Krasner, exabogado de derechos civiles y figura clave del movimiento progresista en la justicia penal, inicia su tercer mandato al frente de la fiscalía.

Se postuló por primera vez en 2017 como un autoproclamado reformista progresista y, durante sus gestiones, ha impulsado políticas de alto impacto, como la eliminación de los procesos por posesión de marihuana, la reducción del uso de la fianza en efectivo para delitos menores y no violentos, y la disminución de las penas de prisión en ciertos casos.

Su oficina también ha procesado activamente a agentes de policía acusados de mala conducta, una decisión que ha generado tanto apoyo como controversia. En su gestión más reciente, Krasner ha destacado una disminución de los crímenes violentos en la ciudad, al tiempo que ha reforzado el trabajo contra las pandillas responsables de múltiples delitos en los barrios más vulnerables de Philadelphia.

En su discurso durante el acto de juramentación de su tercer mandato, Krasner prometió seguir trabajando para hacer de Philadelphia un lugar más seguro.

La ciudad registra actualmente una de las tasas de homicidios más bajas en décadas. Según datos del Philadelphia Police Department, en 2025 se contabilizaron 222 homicidios, una cifra inferior a los 269 registrados en 2024 y los 410 reportados en 2023.

Brady y su primer mandato completo

Durante las ceremonias de inauguración celebradas en el Marian Anderson Hall del Centro Kimmel, Brady también prestó juramento para su primer mandato completo como controladora.

Con una trayectoria profesional marcada por el servicio público y la supervisión financiera, Brady ha trabajado para garantizar que el dinero de los contribuyentes se administre con responsabilidad y en consonancia con las necesidades de los residentes de Philadelphia. Su victoria refuerza su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el gobierno local.

Brady comenzó su carrera como auditora principiante y ascendió hasta convertirse en la primera mujer subdirectora de Auditoría, dirigiendo la división más grande de la Oficina del Contralor.

Fue nombrada contralora interina en noviembre de 2022 por el entonces alcalde Jim Kenney, tras la renuncia de Rebecca Rhynhart para postularse a la alcaldía. En 2023, Brady ganó una elección especial para completar los dos años restantes del mandato de Rhynhart.

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Como controladora, asumió la responsabilidad de coordinar las divisiones de Preauditoría, Auditoría, Investigaciones, Finanzas, Política y Datos. También formó parte de la Junta de Pensiones y Jubilación, donde supervisó inversiones y pagos de pensiones, y de la Comisión del Fondo de Amortización, encargada del plan de pensiones de Philadelphia Gas Works (PGW).

Durante su gestión, la Oficina del Contralor impulsó investigaciones clave que fortalecieron la confianza ciudadana. Bajo su liderazgo se examinaron las demoras en el proceso municipal de demolición de propiedades peligrosas, se exigió responsabilidad por errores en el uso de fondos destinados a combatir la violencia armada y se analizó la distribución de recursos provenientes de acuerdos relacionados con la crisis de opioides. Además, se identificaron pérdidas millonarias por fraude en el impuesto sobre la propiedad y se supervisó el gasto del programa de reconstrucción urbana.

En este nuevo mandato, Brady se comprometió a ampliar la supervisión del programa de vivienda de la alcaldesa Cherelle Parker, Housing Opportunities Made Easy (H.O.M.E.), para garantizar que cada dólar se utilice según lo previsto y se contabilice adecuadamente. También buscará prevenir el fraude en el gasto municipal relacionado con importantes eventos que se celebrarán en 2026 y realizará una revisión de las operaciones de PGW.

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Según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), los ocho jueces trabajaban en el número 26 de Federal Plaza en Manhattan. Esta sede alberga el tribunal que revisa casos de migrantes que intentan regularizar su estatus.

Durante meses, agentes federales enmascarados han patrullado diariamente los pasillos del edificio federal Jacob K. Javits. Los oficiales realizan arrestos de migrantes al salir de las audiencias bajo la mirada de la prensa, que suele estar presente.

Imágenes de enfrentamientos con la policía y de familias inmigrantes que son separadas se han vuelto virales en todo el mundo, lo que ha convertido al 26 de Federal Plaza en un lugar simbólico de la ofensiva de la administración de Trump contra los migrantes en Estados Unidos.

No está claro qué llevó al despido de los ocho jueces de Nueva York. Sin embargo, ya son aproximadamente 90 los despedidos durante el año en todo el país de un total de 600, según un informe del New York Times.

De acuerdo con grupos de defensa de los migrantes, los despidos tienen como objetivo reemplazar a estos jueces por otros más alineados con la política de inmigración de la administración Trump.

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Los despidos ocurren después de que un grupo de personas se reunieron en Manhattan el fin de semana para intentar evitar una posible redada de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra vendedores ambulantes. La policía de Nueva York realizó varios arrestos.

Como ciudad santuario para los migrantes, Nueva York limita voluntariamente la cooperación entre sus autoridades locales y los servicios federales de inmigración. Sin embargo, no impide sus operaciones.

Por: AFP

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Juez del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Pennsylvania actúa como tribunal de apelaciones intermedio que gestiona apelaciones penales y civiles en los Tribunales de Causas Comunes del Condado. Es un punto clave en el proceso legal antes de que un caso pueda llegar a la Corte Suprema del estado. Está conformado por tres jueces, pero solo hay un puesto vacante.

• Brandon Neuman, Partido Demócrata: 283,052 votos, 84,32%. Ganador.
• Maria Battista, Partido Republicano: 45,475 votos, 13,55%.

Juez del Tribunal de la Commonwealth

El Tribunal de la Commonwealth es el segundo tribunal de apelaciones intermedio del estado. Se encarga de abordar temas relacionados con los gobiernos estatales y locales, así como con las agencias reguladoras. También funciona como tribunal de primera instancia para demandas que involucran a la mancomunidad. Está integrado por nueve jueces, y sólo hay un puesto vacante.

• Stella Tsai, Partido Demócrata: 281, 568 votos, 85,84%. Ganador.
• Matt Wolford, Partido Republicano: 46, 147 votos, 14, 07%.

Juez del Tribunal de Primeras Instancias

El Tribunal de Primeras Instancias son tribunales que están ubicados en 60 distritos judiciales del estado. Estos se ocupan de importantes casos civiles y penales, incluyendo aquellos como custodia de menores, temas familiares, casos de justicia juvenil, libertad condicional y programas alternativos. Hay nueve puestos vacantes en el Tribunal de Causas Comunes.

• Sarah Jones, Partido Demócrata: 261, 574 votos – 10,37%. Ganador.
• Larry Farnese, Partido Demócrata: 256, 274 votos – 10,16%. Ganador.
• Kia Ghee, Partido Demócrata: 255, 925 votos – 10, 15%. Ganador.
• Will Braveman, Partido Demócrata: 255, 813 votos – 10,14%. Ganador.
• Deborah Watson – Stokes, Partido Demócrata: 254, 571 votos – 10,09%. Ganador.
• Irina Ehrlich, Partido Demócrata: 251 230 votos – 9,96%. Ganador.
• Jennifer A Santiago, Partido Demócrata: 205, 422 votos – 8,14%. Ganador.
• Brian Kisielewski, Partido Demócrata: 203, 167 votos – 8.05%. Ganador.
• Leon A King II, Partido Demócrata: 199, 647 votos – 7,92%. Ganador.
• Anthony Stefanski, Partido Demócrata: 197, 420 votos – 7,83%. Ganador.
• Joseph J. Russo, Partido Demócrata: 177, 530 votos – 7,04%. Ganador.

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Juez del Tribunal Municipal

El Tribunal Municipal es el nivel más bajo del sistema judicial y es donde la mayoría de las personas tienen su primer contacto con el sistema judicial. Este se encarga de procedimientos de desalojo, reclamos menores y deudas. Hay tres cargos disponibles.

• Amanda Davidson, Partido Demócrata: 270, 588 votos – 29,79%. Ganador.
• Sherrie Cohen, Partido Demócrata: 244, 402 votos – 26,91%. Ganador.
• Michael Parkinson, Partido Demócrata: 200, 558 votos – 22,08%. Ganador.
• Cortez Patton, Partido Demócrata: 191, 283 votos – 21,06%. Ganador.

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Este proceso electoral es de gran relevancia para el funcionamiento del sistema judicial y administrativo local, ya que determina a las personas responsables de aplicar justicia, supervisar el uso de fondos públicos y representar los intereses legales de la comunidad.

Para todos aquellos que deseen votar de forma presencial, las urnas electorales estarán abiertas de 7:00 am a 8:00 pm. Si un ciudadano está en la fila antes de la hora de cierre, podrán ejercer su derecho al voto.

Mientras que, aquellos que deseen votar por correo, las papeletas deben ser recibidas por la Junta Electoral del Condado a más tardar a las 8:00 pm del día de la elección. Estas pueden devolverse en persona o por correo postal.

La ciudad cuenta con 34 buzones seguros de entrega de papeletas distribuidos estratégicamente en distintos vecindarios. Los votantes pueden consultar las ubicaciones exactas en el sitio oficial aquí.

En caso de enfermedad o discapacidad física que impida al votante transportar su papeleta, se puede completar el formulario de Agente Designado, disponible aquí. Este documento autoriza a otra persona de confianza a entregar la papeleta en nombre del votante.

Si un ciudadano que solicitó el voto por correo decide finalmente votar en persona, deberá llevar su papeleta y el sobre de declaración del votante al centro electoral y entregarlos al Juez Electoral para poder emitir su voto.

¿Por quienes votar en estas elecciones?

Juez del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Pennsylvania actúa como tribunal de apelaciones intermedio que gestiona apelaciones penales y civiles en los Tribunales de Causas Comunes del Condado. Es un punto clave en el proceso legal antes de que un caso pueda llegar a la Corte Suprema del estado. Está conformado por tres jueces, pero solo hay un puesto vacante.

• Brandon Neuman – Partido Demócrata
• Ann Marie Wheatcraft – Partido Republicano

Juez del Tribunal de la Commonwealth

El Tribunal de la Commonwealth es el segundo tribunal de apelaciones intermedio del estado. Se encarga de abordar temas relacionados con los gobiernos estatales y locales, así como con las agencias reguladoras. También funciona como tribunal de primera instancia para demandas que involucran a la mancomunidad. Está integrado por nueve jueces, y sólo hay un puesto vacante.

• Stella Tsai – Partido Demócrata
• Matt Wolford – Partido Republicano

Juez del Tribunal de Primeras Instancias

El Tribunal de Primeras Instancias son tribunales que están ubicados en 60 distritos judiciales del estado. Estos se ocupan de importantes casos civiles y penales, incluyendo aquellos como custodia de menores, temas familiares, casos de justicia juvenil, libertad condicional y programas alternativos. Hay nueve puestos vacantes en el Tribunal de Causas Comunes.

• Will Braveman – Partido demócrata
• Mike Huff – Partido demócrata
• Leon A King II – Partido demócrata
• Larry Farnese – Partido demócrata
• Brian Kisielewski – Partido demócrata
• Irina Ehrlich – Partido demócrata
• Deborah Watson – Stokes – Partido demócrata
• Sarah Jones – Partido demócrata
• Kia Ghee – Partido demócrata
• No se presentaron candidatos para este cargo por el partido republicano

Juez del Tribunal Municipal

El Tribunal Municipal es el nivel más bajo del sistema judicial y es donde la mayoría de las personas tienen su primer contacto con el sistema judicial. Este se encarga de procedimientos de desalojo, reclamos menores y deudas. Hay tres cargos disponibles.

• Sherrie Cohen – Partido demócrata
• Amanda Davidson – Partido demócrata
• Cortez Patton – Partido demócrata
• No se presentaron candidatos para este cargo por el partido republicano.

Fiscal de Distrito

El Fiscal de Distrito de Philadelphia dirige la oficina responsable de procesar delitos menores y graves cometidos en la ciudad. casos penales al año.

• Larry Krasner – Partido Demócrata
• No se presentaron candidatos para este cargo por el partido republicano

Contralor de la ciudad

El Contralor de la ciudad promueve un gobierno municipal honesto, eficiente, eficaz y plenamente responsable. Realiza auditorías y análisis independientes que proporcionan información objetiva a los funcionarios municipales, al público y a otras partes interesadas sobre la situación financiera de la ciudad y sobre cómo mejorar sus operaciones y el uso de los recursos públicos. Philadelphia elige un contralor de la ciudad cada cuatro años.

• Christy Brandy – Partido demócrata
• Ari Patrinos – Partido republicano

Pregunta de la boleta electoral

Además de elegir a los candidatos a los diferentes cargos, los ciudadanos también deberán votar por una pregunta que aparecerá en la boleta electoral: “¿Debería modificarse la Carta de Autonomía de Philadelphia para crear la Oficina del Defensor del Pueblo de Servicios para Personas sin Hogar con el fin de ayudar a los residentes sin hogar, ayudar a proporcionar un acceso justo a recursos esenciales, mejorar la calidad de vida en el sistema de refugios, investigar las quejas de los clientes y brindar supervisión y recomendaciones a los proveedores de servicios para personas sin hogar de la ciudad?”.

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Identificación aceptable

Según la ley electoral de Pennsylvania, solo los votantes que emitan su voto por primera vez en una división electoral deben presentar identificación. Los documentos aceptables son:

Registro electoral emitido por la Oficina de Registro Electoral de Philadelphia

• Licencia de conducir
• Identificación válida emitida por un organismo de Estado
• Identificación válida emitida por el gobierno federal.
• Pasaporte de Estados Unidos
• Identificación de las Fuerzas Armadas
• Identificación de estudiante
• Identificación de empleado
• Identificación sin fotografía emitida por el Estado o un organismo dependiente de este
• Identificación sin fotografía emitida por el Gobierno o un organismo dependiente de este
• Permiso para el uso de armas de fuego
• Factura de servicios básicos actual
• Extracto bancario actual
• Cheque de pago
• Cheque del gobierno
• Derechos del votante

Todos los ciudadanos tienen derecho a votar. Es ilegal que cualquier gobierno estatal o local discrimine a alguien negándole la oportunidad de ejercer su voto en función de su:

• Carrera
• Etnicidad
• Origen nacional
• Pertenencia a una minoría lingüística.

Cualquier persona que experimente intimidación, interferencia, votación ilegal o actividades de campaña dentro de los centros electorales puede comunicarse con el Grupo de Trabajo Electoral del Fiscal de Distrito al teléfono (215) 686-9641.

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Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha arremetido ferozmente contra magistrados por fallar contra sus decretos y bloquear sus medidas para deportar migrantes y recortar el gasto gubernamental.

En un discurso pronunciado el sábado 28 de junio en una conferencia en Carolina del Norte, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, no nombró a ningún individuo o partido, pero dijo que observó “profundas divisiones” y el uso de “adjetivos fuertes” contra el sistema de justicia y los jueces.

“Si alguien expresa una fuerte hostilidad hacia la Corte (…) el peligro es que alguien la utilice para sus propios fines. Y ya hemos visto graves amenazas de violencia y asesinato contra jueces simplemente por hacer su trabajo”, afirmó.

Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), el máximo tribunal estadounidense dictaminó el viernes 27 de junio que las decisiones de alcance nacional emitidas por jueces federales “probablemente exceden los poderes otorgados por el Congreso a los tribunales federales”.

Esto le dio una victoria significativa a la Administración Trump, al limitar el poder de los jueces para bloquear, a nivel nacional, decisiones ejecutivas que consideren ilegales.

En un informe publicado en diciembre pasado, antes del regreso de Trump al poder, Roberts ya había expresado su preocupación por la independencia del Poder Judicial, subrayando que las críticas al trabajo de los jueces podían ser saludables en una democracia, pero que algunas declaraciones caían en la categoría de “intimidación” y “violencia”.

“Los dirigentes políticos tienen derecho a criticar la labor del Poder Judicial, pero deben ser conscientes de que la intemperancia de sus comentarios contra los jueces puede provocar reacciones peligrosas en los demás”, subrayó entonces el presidente del máximo tribunal.

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La violencia y las amenazas contra los jueces en Estados Unidos han aumentado en los últimos años.

Un hombre fue arrestado en 2022 por amenazar con matar al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. En 2023, un juez de Maryland fue asesinado, mientras que un juez en Kentucky fue baleado y asesinado en su tribunal en 2024.

Por: AFP

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Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”. 

Con este fallo el máximo tribunal otorgó una importante victoria a Trump, que piensa aprovecharla al máximo.

“Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional. (…) Tenemos tantas”, declaró el presidente a periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump: “Victoria gigantesca”

“¡Victoria Gigantesca en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado”, declaró antes en su plataforma Truth Social.

En realidad, el máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no.

“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del Poder Ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.

“Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal.

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Las tres juezas liberales discreparon.

El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del Poder Judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.

El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.

El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional.

Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.

Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.

Steven Schwinn, profesor de derecho de la Universidad de Illinois en Chicago, estima que el fallo de la Corte Suprema “socava gravemente la facultad de los tribunales federales para frenar las acciones ilegales del gobierno”.

“Disparidad de derechos”

“El fallo probablemente creará una disparidad de derechos de ciudadanía por nacimiento”, declaró Schwinn a la AFP. Se refiere a que en algunos lugares se reconocería ese derecho a quienes hayan presentado y ganado demandas, pero no a quienes no lo han hecho.

“Este enfoque dispar de derechos individuales es incompatible con nuestra historia y tradición de derechos federales en Estados Unidos y con el estado de derecho”, afirmó. 

La administración de Trump había solicitado a la Corte Suprema que restringiera la aplicación de cualquier orden judicial de un tribunal de distrito a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.

Otros presidentes estadounidenses se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo como Trump.

Por: AFP

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Con una participación de entre 12% y 13%, fueron elegidos 2.680 funcionarios, desde los ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, preso en Estados Unidos.

Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre una posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las inquietudes alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics.

La elección impulsada por el oficialismo de izquierda “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

Pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó un impacto económico, al señalar que la moneda se mantuvo estable y la inversión extranjera directa alcanzó 21.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.

Ahora “no va a tener que estar soltando cantidades de dinero para obtener la resolución” de un caso, añadió, refiriéndose al sector privado.

Sheinbaum defendió que los 13 millones de mexicanos que votaron en las elecciones de jueces

La Suprema Corte fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

El tribunal bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y Sheinbaum acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera el 90% y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana. Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, lideran la votación.

Los comicios no requerían un mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza.

“Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

Sheinbaum defendió que los 13 millones de mexicanos que votaron son más representativos que los senadores que antes escogían a los ministros del Supremo de ternas enviadas por el gobierno.

Cerca de 13 millones de personas salieron a votar libremente por el nuevo Poder Judicial. Ayer fue una jornada electoral histórica.https://t.co/WKab6KOovE pic.twitter.com/P6KWN0MU7E

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 3, 2025

Problema complejo

Expertos coinciden en que la reforma judicial no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico.

Pese a que los postulantes no debían tener antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”.

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Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, un sanguinario capo extraditado a Estados Unidos.

Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en ese país por tráfico de metanfetaminas.

Por: AFP

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Estas votaciones inéditas son la médula de una reforma judicial que el gobierno presenta como panacea para abatir la arraigada corrupción e impunidad del Poder Judicial.

Pero también atizan preocupaciones sobre la independencia de la judicatura y si facilitará a los criminales poder influir en las cortes con amenazas o sobornos.

“Hay razones para creer que las elecciones pueden ser más fácilmente infiltradas por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial”, dijo a la AFP Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Implican, además, “un riesgo de que el electorado no elija a los candidatos basándose en su mérito”, agregó.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostiene que solo quienes desean mantener la “corrupción y privilegios” del Poder Judicial denuncian una elección “amañada” para favorecer al partido gobernante.

“Nada más falso. Ahora lo que queremos es que el pueblo de México decida”, dijo la mandataria izquierdista en un video divulgado el sábado.

El proceso no ha sido empañado hasta ahora por la violencia que a menudo amenaza a los políticos mexicanos.

Pero es probable que los cárteles intenten influir subrepticiamente en los resultados, opina Luis Carlos Ugalde, consultor y expresidente de la autoridad electoral mexicana.

“Es lógico que los grupos del crimen organizado se hayan acercado a jueces y candidatos que son importantes para ellos”, indicó el Ugalde, director de Integralia Consultores, durante un foro del centro de reflexión Diálogo Interamericano.

Carlota Ramos, abogada y subdirectora del despacho de Sheinbaum, reconoció que aunque el riesgo de que las mafias infiltren las instituciones es real, esto ya ocurre de forma “invisible”.

“Tenemos cortes y tribunales locales completos que han sido efectivamente capturados por el crimen organizado”, apuntó la funcionaria, quien integró una de las comisiones de selección de candidatos.

El nuevo sistema permitirá mayor escrutinio de los aspirantes a jueces, agregó.

Cerca de 20 candidatos controvertidos se postulan a jueces

La oenegé Defensorxs ha identificado cerca de 20 candidatos “riesgosos”, incluida Silvia Delgado, antigua abogada del capo Joaquín “Chapo” Guzmán, el cofundador del Cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos.

Toda persona “tiene derecho a que un abogado lo asista”, dijo a la AFP Delgado, quien postula para jueza en el norteño estado de Chihuahua.

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Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad.

Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

“Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto”, afirmó en un video en Facebook.

“Buena reputación”

El domingo, desde las 08H00 locales (14H00 GMT), se elegirán unos 880 jueces federales -incluyendo a ministros de la Suprema Corte- así como a más de 1.700 magistrados regionales para 19 estados. Otra elección para las entidades restantes tendrá lugar en 2027.

Se pide a los candidatos un título en derecho, experiencia y “buena reputación”, así como no tener antecedentes penales.

Sheinbaum ha desestimado indicios de que la jornada tendría escasa participación, en parte por la complejidad del ejercicio.

“Ni siquiera sabemos en dónde van a estar las casillas. Hay una desinformación muy grande”, dijo a la AFP Teresa Vargas, abogada de 63 años, quien reconoce que no sabe bien cómo ni por quién votar.

El INE, autoridad que organiza los comicios, estima que participe entre 13% y 20% del electorado.

El trabajo de un “buen votante” implica elegir decenas de jueces entre centenares de candidatos, lo que requeriría horas de investigación, explicó David Shirk, profesor de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos.

Considera además que el grueso de la corrupción judicial se concentra en las fuerzas del orden y en las fiscalías.

“Es mucho más fácil sobornar a un fiscal y evitar cargos en general que terminar en el tribunal y luego tener que influir en el juez”, dijo Shirk, director del proyecto de investigación Justicia en México.

La reforma fue defendida por el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien se enfrentó frecuentemente con los tribunales y los acusó de servir a la élite política y económica.

La principal razón de las elecciones parece ser que López Obrador “tenía un resentimiento contra los jueces”, opinó Shirk.

Por: AFP

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El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington. Lo consideran inconstitucional.

Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.

Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados de los cuales seis son conservadores. Le pide que restrinja la aplicación de la orden judicial a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.

“Los tribunales han emitido 40 medidas cautelares universales contra el gobierno federal”, afirmó el asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial.

“Las medidas cautelares universales exceden la facultad judicial (…) y perturban el delicado equilibrio constitucional de la separación de poderes”, añadió. Las comparó con un “arma nuclear” que restringe al presidente.

“Atrápame si puedes”

Los jueces expresaron su preocupación por el uso creciente de órdenes judiciales nacionales pero parecieron divididos sobre cómo abordar el problema.

Sonia Sotomayor, una de las progresistas, afirmó que si las medidas cautelares no se aplicaran a todos los afectados cada uno de ellos se vería obligado a presentar un recurso por separado o uno colectivo.

“Si hablamos de los cientos y miles de personas que no participaron en la sentencia del tribunal, todas tendrían que presentar demandas individuales, o una demanda colectiva. Una demanda colectiva sería algo sin sentido”, dijo.

La también jueza progresista Ketanji Brown Jackson alertó del riesgo de convertir el sistema judicial “en un régimen de ‘atrápame si puedes'” donde “todos tienen que tener un abogado y presentar una demanda para que el gobierno deje de violar los derechos de las personas”.

Sauer respondió que el “‘atrápame si puedes’ opera en la dirección opuesta, donde tenemos al gobierno corriendo de jurisdicción en jurisdicción, teniendo que, de alguna manera, despejar la mesa para poder implementar una nueva política”.

El juez conservador Samuel Alito estimó que los fallos judiciales nacionales plantean un “problema práctico” porque hay cientos de jueces de tribunales de distrito y todos están “convencidos de que tienen razón”.

Otros presidentes estadounidenses se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo.

Jeremy Feigenbaum, el procurador general de Nueva Jersey, uno de los 23 estados que han presentado demandas contra el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, reconoció que hay problemas con las órdenes judiciales universales, pero dijo que hay “una base extraordinaria para esta”.

“Un caos”

Permitir decisiones judiciales separadas sobre el tema en diferentes estados llevaría a un “caos en el terreno donde la ciudadanía de las personas se enciende y se apaga al cruzar las fronteras estatales”, opinó Feigenbaum.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump instó a la Corte Suprema a fallar a su favor.

“La ciudadanía por nacimiento no estaba destinada a personas que toman vacaciones para convertirse en ciudadanos permanentes de Estados Unidos de América, y traen a sus familias con ellos, riéndose todo el tiempo de los ‘TONTOS’ que somos”, dijo.

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Sauer sostuvo que el decreto de Trump “refleja el significado original de la 14ª Enmienda, que garantizaba la ciudadanía a los hijos de los antiguos esclavos, no a los migrantes ilegales o visitantes temporales”.

En 1898 la Corte Suprema rechazó este argumento.

Por: AFP

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“Si el juez Roberts y la Corte Suprema de Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes inmediatamente, ¡nuestro país tendrá problemas serios!”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social en referencia al presidente del tribunal John Roberts.

“Estos jueces quieren asumir los poderes de la presidencia sin necesidad de obtener 80 millones de votos. Quieren todas las ventajas sin ningún riesgo”, sostuvo. 

El juez federal de Washington James Boasberg ordenó el sábado suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Pero varios vuelos con migrantes, muchos de ellos expulsados en aplicación de esa ley, aterrizaron en El Salvador, lo que llevó al magistrado a pedir explicaciones a la administración Trump.

“Insuficiente”

En un escrito publicado, el juez estima que el gobierno presentó sus alegatos “poco después de la fecha límite”, y además “volvió a eludir sus obligaciones” al no proporcionar la información que le pide. “Esto es lamentablemente insuficiente”, afirmó.

El magistrado designado por el expresidente demócrata Barack Obama quiere saber a qué hora partieron los aviones, desde dónde y cuándo abandonaron el espacio aéreo estadounidense, entre otras cosas.

El gobierno estadounidense asegura haber cumplido la orden desde el momento en el que el juez la puso por escrito y sopesa la posibilidad de invocar del derecho al secreto de estado.

El juez ha pedido a los funcionarios de la administración que el viernes presenten “una declaración jurada de una persona directamente involucrada en las discusiones a nivel del gabinete” sobre si se acogen al privilegio del secreto de estado.

Y para el martes deben decirle si invocan el secreto de estado y especificar qué les hace pensar que no traer de vuelta a los “miembros del grupo expulsados de Estados Unidos en los dos primeros aviones que despegaron el 15 de marzo” no quebranta su orden de suspensión temporal.

“Lunático”

Esta semana el presidente Trump llamó al juez Boasberg “lunático de la izquierda radical” y pidió que lo destituyan, un llamado que hizo reaccionar al presidente de la Corte Suprema.

“Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, afirmó Roberts.

Pero Trump no da su brazo a torcer.

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“Estos lunáticos no se preocupan en absoluto por las repercusiones de sus peligrosas e incorrectas decisiones y fallos. Los abogados buscan sin cesar a estos jueces en Estados Unidos y presentan demandas en cuanto los encuentran”, escribió este jueves.

“Es necesario permitir que un presidente actúe con rapidez y determinación en asuntos como el regreso de asesinos, narcotraficantes, violadores y otros criminales a su patria o a otros lugares que garanticen la seguridad de nuestro país”, añadió.

Trump suele equiparar a los migrantes con delincuentes, sin aportar pruebas. Los datos oficiales muestran una caída de la criminalidad en el país a pesar de un aumento de extranjeros.

La Casa Blanca acusó este miércoles al “régimen hostil” del mandatario venezolano Nicolás Maduro de enviar a Estados Unidos a miembros del Tren de Aragua, que califica de “terroristas”.

Muchas de las decisiones tomadas por el presidente republicano desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, incluidas las relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y la presencia de personas transgénero en el ejército, han sido impugnadas en los tribunales y a menudo suspendidas por jueces que creen que Trump se extralimita.

Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.

Tres de ellos fueron nombrados por el propio Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Por: AFP

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