Esta crucial instalación es la encargada de abastecer a PortMiami, uno de los sectores económicos más dinámicos de la región. La resolución autoriza formalmente a la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava a aplicar el mecanismo judicial de venta forzosa. Mediante esta vía legal, el gobierno local podrá tomar el control del predio depositando una garantía financiera, dejando en manos de un jurado de los tribunales la determinación del precio final del terreno.

La medida surge como respuesta directa al fracaso de las negociaciones previas con los actuales propietarios, un grupo de promotores inmobiliarios que incluye a Russell Galbut y a Related Group. Dichos empresarios adquirieron la parcela el año pasado por 180 millones de dólares con el objetivo de clausurar la terminal industrial y desarrollar un complejo residencial de lujo.

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Aunque se mantuvo una mediación confidencial de nueve meses donde se barajó un acuerdo de compra por cerca de 400 millones de dólares, la alcaldesa Levine Cava detuvo la operación al considerarla excesiva y optó por la estrategia judicial para proteger las arcas públicas.

El conflicto de las tasaciones y el convenio de 1978

El núcleo de la disputa radica en una notable disparidad en las valoraciones del suelo. Un memorando ejecutivo expuso tres tasaciones dispares: 25 millones de dólares si el predio opera estrictamente como terminal de combustible; 180 millones de dólares bajo condiciones estándar; y una proyección de 430 millones de dólares si se habilita plenamente para el desarrollo inmobiliario de condominios, una cifra cercana a las expectativas de los desarrolladores, quienes estiman ventas por 2.500 millones de dólares.

Para contener el precio ante el tribunal, el condado apelará a un convenio legal de 1978. Según explicó el vicealcalde Roy Coley, este documento histórico restringe permanentemente el uso de 1,62 hectáreas de la propiedad al transporte y almacenamiento de combustibles.

La administración defiende que solo la Comisión tiene la potestad para modificar dicha zonificación. No obstante, la empresa propietaria, HRP Fisher Island, minimizó el impacto del convenio afirmando que este tipo de restricciones suelen rescindirse en los procesos de uso de suelo y que la parcela fue comercializada originalmente como apta para el desarrollo residencial de alto estándar.

La decisión política generó posturas encontradas. Mientras la comisionada Raquel Regalado emitió el único voto en contra, advirtiendo que la resolución impactará al condado por los próximos 50 años, otros funcionarios defendieron la urgencia de la medida.

La urgencia radica en que los propietarios actuales solo están obligados a mantener el suministro de combustible hasta mayo de 2027. De concretarse el cierre de la terminal, PortMiami perdería su acceso directo de abastecimiento para embarcaciones.

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Ante este panorama, importantes líderes del sector turístico, como Jason Liberty de Royal Caribbean, comparecieron públicamente para respaldar la intervención estatal, calificando la situación futura del puerto como precaria si no se asegura la infraestructura básica.

De no prosperar la expropiación, el condado ya baraja costosas alternativas de emergencia, tales como la instalación permanente de barcazas de combustible flotantes o la cancelación de los planes de expansión portuaria actuales para construir una nueva planta de almacenamiento.

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