La muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, constituyó un triunfo a corto plazo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero, según expertos, el verdadero reto será contener el coletazo del CJNG que inevitablemente entrará en una disputa por el poder interno.

Oseguera cayó el domingo a manos de militares en Tapalpa, en el oeste del país. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital.

Para los expertos la respuesta del cartel -con enfrentamientos armados, bloqueos y quema de autos, comercios y bancos en 20 de 32 estados de México- no fue solo una venganza por la muerte de su líder, sino una demostración de fuerza destinada a las autoridades y a los grupos criminales enemigos.

¿Cómo será esta lucha?

El cartel tendrá que llenar el vacío que dejó “El Mencho”, quien manejó de manera vertical y con mano de plomo esta organización de más de 30.000 miembros, según estudios académicos.

Para Raúl Benítez Manáut, experto mexicano en seguridad nacional, la pregunta es si será una transición pactada entre las jerarquías segundas del cartel o si se desatará una violenta guerra intestina.

El investigador considera que, de cualquier forma, el Gobierno deberá actuar antes del Mundial 2026, especialmente en el estado de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, será una de las tres sedes mexicanas de la Copa de Fútbol que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

El CJNG es una organización “muy centralizada con gran capacidad de hacer terror con coches, bombas y todo esto”, que genera “una especie de terrorismo táctico”, explicó a AFP Manáut.

Si la organización criminal actúa “sincrónicamente en varias ocasiones” como lo hicieron el domingo, pondrán “en numerosos aprietos al gobierno mexicano y a las fuerzas de seguridad”.

¿Quién será el heredero de “El Mencho”?

La omnipresencia de Oseguera en el CJNG fue tal que muchos creen que pudo haber nombrado a su sucesor para asegurar la cohesión del cartel.

En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de “El Mencho”, era “considerado un posible sucesor de Oseguera”.

Castillo ha facilitado, a través del puerto de Manzanillo en la costa del Pacífico, la entrada de precursores químicos que el cartel utiliza para fabricar fentanilo y otras drogas que acaban traficándose en Estados Unidos, dijo entonces el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Suenan otras dos o tres personas para encabezar el grupo criminal. Habitualmente estas organizaciones tienen dos tipos de hombres fuertes: uno de traje que maneja el dinero y un jefe de sicarios, explica Benítez Manáut.

“Los sicarios van a querer el dinero del líder” e intentarán tomarlo a balazos, el empresario “lo tendrá bien escondido” y dirá “‘si tú me matas no vas a tener ni un quinto, mejor pactemos'”.

Después de que el hijo mayor de Oseguera, alias “El Menchito”, fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2025, se mencionó como posibles sucesoras a su exesposa Rosalía González Valencia y sus dos hijas.

Pero, Mike Vigil, exagente de la DEA, asegura que un cartel como el CJNG no recibirá “órdenes de una mujer, porque ellos creen mucho en el machismo”.

¿Contendrá el gobierno la sacudida?

La violenta respuesta de la organización como represalia por la muerte del capo provocó miedo entre la población.

“Se trataba de mandar un mensaje al gobierno mexicano y a carteles rivales diciendo (…) ‘nosotros somos poderosos, todavía estamos fuertes”, dice Vigil.

Están advirtiendo que la muerte de “El Mencho” no los debilitó y amenazando a sus enemigos para evitar que tomen sus rutas del narcotráfico y los territorios donde tienen presencia, explica.

El gobierno ha estado “tomando precauciones” desplegando a miles de militares en Jalisco y en otros estados, señala el exagente de la DEA, quien considera que las fuerzas armadas controlarán la situación.

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Manáut subraya sin embargo que los militares deben sacar a estos sicarios de la costa del Pacífico, controlada por el CJNG, igual que la “masa central” del país, por donde pasan dos autopistas estratégicas con ramificaciones a varios estados del oeste y norte de México.

El operativo que terminó con la vida de “El Mencho” fue “un triunfo del ejército y también de la presidenta, en el corto plazo. Pero si no logran controlar las consecuencias, pues se les puede revertir”, advierte este experto.

Por AFP

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King defendió la lucha no violenta para proteger los derechos humanos de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial. Su legado sigue vigente, recordando que la igualdad continúa siendo un objetivo a perseguir en todo el mundo.

Luther King nació bajo el nombre de Michael King Jr. el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Su padre, Michael King, era pastor de la iglesia Bautista Ebenezer y, tras un viaje a Alemania, quedó impresionado por la historia de Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante. Esto lo motivó a cambiar su nombre y el de su hijo cuando este tenía solo cinco años.

Desde joven, Martin mostró un intelecto excepcional. A los 15 años fue aceptado en el Morehouse College, una institución históricamente afroamericana de Atlanta. Se graduó con un título de licenciatura a los 19 años y continuó su formación en el Seminario Teológico Crozer de Chester, Pennsylvania, y luego en la Universidad de Boston, donde obtuvo un doctorado en Teología Sistemática.

En 1953 se casó con Coretta Scott, con quien tuvo cuatro hijos: Yolanda, Martin Luther King III, Dexter Scott y Bernice.

Luther King fue mucho más que un orador carismático, fue un estratega político que entendió la fuerza de la desobediencia civil pacífica. Protagonizó una de sus batallas más significativas en Birmingham, Alabama, liderando manifestaciones multitudinarias contra las leyes segregacionistas.

La respuesta de las fuerzas de seguridad blancas fue violenta con perros policía y mangueras contra incendios dispersaron a los manifestantes, generando repercusión internacional. Durante su arresto en abril, escribió la célebre Carta desde la cárcel de Birmingham, explicando la necesidad de la acción pacífica frente a la injusticia.

Su liderazgo le valió reconocimiento mundial. En octubre de 1964, recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el hombre más joven en obtenerlo a los 35 años.

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Luther King continuó luchando por los derechos económicos y sociales de los afroamericanos hasta que, a finales de marzo de 1968, viajó a Memphis, Tennessee, para apoyar la huelga de los trabajadores del aseo, quienes exigían mejores condiciones laborales. Su vida fue trágicamente interrumpida el 4 de abril de 1968. Fue asesinado a los 39 años mientras se encontraba en la terraza del Motel Lorraine.

Una vigencia que trasciende generaciones

Más de medio siglo después, los principios que King defendió siguen siendo un faro frente a nuevas formas de desigualdad y discriminación. Movimientos sociales y la conciencia colectiva retoman su enfoque, denuncian la injusticia estructural y promueven la acción pacífica como herramienta de cambio. Su mensaje sobre justicia, equidad y derechos humanos sigue resonando en cada lucha por la dignidad y la igualdad.

Recordar a Luther King implica reconocer que los logros alcanzados no son definitivos y que la igualdad es una meta que requiere esfuerzo constante, compromiso colectivo y valentía. Está presente como símbolo de una lucha que no se detiene.

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Fue elegido para servir su primer mandato en la Cámara de Representantes en 2018, representando vecindarios del norte de Philadelphia, incluidos Kensington, Hunting Park, Glenwood y Feltonville. Con este logro, se convirtió en el primer dominicano en ser elegido para servir en la Asamblea General de Pennsylvania.

Burgos es un dominicano-estadounidense de primera generación, nacido en New York. Su familia se trasladó a Philadelphia en 1990, cuando él tenía 10 años. Asistían a la iglesia de Santa Verónica y, a principios de los años 90, tenían una tienda de comestibles en Hunting Park. Estudió en la Roberto Clemente Middle School y se graduó de Olney High School.

En 1998 abrió su primera tienda de comestibles en el norte de Philadelphia y, ese mismo año, junto con otros propietarios, cofundó la Dominican Grocers Association of Philadelphia (D.G.A.P.) en colaboración con el Eastern Pennsylvania Organizing Project (EPOP). Desde entonces, la organización ha crecido a más de 385 miembros, fortaleciendo el comercio local y ofreciendo apoyo a los pequeños empresarios latinos.

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Antes de incorporarse a la legislatura estatal, Danilo fue director de Zonificación y Desarrollo Empresarial de la concejala María Quiñones-Sánchez, supervisando la ampliación del St. Christopher’s Hospital for Children y del Allegheny General Hospital, así como la gestión de varios proyectos de revitalización urbana. También se desempeñó como director de Servicios a los Constituyentes del concejal Allan Domb.

Firme defensor de su comunidad

Como legislador estatal, sus objetivos se centran en mejorar la educación pública y la formación laboral, reducir el desempleo y promover el desarrollo de pequeñas empresas y la capacitación económica en todo su distrito. Burgos también es un firme defensor de la reforma de la justicia penal, trabajando para reducir la reincidencia y ofrecer oportunidades a quienes buscan reintegrarse a la sociedad.

Ha formado parte de la junta directiva de organizaciones como Eastern Pennsylvania Organizing Project, Hispanic Chamber of Commerce, White Dog Community Foundation, Projects Without Borders y Visitation Community Center, y ha colaborado con el Congress of United Latinos y The Latino Partnership en diversas iniciativas comunitarias.

Actualmente, es presidente del Consumer Protection, Technology and Utilities Committee de la Cámara de Representantes, miembro de la junta de directores de la Minority Business Development Authority y de la Pennsylvania Interscholastic Esports Association, y director de Voto Latino del National Hispanic Caucus of State Legislators.

Burgos busca ofrecer a sus electores no solo esperanza, sino también las herramientas necesarias para alcanzar el éxito, mientras combate los estereotipos asociados al norte de la ciudad y fomenta el entendimiento entre todos los distritos de Pennsylvania.

Su trabajo ha sido reconocido por Hispanic Media y El Sol Latino Newspaper en el marco del evento anual de The Pennsylvania Society como People of the Year 2025, honrando la excelencia y reafirmando su impacto y compromiso en la vida pública de Pennsylvania.

Como padre, sus hijos son su mayor motivación y lo impulsan a seguir trabajando por una Philadelphia más segura, próspera y unida.

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Sunday detalló que en Pittsburgh y Philadelphia se incautó la mayor parte del fentanilo. “No estamos celebrando una victoria con esta cifra récord de incautaciones de fentanilo. Estamos enviando un mensaje a los traficantes depredadores que perpetran este flujo mortal de la droga en nuestras comunidades”.

“El mensaje es claro: sus días están contados. Soy un firme defensor de las opciones de tratamiento y recuperación que brindan segundas oportunidades a quienes buscan ayuda, pero también creo firmemente en detener el flujo de sustancias tóxicas mediante una aplicación estricta de la ley y el enjuiciamiento. Se incautaron casi 27 millones de dosis en el área metropolitana de Philadelphia”.

El fiscal general agradeció a todos los aliados que no cejarán en esta lucha, y aplaudió a los agentes de policía que patrullan las calles a diario. “Estos agentes se enfrentan a individuos peligrosos con intenciones desconocidas. A ellos les digo: sus sacrificios no pasan desapercibidos”.

Hasta septiembre, la Oficina de Investigación de Narcóticos de la Fiscalía General incautó más de 50 millones de dosis de fentanilo en todo el estado. Estas se realizaron durante el curso de diversas investigaciones, en las cuales también se efectuaron arrestos y se recuperaron otras drogas y armas de fuego que estaban en posesión ilegal.

Philadelphia es una ciudad de origen para casi todos los condados de Pennsylvania, así como para partes de New Jersey, Delaware y Maryland.

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación federal contra 33 presuntas personas vinculadas a una organización de tráfico de drogas en Philadelphia, luego de una redada coordinada el pasado viernes 24 de octubre.

La operación se dirigió principalmente al barrio de Kensington, zona reconocida por la venta de estupefacientes y los altos índices de sobredosis. Tuvo como objetivo la organización conocida como Weymouth Street Drug Trafficking Organization (DTO), presuntamente dedicada a la distribución de fentanilo, heroína, crack y cocaína.

Ante esto, el comisionado de policía de Philadelphia, Kevin Bethel, aseguró durante una rueda de prensa que el problema del fentanilo trasciende las divisiones locales o políticas, y enfatizó que no se trata solo de un problema de Kensington o de la ciudad, sino de toda la Mancomunidad y de todo el país.

Incautaciones en otras partes del estado

Si bien la mayor parte del fentanilo se ha incautado en áreas metropolitanas, la Oficina del Fiscal General también ha realizado investigaciones en otras partes del estado. En los últimos años, el fentanilo ha sustituido a la heroína como el opioide preferido por los narcotraficantes.

El fentanilo es mucho más potente y peligroso que la heroína. Tan solo 2 miligramos constituyen una dosis potencialmente letal. Su potencia, disponibilidad y bajo costo lo convierten en un producto muy codiciado.

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 A la rueda de prensa también asistieron Adam Geer, director de Seguridad Pública de la Oficina de Seguridad Pública de Philadelphia; Jack Stollsteimer, fiscal de Distrito del Condado de Delaware; Kevin Steele, fiscal de Distrito del Condado de Montgomery; y Patrick Molloy, jefe de Policía del Departamento de Policía del Municipio de Abington.

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El narcotráfico vía marítima se está reduciendo, aseguró Trump a periodistas en la Casa Blanca, y ahora tocará ocuparse de los que cruzan por tierra, amenazó, sin dar más detalles geográficos.

“Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, declaró.

“Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”, dijo en referencia a los posibles ataques.

Tras desplegar en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas “narcoterroristas”.

Este miércoles el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, anunció el ataque número ocho, esta vez en el Pacífico, según el conteo provisional. Hasta el momento han muerto 34 personas.

“Cada vez que esto sucede [un ataque], estás salvando 25.000 vidas estadounidenses”, explicó Trump para justificar los bombardeos con misiles.

Una fuente de las fuerzas militares colombianas aseguró el miércoles que se descartó que el ataque “haya sido dentro” de la “plataforma marítima” del país, aunque aclaró que sí fue “cerca”.

En “conflicto armado”

Trump mandó una carta al Congreso en la que invocó esa presunta amenaza de cárteles del narcotráfico para justificar sus acciones, que legisladores demócratas y expertos critican porque viola el derecho internacional.

El mandatario republicano decretó mediante una orden presidencial a principios de su segundo mandato que esos cárteles son “organizaciones terroristas”.

Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con esas organizaciones, explicó.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, escribió el secretario de Guerra, Hegseth.

Los críticos, entre ellos gobiernos de la región como Venezuela o Colombia, consideran que Washington no aporta pruebas de que esas lanchas transporten drogas.

Esas embarcaciones, además, no suponen un peligro para las fuerzas navales desplegadas.

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Hubo sobrevivientes de un ataque estadounidense por primera vez la semana pasada, pero Washington eligió repatriarlos respectivamente a Ecuador y Colombia en lugar de juzgarlos por sus presuntos crímenes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Trump de cometer “crímenes de guerra” con esos ataques.

“Mejor que se cuide”

La escalada verbal entre Trump y Petro subió de nuevo este miércoles.

Al ser preguntado por las acusaciones de Petro, Trump dijo: “es un maleante y un mal tipo”.

“Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país”, advirtió Trump, quien ya calificó a su homólogo de “líder del narcotráfico”.

El mandatario republicano reiteró que ha decidido suspender toda ayuda a Colombia, que durante décadas ha sido su mayor aliado militar contra el narco en América del Sur.

Petro, al que le quedan diez meses en el poder, replicó inmediatamente a los insultos de Trump y dijo que defendería “judicialmente” en Estados Unidos.

Colombia llamó a consultas a su embajador en Washington.

Los ataques también han provocado una movilización general en Venezuela, de donde zarpan la mayoría de las narcolanchas, siempre según la versión del Pentágono.

El régimen de Nicolás Maduro, considerado cabecilla de un cártel según Estados Unidos, ha retado a Trump a lanzar un ataque contra su territorio.

Por: AFP

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“La lucha yo la voy a continuar, pero no la voy a continuar solo, tengo que trabajar con todo el exilio”, declaró el opositor en rueda de prensa, en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana, en el barrio de la Pequeña Habana.

“Mi intención al llegar acá es continuar dando mi modesto apoyo en la búsqueda de la mayor unidad y efectividad dentro y fuera de Cuba” para lograr sacar a los presos políticos de las cárceles y obtener ayuda internacional, añadió.

Visiblemente emocionado, el opositor de 55 años habló con la prensa envuelto en una bandera cubana. A su alrededor estaban su familia más cercana, políticos locales y otros activistas que lo recibieron al grito de “Viva Cuba libre”.

Fundador del movimiento prodemocrático Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Ferrer estaba encarcelado por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores registradas desde el triunfo de la Revolución de 1959.

Tras su liberación en enero de este año, mediante un acuerdo negociado con el Vaticano bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, desafió repetidamente al gobierno con críticas en redes sociales, y volvió a ser encarcelado en abril.

El 3 de octubre, anunció que aceptaba abandonar su país tras “golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas” en la prisión.

“Sentimientos encontrados”

Desde Miami, el disidente agradeció al gobierno estadounidense por su liberación y quiso recordar a quienes siguen presos en su país.

“El momento es de emociones encontradas. Estoy muy contento de estar con buena parte de mi familia (…), mis compañeros de lucha y muchos amigos”, dijo. “Pero, por otra parte, es un momento muy duro, difícil y triste porque hay otros hermanos en Cuba sufriendo en condiciones terribles en las peores cárceles del hemisferio occidental”.

Preso de conciencia de Amnistía Internacional, formó parte de los 75 opositores, intelectuales y periodistas detenidos en 2003 durante la llamada “Primavera Negra”. Él y Felix Navarro, también preso en otra cárcel cubana, fueron los dos últimos del grupo en ser liberados en 2011.

La mayoría de estos opositores se fueron de la isla, pero Ferrer y Navarro decidieron quedarse.

“El liderazgo de Ferrer y su incansable defensa del pueblo cubano fueron una amenaza para el régimen, que lo encarceló y torturó repetidamente” reaccionó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en un comunicado.

Rubio, de ascendencia cubana, recordó que Estados Unidos sigue exigiendo “la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente en la isla”.

“Aceptación expresa”

Las autoridades cubanas trasladaron a Ferrer este lunes de la cárcel de Mar Verde hacia el aeropuerto internacional de Santiago de Cuba, donde se encontró con sus familiares, entre ellos su esposa Nelva Ortega y su pequeño hijo Daniel José, además de otras dos hijas y su exesposa.

Según el gobierno de La Habana, “la salida, con destino a Estados Unidos se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García”.

El opositor se suma ahora en Miami a los cientos de miles de cubanos que abandonaron la isla desde el triunfo de la Revolución comunista liderada por Fidel Castro en 1959.

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Distintas oleadas migratorias -como el éxodo de Mariel en 1980, la crisis de los balseros de 1994 o la salida masiva posterior a las protestas de julio de 2021- han convertido la ciudad floridana en el corazón político y cultural de la diáspora cubana en el mundo.

“Nunca pensé tener que abandonar la isla, como tampoco pensé que el régimen iba a llegar a 2025 cuando entré en la oposición pacífica”, declaró Ferrer en la rueda de prensa. “Mi intención es que podamos regresar a Cuba lo antes posible”.

Por: AFP

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Donald Trump ha aumentado la presión sobre la Isla desde que volvió a la Casa Blanca para un segundo mandato.

El 20 de enero, día de su investidura, Trump ya revocó la decisión de su predecesor, el demócrata Joe Biden, de retirar a Cuba de otra lista negra, la de países patrocinadores del terrorismo. Ahora el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, aprieta aún más las tuercas.

“En 2024, el régimen cubano no cooperó plenamente con Estados Unidos en materia antiterrorista”, afirma la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado que precisa que otros cuatro países -Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria- permanecen en la lista.

“Había al menos 11 fugitivos de la justicia estadounidense en Cuba, incluidos varios que enfrentaban cargos relacionados con el terrorismo, y el régimen cubano dejó claro que no estaba dispuesto a negociar su regreso para que comparecieran ante la justicia en nuestro país”, añade Bruce.

Su inclusión en la lista de “país no cooperante plenamente” (NFCC, por sus siglas en inglés) “implica la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba”.

Cuba reaccionó devolviendo el golpe.

“Son ellos quienes se niegan a cooperar con Cuba y otros países en la lucha contra el terrorismo, lo cual es comprensible. El historial de complicidad y participación de agencias gubernamentales estadounidenses en el terrorismo está bien documentado”, acusó el viceministro de Relaciones Exteriores cubano Carlos Fernández de Cossío en la red social X.

Durante más de seis décadas, Washington ha impuesto a Cuba un embargo comercial.

Trump lo endureció durante su primer mandato (2017-2021), como nunca antes, con varias medidas y volvió a incluir a la isla en su lista negra de patrocinadores del terrorismo, una medida que obstaculiza las transacciones y las inversiones porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.

Antes de llegar al poder en 2021, Biden prometió cambios respecto a Cuba pero los fue aplazando tras la represión de las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 en la isla, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos. Justo antes de dejar el poder aligeró las sanciones para facilitar la liberación de cientos de presos políticos en Cuba.

Trump volvió a apretar las clavijas a su regreso a la Casa Blanca.

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El representante de Estados Unidos, Mike Hammer, nombrado durante el mandato de Biden, recorre la isla para conocer de primera mano la situación de disidentes, en encuentros que exasperan al gobierno cubano.

Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser “mercenarios” de Estados Unidos.

Por: AFP

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Robert Francis Prevost se convirtió el jueves en el 267º papa tras una larga trayectoria en Perú, donde el entonces obispo de Chiclayo tuvo que hacer frente a estos escándalos que sacuden desde hace años la Iglesia católica.

Poco después de su elección, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) destacó en una rueda de prensa desde el país andino que el sucesor de Francisco “abrió la senda” a la defensa de víctimas de agresiones en Perú.

Pero las oenegés SNAP y Bishop Accountability emitieron sendas declaraciones en las que cuestionan el compromiso del segundo papa de las Américas, de 69 años, para levantar el secreto.

“¿El papa León XIV convertirá la lucha contra los abusos y el encubrimiento en una prioridad?”, se pregunta en un comunicado Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop Accountability.

Las inquietudes se remontan al período en que el primer pontífice agustino era obispo de Chiclayo, en el norte de Perú, entre 2013 y 2025.

“No publicó el nombre de ninguno” de los culpables, agregó Barrett Doyle.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP) recordó que durante ese período tres víctimas informaron de sus acusaciones a su diócesis, en vano, y terminaron por señalarlas a las autoridades civiles en 2022.

Según la oenegé, Prevost “no abrió una investigación” y “envió información inadecuada a Roma”, por lo que “la diócesis permitió que el sacerdote [incriminado] continuara oficiando misa”.

Previamente, como jefe de los agustinos en Chicago, permitió que un sacerdote acusado de agredir sexualmente a menores viviera en un convento agustino cerca de una escuela de la ciudad en el año 2000, agregó.

Estas oenegés también cuestionan su actuación al frente del Dicasterio para los Obispos, donde fue nombrado por Francisco en 2023 en reemplazo del canadiense Marc Ouellet, acusado de agredir sexualmente a una mujer.

Como prefecto de este ministerio, Prevost debía supervisar los casos presentados contra obispos acusados de abusos sexuales y de encubrimiento.

“Mantuvo el secreto de ese proceso” y “bajo su supervisión, ningún obispo cómplice fue despojado de su título”, lamentó Bishop Accountability.

Sodalicio, el “esperanzador” precedente

El sucesor del nuevo pontífice en la diócesis de Chiclayo, el obispo Edison Farfán, refutó la polémica que trata de “desacreditar” a Prevost.

“Eso es mentira, él ha escuchado y ha respetado los procedimientos”, afirmó ante la prensa.

Farfán afirmó que su predecesor investigó al sacerdote acusado por tres víctimas en la diócesis peruana y que el procedimiento todavía continúa.

“En el proceso canónico se debe ir hasta el final (…) Ello no sucede de la noche a la mañana”, dijo.

Además el sacerdote “fue enviado inmediatamente a casa”, agregó a la AFP Fidel Purisaca, director de comunicaciones de la diócesis.

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Bishop Accountability reconoce acciones positivas del nuevo papa como la denuncia de las agresiones y la corrupción en el Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), una congregación ultraconservadora de laicos y sacerdotes de origen peruano.

Antes de que Prevost saliera de Perú, Francisco ordenó su intervención. Después de siete años de investigaciones, el papa argentino ordenó este año su disolución.

La misma congregación reconoció que los miembros de la cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.

Pedro Salinas, una de las víctimas, aseguró que Prevost desempeñó “un papel extremadamente importante” para la disolución, destaca Barrett Doyle, sobre un precedente “esperanzador”.

En enero pasado, el aún cardenal Prevost también recibió en El Vaticano a José Enrique Escardó, una de las primeras víctimas que denunció los abusos del Sodalicio.

Llamado a actuar

El papa Francisco lanzó muchas medidas para luchar contra la pedocriminalidad en la Iglesia, como el levantamiento del secreto pontificio y la obligación de señalar los casos a la jerarquía.

Pero las asociaciones de víctimas se mostraron decepcionadas con su acción. Su sucesor hereda ahora esta cuestión, uno de los mayores desafíos para la Iglesia.

Muchos países asiáticos y africanos consideran ese problema como un tabú. Inclusive en Europa, donde Italia no ha iniciado una investigación independiente de los casos.

SNAP llamó a León XIV a “tomar medidas decisivas en los primeros 100 días” de pontificado contra los abusos sexuales, entre ellas una ley universal de tolerancia cero en el derecho canónico y un fondo de reparación.

“Nosotros rechazamos el encubrimiento y el secreto, eso hace mucho daño, pues tenemos que ayudar a las personas que han sufrido por el mal actuar”, declaró el hoy papa al diario peruano La República en una entrevista de junio del 2019.

Por: AFP

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Como muestra de la tensión en el lugar, Baraka, que desde hace días trata de entrar en el centro auspiciado por el presidente estadounidense, fue detenido brevemente el viernes.

“Optó voluntariamente por no cumplir con la ley (…) Ha sido detenido”, declaró en X la fiscal Alina Habba, que fue abogada personal de Donald Trump.

El alcalde fue liberado horas más tarde, en la noche del viernes, informó la prensa.

“La realidad es que no hice nada malo”, declaró al quedar en libertad.

A finales de febrero, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) adjudicó a Geo Group un contrato de 15 años y 1.000 millones de dólares para transformar las instalaciones de Delaney Hall, cerca del aeropuerto de Newark, en un centro de detención con 1.000 camas.

En la vecina ciudad de Elizabeth, otro centro del mismo tipo cuenta con 300 camas, mientras varios miles de personas de Nueva Jersey son objeto de procesos de deportación.

Aquí, muchos de los internos llevan ropa naranja y hay rejas en las ventanas, aunque los responsables insisten en que no son presos.

En febrero, Caleb Vitello, entonces director del ICE, se felicitó de que el gran centro de Newark estuviera “situado cerca de un aeropuerto internacional”, lo que facilitaría la aplicación de la política del presidente Trump de “detener, y deportar a los inmigrantes ilegales”.

En esta “ciudad santuario” para los migrantes, las autoridades han acudido a los tribunales locales para frenar el proyecto. Pero a principios de mayo, Delaney Hall “empezó a recibir a individuos”, dijo Geo Group a la AFP el miércoles, confirmando una información del alcalde que criticaba estos primeros traslados.

Baraka en pie de guerra

Baraka está en pie de guerra contra la política migratoria del presidente Trump y se opone a su implantación en New Jersey, un estado de clase trabajadora en las afueras de New York con grandes comunidades hispanas y afroamericanas.

“Este es un primer paso, local, contra la intimidación y el desprecio de la ley”, dijo a mediados de semana a la AFP Baraka, que también es candidato a la nominación demócrata para gobernador de New Jersey, que se elegirá este año. 

“Nos oponemos a esta política migratoria, que en realidad no es una política. Simplemente hacen lo que quieren, es una barbaridad, es el Salvaje Oeste”.

El martes y el miércoles, Baraka se presentó en Delaney Hall, -un enorme recinto vallado y construido con ladrillos grises- para inspeccionar las instalaciones. En vano. La entrada estaba acordonada por agentes armados de la policía federal y guardias de seguridad privados. El viernes fue detenido.

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Las autoridades locales consideran que Geo Group, un gigante de la seguridad que gestiona numerosas prisiones en Estados Unidos, no dispone de un “certificado de conformidad” para gestionar el centro de detención y, por tanto, está ocupando las instalaciones “ilegalmente”.

Pero además de esta pugna legal, se libra una guerra más amplia contra la administración Trump, que ha hecho una prioridad de la lucha contra la inmigración irregular, a la que acusa de “invasión” de “criminales del extranjero”.

“Más miedo que nunca”

Geo Group asegura que la empresa dispone de un “certificado” para ocupar el local en desuso desde 2023 y que durante la presidencia de Barack Obama fue utilizado “durante seis años” como centro de detención.

El grupo acusa al alcalde de promover “su agenda política” al “interferir” con las autoridades federales.

Frente al recinto, entre un gigantesco depósito de petróleo y una hilera de almacenes, se eleva un olor acre, que lleva a los manifestantes a cubrirse el rostro con mascarillas.

“La gente tiene más miedo que nunca”, afirma Viri Martínez, miembro de la Alianza de Nueva Jersey por la Justicia de los Inmigrantes (NJAIJ), una ONG local, cuya treintena de miembros se manifestaron el miércoles frente al centro, coreando “¡ICE fuera de Nueva Jersey!” y “¡Libérenlos a todos!”

“Escuchamos historias de padres que tienen miedo de que sus hijos vayan al colegio. Niños que tienen miedo, que piensan qué voy a hacer si voy a la escuela y mi madre y mi padre no están cuando vuelva”, dice, interrumpida por el claxon de un camionero en apoyo de los manifestantes.

Por: AFP

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El conglomerado de Hong Kong CK Hutchison vendió este mes 43 puertos en 23 países, incluidas sus operaciones en el canal panameño, a un grupo encabezado por el gigante de la gestión de activos BlackRock, por 19.000 millones de dólares.

China confirmó el viernes que el acuerdo será revisado por su agencia antimonopolio, lo que podría impedir la firma del acuerdo el 2 de abril, como está previsto.

Expertos dijeron a AFP que el acuerdo permite al presidente estadounidense Donald Trump reivindicar la “recuperación” del canal como parte de su agenda.

“Estados Unidos (creó) un tema político a expensas de China y luego pudo declarar victoria”, comentó Kurt Tong, de la firma The Asia Group y exdiplomático estadounidense en Hong Kong.

“Eso no sienta bien en Pekín”, agregó.

Algunos de los puertos están siendo vendidos en países que participan en la iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda, impulsada por el presidente Xi Jinping.

Los puertos son cruciales para esa red y China “ha tenido éxito en este sector”, señaló Henry Gao, un experto en derecho comercial de la Universidad de Administración de Singapur.

Panamá se retiró en febrero de la iniciativa china, tras una visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Existe una tendencia creciente a utilizar los puertos e infraestructuras comerciales como herramientas de influencia geopolítica”, indicó Gao.

Escenario de pesadilla

CK Hutchison sacudió a la industria naviera china al anunciar el acuerdo de venta el 4 de marzo, según Xie Wenqing, un investigador de desarrollo portuario del Shanghai International Shipping Institute.

Firmas navieras chinas cuestionaron si se podría asegurar un tránsito neutral cuando los puertos cambien de manos, dijo a AFP.

“Existe preocupación por los costos adicionales para los barcos chinos y un trato discriminatorio en términos del orden en la fila”, agregó.

El acuerdo, sumado a los recientes aumentos arancelarios estadounidenses, podría socavar la hegemonía manufacaturera china, argumentó Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin, de China.

“Mayores inspecciones y costos adicionales erosionarían la competitividad china e interrumpirían las cadenas mundiales de suministros”, señaló.

Estados Unidos ha utilizado varias justificaciones para atacar proyectos claves de infraestructura bajo las Nuevas Rutas de la Seda, “para arrebatar esos bienes y debilitar la posición de China como la fábrica del mundo”, agregó Wang.

John Bradford, director ejecutivo del Consejo Yokosuka de Estudios del Asia Pacífico, señaló que el acuerdo no favorece los intereses de China aunque algunas preocupaciones son “exageradas”.

Operadores portuarios como CK Hutchison son entidades comerciales que no pueden decidir sobre asuntos de soberanía nacional, por ejemplo si un barco puede o no visitar un puerto.

“Si (los operadores) favorecen abiertamente a una empresa sobre otra, eso (…) sería ilegal”, comentó Bradford.

“La mayoría de los países tienen leyes que dicen que debes tratar de igual manera a los distintos clientes, así que los escenarios de pesadilla no son particularmente realistas”, dijo.

En Hong Kong

Lo que haga Pekín con respecto a CK Hutchison podría afectar a Hong Kong y su papel como puerta empresarial de China hacia el mundo, según analistas.

“Todo este asunto de los puertos de Panamá ha llamado la atención sobre la cuestión de si Hong Kong es un buen lugar para hacer negocios”, comentó el exdiplomático Tong.

“Ciertamente la comunidad empresarial internacional en Hong Kong lo mira muy de cerca”, afirmó.

CK Hutchison está registrada en Islas Caimán y sus activos vendidos están todos afuera de China.

Pero eso no impidió que la Administración Estatal de Regulación de Mercados anunciara el viernes la revisión antimonopolio.

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Jet Deng, del bufete de abogados Dentons, comentó que la legislación antimonopolios china puede ser aplicada fuera de sus fronteras, al igual que las de Estados Unidos y la Unión Europea.

Hung Ho-fung, un politólogo de la Universidad Johns Hopkins, indicó que la política de China podría espantar a las empresas extranjeras “cautelosas”, que ya han reducido su exposición empresarial en Hong Kong.

Si colapsa un acuerdo por presión china, la gente podría pensar que Hong Kong está convergiendo con China continental, donde “las consideraciones de seguridad nacional son de la mayor importancia en un acuerdo empresarial”, advirtió Hung.

Por: AFP

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