Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la protección que otorga permisos de trabajo y frena la deportación, estaba programada para expirar el 2 de septiembre de 2025. Sin embargo, tras el fallo del Tribunal del Distrito Este de New York, se estableció que cualquier finalización del programa no podrá ser efectiva antes de febrero de 2026.

El TPS para Haití beneficia actualmente a más de 520.000 inmigrantes y ha sido renovado en múltiples ocasiones debido a las prolongadas crisis humanitarias, políticas y de seguridad que afectan al país caribeño, como el terremoto de 2010 y la creciente violencia de pandillas.

Pese a la extensión ordenada por la corte, el DHS expresó su desacuerdo con la decisión judicial. En un comunicado publicado en su sitio web, la agencia recordó que la Corte Suprema había sentado un precedente favorable a la revocación del TPS en mayo, al permitir a la administración Trump finalizar la protección para más de 300.000 venezolanos.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, había dispuesto en febrero de este año modificar el periodo de extensión concedido previamente por el expresidente Joe Biden, estableciendo el 3 de agosto como fecha de término formal, con un plazo de gracia hasta el 2 de septiembre. Durante ese periodo, alentó a los beneficiarios a abandonar voluntariamente el país.

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El Ejecutivo estadounidense argumentó que la situación ambiental y humanitaria en Haití “ha mejorado lo suficiente” para justificar el fin del programa. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos migratorios y expertos en la región advierten que las condiciones en el país siguen siendo extremadamente precarias.

Además del TPS, los inmigrantes haitianos ya habían sido afectados anteriormente por la eliminación del “parole humanitario”, que otorgaba un estatus legal temporal a nacionales de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, tras una decisión del Tribunal Supremo que respaldó las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump.

El Gobierno aún no ha definido cómo responderá a la decisión judicial, aunque el DHS informó que está evaluando los pasos legales a seguir.

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Dicha legislación que oficialmente se denomina “Derechos de los padres en la educación”, está ya vigente entre el jardín de infancia y el tercer grado, pero a partir de ahora será ampliada a todo el nivel K-12, es decir el sistema público de enseñanza hasta secundaria.

La extensión de la ley nació a partir de una propuesta del gobernador Ron DeSantis, que con el respaldo de la mayoría republicana en el Congreso de Florida está instituyendo un conjunto de leyes ultraconservadoras en ámbitos como derechos reproductivos, inmigración y posesión y tenencia de armas.

De acuerdo con la ley, que fue firmada por el gobernador DeSantis en marzo de 2022, los padres tendrán la posibilidad de presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si se incumple esta disposición.

La administración de DeSantis presentó la propuesta en marzo pasado como parte de la agenda política.

La legislación será vigente después de un período de notificación de procedimiento que se prolongara aproximadamente un mes según informó el Departamento de Educación.

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Ante el anuncio de la aprobación de la ley “No digas gay”, la organización Campaña de Derechos Humanos e Igualdad de Florida (Equality Florida) dijo que “esta política intensificará la censura del gobierno que se extiende por nuestro estado, exacerbará nuestro éxodo de educadores, expulsará a las familias trabajadoras de Florida y estigmatizará y aislará aún más a una población de jóvenes que necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca”.

En su  momento el presidente Joe Biden, condenó la referida ley y la calificó como algo odioso para la comunidad LGBTQ.

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