Antes de asumir su nuevo cargo, Clayton se desempeñó como Fiscal Federal del Distrito Sur de New York, una de las fiscalías más importantes del país. Durante su gestión, la oficina priorizó la lucha contra la violencia armada; las organizaciones criminales; el narcotráfico, incluidas las redes vinculadas a cárteles y gobiernos extranjeros, los delitos de odio, la trata de personas, la explotación infantil, el terrorismo, los ciberataques, el fraude informático, los delitos bursátiles y el lavado de dinero.

Entre los casos más relevantes impulsados durante su administración figuran la acusación contra 19 personas por distribuir millones de dosis de fentanilo y crack en Washington Square Park; las condenas de Alon, Oren y Tal Alexander por delitos federales de trata sexual; la declaración de culpabilidad del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios y las acciones judiciales contra Nicolás Maduro por cargos relacionados con narcoterrorismo; la acusación contra Emir Balat e Ibrahim Kayumi por un presunto ataque terrorista ocurrido en New York; además de numerosas investigaciones sobre explotación infantil, homicidios vinculados a pandillas, narcotráfico y fraude corporativo.

Con anterioridad, Clayton presidió la U.S. Securities and Exchange Commission entre mayo de 2017 y diciembre de 2020. Durante ese período impulsó una agenda enfocada en la protección de los inversores minoristas, el fortalecimiento de la integridad de los mercados y la modernización del marco regulatorio.

Bajo su liderazgo, la U.S. Securities and Exchange Commission emprendió más de 2.300 acciones de cumplimiento que derivaron en más de $10.000 millones en multas y restituciones, además de recuperar más de $3.000 millones para inversores afectados por fraudes.

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Mientras estuvo al frente de la comisión, también integró diversos organismos de supervisión económica y financiera, entre ellos el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados Financieros, el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, la Junta de Estabilidad Financiera y la Junta de Supervisión de la Financiación de la Vivienda Federal.

Asimismo, compareció en numerosas ocasiones ante el Congreso para abordar temas como la regulación de los activos digitales, la ciberseguridad, la respuesta regulatoria durante la pandemia de Covid-19 y la relación económica entre Estados Unidos y China.

Tras dejar la U.S. Securities and Exchange Commission 

Tras dejar la comisión, fue presidente de Apollo Global Management y regresó al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP como asesor senior. También integró el directorio de American Express y desarrolló actividades académicas como profesor adjunto en la Universidad de Pennsylvania y en la Escuela de Negocios Wharton.

Ingeniero por la Universidad de Pennsylvania, economista por la Universidad de Cambridge y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, Clayton ha desarrollado una carrera centrada en la regulación financiera, la aplicación de la ley y la seguridad nacional, credenciales que sustentaron su reciente confirmación para dirigir la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

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Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump se esfuerza en anunciar proyectos grandiosos para la capital estadounidense, donde quiere dejar su huella de constructor inmobiliario y su nombre en el mayor número de monumentos.

El aeropuerto internacional Dulles, inaugurado en 1962 y conocido por su esbelto diseño de hormigón blanco y cristales, “es considerado uno de los peores aeropuertos del mundo”, espetó Trump ante periodistas.

“Vamos a convertirlo quizás en el mejor”, añadió al presentar en el Despacho Oval los mapas y los bocetos de las futuras terminales y un gigantesco estacionamiento.

El aeropuerto Dulles es conocido entre otros aspectos por un inusual transporte de pasajeros mediante viejos y aparatos transportadores.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, que habló junto a Trump, dijo que el proyecto costaría 22.500 millones de dólares, y que United Airlines, que cuenta con la mayoría de vuelos que parten de Dulles, asumiría parte de la factura.

Situado a unos 40 kilómetros de Washington (Distrito de Columbia), Dulles es el principal aeropuerto internacional de la zona, con más de 29 millones de pasajeros que lo utilizaron en 2025, la mayor cifra registrada.

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Trump ha puesto en marcha una serie de otros proyectos en la capital, incluida una renovación del célebre Centro Kennedy de Washington que le permitió colocar su nombre en el edificio antes de que un tribunal ordenara su retirada en junio.

También inició la renovación del estanque reflectante a los pies del Monumento a Lincoln, por un costo de al menos 14 millones de dólares.

El presidente además ha derribado el Ala Este de la Casa Blanca con planos de construir un enorme salón de baile y ha propuesto un gran arco al otro lado del Potomac, cerca del Cementerio Nacional de Arlington, el sagrado lugar de descanso de los soldados estadounidenses caídos.

Trump ha anunciado también planes para renovar lo que describe como un campo de golf “deteriorado y desgastado” en Washington llamado East Potomac Golf Links.

Por: AFP

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El 11 de abril de 1952, un Viernes Santo, el vuelo 526A de Pan American World Airways despegó desde San Juan, Puerto Rico, con destino a New York. A bordo viajaban 64 pasajeros y cinco tripulantes en un avión Douglas DC-4, una aeronave de cuatro motores de hélice. Pocos minutos después del despegue, dos de sus motores comenzaron a fallar, obligando al comandante John C. Burn a tomar una decisión crítica.

En lugar de intentar regresar al aeropuerto, el piloto optó por dirigirse hacia el mar para evitar un aterrizaje de emergencia sobre una zona poblada o un arrecife de coral. Finalmente realizó un amerizaje controlado. Aunque el impacto fue extremadamente violento y la cola del avión se desprendió, todos los ocupantes sobrevivieron inicialmente.

Sin embargo, el desenlace fue devastador. El fuselaje comenzó a inundarse rápidamente y, en menos de tres minutos, la aeronave se hundió en el océano Atlántico. Un total de 52 personas murieron y solo 39 cuerpos pudieron ser recuperados, convirtiéndose en uno de los peores desastres aéreos en la historia de Puerto Rico.

Un cambio histórico para la aviación

Según reseñó BBC, la investigación realizada por la entonces Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos determinó que las causas principales del accidente fueron fallas mecánicas en dos motores que no habían sido corregidas oportunamente, pese a que existían reportes previos sobre su funcionamiento. No obstante, los investigadores concluyeron que el elevado número de víctimas también respondió a graves deficiencias en los procedimientos de evacuación.

Aunque cada asiento contaba con un chaleco salvavidas, la tripulación nunca explicó a los pasajeros dónde se encontraba ni cómo debía utilizarse. Los sobrevivientes relataron que reinó la confusión en los pocos minutos disponibles antes de que el avión desapareciera bajo el agua. Además, solo una de las tres balsas salvavidas logró desplegarse correctamente y las restantes estaban almacenadas en un compartimiento de difícil acceso, lo que limitó las posibilidades de rescate.

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Las conclusiones fueron contundentes: muchas vidas podrían haberse salvado si los pasajeros hubieran recibido instrucciones claras antes del despegue. A partir de ese informe, las autoridades recomendaron que las aerolíneas realizaran demostraciones obligatorias sobre el uso de los chalecos salvavidas, informaran la ubicación de las salidas de emergencia y garantizaran un acceso rápido a las balsas de rescate.

Estas recomendaciones fueron incorporadas a la normativa estadounidense en 1965 y, con el paso del tiempo, se transformaron en estándares internacionales adoptados por la aviación comercial. Desde entonces, las demostraciones de seguridad previas al vuelo pasaron a formar parte de cada despegue, una práctica que actualmente se considera indispensable para proteger la vida de los pasajeros.

Más de 70 años después de aquella tragedia, el accidente volvió a cobrar notoriedad luego de que un equipo integrado por la Air/Sea Heritage Foundation, la empresa Deep Sea Vision, Eco Minerals y Discovery Channel lograra localizar los restos del DC-4 en el fondo del océano Atlántico, a unos 600 metros de profundidad.

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En 2025, el 15% de los adultos en todo el mundo que afirman que les gustaría mudarse de forma permanente a otro país eligieron a Estados Unidos como su destino preferido, la cifra más baja registrada en casi dos décadas de mediciones realizadas por Gallup.

Entre 2007 y 2009, el 24% de los potenciales inmigrantes eligieron a Estados Unidos como su primera opción, y esa cifra se mantuvo cerca del 20% hasta 2016. Desde 2017, se ha mantenido en el 18% o por debajo de ese porcentaje.

El orden de los países que más interés despiertan entre los posibles migrantes apenas ha variado desde la primera medición de Gallup. Canadá ocupa el segundo lugar, como lo ha hecho durante varios años, con un 9% de los potenciales migrantes que lo eligen como su destino preferido. Mientras el interés por Canadá y los demás destinos se ha mantenido relativamente estable, Estados Unidos ha perdido atractivo.

Entre 2007-2009 y 2025, las preferencias de los adultos en todo el mundo sobre los principales países de destino para migrar de forma permanente muestran cambios importantes. Estados Unidos continúa siendo el destino más atractivo, aunque el porcentaje de personas que lo eligen cayó del 24% al 15%.

En contraste, Canadá aumentó del 7% al 9%, mientras que el Reino Unido descendió del 7% al 4%. Por su parte, Alemania, Australia, España, Francia, Japón, Italia y Arabia Saudita se han mantenido relativamente estables, con niveles de preferencia de entre el 3% y el 5%.

Disminuye el deseo de mudarse a Estados Unidos

En 2025, el interés por emigrar a Estados Unidos disminuyó entre los adultos de varias regiones, con descensos estadísticamente significativos en América Latina y el Caribe, África subsahariana y el sudeste asiático.

Latinoamérica concentra siete de los 16 países del mundo donde la preferencia por Estados Unidos como destino migratorio cayó al menos 10 puntos porcentuales. En la región, el porcentaje pasó del 33% en 2024 al 28% en 2025.

Otros países latinoamericanos también registraron descensos de dos dígitos. En México, el porcentaje de personas que desean emigrar a Estados Unidos cayó al 21%, igualando el nivel más bajo registrado en 2017 y 2018. En Honduras, el interés por migrar a EE. UU. se redujo 35 puntos porcentuales, al pasar del 71% al 36%, la mayor disminución registrada por un país en 2025.

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A pesar de este descenso, Estados Unidos sigue siendo, por amplio margen, el destino preferido en América Latina y el Caribe, así como en África subsahariana. Sin embargo, el panorama es diferente en otras regiones del mundo.

En el sudeste asiático, Japón lidera las preferencias con un 23%, frente al 12% de Estados Unidos. En Oriente Medio y el norte de África, Alemania atrae al 13% de los potenciales migrantes y Arabia Saudita al 12%, mientras que Estados Unidos registra un 9%.

En el sur de Asia, Arabia Saudita y Estados Unidos aparecen prácticamente empatados, con un 7% de preferencia cada uno. En Europa, España lidera con un 11%, seguida de Suiza con un 8%, mientras que Estados Unidos alcanza el 6%.

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El nombramiento de este exfiscal fue aprobado con 51 votos a favor y 47 en contra, todos demócratas.

Clayton, que también dirigio la comisión reguladora de los mercados bursátiles (SEC) durante el primer mandato de Trump, reemplazará a Tulsi Gabbard, quien dimitió el mes pasado.

Será el nuevo responsable de una red de 18 agencias de inteligencia, incluidas la CIA y la NSA, encargado de presentar un informe diario al presidente.

“Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como director”, dijo Trump en una publicación en Truth Social poco después de la votación.

Clayton fue confirmado en el cargo en momentos en que crece la preocupación por la aparente intención de Trump de arrastrar a las agencias de seguridad nacional de sembrar dudas sobre el próximo proceso electoral.

A comienzos de este mes, en un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump difundió información de inteligencia desclasificada que, según él, demostraba interferencia china de cara a las votaciones.

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Al mismo tiempo insistió en su versión falsa de que le robaron las elecciones en 2020 frente al demócrata Joe Biden.

La nominación de Clayton en junio se produjo tras una viva polémica después de que Trump designara a su estrecho aliado Bill Pulte como director de Inteligencia Nacional interino.

Pulte usó su otro cargo como regulador federal de vivienda para remitir a varios de los adversarios políticos de Trump para una posible imputación, y supervisó drásticos recortes en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Por: AFP

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La medida anunciada desde el Departamento del Tesoro no es un levantamiento de sanciones, sino que busca facilitar las operaciones de envío de ayuda que pueden verse obstaculizadas por los bancos estadounidenses por precaución.

Aunque Estados Unidos ha ido levantando buena parte de las sanciones contra Venezuela tras derrocar al presidente Nicolás Maduro, subsisten obstáculos como la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras disposiciones de lucha contra el lavado de dinero.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no adoptará medidas, “incluidos señalamientos de infracción de la ley”, contra instituciones financieras estadounidenses que deban prestar un servicio financiero autorizado cuyo destinatario esté en Venezuela, señaló este organismo del Tesoro.

El FinCEN aclara que las entidades financieras deberán hacer “esfuerzos razonables” para evitar transacciones ilegales.

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Las entidades bancarias deben seguir cumpliendo con las sanciones aún en vigor, precisó el comunicado.

Esta suavización de las reglas bancarias se mantendrá en vigor hasta el 29 de enero de 2027.

El último balance oficial de los dos potentes sismos que devastaron amplias zonas de Venezuela el pasado 24 de junio, es de 5.546 fallecidos.

Por: AFP

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Según una encuesta realizada por Gallup, la asequibilidad fue el aspecto peor valorado entre los siete indicadores evaluados sobre las universidades de cuatro años. En contraste, estas instituciones obtuvieron sus mejores calificaciones en investigación y generación de nuevos descubrimientos, 53%, así como en la calidad de la educación, 50%.

El estudio también revela que las instituciones de educación superior de dos años reciben una valoración más positiva. El 54% de los encuestados considera que ofrecen una educación asequible y el 61% destaca la calidad de la enseñanza. También obtienen mejores resultados en acceso a la educación y preparación para el mercado laboral.

Pese a las críticas por los costos, la mayoría de los padres sigue apostando por la educación superior para sus hijos. Tres de cada cuatro prefieren que continúen sus estudios tras finalizar la secundaria, ya sea en una universidad de cuatro años, un colegio comunitario o mediante programas de formación técnica o certificación.

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La encuesta también muestra un amplio consenso sobre quién debe asumir la responsabilidad de reducir los costos de la educación superior. El 76% de los estadounidenses señala a las universidades, el 73% a los gobiernos estatales y el 67% al gobierno. En cambio, solo una minoría considera que los estudiantes y sus familias deben asumir el peso de hacer más accesible la educación.

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De acuerdo con un reciente informe del Pew Research Center, el 89% de los estadounidenses menores de 40 años considera que actualmente es más difícil comprar una casa que lo fue para la generación de sus padres.

Los datos reflejan una percepción ampliamente compartida entre la población. En total, el 87% de los adultos estadounidenses coincide en que las condiciones actuales hacen más complejo el acceso a una vivienda propia para los jóvenes.

Los precios avanzan mucho más rápido que los ingresos

El principal factor detrás de esta situación es la creciente brecha entre el valor de las viviendas y los ingresos familiares. Entre 2019 y 2024, el precio medio de las viviendas en Estados Unidos, ajustado por inflación, aumentó un 30%, pasando de $269.600 a $350.000. En el mismo período, el ingreso medio de los hogares encabezados por personas menores de 40 años creció apenas un 9%, de $92.700 a $100.900.

Como consecuencia, la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de estos hogares pasó de 2,9 a 3,5, alcanzando niveles comparables a los registrados durante la burbuja inmobiliaria de mediados de la década de 2000. Antes del año 2000, este indicador se ubicaba alrededor de 2,5, lo que evidencia el deterioro de la asequibilidad en las últimas décadas.

Hipotecas más caras y mayores costos de entrada

El incremento de los precios no es el único obstáculo. También aumentaron considerablemente las tasas de interés hipotecarias. Según datos de Freddie Mac, la tasa promedio para préstamos a 30 años pasó del 3,9% en 2019 al 6,7% en 2024.

Este cambio elevó de forma significativa el costo mensual de ser propietario. Un comprador que adquiría una vivienda promedio en 2019, con un anticipo del 3,5%, debía afrontar pagos mensuales cercanos a los $1.689. En 2024, para una vivienda promedio y con condiciones similares, el desembolso mensual ascendía a $2.776.

Como resultado, cada vez menos jóvenes pueden afrontar estos gastos. Mientras que en 2019 el 56% de los hogares inquilinos menores de 40 años contaba con ingresos suficientes para comprar una vivienda, en 2024 esa proporción cayó al 37%.

A esto se suma la dificultad para reunir el dinero necesario para el pago inicial y los gastos de cierre. El efectivo requerido pasó de unos $17.500 en 2019 a aproximadamente $22.800 en 2024. De hecho, el 70% de los inquilinos menores de 40 años afirma que continúa alquilando porque no puede reunir ese monto.

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Una realidad que varía según la región

La situación también presenta importantes diferencias geográficas. En 2024, el 61% de las áreas metropolitanas del país fueron clasificadas como poco o muy poco asequibles para los hogares encabezados por menores de 40 años, frente al 41% registrado en 2019.

Las condiciones más desfavorables se concentran en las zonas costeras, especialmente en California y Hawái, donde se ubican las diez áreas metropolitanas menos accesibles del país. En contraste, algunas ciudades de estados como New York, Illinois, Misuri, Ohio y Pennsylvania continúan ofreciendo mejores niveles de asequibilidad.

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La cifra equivale a aproximadamente 23 millones de adultos y representa un incremento de ocho puntos porcentuales respecto a 2021, reflejando una creciente dependencia de la cobertura médica vinculada al empleo.

El estudio muestra que esta situación ocurre en un contexto en el que acceder a la atención médica resulta cada vez más difícil para muchas familias. Cerca de la mitad de los estadounidenses afirma tener problemas para pagar de manera constante la atención médica o los medicamentos que necesita, mientras que el 51% expresa preocupación por poder afrontar esos gastos durante los próximos doce meses, el nivel más alto registrado en los últimos cinco años.

El costo de la salud limita la movilidad laboral

La investigación evidencia que las dificultades económicas relacionadas con la atención médica aumentan considerablemente la probabilidad de que una persona permanezca en un empleo que preferiría abandonar.

Entre quienes tienen deudas médicas personales o familiares, el 44% afirma mantenerse en su trabajo para conservar el seguro médico, más del doble que entre quienes no tienen este tipo de deudas. De igual manera, el 37% de quienes solicitaron préstamos para cubrir gastos médicos durante el último año asegura sentirse obligado a conservar su empleo, frente al 22% de quienes no recurrieron a esta alternativa.

La dependencia también aumenta entre quienes consideran que los gastos de salud representan una carga financiera importante. En este grupo, el 48% afirma permanecer en un empleo no deseado por los beneficios médicos. La proporción alcanza el 53% entre quienes experimentan un alto nivel de estrés diario debido al costo de la atención sanitaria.

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Las personas con enfermedades crónicas también enfrentan mayores dificultades para cambiar de trabajo. El 29% de quienes han sido diagnosticados con al menos una enfermedad crónica asegura permanecer en su empleo por el seguro médico, frente al 17% de quienes no presentan estas condiciones. Entre quienes padecen tres o más enfermedades, la cifra asciende al 41%.

La situación es especialmente marcada entre personas con enfermedades que requieren tratamientos continuos, como asma o trastornos del sistema inmunológico, así como entre quienes padecen depresión o ansiedad.

El estudio también encontró diferencias importantes entre hombres y mujeres. El 30% de las mujeres afirma permanecer en un trabajo que preferiría dejar para conservar su cobertura médica, frente al 20% de los hombres. Además, ellas reportan con mayor frecuencia estrés financiero por los costos de la atención médica, mayores niveles de endeudamiento por gastos de salud y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas.

Los investigadores advierten que esta creciente dependencia del empleo tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito sanitario. Permanecer en un trabajo únicamente para mantener el seguro médico puede reducir la movilidad laboral, limitar las oportunidades de crecimiento profesional, afectar el emprendimiento e incluso disminuir la productividad.

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El exmandatario, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, están recluidos en una cárcel de Brooklyn desde enero, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Ambos niegan todos los delitos imputados.

Comandos estadounidenses sacaron a Maduro y a Flores de su complejo residencial en Caracas el 3 de enero. La operación relámpago combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres y puso fin al mandato de Maduro, en el poder desde 2013.

El miércoles, durante una audiencia procesal de unos 20 minutos, el juez Alvin Hellerstein fijó la apertura del juicio para el 1 de junio del año próximo, tras una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa.

Vestido con un uniforme beige de detenido, con el cabello corto y encanecido y unas gafas de montura ancha, Maduro no habló más allá de saludar a la corte al entrar. Flores, con el mismo atuendo y el cabello rubio recogido, se sentó a pocos metros de él. 

La pareja estaba flanqueada por sus abogados.

Como en las dos anteriores comparecencias de Maduro y su esposa ante la justicia estadounidense, manifestantes se congregaron el miércoles alrededor del tribunal —aunque en menor número—, algunos portando pancartas que pedían su “liberación”, otros calificándolos de “dictadores”.

El juez Hellerstein también fijó el miércoles una audiencia para el 17 de noviembre dedicada a las mociones de la defensa, incluido un recurso que impugna la legalidad de la captura de Maduro y Flores.

Durante su primera comparecencia en la corte en Nueva York, el 5 de enero, Maduro dijo que había sido “secuestrado” y se presentó como “un prisionero de guerra”. El gobierno del presidente Donald Trump siempre sostuvo que fue una “operación policial” contra un fugitivo buscado por la justicia estadounidense.

Desde la salida de Maduro del poder, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de la administración Trump. Estados Unidos controla las exportaciones de petróleo venezolano, cuyos ingresos van a cuentas especiales supervisadas por Washington.

Batallas legales

Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro utilizó el poder del Estado para proteger y promover el contrabando ilegal de drogas, y que se alió con cárteles para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El 5 de enero, Maduro negó los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Flores, acusada de los mismos cargos que su marido, excepto por el de “narcoterrorismo”, también se declaró entonces no culpable.

En la segunda audiencia procesal, el 26 de marzo, el juez Hellerstein indicó que no desestimaría el caso debido a la aparente incapacidad de Maduro y su esposa de pagar su defensa legal sin ayuda del gobierno venezolano.

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En abril, el Tesoro permitió el pago de los honorarios de los abogados Maduro y Flores, prohibido hasta entonces por las sanciones estadounidenses.

La pareja había tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro también enfrenta un proceso civil en un tribunal federal en Brooklyn, luego de que las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela lo acusaron de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.

La demanda presentada el 30 de junio afirma que Maduro hizo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de seguridad de élite, ejecutara a los jóvenes entre 2017 y 2020.

Sostiene que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, disueltas en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.

Durante su mandato de casi 13 años, Maduro fue acusado de recurrir a la represión política para aferrarse al poder. Sus dos reelecciones, en 2018 y 2024, fueron rechazadas como fraudulentas por numerosos países, entre ellos Estados Unidos.

Según informó el diario The New York Times, se espera que Maduro busque inmunidad en su calidad de jefe de Estado.

Por: AFP

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