El pasado mes de marzo el gobernador de Texas Greg Abbott anunció el operativo que combina a efectivos policiales y tropas de la Guardia Nacional.  La Operación “Estrella Solitaria” (Lone Start) de casi 1.000 millones de dólares somete a los migrantes sospechosos al arresto, encarcelamiento y procesamiento criminal por parte de las autoridades estatales y locales.

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Ahora HRW quiere que el Gobierno federal frene la iniciativa, que califica de abusiva y discriminatoria, dijo la vocera de HRW, Clara Long, al diario La Voz de América. “Human Rights Watch está instando al Departamento de Justicia a intervenir en Texas, ya sea para solicitar a los tribunales que detengan este operativo y abrir una investigación de depuración de lo que constituye algo que se llama el patrón o práctica de violaciones de derechos civiles”, comentó Long.

Hace algunas semanas más de 25 legisladores pidieron al Departamento de Justicia que se investigue la operación. Los legisladores dijeron que casi 1.000 migrantes pasan encarcelados durante semanas y a veces más de un mes.

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De acuerdo Human Rights Watch (HRW) los pobres en los Estados Unidos serán más golpeados por el coronavirus y sus consecuencias debido a que el país tiene un endeble sistemas de garantías sociales.

Para el gobierno de los Estados Unidos no hay dilemas. Los ilegales, quienes trabajan en la nación en condiciones irregulares y en rango de cientos de miles están como parte del sistema productivo desde hace años, no tienen derechos. Los homeless bien sean afroamericanos, blancos o de cualquier grupo étnico no tiene solución.

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Washington a lo largo de la historia no ha sido proclive a crear sistemas de compensación social gubernamental para la asistencia de los necesitados, una “tradición” que hará de los desfavorecidos blanco fácil.

En comunicado de HRW se conoció sobre la postura de esta organización en relación a la defensa de los derechos humanos de los que menos tienen en los Estados Unidos. La ONG advirtió que los desposeídos sufrirán en mayor medida los efectos de la pandemia del coronavirus, dadas las desigualdades económicas y el frágil sistema de garantías sociales con el que cuenta el país.

“Mientras que el virus infecta a la gente independientemente de su riqueza, los pobres serán los más afectados por la segregación por ingresos y raza, la reducida movilidad económica y el alto coste de los cuidados médicos”, afirmó en un comunicado HRW.

Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades.

Entre la factura o morir

En concreto el informe de HRW, apunta que las comunidades de bajos salarios tienen más posibilidades de ser expuestos al coronavirus, experimentar una mayor tasa de mortalidad y sufrir económicamente.

“El Gobierno de EE.UU. necesita una respuesta al coronavirus que prevenga que la gente tenga que elegir entre no recibir su salario o poner en riesgo su salud y la de su familia”, subrayó en el comunicado Lena Simet, investigadora de pobreza y desigualdad de HRW.

Señaló además que la administración estadounidense debería lanzar paquetes de estímulo económico dirigidos hacia las comunidades de bajos ingresos y “asegurar un nivel de vida adecuado para todos”.

Recordó asimismo que los puestos con bajos salarios en la venta al por menor, la hostelería, el cuidado de niños o los trabajos esporádicos no pueden hacerse a distancia, y en EE.UU. la mayoría de ellos no ofrecen una baja por enfermedad remunerada ni un seguro médico.

Los estudios apuntan, dice HRW, que un menor salario está asociado a mayores tasas de condiciones crónicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, factores que incrementan la vulnerabilidad al COVID-19.

“Las políticas que ha propuesto el Gobierno de EE.UU. hasta el momento aun no tienen en cuenta las desigualdades sociales y económicas existentes”, aseveró Simet.

“El Gobierno debería fortalecer la red de protección de millones de personas que se enfrentan a pérdidas de trabajo y de salarios devastadoras y la inhabilidad de pagar facturas esenciales”, agregó.

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Human Rights Watch defiende los derechos de las personas en todo el mundo. Investigan minuciosamente abusos, exponen ampliamente los hechos, y ponen presión sobre quienes ostentan el poder, a fin de que se respeten los derechos y se asegure la justicia. Human Rights Watch es una organización internacional e independiente que funciona como parte de un movimiento vigoroso para defender la dignidad humana y promover los derechos humanos para todos.

La ONG defensora de los derechos humanos ha sido una dura crítica de la administración de Donald Trump en muchas áreas, pro fuera en términos de cómo ha manejado el presidente el tema de los inmigrantes. Según la ONG, el Gobierno de Trump es responsable de políticas abusivas que castigan a quienes piden asilo y los someten, a ellos y a los niños y familias migrantes, a detención innecesaria e inhumana, por lo que debería adoptar en cambio procedimientos justos para el asilo y la migración”.

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Human Rights Watch es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York , y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.

HRW dio a conocer detalles de su informe anual en el que destacó “el enfoque punitivo de la Administración Trump hacia quienes buscan asilo y la gente pobre de color”.

De acuerdo al reporte las normas de inmigración dictadas por la Administración Trump han empujado a tantas personas tan lejos de la protección de sus derechos, que incluso sus vidas pueden estar en peligro”, afirmó Nicole Austin Hiller, la directora del Programa EE.UU. en HRW.

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“En el caso de ciertos grupos marginales en Estados Unidos, el Gobierno parece estar dedicado a un ataque total contra sus derechos humanos fundamentales”, añadió.

El actual director ejecutivo de Human Rights Watch es Kenneth Roth, quien ha mantenido esta posición desde 1993. Roth es egresado de las universidades de Yale y Brown. Su padre huyó de la Alemania nazi en 1938. Empezó a trabajar en derechos humanos después de la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, y posteriormente se involucró en asuntos en Haití.

Human Rights Watch indicó que el Gobierno de Estados Unidos ha detenido a los migrantes, incluidos menores de edad, “en instalaciones inhumanas, traumatizantes y parecidas a cárceles; ha separado a la fuerza las familias, y ha obstaculizado la asistencia pública para los inmigrantes y sus familiares que son ciudadanos estadounidenses”.

Desde que el presidente Trump instauró una política que devuelve a México a los migrantes que llegan a la frontera sur buscando asilo, miles de personas “esperan audiencias en condiciones peligrosas e insalubres”, indicó el informe.

Según HRW, el Gobierno de Trump “debería poner fin a las políticas abusivas que castigan a quienes piden asilo y los someten, a ellos y a los niños y familias migrantes, a detención innecesaria e inhumana, y debería adoptar en cambio procedimientos justos para el asilo y la migración”.

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En la 30° edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.

En el caso de los inmigrantes llegados del Triángulo Norte, dijo que El Salvador, es una nación con las tasas más altas de homicidio en el mundo y “las bandas ejercen control territorial sobre barrios específicos y extorsionan a los residentes en todo el país”.

El informe de HRW señaló que en México “las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidas la tortura, desapariciones forzadas y abusos de los migrantes, han continuado bajo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Los avances logrados en Guatemala en el enjuiciamiento de los casos de corrupción y abuso en años recientes “corren peligro después que el gobierno decidió no extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, auspiciada por las naciones Unidas”, agregó el informe.

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El Congreso ecuatoriano analiza desde octubre de 2018 una modificación al Código Integral Penal (COIP) para ampliar las causales de aborto en la nación de mayoría católica. El proyecto incluye también la despenalización del aborto en caso de incesto, estupro, inseminación no consentida y grave malformación del feto.

“HRW considera que la despenalización del aborto en caso de violación que se propone en este proyecto de ley constituye un avance claro y necesario para que Ecuador cumpla con sus obligaciones jurídicas de derecho internacional en el ámbito de derechos humanos”, dijo Vivanco a través de una videoconferencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

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La Comisión es la encargada de elaborar un nuevo informe sobre una serie de reformas legales que incluyen la despenalización del aborto en casos de violación. El reporte debe ser presentado al segundo y definitivo debate en el pleno del legislativo, que no tiene un plazo determinado para convocar a una votación sobre el tema.

Actualmente la ley ecuatoriana solo permite a las mujeres abortar cuando el embarazo implica un riesgo para la vida de la madre o cuando ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.

Vivanco señaló que aprobar “este proyecto de ley constituiría un avance para los derechos de la mujer en Ecuador”.

El director para las Américas de HRW argumentó que “la prohibición del aborto en casos de violación lleva a que muchas mujeres tengan abortos inseguros y aumenta la tasa de mortalidad materna en el país”.

Organizaciones feministas ecuatorianas sostienen que cada año aproximadamente 2.500 menores de 14 años dan a luz en el país y que esos embarazos son producto de violencia sexual, pues según la legislación ecuatoriana toda relación íntima con menores de 14 años es considerada una violación.

La Asamblea Nacional de Ecuador debería despenalizar el aborto en caso de violación sexual.

Pronunciamiento de @hrw_espanol previo a mi presentación de hoy ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional: https://t.co/thtM6zbh1w pic.twitter.com/8hUlVXzJqI

— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) April 1, 2019

En ese sentido, Vivanco explicó que, mientras prevalezca la prohibición del aborto en caso de violación, la víctima de abuso “va a ser muy renuente a denunciar ese crimen que ha sufrido por miedo, por temor a que se le persiga penalmente por haber provocado un aborto”.

La legislación ecuatoriana sanciona con cárcel de seis meses a dos años a las mujeres que abortan.

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Keneth Roth, director ejecutivo de la organización, declaró en una entrevista a Efe que a pesar de la tendencia hacia el autoritarismo en Latinoamérica, existen como contraparte importantes pronunciamientos en su contra, como lo constata la condena del régimen imperante en Venezuela realizada por el Grupo de Lima.

Desde su perspectiva, esta coalición de países merece atención especial por su diligencia en denunciar ante la comunidad internacional las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua.

Venezuela ocupa una consideración particular en el informe presentado en Berlín. En él, se señala el impacto de la crisis económica y social provocado por un régimen autocrático. A saber, hiperinflación, desabastecimiento de alimentos y medicinas. Al igual que un desplazamiento migratorio sin precedentes en la región.

“Las crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela se combinan para animar a los venezolanos a marchar y hacerles imposible la vuelta. Algunos podrán obtener el estatus de refugiado. Otros no, pero afrontarían serias dificultades si regresasen a Venezuela y necesitan urgentemente asistencia humanitaria en los países a los que han emigrado”, afirma el documento.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro lleva años reprimiendo a la oposición política y al activismo civil, ha acabado con la separación de poderes, reprimido violentamente las protestas, encarcelado opositores y juzgado a civiles en tribunales militares, agrega HRW.

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Otra de las preocupaciones de Roth, la constituye la llegada a la presidencia de Brasil de Jair Bolsonaro quien ha “defendido la tortura y otras prácticas abusivas y ha hecho declaraciones abiertamente racistas, homófobas y misóginas”.

A pesar de sus temores, el director ejecutivo de la ONG, confía en que la sólida democracia brasileña y su consolidada sociedad civil pueden frenar la inclinación autoritaria del excapitán del Ejército.

El año pasado, recoge el documento de la ONG, “la violencia alcanzó un nuevo récord” en Brasil, con 64.000 homicidios, la “violencia doméstica” siguió siendo habitual y en la mayoría de los casos no perseguida, y se dieron casos de “ataques xenófobos serios” contra migrantes venezolanos.

Por otra parte, como “catástrofe en derechos humanos” es la consideración reservada para México, según el informe anual de la entidad. Entre los elementos más preocupantes de su situación se encuentran la “extrema violencia del crimen organizado” y los “extendidos abusos del ejército, la policía y la fiscalía”, que continúan practicando “asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas” de forma impune.

Nicaragua, señala Roth, “sigue los pasos de Venezuela”. HRW está preocupada por la “enorme concentración de poder” del presidente Daniel Ortega, que ha desmantelado los controles recíprocos entre instituciones y permitido que el gobierno cometa “escandalosos abusos contra críticos y opositores con completa impunidad”.

Por: José Espinoza

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Hace menos de 48 horas la Policía Fronteriza estadounidense informó sobre el deceso de un niño inmigrante de ocho años, originario de Guatemala.

Murió en un hospital del estado de Nuevo México, frontera sur de los Estados Unidos, por causas que aún se desconocen y después de haber sido detenido por cruzar ilegalmente la frontera con México.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), estima que este luctuoso evento es consecuencia de las duras políticas implementadas por Trump: desde la separación de familias inmigrantes en la frontera hasta la restricción al derecho al asilo.

De acuerdo a esta prestigiada ONG con sede en Nueva York, se hace necesaria una “investigación creíble, seria y confiable” tanto sobre la muerte del pequeño como sobre las condiciones en las que son detenidos los menores migrantes.

Vivanco consideró que esa responsabilidad podría ser asumida por el nuevo Congreso, que será instalado en enero.

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En un comunicado emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) se conoció que el pequeño murió el día de Navidad, pasada la medianoche en el hospital Gerald Champion Regional, en la ciudad de Alamogordo, que se encuentra en Nuevo México y en el desierto de Chihuahua.

Es el segundo niño guatemalteco que muere este mes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo al hilo narrativo oficial el pequeño fue trasladado para recibir cuidados médicos tras presentar signos de enfermedad. Fue llevado al hospital Gerald Champion Regional en compañía de su padre.

Según el relato sumarial en el hospital los doctores determinaron que el niño sufría un resfriado común; pero, cuando iban a darlo de alta, observaron que tenía fiebre y decidieron dejarlo otros 90 minutos en observación para, luego, darlo de alta con una receta médica para que tomara ibuprofeno y amoxicilina.

Sin embargo, la salud del menor empeoró: comenzó a sentir náuseas y vómitos, de forma que los agentes migratorios lo llevaron de vuelta al hospital Gerald Champion Regional, donde murió poco después de la medianoche, en el día de Navidad.

La consternación ha tomado el escenario y dolorosamente reaviva el caso de la niña Jakelin Caal Maquín, de 7 años, recientemente inhumada en su natal Guatemala, quien falleció el 8 de diciembre en un hospital infantil de El Paso (Texas) después de haber cruzado ilegalmente la frontera con México junto a su padre y dentro de un gran grupo de inmigrantes, que trató de ingresar a EE.UU. a través de una zona desértica de Nuevo México.

El Gobierno guatemalteco fue notificado de la muerte del menor e inmediatamente exigió a las autoridades de EE.UU. una investigación “clara” y en “resguardo” del debido proceso sobre las circunstancias que llevaron al fallecimiento del pequeño, cuyo nombre aún se desconoce.

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