La enfermera, de 36 años, no niega haber estrangulado a Cora (5 años), Dawson (3) y Callan (ocho meses) con bandas elásticas de ejercicio en su domicilio de Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023.

Posteriormente, se arrojó por una ventana de un segundo piso, lo que le provocó una parálisis de cintura para abajo y la dejó en silla de ruedas.

Sin embargo, Clancy se ha declarado no culpable por motivos de demencia, alegando que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que esto fue consecuencia de una psicosis posparto. 

La fiscalía rechaza este argumento y afirma, en cambio, ella había planeado asesinar a sus hijos y que era capaz de comprender las consecuencias de sus actos.

El jurado ha pasado a la fase de deliberaciones.

En las últimas semanas, decenas de mujeres vestidas de rosa han acudido al tribunal de Plymouth para mostrar su apoyo a Clancy y reivindicar cuestiones relacionadas con la salud de la mujer en general.

Kelly Woods, una abogada de Chicago, declaró que asistía al juicio como una firme defensora de las personas que padecen psicosis posparto.

“Es un aspecto de este caso al que no se le ha prestado suficiente atención”, dijo a la AFP el jueves, cuando el jurado comenzó a deliberar.

“Espero sinceramente que la comunidad médica pueda aprender de esto”, afirmó. “Y, sobre todo, espero que haya una mayor defensa y toma de conciencia sobre la depresión y la psicosis posparto”.

Psiquiatras, personas cercanas a Clancy y su esposo —de quien está separada— describieron durante el juicio el estado de angustia en que se encontraba. De ser hallada culpable, la enfermera se enfrenta a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Pasó desapercibida”

La psicosis posparto es una urgencia médica que afecta a entre una y dos mujeres por cada mil partos, señaló Sally Wilson, coordinadora nacional de formación de la organización benéfica británica Action on Postpartum Psychosis.

El caso de Clancy es “un desenlace increíblemente angustiante y poco frecuente de la psicosis posparto”, declaró a la AFP.

Durante los alegatos finales, el abogado de Clancy, Kevin Reddington, recordó que la madre había pedido ayuda en varias ocasiones antes de los asesinatos y había recibido una “atención pésima” por parte de los médicos a los que consultó.

“Estaba haciendo todo lo posible por conseguir ayuda y, por alguna razón, el sistema le falló”, dijo Adrienne Griffen, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Maternal Mental Health Leadership Alliance.

“La pregunta que todos se hacen es cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir”, señaló Griffen, al considerar que es necesario otorgar mayores recursos a las madres.

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El juicio ha reavivado los recuerdos de un caso similar que conmocionó a Estados Unidos hace 25 años: el de Andrea Yates, una madre de Texas que ahogó a sus cinco hijos en 2001.

Yates fue condenada inicialmente a cadena perpetua, pero en un nuevo juicio celebrado en 2006 fue declarada no culpable por razón de demencia e internada en un hospital psiquiátrico.

Buena madre y mala madre

La fiscalía reconoció que Clancy “padecía una enfermedad mental” y había intentado suicidarse, pero argumentó que los asesinatos fueron premeditados y particularmente crueles.

Voces políticas de derecha han condenado el nivel de violencia de los asesinatos y a los partidarios de la acusada que se congregaron frente al tribunal.

“Lindsay Clancy merece morir por haber asesinado a sus tres hijos”, escribió en redes sociales Katie Miller, podcaster y esposa de Stephen Miller, asesor principal del presidente Donald Trump.

Juliet Williams, profesora de estudios de género en la Universidad de Los Angeles en California (UCLA), dijo que el juicio y el debate que lo rodea demuestran “el profundo interés que los estadounidenses —y el mundo entero— siguen teniendo en la figura de la madre”. 

Señaló que el caso se ha convertido en una oportunidad “no solo para condenar una tragedia”, sino para mostrar cómo “la figura de la buena madre y, por supuesto, la de la mala madre se convierten en un elemento divisivo en la sociedad”.

Por: AFP

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“En virtud del acuerdo, TikTok pagará 300 millones de dólares de inmediato y otros 100 millones de dólares adicionales cuando se dicte una orden que deje sin efecto un decreto de consentimiento previo emitido contra el predecesor de TikTok, Musical.ly”, informó el viernes el (DoJ) en un comunicado.

Es “una de las mayores indemnizaciones obtenidas” en un caso relacionado con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés), añadió.

Esta legislación prohíbe que los sitios web recopilen información personal de niños menores de 13 años sin el permiso de sus padres.

El DoJ y la FTC, la agencia de Estados Unidos que regula la competencia y protege a los consumidores, demandaron conjuntamente a TikTok en 2024 por considerar que había puesto en peligro la seguridad de millones de niños al recopilar sus datos personales sin el permiso de sus padres.

Afirmaron que TikTok permitía que los niños usaran la aplicación, y que guardaba y utilizaba datos personales de usuarios jóvenes sin informar a sus padres.

Incluso las cuentas creadas en un “Modo para niños”, pensado para usuarios menores de 13 años, recopilaban direcciones de correo electrónico y otra información personal, según la querella.

En 2019, Estados Unidos presentó una demanda basada en la ley COPPA contra una aplicación llamada Musical.ly, que ByteDance compró en 2017 y luego fusionó con TikTok.

TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

Por el momento no se informó oficialmente a qué se destinarán los fondos del acuerdo.

Según un informe de ABC News difundido en mayo, el gobierno de Trump evaluaba utilizar los fondos para proyectos como la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el salón de baile de la Casa Blanca y la construcción de un arco.

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Ofensiva global

El acuerdo alcanzado en Estados Unidos tiene lugar en medio de una creciente ofensiva global contra Tiktok.

Bruselas inició una investigación sobre la plataforma en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una norma sobre contenidos y un arma clave en el arsenal jurídico de la UE, que ha utilizado para controlar a las grandes tecnológicas en los últimos años.

En julio, la Unión Europea acusó a TikTok de no proteger a los menores debido a configuraciones de cuenta que pueden exponerlos a riesgos como el ciberacoso y comportamientos depredadores, lo que deja a la empresa susceptible a sanciones económicas.

La UE indicó que las cuentas de menores solo deberían ser visibles para quienes ellos hayan autorizado. Niños a partir de los 13 años ya pueden usar TikTok.

Bajo la DSA, las configuraciones de las cuentas de menores tienen, por defecto, las protecciones más estrictas de seguridad.

“Las configuraciones de cuenta de TikTok no cumplen esta norma, ya que exponen demasiado las cuentas y el contenido de los menores”, señaló la UE en su evaluación preliminar.

El organismo regulador de comunicaciones de Reino Unido también inició una investigación sobre TikTok en julio.

La pesquisa examinará si TikTok está haciendo lo suficiente, conforme a la ley del Reino Unido, para proteger a los menores de contenidos dañinos.

En Estados Unidos, TikTok también está implicada en un amplio litigio junto con Meta (Facebook e Instagram), Snapchat y YouTube. Familias, comunidades escolares y una coalición de estados estadounidenses demandaron a estas redes sociales, a las que acusan de deteriorar la salud mental de los adolescentes.

Por: AFP

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Meta afirmó anteriormente en documentos judiciales que las sanciones económicas podrían ascender a 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor de mercado total, que ronda los 1,5 billones.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todas sus aplicaciones, la empresa se defenderá en un juicio de seis semanas que arrancará este 18 de agosto con los alegatos iniciales en Oakland, cerca de San Francisco.

Si el gigante de las redes sociales pierde el caso, los estados pedirán a un juez que obligue a la mayor red social del mundo a modificar sus dos aplicaciones principales, además de imponerle una sanción económica.

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“No hemos solicitado 1,4 billones de dólares”, declaró un abogado de los estados durante una audiencia celebrada el jueves, considerando que Meta calculó esa cifra astronómica “para causar impacto”.

La indemnización reclamada es en realidad de unos 193.000 millones de dólares, añadió.

En 2023, una coalición de estados ya había demandado a Meta por diseñar presuntamente funciones adictivas para niños en sus aplicaciones e infringir leyes estatales.

Los fiscales que representan a California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey intentarán demostrar ahora que Meta violó leyes federales y estatales relativas a la seguridad y la privacidad de los menores en línea.

Meta “rechaza categóricamente estas acusaciones” y confía en que “las pruebas demostrarán su compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes”, declaró un portavoz de la compañía a la AFP.

Por: AFP

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Este juicio, uno de los más importantes entre la multitud de procesos legales contra las redes sociales en Estados Unidos, comenzará el miércoles con la selección del jurado en el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco.

El juicio propiamente dicho recién se iniciará el 18 de agosto, con unas seis semanas de audiencias y un veredicto previsto para principios de octubre.

Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Neew Jersey solicitan una larga lista de restricciones al funcionamiento de Instagram y Facebook para menores, y multas de hasta 1,4 billones de dólares, una cifra equivalente a la capitalización bursátil de Meta.

Mark Zuckerberg figura entre los testigos clave que la fiscalía tiene previsto interrogar antes de finales de septiembre en este tribunal.

Esta sería la segunda comparecencia en seis meses del director ejecutivo de Meta tras su testimonio ante un tribunal de Los Ángeles, que el jurado consideró poco convincente.

“Archivos de Facebook”

El juicio de Oakland, el primero ante tribunales federales, culmina una batalla legal que comenzó a finales de 2021, cuando una exempleada de Meta, Frances Haugen, filtró miles de páginas de resultados de búsqueda internos -los “Archivos de Facebook”- que demostraban que Meta estaba midiendo el daño que Instagram causaba a la salud mental de los adolescentes mientras públicamente defendía su inocuidad.

Estas revelaciones desencadenaron una investigación conjunta de decenas de estados que dos años después derivó en una demanda presentada por unos treinta fiscales generales.

Cuatro estados fueron elegidos para llevar adelante este juicio en Oakland, que en caso de una derrota para Meta podría derivar en un acuerdo con los estados involucrados similar al suscito tiempo atrás por la industria tabacalera.

TikTok, Snapchat y YouTube (Google) son objeto de otras demandas presentadas por miles de familias, escuelas y fiscales en Estados Unidos.

En marzo, en una decisión histórica, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y a YouTube responsables de la adicción de una adolescente californiana, otorgándole a la joven una indemnización de 6 millones de dólares.

En Nuevo México, Meta fue posteriormente condenada a pagar casi 1.000 millones de dólares en multas e indemnizaciones, además de imponer restricciones sin precedentes a las cuentas de menores en el estado.

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La compañía anunció que apelará ambas decisiones.

Meta declaró tener “confianza” en su trayectoria “de protección de los adolescentes en línea”.

La empresa matriz de Instagram y Facebook argumentará que la salud mental de los jóvenes “no puede imputarse a una sola aplicación” y que algunas de las funcionalidades demandadas están protegidas por las disposiciones sobre libertad de expresión de la Constitución estadounidense.

En mayo, Snapchat, TikTok y YouTube, junto con Meta, optaron por pagar 27 millones de dólares a un distrito escolar de Kentucky para evitar otro juicio que podía sentar un precedente para denuncias similares de unas 1.200 comunidades educativas.

Inmunidad sobre los contenidos

Los cuatro estados acusan a Meta de violar sus leyes de protección al consumidor y la Ley Federal de Protección de Datos Infantiles (COPPA) al multiplicar las funcionalidades diseñadas para mantener a los menores enganchados —deslizamiento infinito (scroll), notificaciones intrusivas o nocturnas, y los avisos de “me gusta”— mientras minimizan públicamente los riesgos.

Esta estrategia elude la inmunidad de la que gozan las plataformas en Estados Unidos para el contenido generado por los usuarios: lo que se ataca es el diseño de las aplicaciones, no lo que se publica en ellas.

La astronómica cifra de 1,4 billones de dólares reclamada resulta de una multiplicación: cada menor afectado constituiría una infracción independiente, sancionable con multas de varios miles de dólares, según la fiscalía.

El jurado solo tendrá un papel consultivo. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien ya presidió el juicio de Apple-Epic Games y la batalla legal de esta primavera boreal entre Elon Musk y los creadores de ChatGPT, determinará personalmente las sanciones y las medidas correctivas.

En la sala del tribunal, padres de adolescentes víctimas de las redes sociales podrían volver a testificar, como sucedió en Los Ángeles, mientras que el resto del país podrá seguir el proceso judicial en directo por YouTube.

Por: AFP

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El exmandatario, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, están recluidos en una cárcel de Brooklyn desde enero, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Ambos niegan todos los delitos imputados.

Comandos estadounidenses sacaron a Maduro y a Flores de su complejo residencial en Caracas el 3 de enero. La operación relámpago combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres y puso fin al mandato de Maduro, en el poder desde 2013.

El miércoles, durante una audiencia procesal de unos 20 minutos, el juez Alvin Hellerstein fijó la apertura del juicio para el 1 de junio del año próximo, tras una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa.

Vestido con un uniforme beige de detenido, con el cabello corto y encanecido y unas gafas de montura ancha, Maduro no habló más allá de saludar a la corte al entrar. Flores, con el mismo atuendo y el cabello rubio recogido, se sentó a pocos metros de él. 

La pareja estaba flanqueada por sus abogados.

Como en las dos anteriores comparecencias de Maduro y su esposa ante la justicia estadounidense, manifestantes se congregaron el miércoles alrededor del tribunal —aunque en menor número—, algunos portando pancartas que pedían su “liberación”, otros calificándolos de “dictadores”.

El juez Hellerstein también fijó el miércoles una audiencia para el 17 de noviembre dedicada a las mociones de la defensa, incluido un recurso que impugna la legalidad de la captura de Maduro y Flores.

Durante su primera comparecencia en la corte en Nueva York, el 5 de enero, Maduro dijo que había sido “secuestrado” y se presentó como “un prisionero de guerra”. El gobierno del presidente Donald Trump siempre sostuvo que fue una “operación policial” contra un fugitivo buscado por la justicia estadounidense.

Desde la salida de Maduro del poder, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de la administración Trump. Estados Unidos controla las exportaciones de petróleo venezolano, cuyos ingresos van a cuentas especiales supervisadas por Washington.

Batallas legales

Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro utilizó el poder del Estado para proteger y promover el contrabando ilegal de drogas, y que se alió con cárteles para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El 5 de enero, Maduro negó los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Flores, acusada de los mismos cargos que su marido, excepto por el de “narcoterrorismo”, también se declaró entonces no culpable.

En la segunda audiencia procesal, el 26 de marzo, el juez Hellerstein indicó que no desestimaría el caso debido a la aparente incapacidad de Maduro y su esposa de pagar su defensa legal sin ayuda del gobierno venezolano.

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En abril, el Tesoro permitió el pago de los honorarios de los abogados Maduro y Flores, prohibido hasta entonces por las sanciones estadounidenses.

La pareja había tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro también enfrenta un proceso civil en un tribunal federal en Brooklyn, luego de que las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela lo acusaron de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.

La demanda presentada el 30 de junio afirma que Maduro hizo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de seguridad de élite, ejecutara a los jóvenes entre 2017 y 2020.

Sostiene que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, disueltas en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.

Durante su mandato de casi 13 años, Maduro fue acusado de recurrir a la represión política para aferrarse al poder. Sus dos reelecciones, en 2018 y 2024, fueron rechazadas como fraudulentas por numerosos países, entre ellos Estados Unidos.

Según informó el diario The New York Times, se espera que Maduro busque inmunidad en su calidad de jefe de Estado.

Por: AFP

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El aspirante enfrentará el domingo a la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario autócrata Alberto Fujimori, en una apretada segunda vuelta, en cuya celebración no impactará la orden judicial, pues sigue un proceso de apelación.

Si gana la presidencia de Perú, Sánchez, congresista y exministro de 57 años, además gozaría de inmunidad, según lo establece la Constitución.

“Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino”, leyó el juez Adolfo Farfán, tras una audiencia virtual de dos días.

La fiscalía peruana, que pidió una pena de cinco años y cuatro meses, expresó “estar conforme” con la resolución.

La defensa de Sánchez ya anunció que apelará, para lo cual tiene un plazo de una semana.

Según la fiscalía, hay inconsistencias en los reportes financieros del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, en las campañas para los comicios regionales y municipales en los que participó entre 2018 y 2020.

De acuerdo con la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de su movimiento político para actividades partidarias que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Esta judicatura ha decidido proseguir, declarar infundadas las observaciones de las defensas técnicas y declarar la validez formal de la siguiente acusación”, añadió el juez.

“Una mentira”

Sánchez hasta ahora no se ha pronunciado sobre la decisión judicial.

El jueves asistió virtualmente a la audiencia, poco antes de su mitin de cierre de campaña en Lima.

“Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente”, escribió en abril sobre el proceso en la red social X.

El político alega que el caso en su contra había sido archivado en 2025 por un tribunal, ante la falta de pruebas en la acusación del presunto delito de fraude.

En estos comicios marcados por la inestabilidad política y el auge de la delincuencia, el candidato izquierdista se presenta como la voz de los pobres y de las áreas rurales.

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También acusa a Fujimori de formar una “mafia” política a la que atribuye la inestabilidad del país, que desde 2016 ha tenido ocho presidentes.

Cuatro mandatarios fueron destituidos por el Congreso, en el que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tiene enorme influencia.

Dos más renunciaron antes de ser removidos, uno acabó su breve mandato de ocho meses y el actual interino entrega el poder en julio.

Relaciones “respetuosas” con EEUU

En la recta final de la campaña, Sánchez ha hablado reiteradamente sobre el consenso y la estabilidad, distanciándose de los llamados a un cambio radical que asustaron a algunos votantes conservadores.

El viernes, el aspirante aseguró a la AFP que incluso quiere entablar buenas relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La buena vecindad, las relaciones respetuosas entre las naciones (…), creo que es una prioridad siempre. Y Perú, que tiene relaciones históricas con Estados Unidos, no puede ser la excepción. Esa va a ser nuestra vocación de gobierno”, afirmó.

Durante su segundo mandato, Trump ha opinado en varias elecciones en América Latina para apoyar a candidatos conservadores, pero hasta ahora no lo ha hecho sobre Perú.

Sobre la inestabilidad política, Sánchez abogó por alcanzar un consenso político para frenar el uso indiscriminado que hace el Congreso de su potestad para destituir a un presidente alegando “incapacidad moral permanente”, como señala vagamente un artículo de la Constitución. 

“Tenemos que recuperar el equilibrio de poderes, la separación de poderes, regular la vacancia por incapacidad moral permanente en el cargo del presidente”, defendió.

El líder izquierdista resaltó que esa es una tarea que permitirá “parar ese desgobierno que inició el año 2016”.

Por: AFP

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Sentados en sillas de plástico en una sala del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), los pandilleros son juzgados por más de 29.000 asesinatos, incluidos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron al presidente Nayib Bukele a declararle la “guerra” a las pandillas.

Son en total 486 reos que, desde diferentes cárceles, comparecen virtualmente en este juicio que Bukele equipara con los procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

Vestidos con camiseta y pantalón corto de color blanco, escucharon en total silencio el interrogatorio del juez a un pandillero que actúa como testigo en el tribunal Sexto Contra Crimen Organizado de San Salvador, observaron reporteros de la AFP.

A una de las víctimas “le quemamos los genitales y el trasero”, se escuchó en un altavoz decir al testigo, al relatar cómo torturaban y asesinaban a sus víctimas por órdenes de los jefes.

Entre los juzgados en el Cecot hay una veintena de esos líderes y decenas de lugartenientes con el rostro, la cabeza, las manos y el cuello tatuados, algunos de los cuales lanzaron miradas intimidantes a los periodistas. Todos son observados en pantallas desde el juzgado.

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Los juicios masivos son criticados por organizaciones de derechos humanos, que advierten que pueden involucrar a inocentes. Fueron aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso para procesar a unas 90.000 personas capturadas sin orden judicial bajo un estado de excepción.

Temidos jefes

El fiscal preguntó al testigo sobre las características de las víctimas. Según el relato, a muchas les amarraban de manos y las conducían a zonas desoladas donde se cometían los crímenes.

Es un “espantoso relato” que “para los pelos”, comentó a la AFP en el Cecot un agente de seguridad encapuchado que no se identificó.

Otros dos “testigos protegidos”, relataron cómo mandos de la pandilla ordenaban los homicidios desde las prisiones, una práctica denominada por ellos “apertura de válvulas”, detalló más tarde en X el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz.

En tres pequeñas salas se encontraban 15 miembros de la llamada Ranfla Nacional (cúpula) de la MS-13, a los que se les imputan directamente unos 9.000 crímenes.

En una se hallaba el máximo “ranflero” Borromeo Henríquez (“Diablito de Hollywood”), mientras en otra estaba Carlos Tiberio Ramírez (“Snaider de Pasadena”). Ambos escucharon las acusaciones sin gesticular.

Con la misma actitud permanecieron los demás procesados, esposados de pies y manos, en un ambiente caluroso marcado por el sonido de la lluvia. Eran 220 cabecillas acomodados en 10 filas.

Al final de una de esas líneas estaba Dionisio Arístides Umanzor, el temido “Sirra”, que operaba una de las “clicas” (células) más violentas.

Estos “sujetos por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”, declaró a la prensa el director del Cecot, Belarmino García.

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El pabellón 3 de la megacárcel, que suele ser mostrado por el gobierno de Bukele a visitantes extranjeros e influencers, tenía vacías sus 32 celdas. Sus ocupantes fueron llevados a otro sector de la prisión para que no perturbaran la audiencia.

Muchos de los enjuiciados ya purgan abultadas penas en el Cecot, adonde un grupo de medios extranjeros ingresó bajo un riguroso protocolo y extremas medidas de seguridad.

Por AFP

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En el transcurso de una audiencia que duró poco más de una hora, el juez a cargo del caso hizo saber que no tenía intención de acceder a una solicitud de sus abogados para desestimar los cargos por razones procesales.

Procesado por narcotráfico junto con su esposa Cilia Flores, de 69 años, el antiguo hombre fuerte de Venezuela, de 63 años, se mostró relajado, sonriente, con su uniforme gris de preso, tomando notas, conversando con sus abogados a través de un intérprete y lanzando miradas a los bancos de la prensa.

Los dos están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

Sólo habían salido el 5 de enero, dos días después de su captura, para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de las acusaciones en su contra.

Son cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

El presidente Donald Trump dijo que Maduro enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante.

“Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa en la Casa Blanca.

“Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo presión de Trump.

El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos del juicio, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

Al frente del tribunal está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

“Desesperados” por justicia

Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.

“Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado”, dijo el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco inflable del líder chavista con traje de presidiario y esposas.

Militantes de izquierda levantaban pancartas con mensajes como “Liberen a Maduro” y críticas a la política de Trump: “¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!”.

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En determinado momento hubo un breve altercado entre manifestantes, la policía intervino y escoltó a un hombre fuera del lugar.

“Confiamos”

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.

Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman “presidente”.

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.

El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, insistió en Venezuela en los “vestigios de ilegitimidad” del proceso contra su padre, porque se originó con un “secuestro”.

No obstante, remarcó a la AFP:  “Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos”.

Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.

En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.

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Pero al ser uno de los jueces federales más viejos, algunos no están seguros de que sea el más indicado para presidir el que podría ser un prolongado juicio contra el exmandatario venezolano, que enfrenta cargos de narcotráfico.

“El tema de la edad no puede ser ignorado”, dijo a la AFP Shira Scheindlin, exjueza federal de Nueva York.

Aún así, elogia a Hellerstein, nacido en 1933, como un juez “muy inteligente y astuto”. 

Graduado de la universidad de Columbia, Hellerstein fue abogado militar en el seno del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas entre 1957 y 1960.

Fue nominado por el expresidente Bill Clinton en 1998 como juez del distrito sur de Nueva York.

“Una reputación merecida”

Entre sus casos más notables figuran los juicios civiles vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, los relacionados con el trato de la CIA a detenidos acusados de “terrorismo” o aquellos sobre abusos infligidos a presos de cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán.

El magistrado se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que aparece Maduro desde 2020.

Hellerstein ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.

También ha tenido enfrentamientos con el presidente Donald Trump, a quien rechazó una solicitud de traslado de Nueva York a un tribunal federal de su juicio por falsificación de registros para enmascarar pagos hechos a la exactriz de cine porno Stormy Daniels.

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Y el año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin una audiencia judicial.

“Hellerstein goza de una merecida reputación por buscar hacer justicia en cada caso y por ser independiente e imparcial”, dijo el profesor de derecho Carl Tobias de la Universidad de Richmond.

En un notable fallo de 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Estados Unidos que difundiera un gran número de fotografías que mostraban abusos contra detenidos en Irak y Afganistán.

También se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado en octubre cómplice de atrocidades en Sudán.

El jurado condenó al banco a pagar 20,75 millones de dólares a las víctimas.

Un juicio de interés público

El sorprendente arresto de Maduro en enero, en un ataque militar de Estados Unidos en Caracas, ha atraído la atención pública hacia el caso y hacia el juez a cargo.

Según The New York Times, a Hellerstein se le vio quedarse dormido durante un juicio el año pasado y tuvo que ser despertado por sus colegas.

Su concentración será observada con atención en el caso de Maduro, ya que el forcejeo entre la defensa y la fiscalía amenaza con prolongar el proceso.

“Este caso podría no ir a juicio por al menos un año o quizá dos. Para ese momento, él tendría 93 o 94 años”, mencionó Scheindlin. 

“No tengo ninguna duda de que estaría en condiciones de juzgar el caso mañana. Pero el caso no se juzgará mañana”, añadió.

La próxima audiencia de Maduro ante el tribunal está prevista para el jueves, día en que deberá comparecer ante el juez, junto con su esposa Cilia Flores, quien también se ha declarado inocente.

Por: AFP

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Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde su hace casi tres meses.

Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. A su caída asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

En la audiencia del jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.

El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Se espera un refuerzo de seguridad en los alrededores del tribunal.

“Están muy bien, muy fuertes”

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.

Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman “presidente”.

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.

“Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”, aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.

En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.

Presión de Estados Unidos

En su primera audiencia ante una corte, Maduro adoptó un tono desafiante y se identificó como presidente de Venezuela.

Bajo presión estadounidense, Delcy Rodríguez lucha por dirigir un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.

La mandataria interina impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos.

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Este mes, Estados Unidos restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura.

Al frente del caso está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

Por AFP

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