La fiscal general Pamela Bondi detalló que el Departamento de Justicia liderará la iniciativa para codificar la Orden Ejecutiva de Trump y eliminar las políticas “desproporcionadas de ostentación de virtudes en las agencias gubernamentales, que promueven la asimilación en lugar de la división. Como ha dejado claro el presidente, el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos”.

De conformidad con la Orden Ejecutiva, el Departamento de Justicia liderará un esfuerzo coordinado entre las agencias federales para minimizar los servicios multilingües no esenciales, y redirigir recursos hacia la educación y la asimilación del inglés.

Por su parte, la Fiscal General adjunta, Harmeet K. Dhillon, consideró que “la Orden Ejecutiva del presidente Trump marca un paso crucial hacia la unificación de nuestra nación a través de un idioma común y la mejora de la eficiencia de las operaciones federales”.

“El Departamento de Justicia garantiza que, si bien respetamos la diversidad lingüística, nuestros recursos federales priorizarán el dominio del inglés para empoderar a los nuevos estadounidenses y fortalecer la unidad cívica”.

Si bien deja espacio para la diversidad lingüística existente en los ámbitos privado y comunitario, a criterio del gobierno, esta guía ayudará a agilizar los procesos federales, reducir las cargas administrativas y aumentar la eficiencia operativa en todas las agencias al eliminar los servicios de traducción extensivos y priorizar el multilingüismo sobre el dominio del inglés.

El Departamento de Justicia detalló a través de un comunicado que la implementación de la Orden Ejecutiva “mejorará la integración social y económica, ofrecerá a los nuevos estadounidenses una vía vital para la participación cívica y fortalecerá la unión entre los estadounidenses a través de un idioma compartido”.

La Orden Ejecutiva del presidente Trump anula la Orden Ejecutiva No. 13,166, firmada por el expresidente demócrata, Bill Clinton, el 16 de agosto de 2000.

En ese momento, Clinton ordenó a las agencias federales asegurarse de que sus programas fuesen accesibles para personas con un bajo nivel de inglés. Se basó para ello en una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de origen.

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Reducir los servicios multilingües, un golpe para la comunidad inmigrante

Reducir los servicios multilingües representa un nuevo golpe para muchos migrantes, al empeorar su acceso a la salud o la justicia.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles temen que esta medida empeore el acceso a la atención médica, ya que hasta ahora los pacientes que no hablan inglés tienen derecho a recibir servicios de interpretación simultánea. También podrían complicar otras tareas como rellenar formularios o votar.

Más de 26 millones de habitantes de Estados Unidos hablan inglés a un nivel inferior a “muy bien”, según datos de 2023 de la Oficina del Censo.

Según la misma fuente, al menos 42 millones de personas hablan español en casa. De estas, 16 millones tienen dificultades para hablar inglés con fluidez.

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Roseman tenía un poco de sangre en la frente producto del golpe. NBC Sports Philadelphia, entrevistó al gerente, quien confirmó que había sido producto de una lata voladora.

El hecho no pasó a mayores, incluso el gerente general ofreció un discurso a los fanáticos del equipo desde el museo mientras sostenía el Trofeo Lombardi. “Sangro por esta ciudad”.

En las icónicas escaleras del museo también hablaron otros miembros del equipo como el Jugador Más Valioso del Super Bowl, Jalen Hurts, quien agradeció a los fanáticos. ”No podemos prescindir de los fans. Todos los apreciamos. Los amamos”.

El quarterback de los Eagles compartió que nunca había estado en el museo. “Me dije que no iría a Rocky Steps hasta que ganara un campeonato y ahora estamos aquí”.

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“Este equipo ha tenido que batallar mucho, ha tenido que perseverar. Ha habido un montón de escrutinio, un montón de opiniones, pero una cosa es cierta sobre esta ciudad, nosotros peleamos”, enfatizó Hurts.

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Arce, de 60 años y en el poder desde 2020, estuvo el miércoles 26 de junio bajo el asedio de militares con tanques que trataron de irrumpir en el palacio presidencial, donde se encontraba el mandatario cuando estalló la sublevación.

Incluso, uno de los carros de combate intentó derribar la puerta, por donde luego ingresó caminando el general Juan José Zúñiga, cabecilla del fallido movimiento.

Las tropas sublevadas se apostaron frente a la sede de Gobierno, en pleno centro de La Paz, antes de replegarse.

Zúñiga también abandonó el lugar, tras lo cual fue detenido y presentado en un cuartel de la policía, junto al comandante general de la Armada Boliviana (Marina), el vicealmirante Juan Arnez Salvador.

Ambos son acusados por la fiscalía por los delitos de terrorismo y alzamiento armado.

Después de varias horas se apaciguó el temporal, con el retorno de los uniformados a sus cuarteles y la detención de los dos jerarcas castrenses.

En las últimas horas, Palacio de Gobierno difundió una conversación entre Arce y Zúñiga en las puertas de la casona presidencial, rodeados de militares.

Arce le increpa: “yo soy su capitán (general), vuelva tras sus órdenes y lleve a toda la policía militar a sus cuarteles (…) repliegue a todas estas fuerzas en este momento, general. Es una orden general, ¿no me va a hacer caso?”. Luego Zúñiga respondió con un tajante “no”.

Arce, desde su cuenta en la red social X, dijo la noche del miércoles 26 de junio: “¡Vamos a defender la democracia y la voluntad del pueblo boliviano, cueste lo que cueste!”.

Agradeció a los países “que han condenado de manera enérgica y se han pronunciado en favor de la democracia boliviana, ante el intento de golpe de Estado a nuestro gobierno”.

Los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) condenaron con energía la intentona golpista.

El gobierno de Estados Unidos llamó “a la calma” y aseguró que “está siguiendo de cerca la situación”.

Rusia también condenó el intento de golpe y manifestó su “apoyo total e indefectible” al presidente Arce.

Crisis económica y peleas políticas

El incidente de los uniformados, que no se repetía en mas de 20 año de vida democrática, se registra en medio de turbulencias en la economía, por la escasez de dólares que provoca reclamos en el comercio importador y de combustibles que enfada a sindicatos de transporte de carga.

El mismo Arce dijo en las redes sociales: “los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país” y no sublevaciones que “dañan la imagen de la democracia boliviana a nivel internacional y generan incertidumbre innecesaria”.

Como telón de fondo también está la disputa entre Arce y su mentor político, el expresidente Evo Morales (2006-2019), por la candidatura para las próximas elecciones generales de 2025, por un periodo de cinco años.

Zúñiga se sumó a las peleas políticas, tras expresar el lunes su firme oposición al eventual retorno al poder de Morales, quien se disputa con Arce el liderazgo del partido oficialista.

En una entrevista el lunes con un canal de televisión, incluso aseguró que detendría a Morales si insistía en postularse a la presidencia el próximo año.

“Un sainete”

Empero las dudas sobre la seriedad del movimiento militar comenzó a surgir tras la detención del general Zúñiga.

El mismo militar reveló poco antes de ser conducido a una celda policial que el movimiento de militares fue acordado con el gobernante Arce el pasado día domingo, pues -dijo- él le propuso “preparar algo para levantar su popularidad” en medio de una situación “jodida” en el país, sin dar más detalles.

“Es absolutamente falso y son cosas que me resultan inconcebibles”, respondió horas después la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, brazo derecho de Arce.

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El exmandatario centrista Carlos Mesa (2003-2005) indicó en la red X que la movilización militar “se parece a un sainete”.

Recordó la acusación de Zúñiga de un preacuerdo con Arce y demandó una investigación para que se aclare todo lo que sucedido.

Por: AFP

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De 41 años de edad, Luis Parra militó en el opositor partido Primero Justicia, una de las cuatro organizaciones políticas más importantes dentro de la bancada opositora. En diciembre pasado fue expulsado del partido luego que se publicara un escandaloso caso de corrupción que lo vinculaba a él y a un grupo de diputados opositores, con empresarios que tenían negocios sucios con el régimen de Nicolás Maduro y el sistema de alimentación CLAP.

En una investigación periodística del portal Armando.info, Parra fue señalado de otorgar indulgencias a Alex Saab y a otros empresarios que han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las cartas que entregó el parlamentario en cuestión habrían lavado la reputación de los señalados empresarios y además habría solicitado a organismos internacionales retirar las sanciones de los imputados. También se le acusa a Parra de orquestar una maniobra para sobornar a otros legisladores ofreciéndoles un millón de dólares para que votaran contra Guaidó.

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El diputado Parra, acusado de corrupción, ha sido reconocido por Nicolás Maduro y ha pretendido convertirse en el sucesor de Guaidó. Según la bancada opositora, la candidatura de Parra fue votada sin el quórum requerido, es decir, no alcanzó los 84 votos mínimos para asumir el cargo. La instalación de la nueva junta necesitaba la mayoría absoluta, pero los chavistas que apenas sumaban 55 escaños y algunos desertores de la oposición representantes de las minorías que contabilizan 9 escaños (en total suman 64 votos) abrieron la sesión, sin la presencia de los opositores.

Luis Parra llegó al Parlamento venezolano tras ganar las elecciones de diciembre de 2015, en la que consiguió un escaño para representar al estado Yaracuy (occidente de Venezuela). Su rostro y su nombre son poco conocidos, y pese a recaer en él casos de sobornos y estar vinculado a una gigantesca red de corrupción, su nombre apenas comienza a tener eco tras el asaltado consumado este domingo.

Desde 2015, formó parte de la Subcomisión de Recursos Naturales del Parlamento en la que inició investigaciones por las consecuencias del Arco Minero, un proyecto creado en 2016 para explotar recursos minerales como oro, diamante y coltán, abundantes en el estado Bolívar, al sur de Venezuela y fronterizo con Brasil.

Aunque años atrás dijo mantener una absoluta alianza con la oposición y despotricar al partido de Maduro (Psuv), este diputado anunció en diciembre (luego se ser acusado de corrupción), la creación de una “nueva oposición” para desafiar a la bancada que lo apoyó durante casi cuatro años. Ahora pretende desplazar a la fuerza a quien es reconocido por Estados Unidos y otros 50 países más, como el presidente interino de Venezuela.

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