En el informe, este importante movimiento global destacó que América Latina seguía siendo una región peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos, que eran objeto de detención arbitraria, campañas de difamación, desaparición forzada, desplazamiento forzado, vigilancia ilegal, homicidio, amenazas, tortura, y juicios injustos, entre otros abusos.

En países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, los defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro de ser objeto de ataques y hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales y los actores no estatales.

Mientras que, en Bolivia, los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi sufren amenazas y agresiones; y, en Perú, cuatro defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente, tres de los cuales eran líderes indígenas, perdieron la vida de forma violenta.

En cuanto a Venezuela, en 2024, las protestas que siguieron al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en julio se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.

En este país, no se garantizó el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia; se registraron detenciones arbitrarias y juicios injustos, torturas y otros maltratos, condiciones de reclusión inhumanas, impunidad, se registraron nuevos ataques a la libertad de expresión y los defensores de los derechos humanos seguían corriendo un grave peligro.

En Colombia, pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego, la población civil siguió viéndose afectada por las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario causadas por el conflicto armado, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes sufrían de forma desproporcionada.

También continuaron las desapariciones forzadas, y las búsquedas seguían siendo dificultosas. La violencia contra los defensores de los derechos humanos era generalizada, pese a las medidas adoptadas por el gobierno para mejorar su protección. 

En Cuba se redujeron los servicios sociales y la población tenía dificultades para acceder a los alimentos y los medicamentos. Se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión, mientras que persistieron las detenciones arbitrarias y la criminalización de activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes.

AI: “Los gobiernos no garantizaron mecanismos adecuados de protección”

En América Latino, “los gobiernos no garantizaron mecanismos adecuados de protección a las personas defensoras de los derechos humanos”, precisa el informe de AI, el cual fue publicado en la página web de este movimiento comprometido en crear un futuro en el que todos disfrutan de los derechos humanos.

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En Brasil, el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos funcionaba en menos de la mitad de los estados del país, mientras que, en Honduras, las organizaciones locales expresaron su preocupación por la debilidad e ineficacia del mecanismo nacional de protección.

En Perú, el Ministerio del Interior seguía careciendo de un protocolo para coordinar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos con la policía.

El escrito concluye que los estados deben garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. “Las ONG y otras asociaciones y movimientos de derechos humanos deben ser respetadas”.

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Human Rights Watch es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York , y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.

HRW dio a conocer detalles de su informe anual en el que destacó “el enfoque punitivo de la Administración Trump hacia quienes buscan asilo y la gente pobre de color”.

De acuerdo al reporte las normas de inmigración dictadas por la Administración Trump han empujado a tantas personas tan lejos de la protección de sus derechos, que incluso sus vidas pueden estar en peligro”, afirmó Nicole Austin Hiller, la directora del Programa EE.UU. en HRW.

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“En el caso de ciertos grupos marginales en Estados Unidos, el Gobierno parece estar dedicado a un ataque total contra sus derechos humanos fundamentales”, añadió.

El actual director ejecutivo de Human Rights Watch es Kenneth Roth, quien ha mantenido esta posición desde 1993. Roth es egresado de las universidades de Yale y Brown. Su padre huyó de la Alemania nazi en 1938. Empezó a trabajar en derechos humanos después de la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, y posteriormente se involucró en asuntos en Haití.

Human Rights Watch indicó que el Gobierno de Estados Unidos ha detenido a los migrantes, incluidos menores de edad, “en instalaciones inhumanas, traumatizantes y parecidas a cárceles; ha separado a la fuerza las familias, y ha obstaculizado la asistencia pública para los inmigrantes y sus familiares que son ciudadanos estadounidenses”.

Desde que el presidente Trump instauró una política que devuelve a México a los migrantes que llegan a la frontera sur buscando asilo, miles de personas “esperan audiencias en condiciones peligrosas e insalubres”, indicó el informe.

Según HRW, el Gobierno de Trump “debería poner fin a las políticas abusivas que castigan a quienes piden asilo y los someten, a ellos y a los niños y familias migrantes, a detención innecesaria e inhumana, y debería adoptar en cambio procedimientos justos para el asilo y la migración”.

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En la 30° edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.

En el caso de los inmigrantes llegados del Triángulo Norte, dijo que El Salvador, es una nación con las tasas más altas de homicidio en el mundo y “las bandas ejercen control territorial sobre barrios específicos y extorsionan a los residentes en todo el país”.

El informe de HRW señaló que en México “las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidas la tortura, desapariciones forzadas y abusos de los migrantes, han continuado bajo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Los avances logrados en Guatemala en el enjuiciamiento de los casos de corrupción y abuso en años recientes “corren peligro después que el gobierno decidió no extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, auspiciada por las naciones Unidas”, agregó el informe.

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