La Coalición de Inmigrantes Somos Florida (FLIC) puso en marcha la campaña denominada “Negarse a responder” (“Decline to Answer”), en respuesta a la Ley antiinmigrante de Florida SB 1718, con el propósito de que se garantice que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a una atención médica sin miedo en hospitales y centros médicos.

La citada Ley que entró en vigencia el pasado 1 de julio, fue promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

De acuerdo con esta amplia ley, ahora ciertos centros de atención médica en Florida deben preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio durante el proceso de admisión o en los formularios de registro, indicó FLIC en un comunicado.

Aunque la ley estipula que las identidades de los pacientes y la información personal no deben revelarse a ninguna agencia gubernamental, esta nueva legislación ha causado confusión y miedo dentro de las comunidades de inmigrantes que buscan atención médica, denunció la organización.

La campaña de FLIC alienta a todas las personas, incluidas las que tienen estatus migratorio legal y ciudadanos estadounidenses, a “ejercer su derecho a negarse a responder sobre su estatus migratorio cuando acudan a buscar atención médica en un hospital o cualquier otro centro de salud.

El derecho a no responder

La organización precisa que legalmente los pacientes no están obligados a proporcionar esta información y la decisión de no responder no debería afectar su acceso a la atención médica ni la calidad de la atención recibida.

“El acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental, y nadie debería experimentar miedo o discriminación cuando busca ayuda”, manifestó Rosa Elera, estratega digital de políticas de FLIC.

Comentó la miembro de FLIC que ha experimentado de primera mano los efectos devastadores de esta política migratoria. Dijo que su padre, ya fallecido, postergó la búsqueda de atención médica por temor a ser deportado y separado de su familia.

“Al retrasar la atención médica, su enfermedad progresó hasta que fue demasiado tarde y, finalmente, nos lo arrebató”, indicó Elera en el comunicado en el que invitó a todos los inmigrantes a unirse en este esfuerzo de la campaña cuando visiten un hospital o centro de atención médica.

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La FLIC lamentó que la aplicación de la referida normativa en hospitales esté causando un efecto paralizador, impidiendo que los niños y las familias reciban atención médica.

Por su parte, Sadaf Knight, director ejecutivo del Florida Policy Institute, dijo que los ciudadanos deben saber que, según la Ley SB 1718, negarse a responder es una respuesta perfectamente aceptable si se les pregunta sobre su ciudadanía o estado migratorio, ya sea que hayan nacido en Estados Unidos o no.

Para ayudar a las comunidades inmigrantes, la Coalición de Inmigrantes Somos Florida (FLIC) proporciona una serie de “tarjetas para negarse a responder” y herramientas de orientación y recursos para que los inmigrantes defiendan con confianza sus derechos cuando buscan atención médica.

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Organizaciones que trabajan a favor de los inmigrantes estiman que existen aproximadamente 400.000 indocumentados que trabajan en el “estado del sol”, principalmente en sectores como agricultura, construcción y hostelería, donde representan el 10 % de la mano de obra.

La llamada ley SB 1718 obliga a las empresa con más de 25 empleados a usar un programa de verificación de estatus migratorio con cada uno de los trabajadores, de lo contrario se arriesgan a multas y el retiro de los permisos para operar, entre otras medidas severas y “antiestadounidenses”, según han dicho algunos de sus críticos.

Otro ejemplo de la severidad de la ley es que viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada, es considerado un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión. El castigo aumenta si el pasajero es un menor de edad, sin importar si se trata de un familiar inmediato del conductor.

La ley obstaculiza el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid, que es el seguro de salud público. También desconoce las licencias de conducir expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.

De acuerdo con datos de la Fundación 15 de Septiembre, un 35 % de los hondureños que trabajaban sin papeles en Florida se han mudado ya a otros estados, como Georgia y Carolina, entre ellos un grupo de obreros calificados de la construcción.

Hundirán ley en litigios

De acuerdo con la apreciación de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, la nueva ley migratoria de Florida va a correr la misma suerte que las “leyes antinmigrantes” de California y Arizona: quedará “empantanada” por litigios judiciales o no implementada, aseguró Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la coalición.

“Venimos a decirle al millón de indocumentados que se calcula que hay en Florida que no están solos, que tenemos experiencia en cómo neutralizar estas leyes regresivas y reaccionarias”, dijo Gutiérrez quien integra la caravana “Todos somos Florida”, que partió la semana pasada de California.

Esta movilización tenía pautado llegar el jueves 29 de junio en la noche a Florida donde se sumarían otros vehículos para desfilar el viernes 30 de junio ante el Capitolio estatal en Tallahassee, en una marcha de protesta.

El acto principal de esta protesta estaba prevista para el sábado 1 de julio, día de entrada en vigencia de la ley SB 1718.

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“Vamos a anunciar un boicot, a pedir al público de todo el país que del 1 al 4 de julio no consuman productos de Florida, como frutas y verduras, jugo de naranja y otros cítricos”, indicó.

Gutiérrez señaló que además de las protestas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro inmigrantes diseñaron una estrategia legal contra la ley SB 1718 que se va a plasmar en varias demandas judiciales.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para empantanar la ley SB 1718 hasta que pase la temporada electoral”, aseguró Gutiérrez, quien opina que el gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas de 2024, ha querido con esa ley “demostrar que es más antinmigrante que Donald Trump”, sin importarle llevar a la ruina económica a su estado.

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