El Departamento de Justicia anunció el 18 de mayo la creación de ese fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar lo que el gobierno de Trump ha presentado como una “politización” de la justicia durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

La jueza Leonie Brinkema, de Alexandria, prohibió al gobierno operar el fondo hasta nuevo aviso.

Su orden impide la transferencia de dinero al fondo, la consideración de reclamaciones y el desembolso de cualquier pago, para evitar que se distribuya “de manera irreversible” dinero alguno antes de que sea presentada la impugnación legal.

El fondo fue creado como parte de un acuerdo extraordinario en la demanda civil de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El gobierno afirma que pretende compensar a personas que sufrieron persecución judicial (‘lawfare’).

Pero los opositores sostienen que el fondo no tiene una base jurídica clara, cuenta con escasa supervisión y podría utilizarse para recompensar a leales, incluidas personas condenadas por el asalto al Capitolio en 2021.

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La orden de Brinkema responde a una demanda presentada por Andrew Floyd, un exfiscal federal que investigó y procesó a los acusados por el asalto al Capitolio, y a Jonathan Caravello, un profesor de California detenido cuando se manifestaba contra una redada antimigratoria.

Los demandantes argumentaron que el fondo podía llevar a una colusión entre Trump y su gobierno, “sin autorización del Congreso, sin base legal y sin rendición de cuentas”.

La jueza fijó una audiencia para el 12 de junio.

Por: AFP

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