El número de indocumentados que entró en Estados Unidos a lo largo de la presidencia del demócrata Joe Biden (2017-2021) es objeto de polémica en Estados Unidos.

Unos 52 millones de inmigrantes (nacidos fuera de Estados Unidos) viven actualmente en el país, de acuerdo al centro de análisis Pew Center, con datos oficiales de agosto de 2025.

Unos 14 millones están en situación irregular, un récord histórico, según datos de 2023.

“Hemos hallado a 146.000 chicos hasta ahora. Aún tenemos a cerca de 300.000 desaparecidos” declaró en rueda de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Según el gobierno, la mayoría de los menores identificados estaban en hogares de acogida, donde eran enviados de forma provisional tras ser detenidos por las fuerzas del orden.

Según la directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Angie Salazar, se identificaron “más de 81.000 direcciones que fueron utilizadas repetidamente para acoger a niños”.

En muchos de esos hogares las familias de acogida tenían numerosos menores a su cargo.

Sin detallar cuántos, la responsable afirmó además que algunos de los 146.000 menores identificados sufrieron abusos sexuales, algunos cometieron crímenes y otros fallecieron.

Las autoridades del gobierno anterior “permitieron que patrocinadores sin verificar vinieran a recoger a 450.000 niños en nuestras fronteras”, acusó Mullin.

De acuerdo a un informe interno del DHS de marzo de 2025, “de los 448.820 menores no acompañados que ICE (la agencia de control migratorio) transfirió a la ORRR entre 2019 y 2023, la mayoría fueron entregados a patrocinadores”.

Los menores indocumentados que ahora son adultos están en proceso de deportación.

Mullin afirmó que actualmente sólo hay una instalación, en Texas, para acoger a familias con menores que entran ilegalmente por el sur, porque los controles fronterizos redujeron drásticamente el problema.

Las medidas drásticas contra la inmigración ilegal, y las grandes dificultades para que los migrantes legales puedan asentarse en el país, han creado polémica dentro y fuera de Estados Unidos.

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Las redadas en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis provocaron muertos durante las protestas ciudadanas, pero el gobierno federal asegura que esas grandes operaciones policiales continuarán próximamente en ciudades santuario como Nueva York.

“La única manera en que vamos a poder localizarlos [a los menores] es trabajar con fuerzas de seguridad locales” explicó en un evento organizado por la fundación Heritage John Fabbricatore, exconsejero del secretario de Salud.

Por: AFP

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La alcaldesa Cherelle Parker precisó que las armerías involucradas en esta demanda han puesto armas en manos de delincuentes, niños y personas que no deberían tener acceso. “Confío en que nuestros residentes ahora están más seguros gracias a estos acuerdos y a la salida de estos negocios negligentes del sector”.

Según el acuerdo, los propietarios de Franks Gun Shop and Shooting Range LLC y WRT Management, Inc., anteriormente conocida como Tanner’s Sports Center, se comprometieron a no dedicarse a la venta de armas de fuego en el futuro, y ambas empresas acordaron no solicitar licencias federales para la venta de armas. Mad Minute Enterprises, LLC, que opera bajo el nombre de Delia’s Gun Shop, se declaró en bancarrota y el local ahora está bajo nueva propiedad y administración.  

La demanda de 2023  alegaba que las empresas avivaron la crisis de violencia armada en Philadelphia al facilitar de forma rutinaria e imprudente transacciones de compraventa fraudulenta de armas, en las que un comprador adquiere armas de fuego con la intención de transferirlas ilegalmente a otra persona o abastecer el mercado negro de armas.

Se han recuperado armas vendidas por cada uno de los vendedores mencionados en la demanda en Philadelphia en relación con delitos como homicidio, allanamiento de morada, robo, posesión y distribución de narcóticos y robo de vehículos, y a menudo se encuentran en posesión de menores y otras personas a quienes se les prohíbe portar o comprar armas de fuego.

Si bien los propietarios de la armería demandada no tienen activos restantes, los acuerdos otorgan a la ciudad la posibilidad de recuperar daños monetarios de la aseguradora de la demandada WRT Management hasta por $11.9 millones.

Renee García, abogada municipal, detalló que los dueños de estas armerías han demostrado con el tiempo su incapacidad para operar en cumplimiento con las leyes locales, estatales y federales sobre armas de fuego. “Nos enorgullece que la demanda de la ciudad haya derivado en esta resolución, que obliga a los demandados a cesar sus operaciones por completo. Desde la fabricación hasta la venta de armas de fuego, existen leyes que deben cumplirse.

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Los términos exactos del acuerdo varían según el convenio con cada demandado nombrado:

Armería y campo de tiro de Frank LLC 

• Si bien la licencia federal para la venta de armas de fuego de la tienda fue revocada en 2024, el acuerdo extrajudicial impide que Frank’s Gun Shop y sus propietarios soliciten u obtengan otra licencia federal para la venta de armas de fuego.

WRT Management, Inc. d/b/a Tanner’s Sports Center 

• El propietario de WRT Management, Inc. ha accedido a no volver a participar en el negocio de las armas de fuego y a no solicitar una licencia federal de armas de fuego para la empresa en el futuro.
• WRT ha cedido a la ciudad todos sus derechos de cobertura de seguro, hasta un importe de $11,9 millones.

Además, Delia’s Gun Shop se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 7 en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pennsylvania el 1 de mayo de 2026. El caso en su contra estaba programado para ir a juicio a finales de este mes.

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El juez de distrito Brian E. Murphy, con sede en Massachusetts, resolvió que los inmigrantes afectados tienen derecho a recibir una “notificación significativa” y la oportunidad de impugnar su traslado antes de ser enviados a un país distinto al de origen. No obstante, aceptó suspender su decisión durante 15 días para dar tiempo al Gobierno a presentar una apelación.

El fallo se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara el año pasado a la administración federal al pausar una orden previa del juez Murphy, lo que permitió que un vuelo con varios inmigrantes completara su traslado a Sudán del Sur, país devastado por la guerra y con el que los deportados no tenían lazos.

En su resolución más reciente, el juez de distrito Brian E. Murphy sostuvo que la política del Departamento de Seguridad Nacional “extingue impugnaciones válidas” al ejecutar las deportaciones antes de que puedan presentarse recursos legales. Citando el principio constitucional del debido proceso. El magistrado Murphy afirmó que ninguna persona en territorio estadounidense puede ser privada de libertad sin las garantías legales correspondientes.

La decisión judicial también menciona que, en marzo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos trasladó al menos a seis integrantes del grupo demandante a El Salvador y México sin cumplir con una orden de restricción temporal vigente. Dos días después de esa orden, el Gobierno emitió nuevas directrices sobre deportaciones a terceros países.

En junio, la mayoría conservadora del Supremo avaló la potestad de las autoridades migratorias para acelerar deportaciones a otros destinos. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon, al considerar que el fallo otorgaba un trato preferencial al Ejecutivo.

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Según el juez, la política ha impactado incluso a inmigrantes con protección contra la deportación a sus países de origen por temor a tortura o persecución. Ocho hombres enviados a Sudán del Sur en mayo tenían antecedentes penales y órdenes finales de expulsión, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso vuelve a situar el debate migratorio en el centro de la confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en Estados Unidos.

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De acuerdo con el comunicado oficial, las deportaciones se han incrementado desde que el presidente Donald Trump reforzó su política migratoria, justificando las medidas en razones de “seguridad y economía”. El endurecimiento afecta especialmente a quienes carecen de estatus legal, poseen antecedentes penales o son considerados por las autoridades estadounidenses como una “amenaza potencial”.

Entre los repatriados figuran 553 personas condenadas por delitos vinculados al narcotráfico, 126 por asaltos, 101 por violencia doméstica o física, 67 por porte ilegal de armas, 42 por delitos sexuales, 35 por homicidios, 22 por fraudes y 17 por uso de documentos falsos. También se incluyen casos de lavado de activos, contrabando y trata de personas, aunque sin cifras detalladas.

Los deportados llegan al Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, donde son recibidos por las autoridades dominicanas y posteriormente trasladados al centro de detención de Haina, en el suroeste del país, para confirmar su identidad.

La DGM explicó que quienes no tienen procesos judiciales pendientes son entregados a sus familiares, mientras que aquellos con antecedentes o causas abiertas son remitidos a la Procuraduría General de la República.

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En paralelo, la República Dominicana mantiene una política migratoria más estricta frente a la entrada irregular de haitianos. El presidente Luis Abinader ha intensificado las redadas y deportaciones, suspendido la emisión de visas y reforzado la vigilancia en la frontera, donde se construye un muro divisorio con Haití.

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Según datos de la organización, Streameast acumuló más de 1.600 millones de visitas en 2023 a través de unos 80 dominios asociados. Su oferta incluía encuentros de la NBA, la NHL, la MLB, eventos de artes marciales mixtas (MMA), la Fórmula 1 y Moto GP, además de partidos de las principales ligas de fútbol europeo y torneos internacionales como la Copa del Mundo y la Eurocopa.

El operativo se realizó con apoyo de autoridades egipcias, aunque no se detalló su participación exacta. El New York Times reportó el arresto de dos hombres al oeste de El Cairo, acusados de violación de derechos de autor, así como la incautación de computadoras portátiles y teléfonos móviles.

Streameast se había convertido en un referente para usuarios de distintos países que buscaban acceder sin costo a contenidos deportivos sujetos a derechos exclusivos. De acuerdo con ACE, el tráfico del sitio provenía principalmente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Filipinas y Alemania.

Con el cierre, todos los dominios vinculados a la plataforma ahora redirigen a la web oficial de ACE, en un intento por disuadir a los usuarios de seguir recurriendo a este tipo de servicios.

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La coalición subrayó que este resultado es un paso clave en la protección de las ligas y promotores que dependen de los derechos de transmisión como fuente principal de ingresos, en medio de un problema que afecta a todas las disciplinas deportivas.

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Según una resolución emitida la semana pasada por el juez de distrito J. Campbell Barker, el gobierno de Joe Biden “carece de autoridad legal” para aplicar su programa “parole in place”, lo que significa un duro golpe a la política migratoria del mandatario demócrata, quien dejará el cargo en enero de 2025.

El plan de Biden, “Keeping Families Together” (Mantener a las Familias Unidas), fue puesto en marcha en junio con el objetivo de beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos.

Pero el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en conjunto con un grupo de colegas republicanos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por aplicar esta medida. En aquella ocasión Paxton dijo que con dicho programa se estaba “recompensando” a quienes “violaron las leyes”.

“Se detiene el intento de la administración Biden de eludir las leyes de inmigración”, dijo por su parte en la red social X el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador.

Mientras los demócratas buscaban un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump aseguró que Estados Unidos está sometido a una “invasión” y, tras vencer el 5 de noviembre en las elecciones presidenciales a Kamala Harris, reiteró su promesa de “deportaciones masivas” de inmigrantes irregulares.

El juez Campbell ya había acogido el pedido de Paxton y suspendido temporalmente el programa el pasado agosto. Una apelación lo reactivó pero el juez volvió a bloquearlo, hasta que el 7 de noviembre dio su veredicto final, que el gobierno de Biden podrá apelar.

El plan “Keeping Families Together” permite que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de dejar Estados Unidos.

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Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.

Se les otorgaría una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en el país por hasta tres años mientras solicitan una “green card”. Anteriormente, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacer sus gestiones fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.

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El texto no da el nombre de los sancionados ni de la compañía aérea. “Nadie debería beneficiarse de los migrantes vulnerables, ni los traficantes de personas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos”, afirma el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado.

“Seguiremos imponiendo restricciones de visado a los propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de transporte sin escrúpulos”, advierte.

A mediados de mayo Estados Unidos impuso sanciones a Nicaragua, a la que acusó de hacer negocio con la migración, y emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices “en la explotación de migrantes”.

The U.S. has imposed visa restrictions on senior officials of a European charter flight company for facilitating irregular migration to the U.S. through Nicaragua. We will continue to impose visa restrictions on those using exploitive means to profit from vulnerable migrants.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) September 11, 2024

Estas sanciones se enmarcan en una política promovida por Washington desde febrero pasado para sancionar a directivos de compañías de transporte terrestre, marítimo o aéreo que promueven la migración irregular.

La afluencia de migrantes es un tema recurrente en la campaña electoral cuando faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales de noviembre, que disputarán la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

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Según la Oficina de aduanas y protección fronteriza estadounidense, las autoridades interceptaron en julio a 56.408 migrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera con México, o sea un 32% menos que en junio.

Esto se debe en gran parte a la decisión del presidente Biden de cerrar la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de siete días.

Por: AFP

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El DHS informó a través de un comunicado que este fue el primer vuelo chárter desde 2018 y se realizó en una “estrecha coordinación” de la Administración Nacional de Inmigración de la República Popular China y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de España.

La agencia federal indicó también que continúa trabajando con el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración Nacional de Inmigración de la República Popular China en vuelos de expulsión adicionales.

“Continuaremos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración y expulsaremos a personas sin base legal para permanecer en los Estados Unidos”, afirmó en el comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Estados Unidos y China trabajan para reducir y desalentar la migración irregular y acabar con el tráfico ilícito de personas con “esfuerzos ampliados de aplicación de la ley”.

En el comunicado, Estados Unidos celebra el anuncio de Ecuador de exigir visas a los titulares de pasaportes chinos.

El pasado 4 de junio el presidente Joe Biden emitió una Proclamación para suspender temporalmente la entrada de ciertos no ciudadanos a través de la frontera sur.

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Como resultado, precisó el organismo, el promedio de detenciones semanales de la Patrulla Fronteriza ha disminuido más del 40% y el DHS ha operado más de 120 vuelos internacionales de repatriación a más de 20 países, incluida ahora la República Popular China.

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“Estamos poniendo fin a la estafa de los ocupantes ilegales en Florida. Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema”, indicó el gobernador en un comunicado.

Today I signed HB 621 to provide homeowners with remedies against squatting and increase penalties on squatters.

While other states allow criminals and vagrants to take over, Florida does not.

With this action, Florida is stopping the squatters scam. pic.twitter.com/teDWsV4S40

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 27, 2024

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, manifestó su agradecimiento a DeSantis por la promulgación de la ley HB-621, previamente aprobada por el Senado y que entrará en vigencia el próximo 1 de junio, y que establece una relación causa efecto entre esta medida y el hecho de que Biden “ha permitido que millones de inmigrantes ilegales crucen la frontera”.

Moody se refirió a un vídeo que muestraria un “plan (de los inmigrantes indocumentados) para apoderarse de las casas”, por lo que con esta ley, según dijo, “nos aseguramos de que los floridanos estén protegidos de este plan atroz y descarado”.

Según la HB-621, el propietario de una vivienda puede solicitar la expulsión “inmediata” de un persona si esta ha entrado ilegalmente en su propiedad y permanece en ella; o si el dueño de esta le ha ordenado que la abandone y no lo hace, o si el individuo no es un inquilino actual o previo que se encuentra en una disputa legal.

Other states are allowing squatters to take over homes, and those states even side with the squatters.

Not in Florida.

We are ending the squatters scam once and for all. pic.twitter.com/yRe1Pc8cDR

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 28, 2024

La ley también impone sanciones severas a quienes participen en la ocupación de una vivienda o la fomenten.

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La ley promulgada autoriza a los propietarios afectados a solicitar “la asistencia del alguacil del lugar donde se encuentre la propiedad para la remoción inmediata de los ocupantes no autorizados”, dice la nueva legislación.

Con anterioridad, la organización Florida Rising, que defiende a las comunidades históricamente marginadas, había expresado su preocupación por esta medida porque, en su opinión, “puede llevar a propietarios abusivos a expulsar a inquilinos legales”.

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Por otra parte, La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), asegura que este tipo de herramientas legales son perjudiciales para las comunidades de inmigrantes. Se trataría una larga lista de crueles políticas destinadas a invadir la vida cotidiana del inmigrante y quien le rodea.

Pese al tenso panorama, un gran jurado de Florida que investiga temas relacionados con la inmigración, en fecha reciente solicitó a los legisladores estatales que se impongan nuevas restricciones, segun indica un reporte de Telemundo.

La Corte Suprema de Florida publicó un informe en su sitio web, solicitando endurecer las medidas contra las empresas que contratan extranjeros. También insistieron en una investigación a las ONG pro inmigrantes y exigieron que se establezca un impuesto en las remesas que se envían al exterior.

“Muchos floridanos son peligrosamente ingenuos y no son conscientes de la verdadera magnitud y malevolencia de la industria de la inmigración ilegal”, indica el informe de 146 páginas.

Entre las solicitudes está la de exigir a las empresas verificar los nombres de los posibles empleados a través de una base de datos federal de inmigración.

La SB-1718 estable que las compañías privadas con 25 o más empleados deben usar E-Verify para saber el estatus legal del personal. Sin embargo, el gran jurado cree que es necesaria una modificación ya que deja una brecha para que los inescrupulosos jueguen con el sistema.

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Instaron también a que se aborde y evalúe la concesión de licencias a los contratistas generales por considerar que algunas empresas utilizan a un tercero para evadir la responsabilidad de verificar la elegibilidad de los trabajadores.

“Recomendamos que los contratistas generales sean directamente responsables de garantizar que sus subcontratistas den empleo a solo trabajadores legales. En todo caso, deben estar sujetos a los nuevos requisitos de verificación electrónica de Florida”, refirieron.

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