“Está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”, dijo el mandatario mexicano tras conocer que Trump se convirtió en el primer expresidente incriminado por la justicia en la historia de Estados Unidos.

“Mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos, electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump”, explicó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/vEMKGhcQKX

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 5, 2023

El multimillonario de 76 años enfrenta 34 cargos de falsificación de registros mercantiles, relacionados con el pago de 130.000 dólares a la estrella del porno Stormy Daniels, antes de las elecciones presidenciales de 2016, para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que él siempre ha negado.

López Obrador refirió que es “una degradación de la seriedad que deben de tener las leyes”, pues consideró que ha pasado mucho tiempo de los hechos que se le imputan a Trump.

“No sé si haya cometido delito, no me corresponde, pero me llama la atención que le están acusando de algo que sucedió en 2006. ¿Cuántos años lleva? 17. Y no lo digo porque se trata del presidente Trump, no, cualquiera”, indicó.

Esta imputación, señaló el mandatario mexicano, perjudica a Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2024. “Legalmente sí puede participar, pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio”, denunció.

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Trump se declaró “no culpable” de falsificar documentos contables durante una audiencia penal realizada el pasado martes 4 de abril en Nueva York.

Esta es la segunda ocasión en que López Obrador sale en defensa de Trump en las últimas dos semanas, luego que el pasado 21 de marzo criticó el posible arresto del exmandatario republicano por el mismo caso.

La simpatía de López Obrador por el magnate neoyorquino ocurre a pesar de la agresiva retórica antimexicana que Trump utilizó durante la campaña que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos en 2016 y que mantuvo ocasionalmente cuando ya estaba en el poder.

Aunque López Obrador aseguró como candidato que confrontaría a Trump por su postura contra México, una vez en la presidencia mantuvo una relación muy cordial y de cooperación, con ribetes polémicos en el caso de la migración, en la que ambos mandatarios se llamaron mutuamente “amigos”.

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Jorge di Lello, que hace así lugar a una denuncia presentada por miembros del partido político Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula del Gobierno.

Además de Macri, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y “todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable”.

“Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido”, explica el fiscal Di Lello en su resolución, divulgada por los denunciantes.

En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar el pasado junio con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es “violatoria de la Constitución”.

Según disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tenía que haber sometido el acuerdo al estudio del Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.

“El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del Congreso. Por lo tanto, el presidente de la Nación y los funcionarios y ministros que han operativizado su firma y ejecución se está arrogando facultades del Congreso”, añaden los denunciantes.

Asimismo, exigen que cautelarmente se suspenda la ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de “futuros retiros o solicitud de fondos” de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya transferidos (15.000 millones de dólares).

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