los afiliados, los estados, los proveedores y el sistema de salud en general, aun si se hicieran en forma escalonada?

Por: Renuka Rayasam y Sam Whitehead / KFF Health News

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Pero se espera que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, junto con un Senado y una Cámara de Representantes controlados por republicanos, cambie esta situación.

Los republicanos en Washington afirman que planean utilizar recortes de financiamiento y cambios regulatorios para reducir drásticamente Medicaid, el programa de salud federal gerenciado por los estados que cuesta casi $900.000 millones al año y que, junto con el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), ofrece atención a unos 79 millones de estadounidenses, en su mayoría de bajos ingresos o con discapacidades.

Las propuestas incluyen revertir la expansión de Medicaid impulsada por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), que en los últimos 11 años sumó cerca de 20 millones de adultos de bajos ingresos al programa.

Trump ha dicho que quiere recortar drásticamente el gasto del gobierno, lo que podría ser necesario para que los republicanos extiendan los recortes de impuestos de 2017 que vencen a finales de este año.

Trump no habló demasiado sobre Medicaid durante su campaña de 2024. Su primera administración aprobó requisitos de trabajo en varios estados, aunque solo Arkansas los implementó antes de que un juez federal determinara que violaban los principios de ACA. También intentó otorgar financiamiento en bloque a los estados.

El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Jodey Arrington (republicano de Texas), dijo a KFF Health News que Medicaid y otros programas federales de beneficencia necesitan cambios importantes para ayudar a reducir la deuda federal. “Sin esos cambios, veremos con pesar cómo este país sufre un colapso fiscal”.

El representante Chip Roy (republicano de Texas), miembro del Comité de Presupuesto, indicó que el Congreso necesita explorar recortes al gasto federal en Medicaid.

“Es necesaria una reforma integral en el sector de salud, que podría incluir deshacer gran parte del daño causado por ACA y Obamacare”, dijo Roy. “Francamente, podríamos terminar proporcionando un mejor servicio si lo hacemos de la manera correcta”.

Defensores de las personas de bajos ingresos temen que los recortes que buscan los republicanos dejen a más estadounidenses sin seguro, dificultándoles el acceso a la atención médica.

“Medicaid es un objetivo obvio para recortes enormes”, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown. “Probablemente se avecina una lucha existencial sobre el futuro de Medicaid”.

El programa, que cumplirá 60 años en julio, está llegando al final de una gran crisis, después que las protecciones de cobertura implementadas durante la pandemia de covid-19 expiraran en 2023, y todos los inscriptos tuvieran que demostrar que seguían siendo elegibles.

Más de 25 millones de personas perdieron su cobertura durante los 18 meses posteriores al inicio del proceso de “desafiliación”, aunque no ha aumentado notablemente el número de personas sin seguro, según los datos más recientes del censo.

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Pero este número podría ser insignificante comparado con lo que ocurra en los próximos cuatro años, dijo Matt Salo, ex director ejecutivo y fundador de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid. “Lo que vamos a ver es un cambio dramático aún mayor en quiénes estarán cubiertos por Medicaid y cómo operará el programa”, aseguró.

Sin embargo, Salo señaló que cualquier esfuerzo por reducir el programa enfrentará resistencia.

“Muchas entidades poderosas —gobiernos estatales, organizaciones de atención administrada, proveedores de atención de largo plazo y todos aquellos interesados en que Medicaid funcione de manera eficiente— estarán altamente motivadas para resistirse a recortes que consideren draconianos, ya que podrían afectar sus modelos de negocio”, afirmó.

Algunas de las estrategias del partido republicano para reducir el tamaño de Medicaid son:

1. Cambio a financiamiento en bloque. Actualmente, el gobierno federal iguala un porcentaje del gasto estatal anual en Medicaid, sin un límite específico. Los republicanos quieren cambiar a pagos fijos anuales, lo que impactaría en la cantidad de dinero federal que algunos estados reciben. Desde Ronald Reagan, los presidentes republicanos han intentado sin éxito imponer una suma fija de financiación para Medicaid.
2. Recortes a la financiación de ACA para Medicaid. ACA financió la cobertura para estadounidenses con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza ($20.783 de ingresos anuales para un individuo en 2024). Los republicanos podrían intentar reducir ese financiamiento al mismo porcentaje que el gobierno federal paga por el resto de los inscritos en el programa, que promedia un 60%. “Debemos tener en cuenta que estamos subsidiando a la población sana y apta para trabajar que se beneficia de la expansión de Medicaid a un ritmo mayor que el que subsidiamos a los más pobres y enfermos, que era la intención original del programa”, dijo Arrington. “Eso no está bien”.
3. Reducción de fondos federales. Desde su inicio, la tasa de contribución federal varía según la riqueza relativa de la población del estado. Los estados más pobres reciben una tasa más alta y ningún estado recibe menos del 50% en contrapartida. Los republicanos podrían buscar reducir la tasa base del 50% a menos del 40%.
4. Agregar requisitos de trabajo. Aunque los tribunales federales han dictaminado que no se puede condicionar la cobertura a trabajar o a estar buscando trabajo, el Partido Republicano podría intentarlo nuevamente. “Si podemos lograr que los adultos sanos tengan requisitos de trabajo estrictos, eso puede suponer un enorme ahorro de costos”, dijo el representante Tom McClintock (republicano de California) a KFF Health News. Como la mayoría de los inscriptos en Medicaid ya trabajan, van a la escuela o son cuidadores, los críticos dicen que un requisito de ese tipo simplemente agregaría burocracia a la obtención de cobertura, con poco impacto en el empleo.
5. Imponer barreras a la inscripción. Unos 10 estados ofrecen a algunas poblaciones lo que se denomina elegibilidad continua, mediante la cual las personas permanecen inscriptas durante años sin tener que renovar su cobertura. Se ha demostrado que esa política evita que los beneficiarios abandonen el programa durante períodos cortos por dificultades o problemas con el papeleo, lo que puede generar facturas médicas inesperadas y deuda. La administración Trump podría intentar derogar las exenciones que permiten a los estados otorgar elegibilidad continua, lo que obligaría a las personas en esos estados a tener que volver a solicitar cobertura cada año.

Si los planes de los republicanos para reducir Medicaid se concretan, expertos dicen que las personas de bajos ingresos que se vean obligadas a comprar seguros privados enfrentarán dificultades para pagar las primas y copagos comunes en estos planes comerciales, que no suelen existir en Medicaid.

El Paragon Health Institute, un centro de estudios conservador dirigido por Brian Blasé, ex asesor de Trump, ha publicado informes que dicen que los miles de millones de dólares adicionales que los estados recibieron para ampliar Medicaid bajo ACA han sido una bendición para las aseguradoras privadas que administran el programa y para las personas relativamente más ricas que, según la organización, no deberían estar inscriptas.

Josh Archambault, miembro senior del conservador Cicero Institute, dijo que espera que la administración Trump haga responsables a los estados por pagar miles de millones de más a los proveedores, y por inscribir en Medicaid a personas que no son elegibles.

Archambault agregó que el Partido Republicano buscará reducir Medicaid a sus poblaciones “tradicionales”: niños, embarazadas y personas con discapacidades.

“Necesitamos reequilibrar el programa que la mayoría de la gente piensa que tiene un bajo rendimiento”, apuntó. La mayoría de los estadounidenses, incluidas grandes mayorías tanto de republicanos como de demócratas, ven el programa de manera favorable, según encuestas.

Por: Phil Galewitz/ KFF Health News

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Dentro de los planes de seguro de Medicare y Medicaid, medicamentos como Ozempic y Wegovy solo están disponibles para personas con sobrepeso, diabetes o enfermedades cardíacas, en su mayoría.

Sin embargo, la Casa Blanca anunció que Biden quería ampliar su disponibilidad para casos como tratamiento de la obesidad en sí, extendiendo la cobertura a casi 7,5 millones de estadounidenses mayores y de bajos ingresos.

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“Para demasiados estadounidenses, estos tratamientos críticos son demasiado caros y, por lo tanto, están fuera de su alcance”, dijo un funcionario de la Casa Blanca, al acotar que 42% de la población sufre obesidad.

Más de 60 millones de personas en Estados Unidos, en su mayoría mayores de 65 años, dependen de Medicare para su seguro médico. Otros 85 millones son elegibles para recibir algún tipo de asistencia a través del plan Medicaid, dirigido a los residentes de menores ingresos.

Pero no estaba claro hasta dónde podría llegar el plan ante la vuelta del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en enero, ya que el magnate parece dispuesto a apuntar a los presupuestos de salud como parte de un esfuerzo para recortar el gasto del gobierno federal estadounidense.

Por: AFP

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La investigadora principal, Anushree Vichare, investigadora de la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, en Washington, D.C., explicó que el trabajo arrojó que los médicos de medicina familiar afroamericanos y latinos tienen un rol crucial en proveer atención de la salud a las personas que viven en comunidades marginadas.

“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para aumentar el número de afroamericanos y latinos que ingresan a la Facultad de Medicina, además de desarrollar estrategias que ayuden a otros que están subrepresentados en la fuerza laboral médica a ingresar a la profesión y prosperar”.

Para Vichare construir una fuerza laboral de salud más diversa y representativa conduce a una mejor atención médica para todos, punto que considera imperativo desde el punto de vista de la justicia social.

“Nosotros, como sociedad, debemos asegurarnos de que las personas subrepresentadas en la medicina tengan oportunidades justas e iguales para obtener títulos médicos. También es esencial fomentar una cultura inclusiva dentro de las instituciones sanitarias que valore la diversidad y promueva la retención y el crecimiento profesional del personal diverso”.

Los investigadores precisaron que las personas que viven en comunidades marginadas son más propensas a sufrir de enfermedades crónicas, pero tradicionalmente han tenido menos acceso a la atención de la salud.

Medicaid, una fuente vital para afroamericanos e hispanos

En el estudio, se vinculó una muestra representativa a nivel nacional de médicos de familia con datos de reclamos, con el objetivo de evaluar la probabilidad de que galenos de distintos orígenes aceptaran pacientes cubiertos por Medicaid.

Medicaid es el programa de seguro de salud federal-estatal que cubre a más de 90 millones de personas de bajos ingresos en Estados Unidos, y que es una fuente vital para niños y adultos afroamericanos e hispanos.

Los resultados principales del estudio transversal descriptivo fueron:

• Los médicos de familia, particularmente los afroamericanos e hispanos/latinos, tienen significativamente más probabilidades de participar en Medicaid al tratar a un número sustancial de pacientes de Medicaid.
• Los médicos afroamericanos e hispanos/latinos tenían más probabilidades de ser proveedores principales de Medicaid, definidos como aquellos que atienden al menos a 150 beneficiarios.
• Los paneles de pacientes de médicos de familia tienen una proporción mucho mayor de beneficiarios de Medicaid pertenecientes a minorías raciales y étnicas.

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Algunos médicos no participan en Medicaid porque las tarifas de pago son mucho más bajas que las proporcionadas por el seguro privado, y, además, los galenos se quejan de que hay demasiada burocracia en el programa, lo que dificulta la solicitud de pago.

Esta investigación, publicada en la revista Annals of Family Medicine, respalda estudios anteriores que muestran que los médicos de las minorías son más propensos a regresar a las comunidades afroamericanas y latinas para establecer una práctica.

En las conclusiones del estudio, los investigadores recomendaron desarrollar una fuerza laboral más diversa de médicos de familia que pueda ayudar a reducir las desigualdades en la salud en Estados Unidos.

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