El anuncio estuvo a cargo del cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, quien, acompañado por el gobernador Ron DeSantis, declaró que el Departamento de Salud estatal avanzará en una iniciativa para acabar con la obligatoriedad de las vacunas.

La medida se enmarca en el lanzamiento de la comisión “Florida Make America Healthy Again”, promovida por DeSantis y alineada con el presidente Donald Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., reconocido por sus posturas críticas hacia las vacunas. Según el gobernador, el nuevo organismo buscará defender la “libertad médica individual, el consentimiento informado, los derechos de los padres y la innovación del mercado”.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones. La Asociación Médica Estadounidense (AMA) calificó la iniciativa de “riesgosa” y advirtió que la eliminación de mandatos podría tener consecuencias graves. “Colocaría a niños y comunidades en un mayor riesgo de enfermedades como sarampión, paperas, polio y varicela”, señaló Sandra Adamson Fryhofer, consejera de la entidad.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) expresó preocupación, recordando que Florida ya presenta una tasa de exenciones a la vacunación superior a la media nacional: 5,1% de estudiantes de preescolar frente al 3,6% en el país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El organismo advirtió que el cambio podría exacerbar brotes como el actual de sarampión, que acumula 1.431 casos en Estados Unidos en 2025, el número más alto desde 1992, con tres muertes registradas, dos de ellas en niños.

Un estudio reciente de los CDC reveló que las vacunas administradas entre 1994 y 2023 previnieron 508 millones de enfermedades de por vida, 32 millones de hospitalizaciones y 1,1 millones de muertes infantiles. Para los expertos, estos datos confirman que los mandatos han sido una herramienta clave en la protección de la salud pública.

Implicaciones políticas y legislativas

Actualmente, el Ejecutivo de Florida tiene margen legal para suspender la obligatoriedad de vacunas como la de la varicela, la hepatitis B o la neumocócica conjugada. Sin embargo, para eliminar los mandatos relacionados con enfermedades más graves como difteria, tétanos, polio, sarampión o rubéola será necesario un cambio en la legislación estatal, lo que llevará la discusión al Congreso de Florida.

El anuncio llega en un contexto de tensiones dentro de la propia Administración Trump. La semana pasada fue destituida la directora de los CDC, Susan Monarez, quien se había opuesto públicamente a la postura de Kennedy Jr. En su lugar, fue nombrado como director interino Jim O’Neill, cercano al actual secretario de Salud.

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En paralelo, estados como California, Oregón y Washington anunciaron una alianza para coordinar políticas de vacunación, en abierta respuesta a las decisiones impulsadas desde Florida y la Casa Blanca.

La controversia refleja un choque creciente entre las políticas de “libertad médica” promovidas por algunos sectores y las advertencias de la comunidad científica, que insiste en que los mandatos de vacunación han sido una de las principales barreras contra la propagación de enfermedades infecciosas en Estados Unidos.

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Según dicha información, se estima que el condado gastó aproximadamente 282.2 millones de dólares para brindar atención médica a personas sin estatus migratorio legal.

Miami-Dade es el condado más poblado de Florida, con una extensa y heterogénea comunidad inmigrante. Esta región del sur del estado aloja a más de 2.7 millones de residentes, de los cuales el 54% nacieron fuera de Estados Unidos.

En este estado se calcula que el costo total de la atención hospitalaria a inmigrantes sin estatus legal se acerca a los 660 millones de dólares para 2024, según un comunicado de prensa de la AHCA.

El “Informe sobre el estado de la inmigración de pacientes hospitalizados”, se fundamenta en la autodeclaración del estatus migratorio de los pacientes, un método que ha sido criticado debido a que un número significativo de personas se niega a responder a esta pregunta en los hospitales.

Otros condados floridanos con gastos significativos incluyen Broward (77 millones de dólares), Hillsborough (64.4 millones), Orange (37.8 millones) y Lee (37.4 millones).

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El reporte también señala que se registraron 67.700 visitas a salas de emergencia por parte de pacientes que declararon estar ilegalmente en el país.

La publicación del informe se enmarca en la política del gobernador Ron DeSantis de “proteger el dinero de los contribuyentes para que no se utilice en personas que no se encuentran legalmente en los Estados Unidos”, según declaraciones de la subsecretaria de la AHCA, Kim Smoak.

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La referida organización ha trabajado conjuntamente con Atlantic Health System en la identificación y compra de deudas médicas impagables que califiquen, aprovechando aproximadamente 900.000 dólares del Plan de Rescate Estadounidense.

Los residentes con deudas médicas fueron beneficiados con la cancelación  de todas o algunos de sus compromisos como parte del plan de gobernador Murphy de hacer que la atención médica sea más accesible. Gracias a la colaboración del estado con Undue Medical Debt, hasta la fecha se han eliminado 220 millones de dólares de deuda médica correspondientes a 127.000 residentes de New Jersey.

“Invertir en una atención sanitaria accesible permite a los residentes priorizar su bienestar sin tener que asumir las importantes cargas de la deuda médica, que durante mucho tiempo ha servido como una barrera debilitante para recibir la atención y los servicios que salvan vidas”, dijo Murphy.

“Es por eso que nuestra administración ha tomado medidas tanto para proteger a los residentes de la acumulación de deuda así como para eliminar la existente con el objetivo de que los habitantes de New Jersey puedan centrarse en lo que más importa: su salud. Este anuncio marca un gran paso adelante y se basa en nuestros esfuerzos por crear un sistema de atención sanitaria que alivie las limitaciones financieras y garantice que una atención integral y de calidad esté al alcance de todos los habitantes de New Jersey”, agregó.

Por su parte, el director de la Oficina de Asequibilidad y Transparencia de la Atención Médica, Shabnam Salih, manifestó que “con el enfoque persistente del gobernador en la accesibilidad a la atención médica para los residentes de New Jersey, nos complace anunciar otra ronda de abolición de la deuda médica para decenas de miles de residentes y familias”.

“Este anuncio le quita la carga de 120 millones de dólares en deuda de sus hombros, lo que ayuda a traer algo de tranquilidad y comodidad la próxima vez que tengan que ver a un médico o visitar el hospital para recibir atención”, puntualizó.

Política de resguardo

A principios del presente año el gobernador Murphy firmó la Ley de Alivio de la Deuda Médica Louisa Carman, que protege a las familias de New Jersey de acumular deuda médica, los resguarda contra los cobradores de deudas médicas abusivos y prohíbe la denuncia de deudas médicas a las agencias de informes crediticios.

New Jersey es un estado líder en políticas de protección al consumidor y apoyo para los residentes, siendo uno de los únicos cinco estados del país que prohíbe informar sobre la deuda médica a las agencias de crédito y ha asignado fondos para proporcionar a los residentes un alivio directo de la deuda médica.

“Estamos orgullosos de asociarnos con el estado de New Jersey, el gobernador Murphy y Atlantic Health System en esta derogación de la deuda médica impactante que sigue de cerca los pasos de los 100 millones de dólares iniciales de deuda médica ya suprimidos”, explicó la directora ejecutiva y presidenta de Undue Medical Debt, Allison Sesso.

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“New Jersey es un gran ejemplo de un estado que está anulando las deudas médicas que agobian a sus residentes con mayor carga financiera y al mismo tiempo toma medidas legislativas para reducir la carga de la deuda médica en general”, agregó.

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La Coalición de Inmigrantes Somos Florida (FLIC) puso en marcha la campaña denominada “Negarse a responder” (“Decline to Answer”), en respuesta a la Ley antiinmigrante de Florida SB 1718, con el propósito de que se garantice que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a una atención médica sin miedo en hospitales y centros médicos.

La citada Ley que entró en vigencia el pasado 1 de julio, fue promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

De acuerdo con esta amplia ley, ahora ciertos centros de atención médica en Florida deben preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio durante el proceso de admisión o en los formularios de registro, indicó FLIC en un comunicado.

Aunque la ley estipula que las identidades de los pacientes y la información personal no deben revelarse a ninguna agencia gubernamental, esta nueva legislación ha causado confusión y miedo dentro de las comunidades de inmigrantes que buscan atención médica, denunció la organización.

La campaña de FLIC alienta a todas las personas, incluidas las que tienen estatus migratorio legal y ciudadanos estadounidenses, a “ejercer su derecho a negarse a responder sobre su estatus migratorio cuando acudan a buscar atención médica en un hospital o cualquier otro centro de salud.

El derecho a no responder

La organización precisa que legalmente los pacientes no están obligados a proporcionar esta información y la decisión de no responder no debería afectar su acceso a la atención médica ni la calidad de la atención recibida.

“El acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental, y nadie debería experimentar miedo o discriminación cuando busca ayuda”, manifestó Rosa Elera, estratega digital de políticas de FLIC.

Comentó la miembro de FLIC que ha experimentado de primera mano los efectos devastadores de esta política migratoria. Dijo que su padre, ya fallecido, postergó la búsqueda de atención médica por temor a ser deportado y separado de su familia.

“Al retrasar la atención médica, su enfermedad progresó hasta que fue demasiado tarde y, finalmente, nos lo arrebató”, indicó Elera en el comunicado en el que invitó a todos los inmigrantes a unirse en este esfuerzo de la campaña cuando visiten un hospital o centro de atención médica.

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La FLIC lamentó que la aplicación de la referida normativa en hospitales esté causando un efecto paralizador, impidiendo que los niños y las familias reciban atención médica.

Por su parte, Sadaf Knight, director ejecutivo del Florida Policy Institute, dijo que los ciudadanos deben saber que, según la Ley SB 1718, negarse a responder es una respuesta perfectamente aceptable si se les pregunta sobre su ciudadanía o estado migratorio, ya sea que hayan nacido en Estados Unidos o no.

Para ayudar a las comunidades inmigrantes, la Coalición de Inmigrantes Somos Florida (FLIC) proporciona una serie de “tarjetas para negarse a responder” y herramientas de orientación y recursos para que los inmigrantes defiendan con confianza sus derechos cuando buscan atención médica.

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Se trata de una anestesióloga de Miami identificada como Jennifer Susan Wright, médica de 58 años del Mount Sinai Medical Center, quien fue detenida el pasado viernes 19 de febrero y horas después puesta en libertad bajo fianza y debe regresar a la corte el 22 de marzo.

La detención de la doctora Wright ocurrió un mes después del incidente que tuvo lugar en un supermercado en Hialeah.

Según información publicada por medios de la localidad, el hombre que presuntamente fue objeto de los insultos, le solicitó en español a Wright en español que mantuviera la distancia de seguridad en atención a los protocoles de bioseguridad ante la COVID-19 cuando ambos hacían una fila para pagar. Luego de la exigencia del hombre que no fue identificado, la médica enfureció.

A Mount Sinai Medical Center anesthesiologist has been arrested and charged with a hate crime after police say she attacked a Hispanic man at a Publix, vandalizing his car, calling him a racial slur and vowing to “get rid of every single one of you.” https://t.co/ipeaA3lWJ7

— Miami Herald (@MiamiHerald) February 21, 2021

Jennifer Susan Wright había manifestado en voz alta su deseo de “librarse de todos ustedes” en referencia a los hispanos e inmigrantes. La anestesióloga está acusada de varios cargos, incluyendo el de crimen de odio que es un agravante en este caso.

El auto de detención contra la médica indica que luego que el hombre hispano le exigiera mantenerse alejada de él, Wright habría comenzado a “murmurar palabras soeces”, indica el reporte.

Trascendió que el hombre ignoró los referidos comentarios y se retiró caminando hacia su automóvil, pero cuando cargaba sus compras la anestesióloga lo confrontó. Ante tal actitud el hombre hispano le habría solicitado que se controlara y ante tal petición la mujer enfureció más según la una reseña publicada por el diario Miami Herald.

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En ese momento fue cuando Wright habría proferido un insulto racista y dijo querer librarse de todos los hispanos. Según el informe policial la médica también dijo: “Esto no va a ser la América (EE.UU.) de Biden, esta es mi América” y “deberíamos quemarlos a todos”.

Luego Wright, con las llaves de su automóvil, rayó la carrocería del vehículo del hombre hispano quien al ver lo que la mujer hacía tomó su teléfono celular y llamó al número de emergencia. Entonces la mujer le propinó un puñetazo que hizo que el teléfono del hombre cayera al suelo, luego lo pateó cuando lo estaba recogiendo. Después la mujer abandonó el lugar.

Las investigaciones de la Policía condujeron a la detención de Jennifer Susan Wright a la entrada de su residencia en Miami Springs el 19 de febrero.

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