“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dijo el juez John Coughenour, de acuerdo con el diario Seattle Times, durante una audiencia en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados.

Tras regresar a la Casa Blanca, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a remodelar el sistema migratorio de Estados Unidos, entre ellas una destinada a poner trabas al derecho de suelo, ciudadanía por nacimiento, contemplado en la Constitución. 

De aplicarse, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense.

En consecuencia, 22 estados de tendencia demócrata presentaron dos demandas ante la justicia para bloquear la acción, al igual que una coalición de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes que también entró con una tercera querella en otro estado.

El juez Coughenour escuchó a ambas partes en una audiencia este jueves para atender la demanda suscrita por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón.

“Llevo en el banquillo más de cuatro décadas y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en éste”, dijo Coughenour, de acuerdo con Seattle Times

“Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que es una orden constitucional”, dijo el juez al abogado de la administración Trump, según otros medios locales. “Me deja perplejo”.

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Su fallo es el primero en abordar la orden que ha desatado críticas en el país.

La 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense fue adoptada en la segunda mitad del S.XIX como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo de garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, reza.

El mandatario de 78 años reconoció el lunes mientras firmaba la orden que su acción enfrentaría desafíos legales.

“Ya veremos (…). Creo que tenemos muy buenos fundamentos”, comentó cuando fue cuestionado por periodistas al respecto.

Trump también afirmó erróneamente que Estados Unidos es el único país del mundo que reconoce el derecho de suelo.

Decenas de países conceden ciudadanía automática a los niños que nacen en su territorio, incluyendo sus vecinos Canadá y México.

Por: AFP

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Gina Méndez Miró, una jurista de 49 años, obtuvo el apoyo de 54 de 100 senadores y se convertirá en jueza en el tribunal federal de Puerto Rico.

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema y a los federales de por vida. Corresponde luego a la Cámara Alta del Congreso confirmar esta elección mediante una votación.

Con los demócratas en control del Senado desde que asumió en 2021, Biden pudo validar a sus candidatos a un ritmo acelerado. Podrá seguir haciéndolo hasta el final de su mandato, ya que las elecciones de noviembre han consolidado a su partido en la Cámara alta.

Congrats to Gina Méndez-Miró on being confirmed as district court judge in Puerto Rico, our Administration's 100th judicial confirmation.

These judges reflect the diversity of America and come from professional backgrounds historically underrepresented on the bench.

— Vice President Kamala Harris (@VP) February 15, 2023

Decidido a fortalecer la diversidad de perfiles, Biden eligió hasta ahora tres cuartas partes de mujeres y solo un tercio de personas blancas, según la organización jurídica American Constitution Society.

También llevó, por primera vez en la historia, a una mujer negra, Ketanji Brown Jackson, a la Corte Suprema.

Méndez Miró será la primera miembro de la comunidad LGBT como juez federal de Puerto Rico, según el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.

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En cuatro años de mandato, Trump llevó a los tribunales federales a más de 230 jueces, de los cuales las tres cuartas partes eran hombres y el 85%, blancos, en línea con sus promesas electorales de elegir magistrados opuestos al aborto, defensores de la posesión de armas y de las libertades religiosas.

Dejó así una huella duradera en el sistema judicial, cuyos efectos se sienten particularmente en la Corte Suprema. Tras la renovación de un tercio de sus nueve jueces, el alto tribunal ha dado un giro brusco a la derecha, dinamitando en particular el derecho al aborto.

Con información de AFP

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El llamado Título 42, un decreto aprobado por el gobierno del expresidente Donald Trump en 2020, tiene sus orígenes en una ley del siglo XIX que raramente fue utilizada, permite a las autoridades estadounidenses la autoridad de expulsar de forma inmediata y sin proceso legal a los migrantes sin visa presentes en la frontera terrestre de Estados Unidos, inclusive aquellos quienes soliciten asilo.

La Administración de Joe Biden anunció el pasado abril que la medida expiraría el lunes 23 de mayo, pero a solicitud de 24 estados con gobernantes republicanos, este viernes 20 de mayo el juez federal de Louisiana, Robert Summerhays, emitió una orden judicial temporal para bloquear esta acción lo que permite que la citada medida sanitaria permanezca en pie.

Juez estadounidense suspende la decisión de Biden de terminar con expulsiones de migrantes bajo el Título 42

Un juez federal estadounidense suspendió la decisión del Gobierno del mandatario Joe Biden de dejar sin efecto la expulsión de migrantes https://t.co/0WYOvwVsZ8 pic.twitter.com/su8bNRy7bM

— Radio Cuervo Latin 2 (@RCLatin2) May 20, 2022

“De acuerdo con el tribunal, los estados demandantes han completado los requerimientos para una orden judicial temporal”, dice el fallo según una reseña de la AFP.

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La Casa Blanca expresó su desacuerdo con el dictamen y anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión, según información ofrecida por la portavoz del Gobierno Karine Jean-Pierre a través de un comunicado.

“La autoridad para establecer las políticas de salud pública a nivel nacional debe recaer en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y no en un único tribunal de distrito”, dice el texto del comunicado, que confirma que la medida se continuará aplicando mientras se espera el resultado de la apelación.

Opiniones adversas

Activistas y expertos consideran que la ejecución del Título 42 vulnera el derecho internacional al no acoger a quienes buscan asilo o huyen de condiciones violentas en sus países de origen.

“La desafortunada decisión de hoy (viernes 20 de mayo), dice que el Gobierno puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restaurar las leyes de migración normales sin atravesar un largo y complicado proceso”, dijo a la AFP Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Concejo Estadounidense para Migración, una organización sin fines de lucro.

“Esta decisión sin sentido derivará en más sufrimiento para quienes buscan asilo y generará más caos en la frontera”, acotó.

“El Título 42 ha tenido un enorme efecto perjudicial en migrantes que buscan asilo”, comentó Reichlin-Melnick quien refiere que en muchos casos estas expulsiones no implican una deportación a los países de origen, dejando a las personas en una especie de limbo y en una situación de alta vulnerabilidad.

Por su parte el juez Summerhays enfatizó en su fallo que los estados demandantes “argumentan que acabar con esta medida derivará en un aumento de los cruces fronterizos y que esto implicará el aumento de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos”.

No obstante, especialistas señalan que aunque es imposible anticipar lo que ocurrirá si se levanta el Título 42 y se activan las leyes migratorias, la propia naturaleza de esta medida sanitaria puede haber contribuido a inflar las cifras de las autoridades fronterizas, porque los expulsados pueden intentar cruzar una infinita cantidad de veces.

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Desde que la administración del expresidente Donald Trump invocó la medida en marzo de 2020, el Título 42 ha sido utilizado más de 1,8 millón de veces para expulsar personas en la frontera terrestre, pero eso no se traduce necesariamente en cantidad de migrantes.

“Tenemos una visión ligeramente distorsionada de las cifras totales de cruces fronterizos. Algunas personas han cruzado varias veces. Eso aumenta los números de aprehensiones por las autoridades y parece que más gente está cruzando la frontera de lo que en realidad ocurre”, explicó Reichlin-Melnick.

Para los expertos, en estos intentos los migrantes se exponen cada vez más, muchos arriesgándose en peligrosas rutas a través del desierto, de las corrientes de ríos o saltando el muro fronterizo que en algunos tramos alcanza 9,1 metros de altura.

Según datos de las autoridades estadounidenses, el año 2021 fue el más letal tras registrarse 557 muertes en la frontera.

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Esta política que se conoce formalmente como el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), afecta a miles de migrantes indocumentados solicitantes de asilo en la frontera sur estadounidense porque los obliga a permanecer en México mientras se resuelve su situación migratoria en las cortes de Estados Unidos.

El máximo tribunal de mayoría conservadora que cuenta con nueve magistrados, se opuso a la petición de la Casa Blanca que ahora deberá cumplir con el fallo del juez federal del estado sureño, emitido el 13 de agosto pasado.

La orden de la Corte Suprema significa que el dictamen del magistrado federal de distrito, Matthew Kacsmaryk, entrará en vigor.

Organizaciones defensoras de la migración y parlamentarios demócratas reprochan al MPP porque aseguran esta política expone a los migrantes a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas del país azteca.

Si bien aún no se sabe a cuántas personas afectará esta política migratoria, también es cierto que no hay nada que impida a la Administración Biden intentar nuevamente suspender dicho programa. La petición de Washington podría volver a ser estudiada por la Corte Suprema.

Desde enero del presente año cuando asumió como Presidente de Estados Unidos, Biden ha pretendido revertir muchas de las políticas migratorias implantadas por Trump. El demócrata suspendió las inscripciones al programa MPP bajo el cual más de 60.000 personas fueron enviadas a una larga espera en México.

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Los estados de Texas y Missouri demandaron a la Administración Biden por suspender la política de “Quédate en México” y luego de haber permitido que cientos de migrantes ingresaran a territorio estadounidense.

Ahora el caso pasará a un tribunal de apelaciones y podría regresar a la Corte Suprema. El juez Samuel Alito, miembro del máximo tribunal, ordenó una breve demora para que la Corte considere la apelación de la Administración Biden.

La situación en la frontera sur estadounidense es una preocupación perenne para Biden, que en su campaña electoral prometió un trato más humano a los inmigrantes.

Durante los primeros meses del actual Gobierno se ha registrado un alarmante aumento del número de personas cruzando de forma ilegal la línea entre México y Estados Unidos. Los arrestos de indocumentados alcanzaron en meses recientes, niveles jamás vistos en más de 20 años.

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Recién iniciada la administración del presidente Joe Biden, el pensilvano firmó una orden ejecutiva que detenía por 100 días las repatriaciones. No obstante cientos de personas han salido del país llevados a los aviones por el ICE.

Esto se debe a que un juez federal ordenó la semana pasada al gobierno de Biden que no implementara una moratoria de 100 días a las deportaciones. Según Associted Press, en días recientes el ICE ha deportado a inmigrantes al menos a tres países. Quince personas a Jamaica el jueves y 269 a Guatemala y Honduras el viernes. La agencia indicó para el momento que había más vuelos de deportación programados el lunes.

Todo debido al contrapeso

Un trabajo editorial firmado por Nomaan Merchant de la AP, mencionó algunos vacíos. Se “desconoce cuántas de esas personas son consideradas amenazas a la seguridad nacional”. Esta categoría se consideran prioritarios para la deportación. El imperativo se cristalizó según las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional que entraron en vigor el lunes.

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Las expulsiones en los EEUU de inmigrantes ilegales son debido al contrapeso que las ramas del poder del Estado ejercen unas sobre otras.  Algunas de las personas repatriadas podrían haber sido expulsadas con base en una orden de salud pública. La directriz fue creada por el expresidente Donald Trump durante la pandemia de coronavirus y Biden la ha mantenido.

Las promesas de campaña

Durante la campaña presidencial, tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris se opusieron manifiestamente a las prioridades del gobierno de Trump en materia de inmigración.

Melissa López, directora ejecutiva del organismo sin fines de lucro Diocesan Migrant & Refugee Services, dio su opinión.  “Es importante que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris se iluminen. A pesar de sus deseos muy claros sobre el trato que se les da a los inmigrantes, seguimos viendo a que son maltratados e ignorados a nivel local”, dijo López.

Las autoridades migratorias siguen su agenda debido al contrapeso de los poderes. El ICE señaló el viernes que había deportado a gente a Jamaica. Lo hizo en cumplimiento de una orden judicial de la semana pasada. La agencia no respondió a varias solicitudes para que hiciera más comentarios sobre otros vuelos de deportación.

Funcionarios de Honduras confirmaron que 131 personas iban a bordo de un vuelo de deportación que aterrizó el viernes. Otro vuelo que llegó a Guatemala el viernes traía a 138 personas. Se prevé que 30 personas más arriben el lunes, dijeron funcionarios locales.

Preguntas de la Casa Blanca

La Casa Blanca refirió las preguntas al DHS. Un portavoz de la agencia no respondió a las solicitudes de comentarios. La representante federal demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye a El Paso, dijo que su oficina le hizo notar el caso de Rosa a la Casa Blanca. Rosa es una inmigrante deportada que ayudó en el caso de la matanza de El Paso. Fue deportada tras una infracción de tránsito. Al parecer tenías varias faltas acumuladas.

“Me preocupa que el ICE siga movilizándose con rapidez antes de que el gobierno de Biden tenga una oportunidad de evaluar las cosas y proporcionar más directrices”, señaló Escobar el lunes.

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Dos expertos en leyes dicen que, sin importar la orden del juez sobre la moratoria a las deportaciones, el ICE podría liberar a inmigrantes con órdenes de deportación, mantener gente detenida o demorar de alguna otra forma el proceso de deportación.

“Para la agencia, el programar las deportaciones sigue siendo una cuestión discrecional”, dijo Steve Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad Cornell.

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Con las fechas importantes de las festividades en ciernes el sistema de Justicia desea correcciones en las acciones tomadas en las penitenciarías de Philly. Se ha exigido al Departamento de Prisiones de Filadelfia que realice una prueba COVID-19 a todos los presos y miembros del personal. Los exámenes incluyen a a los oficiales correccionales y supervisores.

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La decisión de confinamiento selectivo asumido por el sistema penitenciario local no ha sido bien visto. Además, de acuerdo a los defensores de los DD.HH. afecta la salud mental de prisioneros y familiares.

La COVID está en la prisión

Sobre este tema escribió pata WYHH el periodista Aaron Moselle. El su texto precisa que el juez de distrito Berle M. Schiller también dictaminó la semana pasada que todas las personas en la prisión deben tener ampliados los mínimos beneficios.

El juez amplió a 45 minutos cada día para ducharse, hacer llamadas telefónicas, y hacer ejercicio. Los defensores de los derechos de los prisioneros dicen que tienen referencias. Algunas personas en las prisiones y cárceles han reportado que tienen 20 minutos – o menos – para completar esas tareas. Todo comenzó  desde que el departamento adoptó medidas de “refugio en el lugar” a principios de diciembre. Se aplicaron restricciones similares durante el encierro implementado durante los dos primeros meses de la pandemia. La COVID está en la prisión nuevamente y la medidas han sido más enérgicas.

Espacio de contrapunto

La comisionada de prisiones Blanche Carney discutió la orden judicial. El instrumento es  parte de una demanda de derechos civiles en curso. Sin embargo recibió una llamada de atención de los concejales de la ciudad durante una audiencia de emergencia convocada para discutir la respuesta del departamento ante la pandemia.

Los legisladores expresaron su preocupación por la práctica del departamento de poner a los prisioneros infectados en aislamiento. Cuestionaron su decisión de no publicar los datos sobre los índices de positividad del personal. Además criticaron a que se acusara a las familias de realizar visitas virtuales a sus seres queridos que viven en el interior.

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En el momento de la audiencia del lunes, las cárceles de la ciudad informaron de 41 casos activos – asintomáticos y sintomáticos – de COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, el departamento ha registrado un total de 1.020 casos de coronavirus positivos, según la ciudad. Actualmente el sistema tiene poco más de 4.300 presos.

Hasta la fecha, un prisionero ha muerto a causa del coronavirus. Carney dijo que un miembro del personal también ha sucumbido al virus desde marzo.

El sitio web de la ciudad COVID-19 no proporciona datos de infección del personal de la cárcel. Una portavoz dijo que no hay planes para cambiar esa política.

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“Las consecuencias de extender la fecha límite repercutirán en todo el proceso electoral, lo que obligaría a los supervisores a desviar recursos para responder llamadas y procesar nuevos registros. Esta situación obstaculizaría otras tareas importantes, como procesar solicitudes de voto por correo y boletas, y administrar la votación anticipada”, dice el fallo.

En su aguda decisión, el juez Walker escribió, “esta corte no puede remediar lo que el estado rompió“. Dijo además que el potencial caos que otra extensión podría inyectar en un ya tumultuoso ciclo electoral, superaba el daño hecho a los potenciales votantes.

El veredicto del juez  Walker ocurrió tras la demanda al estado por parte de los grupos Dream Defenders y New Florida Majority entre otros, que reclamaban una extensión luego que se registrara una interrupción del sistema de registro en línea el pasado lunes 5 de octubre, el último día que los residentes de Florida tenían para registrarse y votar en las Elecciones Generales del 3 de noviembre.

Una mala configuración de los servidores informáticos habría sido el causante de la caída del sitio web de registro de votantes de Florida en la fecha límite, según informó en su momento el jefe de información del estado.

El día que ocurrió la falla en el sistema, Laurel Lee secretaria de Estado de Florida, extendió el plazo de inscripción hasta las 7:00 de la noche del martes 6 de octubre, pero rápidamente las referidas organizaciones presentaron una demanda pidiendo al magistrado Walker que les concediera más tiempo para registrarse a los ciudadanos de Florida.

“Esta es una decisión increíblemente difícil, pero el interés de Florida en prevenir el caos en su ya precaria y perennemente caótica elección, pesa más que la carga sustancial impuesta al derecho al voto”, escribió el juez Walker en su sentencia.

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“Este caso tampoco es un desafío a un estatuto estatal. Este caso trata sobre cómo un estado les falló a sus ciudadanos. En este caso, los votantes potenciales intentaron cumplir con su deber cívico, ejercer su derecho fundamental, solo para ser frustrados, una vez más, por un estado que aparentemente nunca está preparado para una elección ”, sentenció el magistrado en la decisión de 29 páginas.

Walker, considerado en su entorno como un jurista áspero, con frecuencia preside las demandas relacionadas con las elecciones y a menudo ha sentenciado en contra del estado.

“Apenas a un mes del día de las elecciones, con las primeras boletas de voto por correo comenzando a ser contadas, Florida lo ha hecho de nuevo”, amonestó sobre el hecho.

Los datos que unas 50.000 personas se registraron durante el período extendido tras la interrupción del proceso de registro. El juez Walker indicó que, según tendencias anteriores, tal vez otros 20.000 electores pudieron haberse inscrito para votar si hubieran podido acceder al sistema.

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Como consecuencia, el fiscal de distrito Cyrus Vance puede hacer cumplir una citación judicial que envió a los contadores de Trump para que entreguen los documentos, pero los abogados adelantaron que apelarán la medida.

Los defensores de Trump habían argumentado que el cargo de presidente lo hacía inmune a cualquier investigación de cualquier fiscal, sin embargo, el juez Víctor Marrero rechazó este planteamiento.

En su fallo de 75 páginas, la calificó de “repugnante” y explicó: “Este Tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial frente a los procesos judiciales”, reseñan medios estadounidenses.

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Vance está investigando los pagos hechos en las últimas semanas de la campaña de 2016 a dos mujeres que dijeron que habían tenido relaciones íntimas con Trump años antes.

El ex abogado de Trump, Michael Cohen, se declaró más tarde culpable de violaciones a las leyes federales de finanzas de campaña por arreglar esos pagos, y dijo que había sido reembolsado por la Organización Trump, de la cual el presidente aún es dueño.

Posteriormente, los fiscales federales concluyeron su investigación sobre esos pagos sin acusar a nadie más allá de Cohen.

Ahora, la oficina de Vance está investigando para ver si alguna ley estatal fue violada. Sus citaciones pedían ocho años de declaraciones de impuestos de Trump y sus negocios, así como otros documentos.

Los documentos impositivos, que revelarían la verdadera situación financiera, han traído más de un dolor de cabeza al magnate republicano, quien es el primer presidente en varias décadas en no compartir esta información, pese a que lo prometió durante la campaña electoral.

El mandatario se pronunció en Twitter tras la noticia, con críticas a la oposición. “Han fallado en todos los frentes, entonces ahora están impulsando a los fiscales para ir tras él. Algo como esto nunca le ha pasado a ningún presidente antes. ¡Ni de cerca!”.

The Radical Left Democrats have failed on all fronts, so now they are pushing local New York City and State Democrat prosecutors to go get President Trump. A thing like this has never happened to any President before. Not even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

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