La decisión alcanza a centros históricos como Robert Russa Moton Elementary, Parkway Elementary, Phillis Wheatley Elementary y otras seis instituciones.

En algunos casos críticos, los centros redujeron su cantidad de alumnos a menos de la mitad; por ejemplo, Rainbow Park Elementary pasó de 409 estudiantes en 2016 a solo 151 este año, mientras que Robert Russa Moton Elementary cayó a 123 alumnos en ese mismo período.

Entre los factores principales que explican este declive demográfico en las aulas figuran la reducción sostenida de los nacimientos, el alto costo de vida en el sur de Florida y la migración de familias hacia estados más asequibles.

A esto se suma que disminuyó el flujo de estudiantes inmigrantes que históricamente compensaba la baja demográfica local; de recibir entre 10.000 y 15.000 nuevos alumnos extranjeros anuales, la cifra bajó a 3.000 en el último ciclo escolar.

Ante esta nueva realidad poblacional, la junta escolar optó por consolidar centros educativos para ajustar la infraestructura existente, buscando optimizar y concentrar recursos financieros en escuelas con mayor demanda que posean la capacidad real de sostener programas académicos completos.

El impacto comunitario y la presión de las escuelas chárter

Como parte del rediseño, los alumnos de Rainbow Park Elementary se repartirán entre Robert B. Ingram y Bunche Park. Asimismo, se realizarán fusiones que crearán escuelas especializadas K-8 o K-12.

Entre los cambios notables, figura la integración de Lenora B. Smith Elementary con Georgia Jones-Ayers Middle School, y la unión de Pine Villa Elementary con Arthur and Polly Mays Conservatory of the Arts. Por su parte, Miami Springs Middle se incorporará a Miami Springs High, ubicado a unos dos kilómetros y medio de distancia.

El impacto para las familias de la región no se limita a lo estrictamente escolar, ya que las escuelas públicas funcionan como puntos de referencia comunitaria esenciales y redes de apoyo vecinal; su cierre implicará traslados más largos y la ruptura de vínculos construidos durante décadas.

El debate en las audiencias públicas se intensificó con la entrada en vigor de la ley Schools of Hope en Florida, que obliga a los distritos a ofrecer edificios escolares infrautilizados y con bajo rendimiento a operadores chárter aprobados.

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Mientras la matrícula en escuelas chárter se mantiene alta y crece el uso de vales públicos para financiar la educación privada, la brecha con los planteles tradicionales se amplía. Las autoridades recalcan que consolidar planteles permitirá mantener la calidad educativa en un escenario de menores ingresos estatales, guiados por el superintendente José Dotres, quien subrayó que los recursos disponibles guiaron la decisión.

No obstante, activistas denunciaron que el estado ha subfinanciado las escuelas públicas hasta el punto de clausurar espacios que atienden a los niños con menos recursos.

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La medida fue aprobada por unanimidad por los miembros del cabildo de la ciudad mexicana, unos días antes de la toma de posesión del republicano, y la misma libera fondos para atender la “situación atípica” que supondría la llegada de migrantes expulsados de Estados Unidos.

De igual manera, Donald Trump ha prometido declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo las deportaciones apenas asumiera el cargo el lunes 20 de enero.

Las acciones de contingencia en la ciudad de Tijuana contemplan “la contratación de todo tipo de servicios, enseres o personal”, e incluyen la renta de locales para habilitar albergues, servicios jurídicos, de consultoría, internet y la realización de obras, según se explicó en la sesión del cabildo.

Además, se prevé coordinar con las autoridades estatales y federales la posible obtención de un presupuesto adicional, todo enmarcado en la declaratoria de emergencia.

Dicha declaratoria de emergencia busca “garantizar las condiciones al momento en que recibamos a los hermanos migrantes y (…) a los que sean deportados y garantizarles un trato digno”, declaró el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, durante la sesión.

Tijuana es una ciudad con más de dos millones de habitantes y es uno de los principales destinos de miles de migrantes que buscan ingresar a territorio estadounidense, ya sea mediante solicitudes de asilo o cruzando la frontera de forma irregular.

En esta ciudad existen numerosos albergues y refugios que acogen a migrantes de todo el continente americano, pero también de regiones como Asia y África.

En diciembre pasado el gobierno de México anunció que abriría 25 albergues oficiales para recibir migrantes que sean deportados a ciudades de los seis estados fronterizos con Estados Unidos, en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California.

Tijuana es sede de las garitas de San Ysidro, considerado el cruce internacional más grande del mundo, y de Otay Mesa, que unen a Tijuana con la ciudad estadounidense de San Diego.

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El pasado mes de diciembre el gobierno de México anunció un plan para afrontar las deportaciones que dará prioridad a migrantes nacionales e incluye una aplicación móvil con un “botón de alerta”.

Aquellos que enfrenten una detención inminente en Estados Unidos podrán activarlo y dar aviso al consulado mexicano más cercano.

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“Me voy el 2 de febrero”, cuenta a la AFP Ramos, una enfermera de 30 años que vive de vender ropa deportiva por internet.

Cansada de remar contra la corriente en una eternizada crisis política y económica, venía madurando la idea de migrar junto a su hermano y unirse a los más de siete millones de venezolanos que han dejado su país desde 2014, según estimaciones de la ONU.

“Dejé de trabajar como enfermera porque los sueldos no sirven para nada (…). Si pagas alquiler, no comes; si comes, no pagas alquiler”, lamenta. “Yo quiero trabajar para, ¿sabes?, comprar una casa por ejemplo”.

“Acá no tengo acceso a un crédito. No tengo acceso a nada”, añade.

Las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el opositor Edmundo González Urrutia reclama una victoria sobre Maduro, fueron el último empujón, “el punto de quiebre”, según dice.

Ramos se irá a España, con la idea de esperar por el papeleo para moverse a Estados Unidos, donde planea instalarse de manera permanente.

Un familiar solicitó para ella ante las autoridades estadounidenses el ‘parole humanitario’, un permiso de residencia temporal que le permitiría trabajar.

“Mi tía tiene 10 años viviendo en Florida. Ella tiene su residencia allá y ella ya me hizo la gestión y me dijo dónde puedo hacer el curso (para homologar los estudios cumplidos como enfermera)”, expresa. “Como todavía no me ha salido el parole, yo decidí irme para España momentáneamente. Me voy para Sevilla”.

¿Política? ¡Economía!

La reelección de Maduro ha sido desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos países de América Latina, en medio de temores sobre el impacto migratorio de la recrudecida crisis.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró preocupación frente a un eventual aumento del número de migrantes venezolanos que cruzarán el peligroso Tapón del Darién en ruta a Estados Unidos.

Unos 300.000 venezolanos tomaron esa ruta en 2024, 41% menos que en 2023.

Carol Pedroso, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo y especialista en Latinoamérica, considera que, en efecto, es “posible” que el número de migrantes desde Venezuela siga subiendo, aunque resalta que la principal motivación para ello es económica, tal como en el caso de Susej Ramos.

“Las condiciones económicas son la mayor causa de la migración venezolana. El segundo factor, por supuesto, es la expectativa de cambio político y el sentimiento de la gente de verse más perseguida o más insegura con la permanencia de Maduro en el poder”, comenta Pedroso a la AFP.

Las tensiones políticas inyectan incertidumbre económica, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Trump no ha anunciado aún su política sobre Venezuela. En su primer mandato como presidente de Estados Unidos impuso fuertes sanciones financieras contra Venezuela, incluido un embargo petrolero.

Esta vez el republicano vuelve al poder con un potente discurso antinmigrantes, que incluyó acusaciones contra Maduro de enviar criminales a desestabilizar su país. Su principal promesa de campaña: deportar masivamente a indocumentados.

“Pienso por dos”

“Después de las elecciones las ventas bajaron demasiado”, dice Ramos sobre su tienda virtual de ropa.

“Ha sido fatal (…). La gente me imagino que prioriza; no van a comprar ropa si las cosas están peor, van a comprar comida”, expresa. “Puedo tener dos ventas a la semana, cuando antes tenía 10 ventas diarias”.

“Ya me toca rematar lo que me queda. Rematar todo”, sostiene.

El hermano de Susej Ramos tiene déficit de atención y problemas psicomotores, lo que ha sido otro factor decisivo por la falta de políticas públicas para su atención.

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“Me dicen que allá (en Estados Unidos) es más fácil que él pueda conseguir un buen trabajo con su condición, porque es otra mentalidad”, relata. “Quiero abrirle otra perspectiva a él. No pienso por mí sola, sino por dos”.

Por: AFP

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Según algunos reportes divulgados por medios de comunicación locales, al menos 4.000 migrantes han ingresado al área de Eagle Pass, fronteriza con la mexicana Coahuila, en los últimos dos días y aproximadamente 2.000 se encuentran bajo el puente internacional de la zona.

https://twitter.com/javen6702/status/1704588600858341565

El alcalde de la ciudad texana declaró la emergencia a partir del martes 19 de septiembre, solicitando apoyo a las autoridades estatales y federales para reforzar sus departamentos de policía y bomberos, quienes se han tenido que sumar a las agencias de migración y aduana para trabajar en la situación.

“Hemos tenido un aumento de migrantes cruzando en los últimos días en Eagle Pass y Piedras Negras. Muchas personas están en los refugios, pero entiendo que algunas de estas personas no quieren estar ahí y se van”, comentó el alcalde citado por medios locales.

🇺🇸 | Migrantes cruzando Eagle Pass en Texas. En las últimas 24 horas se han producido más de 10.000 cruces ilegales, marcando uno de los récords históricos en la frontera sur de Estados Unidos:pic.twitter.com/8Tdu95cNxM

— Informe Orwell (@InformeOrwell) September 21, 2023

Además de la “declaración de emergencia” por la oleada de migrantes, el alcalde Salinas envió una solicitud a las autoridades para arrestar a los migrantes irregulares que violen la ley estatal al entrar ilegalmente a Shelby Park en Eagle Pass.

La medida tiene el propósito de controlar un poco la migración de personas ilegales a Eagle Pass, recuperar el control y mantener una postura de aplicación de la ley para tratar de evitar el cruce ilegal de la frontera.

Para responder ante el pico de migración el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha enviado a 800 elementos adicionales para redoblar los esfuerzos de los 2.500 agentes de la Guardia Nacional que se encuentran en la zona.

¡Por todas las vías! llega nueva caravana de migrantes a Piedras Negras para cruzar a Eagle Pass pic.twitter.com/Hp1jDSfLQu

— Rancherita del Aire (@rancheritaxemu) September 21, 2023

Por el momento los migrantes que arriban al lugar están siendo concentrados bajo el Puente Internacional 2 y en un intento de frenar los cruces ilegales la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decidió cerrar a partir de la tarde del miércoles 20 de septiembre el acceso vehicular por el Puente internacional 1.

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En principio, el estado de emergencia decretado en la ciudad texana se mantendrá durante una semana, con la posibilidad de prolongarlo en el tiempo.

#EaglePass, Texas: Aproximadamente 1,500 migrantes están siendo procesados ​​por la Patrulla Fronteriza debajo del Puente Internacional 2 después de que llegaron en tren a Piedras Negras y cruzaron esta mañana.

Vía @CabelloAuden https://t.co/0HkKMUH7zu

— Raymond K. Azar الله (@AzarMaidana) September 20, 2023

Esta misma semana en el norte de México los servicios de trenes de carga se suspendieron debido a un aumento en el número de personas migrantes que suben sin autorización a los vagones de carga para viajar a la frontera con Estados Unidos.

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Oscar Leeser, el alcalde demócrata de El Paso, quien se ha negado a declarar la emergencia en la ciudad por considerar que sería un trámite demorado, en una conferencia de prensa se refirió a los desafíos que enfrenta esa región fronteriza con México.

“Los fondos y el refugio que les damos a los migrantes es un remedio temporal a una crisis más grande, por eso necesitamos seguir trabajando con el Gobierno federal para darle una solución permanente a este problema que es más grande que El Paso”, puntualizó.

Miles de migrantes ilegales han cruzado el Río Grande desde el fin de semana pasado con el objetivo de presentarse ante las autoridades estadounidenses y pedir asilo político, al aproximarse la fecha en la cual el Gobierno federal deberá finalizar el uso del Título 42 de expulsión rápida de migrantes en la frontera.

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Mario D’Agostino, subdirector municipal de El Paso, manifestó que sienten temor por falta de recursos para atender a un número mayor de personas cuando se termine la polémica medida que deberá cesar el próximo miércoles 21 de diciembre por orden de un juez que la consideró ilegal.

“Tendríamos el doble de migrantes y ya estamos viendo un número de personas que se están movilizando a través de caravanas por el territorio mexicano hacia Ciudad Juárez”, advirtió D’Agostino.

Para mitigar el incremento de permanencias en las estancias proporcionadas por las organizaciones no gubernamentales de la zona, el funcionario refirió que, a pesar de tener un plan hotelero para los migrantes ilegales, se debería pensar en procesarlos en otra ciudad donde existe una mejor infraestructura, como Dallas en Texas o Denver en Colorado.

Con respecto a la aprobación de seis millones de dólares de fondos federales aprobados por el Programa de Alimentos y Albergue de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), D’Agostino dijo que todavía no cuentan con esos recursos económicos ya que se encuentra en trámite.

“También se nos avisó hace unos días de otros 3,5 millones de dólares que siguen en espera de ser procesados en las cuentas de la ciudad para usarlas en nuestras operaciones”, explicó.

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En lo que va de año el presupuesto fiscal destinado a las operaciones relacionadas con inmigración ascienden a 9,52 millones de dólares, según informaron las autoridades de El Paso que también indicaron que en los últimos días han desplazado a un equipo en las calles para que se encarguen de asistir a los migrantes que no tengan un lugar donde pasar la noche, o llevarlos a las estaciones de autobuses o aeropuertos para que se trasladen a otras ciudades.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió de que se continuará con la expulsión de migrantes ilegales en virtud del Título 8, que es la política migratoria vigente desde hace varios años.

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