La agencia gubernamental denunció que las morgues carecen de fondos, de empleados y de equipo para examinar adecuadamente los cuerpos.

El aumento en el número de homicidios en México en la última década ha contribuido a la gran acumulación de cadáveres. Muchos de los cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas, utilizadas con frecuencia por grupos delictivos para deshacerse de los cuerpos de víctimas o rivales.

La Comisión recomendó que se compilen álbumes fotográficos cuando se excaven dichas fosas para registrar artículos de ropa u otras posibles señales que pudieran ser de utilidad para identificar los cuerpos.

En 2018, residentes de Guadalajara en el occidente mexicano, se quejaron del olor que provenía de un tráiler refrigerado en donde se encontraron 273 cadáveres no identificados. La morgue de la ciudad estaba tan saturada y mal administrada que algunos de los cuerpos sin identificar estuvieron pudriéndose durante dos años antes de que se les practicara la autopsia.

Algunas morgues han enterrado los cuerpos en fosas comunes, pero en ocasiones han sido criticadas porque no tomaron antes muestras de tejido, o los registros y ubicaciones de las fosas no se preservaron de forma adecuada.

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Desde 2006 en México se han acumulado 37.443 cadáveres sobre los cuales no hay claridad de su identidad y presentan severas dudas en la ejecución de la necropsia y en el certificado de defunción.

Entre este macabro número, hay 8.116 cuerpos sin identificar apilados en los 263 anfiteatros del país, que presentan una sobreocupación de 2.945 cadáveres, según han confirmado las propias autoridades nacionales.

La emergencia forense que representan unos 40 mil desaparecidos acumulados en la última década, obliga a México a replantearse la estrategia para combatir el alto número de desaparecidos en el país.

“Hay que replantear el rumbo y hay que concretar una política que nos garantice el trato digno y la identificación del cuerpo que se encuentran en los servicios forenses y fosas comunes e incluso en las fosas clandestinas”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, durante la presentación de los avances del Sistema Nacional de Búsqueda que se reinstaló el 24 de marzo.

Al presentar el informe, en el que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas calificó de “muy severa” la emergencia forense en México y anunció la creación de nuevos institutos forenses y 15 cementerios en nueve estados del país.

Los institutos regionales estarán en Coahuila, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz. Mientras que los cementerios se repartirán tres en Veracruz, tres en Sinaloa, dos en Jalisco, dos en Guerrero, y uno en Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

Encinas dijo que el objetivo del replanteamiento “es evitar que se siga acumulando el rezago” y resolver la atención de los casos del día a día, los casos que están en espera y la atención de las fosas clandestinas.

Aseguró que se debe reorientar el trabajo forense con protocolos homologados que den prioridad a la identificación con equipos multidisciplinarios y con el material que permita la identificación dactilar, biométrica y genética.

Señaló que se ha detectado falta de infraestructura para el desarrollo de prueba de identificación de personas, escasez de personal especializado en los servicios forenses y falta de recursos para la operación efectiva de todas las especialidades forenses. Además de la falta de criterios homologados para la conservación y tratamiento de los cadáveres y el desconocimiento de la normatividad en la materia y la insuficiencia de cementerios forenses en el país.

Sobre las fosas clandestinas se señaló que entre 2006 y 2018, se localizaron 2.190 de las cuales se exhumaron 3.169 cadáveres, y que en lo que va este año se han encontrado 426 fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron 529 cadáveres.

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“Es un número dinámico que estamos revisando”, admitió la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, en una conferencia de prensa junto al presidente. El Ejecutivo señaló a los Estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco son las regiones más golpeadas por esta crisis.

La última cifra que trascendió en relación con este tema, ocurrió a través de una investigación periodística que señalaba unos 2.884 cuerpos en 1.978 tumbas ilegales.

El Gobierno mexicano eligió este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para rendir cuentas respecto a este tema. “Es la primera vez que desde el Gobierno federal se lleva un seguimiento cotidiano”, aseguró Quintana quien señaló que los números han sido recopilados a partir de información de las fiscalías estatales y las organizaciones civiles que se dedican a buscar desaparecidos, según reseña el diario El País.

Además de los números generales, el Ejecutivo mexicano ha señalado que desde llegada de López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018, se han encontrado 522 fosas con 671 cuerpos. La mayoría fueron halladas en Colima, un pequeño Estado sobre la costa del Pacífico, y Veracruz, una de las entidades más marcadas por el crimen organizado.

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El Gobierno destacó que durante su gestión se han identificado 200 restos humanos de los cuales 116 se entregaron a sus familiares. “Este diagnóstico nos da mayor información para crear una política”, dijo la comisionada Quintana tras exponer los datos.

Durante el presente mes el drama de las fosas clandestinas ha abierto varios casos. El 9 de agosto la Fiscalía de Jalisco anunció el hallazgo de varias bolsas con restos humanos enterradas en el patio de una finca abandonada. Un día después, a unos 500 kilómetros, un colectivo de búsqueda encontró varias osamentas en un predio en el estado de San Luis Potosí.

El 24 de agosto  una organización social reportó el descubrimiento de más de dos mil fragmentos de huesos de manos y pies al borde de un camino en Culiacán, capital de Sinaloa. Los huesos pertenecerían a unas 150 personas, incluyendo niños.

El Ejecutivo de López Obrador insistió en “el vuelco” que ha dado la política actual con respecto a los anteriores sexenios. Uno de los pasos fundamentales para diferenciarse de la Administración de Enrique Peña Nieto ha sido abrir las puertas a la inspección internacional.

“Se hará una invitación formal al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para el segundo semestre de 2020, una solicitud estaba pendiente desde 2013”, anunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas quien agregó que “el Gobierno anterior se negó recurrentemente a dar la invitación, invisibilizando el problema”.

La política para localizar a personas desaparecidas en México tomó impulso con la llegada de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en febrero pasado. La apuesta del Ejecutivo, más allá de las cifras, ha sido la creación de una estrategia que incluye comisiones de búsqueda en cada Estado y un presupuesto de unos 8,5 millones de dólares.

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En conferencia de prensa, Gerardo Octavio Solís, fiscal general estatal, detalló que se identificaron a dos de los 27 cuerpos hallados, y continúan los trabajos de excavación e identificación de los restos.

Asimismo, aseguró que se continúan con los trabajos de excavación en la zona metropolitana de Guadalajara.

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“El trabajo ha sido muy intenso, estamos excavando a más de tres metros de profundidad”, dijo el funcionario. “Nos estamos auxiliando de maquinaria pesada e ingenieros para que nos hagan cálculos estructurales y no vayamos a debilitar alguna de las paredes perimetrales”, agregó Solís.

El fiscal general de Jalisco también señaló que el operativo incluyó la intervención de cuatro inmuebles y fue en dos de ellos donde se hallaron restos humanos.

La fosa más grande fue ubicada en la colonia El Campanario, en el municipio de Zapopan, donde encontraron 27 cadáveres. Esta cifra podría aumentar pues los trabajos de remoción de tierra continúan, indicó el fiscal.

En otra finca, en la colonia Olímpica en Guadalajara, se encontraron los cráneos de 7 personas y demás restos óseos.

En esta zona los trabajos han sido complicados “porque hay ácidos, soda cáustica, que no permite que el personal trabaje más allá de 20 minutos y luego tienen que salir”, dijo el fiscal.

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Según las autoridades judiciales, en el lugar operan al menos dos bandas del crimen organizado dedicadas principalmente al narcotráfico, que luchan por esta plaza del norte de México.

Se sabe que al menos tres de los cuerpos hallados son mujeres. Más de 30 activistas peinaron cerca de 30 mil metros cuadrados del campo donde encontraron prendas de vestir, joyas, carteras, bolsos e identificaciones así como señales de entierros clandestinos.

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Las mujeres integrantes del grupo Guerreras Buscadoras, acompañadas por 10 peritos y médicos forenses, llevaban una vara que entierran en el piso para buscar huesos, además de picos y palas para excavar donde encuentran indicios de que la tierra ha sido removida.

María Teresa Valadez, líder de la comitiva, explicó que el grupo se organizó para brindar capacitación a otras mujeres que tienen familiares desaparecidos en los municipios de la zona.

“El último domingo de marzo nos recibió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer domingo de abril estuvimos con la Alta Comisionada de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quienes han respondido nuestra súplica para que en tres meses tengamos nuestra propia Comisión Estatal de Búsqueda”, dijo Valadez.

El sábado 31 de marzo, las mujeres encontraron en el mismo Valle del Yaqui, donde se ubica Cajeme, ocho cuerpos que correspondían a cuatro de hombres y cuatro de mujeres.

Cuando las Guerreras Buscadoras salen a escudriñar en Sonora las acompaña personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado que dispuso del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense para tomar muestras de ADN de las osamentas o cuerpos sin vida descubiertos, para cotejarlos con las muestras tomadas a familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Del grupo original de mujeres buscadoras, todas han encontrado los restos de sus seres queridos, sin embargo continúan su búsqueda todas las semanas y en cinco años de trabajo han encontrado los restos humanos de unas 300 personas de los cuales más de 200 han sido identificados y entregados a sus familiares.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2017 a noviembre de 2018, en Sonora fueron denunciados 2.250 casos de desaparición de personas.

En México se localizaron al menos 2 mil fosas clandestinas entre los años 2006 y 2016 con 2.884 cuerpos de personas asesinadas y sepultadas por el crimen organizado según reveló una investigación periodística independiente basada en datos de fiscalías estatales.

El reportaje “A dónde van los desaparecidos”, en que ha trabajado un grupo de periodistas mexicanos durante casi dos años, señala que el fenómeno de las fosas clandestinas abarca 24 estados del país y uno de cada siete municipios mexicanos.

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