De acuerdo con fuentes cercanas a la decisión, la nueva directriz establece excepciones limitadas. Los agentes solo podrán realizar detenciones de tráfico cuando ejecuten una orden de arresto penal específica o cuando colaboren directamente en operativos conjuntos con otras fuerzas del orden locales.

La suspensión se desencadenó tras una serie de sucesos violentos. El lunes 13 de julio, un agente del ICE mató a disparos al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, en Maine. Apenas una semana antes, otro oficial abatió a un automovilista mexicano en la ciudad de Houston, Texas. A estos hechos se sumó un tercer deceso el martes en Florida, donde un joven mexicano de 28 años falleció atropellado por un camión de carga mientras intentaba huir a pie de los agentes de inmigración.

La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el oficial en Maine disparó “temiendo por la seguridad pública” luego de que el conductor intentara huir durante una vigilancia residencial. No obstante, el senador por Maine, Angus King, ofreció detalles contradictorios provistos por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, indicando que los agentes buscaban ejecutar una orden de arresto contra otra persona, no contra Durán Guerrero, quien presuntamente intentó usar su vehículo como un arma.

La respuesta comunitaria y política no se hizo esperar. Cientos de manifestantes se congregaron el martes frente a un centro de detención del ICE en Scarborough, Maine, para exigir justicia por la muerte de Durán Guerrero. Paralelamente, la delegación legislativa de dicho estado exigió formalmente una investigación integral, transparente y expedita sobre los hechos.

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Esta crisis ocurre en un contexto de alta tensión para el ICE, cuyas operaciones ya habían sido fuertemente criticadas a principios de este año tras el fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good en encuentros con agentes federales. Con esta nueva orden, el gobierno busca mitigar la creciente indignación pública y frenar el uso desproporcionado de la fuerza en controles viales.

La muerte de Durán Guerrero representa al menos la novena ocasión en que agentes del ICE utilizan fuerza letal desde que Trump inició su ofensiva migratoria el año pasado.

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A través de su red social, Truth Social, el mandatario republicano afirmó que su Gobierno registra, con diferencia, la tasa media diaria de capturas más alta por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Asimismo, se jactó de ostentar la cifra más elevada de repatriaciones en un periodo de doce meses de cualquier presidente estadounidense.

En su mensaje, el inquilino de la Casa Blanca arremetió contra los medios de comunicación y el Partido Demócrata, rechazando las afirmaciones de que las estadísticas de la Administración de Barack Obama son comparables con los resultados actuales.

Durante este segundo mandato, Trump ha endurecido drásticamente sus medidas mediante detenciones masivas, la aceleración de las deportaciones y severas restricciones al asilo. Para sostener estas operaciones, el Gobierno destinó una financiación récord de 70.000 millones de dólares orientada a reforzar la vigilancia fronteriza y al personal de ICE.

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El respaldo a esta estrategia se consolidó este jueves, luego de que el Tribunal Supremo fallara a favor de la Casa Blanca. La resolución judicial avala el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Siria, y otorga luz verde para rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con México.

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El magistrado P. Casey Pitts emitió un detallado fallo de 71 páginas en el que determinó que la medida implementada carece de una justificación racional, calificándola formalmente de “arbitraria y caprichosa”.

Según el texto del tribunal, la normativa de la agencia omitió por completo el “efecto disuasorio” que estos arrestos generan en los indocumentados, infundiendo un temor generalizado y provocando que los no ciudadanos dejen de asistir a sus audiencias obligatorias, lo que fractura el funcionamiento de la justicia.

Esta controvertida práctica comenzó tras rescindirse una directriz de administraciones pasadas que protegía los juzgados para garantizar el debido proceso. Mientras las autoridades federales argumentaban que restringir las detenciones obstaculizaba la captura de personas peligrosas, defensores de los derechos civiles denunciaron que los tribunales se estaban transformando en “terrenos de caza”.

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Jordan Wells, abogado del Lawyers’ Committee for Civil Rights, celebró la decisión y afirmó que ningún inmigrante debería elegir entre su libertad y presentarse ante la ley. En contraparte, James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), arremetió contra el dictamen en redes sociales, tachándolo de “activismo judicial descarado” que atenta contra la seguridad nacional.

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La controversia legal surge a raíz de la sentencia de un tribunal inferior. Este dictaminó que el derecho al debido proceso, protegido por la Constitución estadounidense, prohíbe explícitamente la detención “irrazonablemente prolongada” de ciudadanos no estadounidenses que enfrentan la deportación tras haber sido condenados por delitos graves con agravantes.

La disputa legal se originó por los casos de dos residentes permanentes legales (titulares de tarjeta verde) en New York. El primero es G.M., de origen dominicano, detenido en 2020 tras haberse declarado culpable de agresión. El segundo es Carol Black, un ciudadano jamaicano arrestado en 2019 debido a una condena del año 2000 por abuso sexual de un menor. Ambos hombres interpusieron peticiones de hábeas corpus tras pasar meses tras las rejas.

Durante el proceso, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, concluyó que la Quinta Enmienda constitucional respaldaba el derecho de los dos hombres a una audiencia de fianza. El tribunal consideró irrazonable que Black pasara siete meses detenido y G.M. casi dos años sin la opción de solicitar su libertad. Asimismo, determinó que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pretende prolongar estas detenciones, el Gobierno debe demostrar con pruebas claras que el individuo representa un peligro comunitario o un riesgo de fuga.

Actualmente, las situaciones de los demandantes han cambiado. G.M. fue liberado en 2022 por preocupaciones asociadas al COVID-19 tras 21 meses de encierro. Por su parte, Black obtuvo una audiencia, pagó una fianza de 15.000 dólares y abandonó el país junto a su esposa en 2025 sin intenciones de regresar, motivo por el cual su defensa argumenta que su caso carece de objeto.

Pese a esto, la abogada de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Cecillia Wang, quien representa a los afectados, defendió firmemente la postura del Segundo Circuito. Wang afirmó que la Constitución protege a todas las personas de ser encerradas sin el debido proceso, sin importar su estatus migratorio, y criticó que ICE separe a las familias deteniendo a personas por meses o años sin permitirles defenderse en una audiencia.

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Se prevé que el máximo tribunal escuche los argumentos de este caso en su próximo período de sesiones, que iniciará en el mes de octubre. Esta decisión se sumará a otros fallos de alto perfil en materia migratoria donde la Corte Suprema ha respaldado la agenda de la administración Trump.

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De acuerdo con datos publicados por The New York Times, la sede de ICE en Miami ha registrado 41.310 arrestos desde enero de 2025. De ese total, 9.880 corresponden a lo que va de 2026, la cifra más alta entre todas las oficinas del país.

El reporte indica que Miami supera en un 36% al segundo lugar, Dallas, que acumula 30.350 detenciones. Le siguen ciudades como New Orleans, Houston, Atlanta, Chicago y San Antonio, con cifras también elevadas pero inferiores.

La organización Americans For Immigrant Justice atribuye este aumento a las políticas migratorias implementadas en Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis. En particular, destaca la adopción obligatoria de los acuerdos 287(g), que permiten la colaboración entre autoridades locales y federales en la detención de migrantes.

El contexto demográfico también influye. En el condado de Miami-Dade, el 54,5% de la población nació en el extranjero, la proporción más alta del país, según datos oficiales.

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A nivel nacional, un informe de la Universidad de California en Berkeley señala que los arrestos de ICE se han cuadruplicado durante la actual administración en comparación con el periodo de Joe Biden. Asimismo, se reporta un incremento significativo en la detención de personas sin antecedentes penales, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos migratorios.

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La imagen, captada por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de la agencia de noticias estadounidense ZUMA y del instituto iWitness para el Miami Herald, muestra el conmovedor momento en que Luis es detenido y separado de su esposa Cocha y de sus hijos, tras una vista ante un tribunal de inmigración en Nueva York el 26 de agosto de 2025.

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Tomada en el interior de un edificio federal estadounidense al que, excepcionalmente, se permitió el acceso a los fotógrafos, la foto muestra los rostros llorosos y aterrorizados de sus dos hijas, mientras se aferran desesperadamente al suéter de su padre.

“Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad”, declaró la galardonada en un comunicado.

Desde hace 71 años, el concurso World Press Photo premia cada año “lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a escala mundial”, según la página web de la organización.

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“El valor con el que (estas personas) aceptaron abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos, y no a mí”, afirmó Guzy.

El jurado, que examinó minuciosamente 57.376 fotografías tomadas por 3.747 fotoperiodistas de 141 países, también dio a conocer las dos fotos finalistas.

La primera, “Crisis de la ayuda en Gaza”, de Saber Nuraldin para EPA Images, muestra a una multitud de palestinos subiéndose a un camión de ayuda que entra en la Franja de Gaza para conseguir harina, durante lo que el ejército israelí calificó de “suspensión táctica” de las operaciones de transporte de ayuda humanitaria.

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La segunda, “Los juicios de las mujeres achi”, de Victor J. Blue, para The New York Times Magazine, es un retrato en blanco y negro de unas mujeres achi a la salida de un tribunal guatemalteco, tras haber ganado una batalla legal contra quienes las agredieron, y en muchos casos violaron, hace 42 años durante la guerra civil.

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Por: AFP

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Para Brooks, el silencio no es opción ante las acciones del Immigration and Customs Enforcement (ICE). “Dado que ICE recibirá miles de millones en nuevos fondos, comprará centros de detención en nuestros condados circundantes y será desplegado rutinariamente para vigilar nuestras ciudades, el silencio ya no es una opción. La gente quiere saber qué estamos haciendo para proteger esta ciudad. Con el paquete ICE Out, les mostramos”.

Por su parte, Landau destacó que la votación del comité sobre el paquete ICE OUT afirma que “apoyaremos a nuestras comunidades de inmigrantes y nos negaremos a darle la espalda a quienes llaman hogar a esta ciudad. Philadelphia siempre ha sido una ciudad moldeada por inmigrantes. Esta legislación honra ese legado al garantizar que nuestras políticas reflejen la dignidad y el respeto que nuestros vecinos merecen todos los días y garantizar que protejamos su seguridad”.

La legislación declara ilegal que los agentes oculten sus identidades con máscaras faciales y vehículos sin identificación; prohíbe a la ciudad colaborar y compartir datos con ICE; amplía las protecciones contra la discriminación relacionadas con el estatus migratorio; y restringe la actividad de ICE en espacios de propiedad de la ciudad.

El paquete de siete proyectos de ley es uno de los esfuerzos legislativos más completos de un gobierno local para rechazar la violenta agenda antiinmigrante del gobierno federal.

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Durante la audiencia, el público se enteró por primera vez de que el Departamento de Policía de Philadelphia había emitido un memorando ordenando a los agentes que no colaboraran con ICE. Además, que la administración Parker ha creado un memorando para los empleados de la ciudad titulado “Guía sobre la interacción con funcionarios gubernamentales externos en propiedades de la ciudad”.

Con una recomendación favorable del comité, la legislación pasará al Concejo Municipal Philadelphia para una votación final el jueves 23 de abril. Una vez que la legislación se aprobada, la alcaldesa Cherelle Parker tendrá la oportunidad de convertir los proyectos en leyes.

La legislación ICE Out se introdujo en el Ayuntamiento en enero y protege a las comunidades en:

• Prohíbe a ICE y otros agentes del orden ocultar su identidad con máscaras faciales y vehículos sin identificación.
• Codifica las órdenes ejecutivas que prohíben los acuerdos 287(g), que permiten a la policía local actuar como agentes de ICE, prohíbe a las agencias de la ciudad colaborar con ICE e impide que las agencias de la ciudad recopilen datos de ciudadanía y estatus migratorio o compartan cualquier tipo de datos personales con ICE.
• Prohíbe a cualquier persona, incluida la ciudad, empleadores, proveedores de vivienda o empresas privadas, discriminar o rechazar servicios por motivos de ciudadanía o estatus migratorio.
• Prohíbe a ICE utilizar propiedades de propiedad de la ciudad como lugares de preparación para redadas y prohíbe a los empleados otorgar acceso a ICE a espacios de propiedad de la ciudad como bibliotecas, refugios, centros de salud o centros de recreación sin una orden judicial.

Más de setenta organizaciones firmaron en apoyo de la legislación y miles de habitantes de Philadelphia firmaron una petición pidiendo al concejo municipal y que Parker apruebe el paquete legislativo.

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El secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, dijo el jueves que Todd Lyons estará en ICE hasta el 31 de mayo.

La fuerza federal ha sido criticada por las brutales redadas contra inmigrantes en los últimos meses.

“Ha sido un gran líder”, dijo Mullin en un comunicado, y le deseó suerte en “sus próximas oportunidades en el sector privado”.

Trump nombró a Lyons como director interino de ICE en marzo de 2025. Fue una “pieza clave” en la campaña antiinmigración del presidente, dijo Mullin.

El secretario no dio razones para la salida de Lyons ni anunció su reemplazo.

Entre los incidentes protagonizados por ICE están los casos de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, que murieron abaleados por agentes federales cuando se manifestaban en Minneapolis a comienzos de este año.

En una audiencia al Departamento de Seguridad Nacional, Lyons defendió el trabajo del ICE.

“El presidente nos encomendó las deportaciones masivas, y estamos cumpliendo con ese mandato”, dijo al Congreso.

La salida de Lyons se produce un mes después de que Gregory Bovino, la cara visible de las redadas migratorias de Trump, renunciara a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras la indignación provocada por los violentos operativos en Minneapolis.

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La campaña contra la inmigración irregular ayudó a Trump a ser elegido en 2024.

Pero sus índices de aprobación han caído en parte por la muerte de los estadounidenses, los videos de agentes con con el rostro cubierto que agarran a la fuerza a personas e informes de acusaciones contra migrantes basadas en pruebas endebles.

Por AFP

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Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo Estados Unidos han suscrito estos acuerdos de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El esquema de pago incluye un desembolso base de 100.000 dólares por departamento y un bono adicional de 7.500 dólares por cada agente que se incorpore al programa. No obstante, documentos internos filtrados revelan que los oficiales solo comienzan a percibir estos incentivos tras realizar su primer arresto.

Aunque el DHS justificó inicialmente la medida como una herramienta para capturar a criminales peligrosos y terroristas, las estadísticas contradicen este discurso. Datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse indican que más del 70% de los retenidos en centros de detención no tienen condenas previas. La mayoría de los imputados enfrentan cargos por infracciones menores, como faltas de tráfico.

Felicity Rose, vicepresidenta de FWD.us, advirtió que estos estímulos económicos “incentivan el sesgo racial” y desvían la labor policial hacia la persecución de faltas administrativas.

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La implementación del programa es especialmente fuerte en Florida, con 270 departamentos adheridos y 149 millones de dólares recibidos, y en Texas, con 161 acuerdos.

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Según reportes difundidos en redes sociales, más de una docena de conductores indocumentados fueron atraídos al Driver and Vehicle Services (DMV) local mediante notificaciones que los instaban a presentarse para gestionar su licencia CDL. Sin embargo, al llegar al lugar, varios de ellos fueron detenidos por agentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el operativo, que dejó al menos 13 personas arrestadas, algunas originarias de Asia Central. La agencia indicó que la intervención ocurrió tras recibir reportes de vecinos que alertaron sobre una multitud inusual en las inmediaciones del centro.

Residentes de la zona señalaron que el flujo de personas y vehículos llamó la atención, lo que motivó llamadas a las autoridades. No obstante, organizaciones defensoras de migrantes, como Frontline Dignity, cuestionaron la versión oficial y sugirieron que los inmigrantes pudieron haber sido inducidos a acudir al lugar por información errónea en línea.

Investigaciones locales también detectaron señalización confusa sobre servicios de licencias en edificios cercanos, lo que habría contribuido a la concentración de solicitantes.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó además que abrió una investigación interna tras un incidente en el que un detenido presuntamente agredió a un agente durante el operativo. Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre las prácticas de control migratorio.

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