“Mandamos una cosa que se llama amicus curiae, amigos de la Corte, donde estamos poniendo nuestra defensa, más bien los puntos de vista de México, cuántos mexicanos hay en Texas, el 26% de la población de Texas es de origen o son mexicanos. Es muy fuerte, y también la contribución que hacemos a la economía de Texas”, declaró la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana.

Bárcena se refirió a la ley SB4 en el marco de la habitual conferencia de prensa del Gobierno junto al presidente Andrés López Obrador, que dijo anteriormente que México no aceptaría las deportaciones de Texas, aunque no especificó los pasos que iba a seguir su Gobierno en tal sentido.

Gracias presidente @lopezobrador_ por sus generosas palabras en la #ConferenciaPresidente desde Oaxaca. Sobre Ley #SB4, 🇲🇽 actúa con mucha firmeza y juntos. Con 11 consulados en #Texas y un sistema legal para proteger, apoyar y orientar a nuestros connacionales.
!No están sol@s! pic.twitter.com/oas52AMh6d

— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) March 21, 2024

La polémica ley SB4 convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de autorizar a las fuerzas de seguridad de ese estado para realizar arrestos migratorios y deportaciones. “Hay mucha confusión al respecto porque no ha entrado en vigor, está la discusión en la Corte de apelaciones”, advirtió Bárcena.

La normativa desató caos desde el pasado martes 19 de marzo cuando la Suprema Corte de Estados Unidos permitió, durante sus deliberaciones, aplicar la ley cuya aplicación había bloqueado un día antes lo que provocó las críticas tanto del gobierno de México como del de Washington. Luego, en la noche del martes, el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor y el 3 de abril realizará una audiencia para pronunciarse sobre el fondo.

La secretaria de Relaciones Exteriores manifestó que “esta ley es profundamente inconstitucional porque el tema migratorio en Estados Unidos es federal. Entonces no vamos a permitir ninguna acción del estado de Texas, ni de las autoridades, ni los policías, ni nadie que actúe en materia migratoria a nivel estatal o de los condados, porque esta es una materia federal”, puntualizó.

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Dijo además que México está actuando con mucha firmeza y prometió a los posibles afectados “orientación en caso de que se enfrenten a algún problema” en los 11 consulados mexicanos que hay en Texas.

“Algo que yo creo que es inédito en nuestro país es que se ha logrado un consenso político, todas las fuerzas políticas, los legisladores, los partidos políticos, los candidatos, el gabinete, estamos actuando todos en conjunto contra esta ley injusta y discriminatoria”, opinó la jefa de la diplomacia mexicana.

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El pasado diciembre el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la Ley SB4 que califica como un delito penal el ingresar de forma irregular a Texas desde un país extranjero y prevé hasta 20 años de prisión si se trata de reincidentes.

Illegal entry from a foreign nation is now a crime in the State of Texas.

While President Biden refuses to secure the border, Texas will continue to take historic action to protect our state and our nation from his negligence. pic.twitter.com/ytrZtRLUsD

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) December 20, 2023

Ante la promulgación de esta normativa, que entraría en vigor en marzo del presente año, las autoridades tendrían la potestad de detener a los inmigrantes que no posea documentación y los jueces podrían expulsarlos.

Como era de esperarse el Gobierno federal, que regula la migración y gestiona las fronteras, ha iniciado el contraataque en los tribunales y en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense anunció que presentó una demanda contra el estado de Texas para impugnar la ley con el objetivo de que se declare que la Ley SB4 es inválida.

En el mismo comunicado la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, ha dicho que la ley “es claramente inconstitucional” pues la Constitución impide a los estados “adoptar leyes migratorias que interfieran con el marco promulgado por el Congreso”.

Anteriormente, la Administración Biden recordó que la Corte Suprema ha confirmado que las decisiones relacionadas con la expulsión de extranjeros del país afectan “a las relaciones exteriores y deben tomarse con una sola voz”.

New laws I signed today in Brownsville will take #OperationLoneStar to the next level:

✅ Criminalize illegal entry into Texas
✅ Fund additional wall construction & support @TxDPS border security efforts
✅ Increase penalties for human smuggling

More: https://t.co/RuJcCNXdr3 pic.twitter.com/iPi7NO6oaU

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) December 19, 2023

La demanda ha sido presentada en nombre de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

Después de la acción judicial, la Cancillería mexicana indicó en un comunicado que tomaría nota de manera favorable de la iniciativa del Gobierno de Joe Biden y recordó su condena a la ley migratoria de Texas.

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México manifestó su “rechazo ante la implementación de esta medida antiinmigrante que pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos”, dice el texto de la Cancillería.

La crisis migratoria provoca fuertes tensiones entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, sumidos actualmente en arduas negociaciones en el Congreso, donde los conservadores han supeditado el visto bueno a un paquete de ayuda a Ucrania a un endurecimiento de la política para frenar la migración.

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El proyecto de ley SB4 firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, se prestaría a la discriminación racial por parte de la policía, según expresan especialistas en la materia entrevistados por agencias de noticias internacionales.

La misma otorga poder a la Policía para arrestar a inmigrantes indocumentados y también a aquellos sospechosos de haber cruzado la frontera de manera irregular, basados en el color de la piel o el idioma que hablen.

“Texas tiene un alto porcentaje de población latina (40%), todos ellos serán el blanco de esta ley”, asegura Lydia Guzmán, directiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la más antigua organización hispana de Estados Unidos.

“En Arizona (donde existe una legislación similar), mucha gente dejó el estado molesta por esta ley, se hizo un boicot económico, las escuelas perdieron muchos estudiantes y eso podría suceder también en Texas”, recordó la directora nacional de Inmigración de LULAC.

Por su parte, los defensores de migrantes consideran que esta nueva ley no solo afectará a los indocumentados, sino a todos, aunque sean residentes legales o incluso ciudadanos estadounidenses.

Ambas leyes, la de Arizona y la de Texas, se aprobaron bajo la bandera de la lucha contra de la inmigración indocumentada y como una manera de asegurar la frontera.

Las organizaciones en defensa de los inmigrantes han anticipado que ya se preparan para luchar en las cortes contra de la Ley SB4, y temen que la nueva batalla sea difícil.

La SB4 que entra en vigencia en febrero de 2024, castiga severamente a quienes sean descubiertos transportando inmigrantes indocumentados, al igual que aquellos que los alberguen en casas de seguridad.

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Esta nueva legislación busca también penas de entre seis meses a cinco años de cárcel a migrantes que sean indocumentados dependiendo de si tienen récord criminal.

Los activistas consideran que Texas pagará un precio muy alto por aprobar este tipo de legislaciones que legalizan el perfil racial y ponen en riesgo los derechos de los latinos.

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Este nuevo proyecto legislativo, aprobado durante la tercera semana de noviembre, obedece a la crisis migratoria presente en la frontera sur estadounidense que constituye un problema para las autoridades regionales que, en un intento por enfrentar los cientos de cruces ilegales que se producen todos los días a través del estado de Texas, han optado por echar a andar sus propias leyes para combatir la migración irregular.

El proyecto de ley SB4 se encuentra a la espera de la firma del gobernador de Texas, Gregg Abbott, y cuando esto suceda, la nueva legislación entraría en vigor el 6 de febrero de 2024. Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha amenazado con impugnar la SB4 apenas Abbott la firme.

Texas aprueba un proyecto de ley que autoriza a arrestar a inmigrantes

El martes por la noche, la Cámara de Representantes de Texas votó a favor de una de las leyes de inmigración más controvertidas y estrictas de Estados Unidos. pic.twitter.com/xkFD1lBDro

— RT en Español (@ActualidadRT) November 19, 2023

La citada ley estipula que los agentes policiales estatales y locales adquieren la autoridad para arrestar a los inmigrantes indocumentados y sospechosos que intenten cruzar por la frontera sur estadounidense. En la actualidad los gobiernos estatal y local deben solicitar el permiso del Gobierno federal antes de realizar cualquier tipo de arresto a inmigrantes sin documentos.

Sumado a la potestad de arrestar inmigrantes sin la autorización del Gobierno federal, la nueva legislación también faculta a los jueces para deportar y procesar a los inmigrantes sospechosos de ingresar al país de manera ilegal.

Esta ley también busca aumentar las penas para los inmigrantes irregulares, pues las personas que sean arrestadas en la frontera sur de Estados Unidos podrían ser acusadas de delito grave de primer grado y enfrentar de 180 días a cinco años de prisión, según sea su historial delictivo. La pena podría aumentar a delito grave de segundo grado para los inmigrantes que no cumplan con la orden del juez o tengan antecedentes criminales, incrementando la condena de dos a 20 años de cárcel.

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El titular del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steve McCraw dijo al comité de seguridad fronteriza del Senado estatal que la ley SB4 podría derivar en unos 72.000 arrestos al año en este estado.

Los legisladores de Texas también aprobaron el proyecto de ley SB3, que asignaría 1.540 millones de dólares para construir barreras fronterizas y otorgaría fondos a las fuerzas policiales para cuidar la frontera y los asentamientos de inmigrantes.

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