El adelanto del proceso, que normalmente correspondería al periodo posterior al Censo 2030, ocurre mientras los republicanos mantienen una estrecha mayoría en Washington —219 escaños frente a 213 demócratas— y se encuentran inmersos en una intensa disputa legal y política por el control de los mapas electorales a nivel nacional.

En Tallahassee, la Cámara baja estatal celebró su primera reunión formal para revisar los actuales mapas, un encuentro que, según organizaciones civiles, se desarrolló con escasa transparencia y sin permitir suficiente participación pública. John Webber, representante del Southern Poverty Law Center (SPLC), calificó la sesión de “demasiado corta y no tan dulce”, lamentando que numerosos ciudadanos no pudieron intervenir ni expresar sus preocupaciones sobre los riesgos de manipulación partidista.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que un rediseño fuera del ciclo decenal podría ser “ilegal” y anticipó posibles demandas. Otros grupos, como Equal Ground, que impugnaron el mapa congresional aprobado en 2022 al considerarlo perjudicial para comunidades minoritarias, aseguraron estar preparados para volver a los tribunales si el nuevo proceso favorece de manera desproporcionada a un partido.

A las puertas del Capitolio floridano, decenas de manifestantes protestaron con pancartas de “Qué vergüenza el Partido Republicano” y exigieron que la Legislatura “saque las manos” del diseño de los distritos. Acusaron a los líderes estatales de debilitar la representación de minorías y opositores, facilitando una redistribución favorable a Trump y al Partido Republicano.

Una estrategia nacional en marcha

El caso de Florida se enmarca en una ofensiva más amplia. Estados gobernados por republicanos, como Texas, ya aprobaron nuevos mapas que, según analistas, podrían otorgar hasta cinco escaños adicionales a ese partido. El gobernador texano, Greg Abbott, firmó el nuevo diseño en agosto, pese a protestas demócratas y acusaciones de exclusión de comunidades urbanas y minoritarias.

En contraste, en estados dominados por demócratas, como California, se han implementado contramedidas. El gobernador Gavin Newsom aprobó un mapa que podría permitir a los demócratas ganar cinco escaños adicionales, elevando su representación de 43 a 48 escaños y reduciendo la republicana de nueve a cuatro. La Proposición 50, aprobada en noviembre con el 64% de los votos, habilitó a la legislatura estatal para redibujar los distritos; sin embargo, el Departamento de Justicia ha intentado frenar su implementación.

El impacto en Florida

Florida, donde Trump ha ganado las últimas tres elecciones presidenciales, cuenta actualmente con 20 representantes republicanos y ocho demócratas. Los líderes conservadores aspiran a sumar entre tres y seis escaños adicionales. El gobernador Ron DeSantis ha defendido que el crecimiento demográfico tras el Censo 2020 justifica un rediseño anticipado y anunció que podría convocar una sesión especial en 2026 para continuar el proceso.

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No obstante, DeSantis condicionó el avance final a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la Ley de Derecho al Voto, que podría determinar si los actuales y futuros mapas cumplen con las protecciones federales en materia de representación electoral.

Mientras la disputa se intensifica, Florida se posiciona como uno de los escenarios clave en la batalla nacional por el control de la Cámara de Representantes.

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“¿En qué proceso electoral del mundo se pueden esperar tres semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del mundo. Lo que esto ratifica es que el sistema democrático en Venezuela colapsó”, dijo Guerrero quien participa en la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales que se celebra en la ciudad paraguaya de Luque.

Para el funcionario, los venezolanos decidieron “en una dirección contraria” a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano que dio como ganador de los comicios a Nicolás Maduro para un tercer periodo de seis años en el poder, un resultado que es cuestionado por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional.

De la “XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales RAE Paraguay 2024”.

🔗 Ampliá la información aquí: https://t.co/ZujUJkVHlH#JusticiaElectoralPy🇵🇾#PromotoresdelaDemocracia pic.twitter.com/t28lXC4GOp

— Justicia Electoral 🇵🇾 (@TSJE_Py) August 20, 2024 

“En el caso de Venezuela creo que ha sido evidente y muy claro, que la gente decidió en una dirección contraria a lo que dice la autoridad electoral”, señaló Guerrero quien consideró que el CNE “se ha caracterizado por estar en manos del régimen de Maduro”.

En la apertura de la reunión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de un video, afirmó que seguirán “luchando por el retorno a la democracia en Venezuela”. No en vano la OEA recientemente exigió la publicación de las actas electorales.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición opositora venezolana, tachó de fraudulentos los resultados anunciados por el CNE y asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de los comicios.

Otro excandidato opositor, Enrique Márquez, solicitó este martes 20 de agosto la recusación de la jueza a cargo del proceso de “certificación” de la cuestionada reelección de Maduro, Caryslia Rodríguez, al denunciar su vinculación con el partido de gobierno.

La democracia es más que un sistema de gobierno; es un compromiso con la dignidad humana, la libertad y la justicia, es un pacto sagrado entre la ciudadanía y el Estado, una promesa de que cada voz será escuchada y cada voto contará. Y en este pacto, las autoridades electorales… pic.twitter.com/1YBAKl2Mk8

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 20, 2024

Bloqueo de X y despidos en medios

Entre tanto, en Venezuela continúa el bloqueo de la red social X a pesar de haberse complico una suspensión por 10 días decretada por Maduro. El ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, ha dicho que el Gobierno está “esperando” a que los representantes de la red social presenten documentos sobre sus operaciones en el país y que designe a un representante de X en Venezuela que se haga “responsable” de aceptar “las leyes venezolanas” y de hacer un “uso legal de su plataforma”.

Asimismo, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), actualmente intervenido judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia, también denunció también “despidos ilegales” y “renuncias forzadas” en instituciones y empresas del Estado luego de las elecciones, incluidas PDVSA o Corpoelec, según se indica en una nota de prensa.

Los representantes del PCV aseguran que los empleados, sin especificar de qué sector, “son amenazados y perseguidos en sus centros de trabajo”, tras haber declarado abiertamente “su rechazo” a “la gestión” del Gobierno, así como expresar sus “dudas” sobre el resultado oficial de las presidenciales.

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Jaqueline López, integrante del PCV citada en la nota de prensa, aseguró que trabajadores del canal de televisión del Estado VTV “fueron despedidos por razones políticas”, situación que también fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela a través de la red social X. ambos aseguraron que dichos trabajadores fueron despedidos por darle “me gusta” a “cualquier publicación” de la líder opositora María Corina Machado o “por escribir “fraude” es sus estados de WhatsApp”, en referencia al resultado electoral.

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De acuerdo con la demanda, los legisladores y el gobernador Ron DeSantis, aprobaron mapas que congregan a los electores según la raza, pero trataron a los votantes hispanos como monolíticos al ignorar las diferentes necesidades culturales de las diversas comunidades del sur de Florida.

La querella fue presentada por cinco residentes de Florida y los grupos Cubanos Pa’lante, Engage Miami y el Club ACLU de la Universidad Internacional de Florida.

Los demandantes consideran que hubo “manipulación racial” de cuatro distritos del Congreso en Washington (19, 26, 27 y 28) y siete distritos de la Cámara de Representantes estatales en el sur y suroeste de Florida (112, 113, 114, 115, 116, 118 y 119)”.

Los cuatro distritos federales están representados actualmente por los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Byron Lowell Donalds.

La demanda alega que el Legislativo floridano de mayoría republicana y el gobernador “trazaron estos distritos conectando vecindarios dispares, dividiendo comunidades establecidas y creando formas no compactas con un objetivo racial primordial”.

Los demandantes argumentan que, al trazar estos distritos en la redistribución, “el gobierno estatal ignoró la naturaleza matizada, multifacética y diversa de la comunidad hispana y latina del sur de Florida”.

“Los legisladores trataron a los votantes hispanos como un grupo monolítico, basado en suposiciones falsas y estereotipadas, violando así la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, aseguran.

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“Los votantes hispanos no somos un monolito, tenemos opiniones diferentes y queremos formas diferentes de representación”, manifestó Mike Rivero, miembro de la agrupación Cubanos Pa’lante, una de los demandantes.

“Estos mapas dividen comunidades cohesionadas y agrupan otras áreas distintas en distritos que simplemente no tienen sentido”, dijo Rivero.

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La FISEL refirió a través de un comunicado que el despliegue de agentes del Ministerio Público Federal (MPF) comenzó a cumplirse el 27 de mayo y permanecerá hasta el 3 de junio.

La institución recordó que el domingo 2 de junio se elegirán 20.708 cargos públicos, de los cuales 629 corresponden al orden federal, y entre ellos se encuentra la renovación del Congreso, las gobernaciones de nueve estados entre ellos la Ciudad de México, y la Presidencia de la república.

“Es por ello que podemos clasificar esta elección como una de las más grandes y complejas de nuestro país, y en ese contexto la FISEL juega un papel fundamental para procurar elecciones libres, limpias y justas”, expuso el titular de la institución, José Agustín Ortiz Pinchetti.

El funcionario explicó que la institución a su cargo cuenta con la capacidad operativa para atender los episodios relacionadas con los delitos electorales, ya que es apoyada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) que tiene a su cargo a las 32 fiscalías federales de la FGR.

Ortiz Pinchetti señaló además que el despliegue ministerial forma parte del trabajo previo que se desarrolló en coordinación con la FGR, con la intención de contar con personal calificado; son “más de 7 mil funcionarios públicos de ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y analistas que profundizaron sus conocimientos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales”.

Además de atender las denuncias en los estados, el personal de la FISEL tendrá entre sus labores ejecutar acciones de blindaje electoral, lo que significa participar en el resguardo de inmuebles y vehículos oficiales del Gobierno Federal así como continuar en las mesas de seguridad y paz de todas las localidades.

En México se cuentan como hechos ilícitos en temas electorales la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, el uso indebido de recursos públicos federales, el uso de programas sociales federales con fines político-electorales y hacer proselitismo el día de la jornada electoral.

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Otras conductas sujetas a sanción son la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de las casillas, introducir o sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos electorales oficiales y el acarreo de votantes el día de las elecciones que influyan en el sentido del voto.

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La estadounidense, que el año pasado se convirtió en la primera mujer en dirigir la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lamentó las declaraciones contra los migrantes en “las campañas electorales en todo el mundo”.

Ella dice que algunos políticos los culpan de todos los males, “ya sean las tasas de criminalidad o la inflación, el desempleo o la inseguridad”. Pope asegura que los migrantes son objetivos fáciles porque no votan.

En Estados Unidos, donde la inmigración es un tema polémico en el marco de la campaña electoral, el republicano Donald Trump ha advertido sobre una invasión en la frontera sur del país. Unas declaraciones que pueden tener graves consecuencias, según advirtió Pope en una entrevista con la AFP.

“Cuando una población está deshumanizada, hay un aumento en los casos denunciados de violencia y discriminación, y en última instancia, es malo para la sociedad”, acotó.

Destaca además que las declaraciones alarmistas rara vez se corresponden con lo que está sucediendo en realidad.

Pope argumenta que en algunos países donde prosperan los ataques verbales contra los migrantes, también es cierto que los necesitan para cambiar la economía, y citó como ejemplo la escasez de mano de obra en Europa.

La directora general de la OIM también señaló que en fecha reciente la revista The Economist ha demostrado que la inmigración ha participado en la recuperación de la economía estadounidense tras la pandemia de COVID-19.

“Los países necesitan migrantes y esta necesidad aumentará de manera significativa en los próximos años”, indica Pope, quien ha reclamado rutas migratorias más seguras y legales.

Oficialmente 8.565 personas murieron en las rutas migratorias de todo el mundo en 2023, lo que lo convierte en el año más mortífero desde que comenzaron los registros hace 10 años, según la OIM.

No obstante, la cifra real “es ciertamente mucho más alta”, asegura Pope, y es posible que la tendencia al alza continúe a medida que la multiplicación de conflictos y los efectos del cambio climático acentúen la migración.

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Pope cree que crear rutas migratorias seguras y legales es la mejor manera de evitar que las personas se embarquen en viajes peligrosos, y las necesidades son urgentes.

Con respecto a la situación en la frontera sur de Estados Unidos, Pope dice que su principal preocupación es que las personas tengan derecho a solicitar asilo.

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El gobernador floridano refirió que esa es solo una de las 10 tareas pendientes para la vicepresidenta.

La camiseta en referencia tiene por la parte delantera la inscripción “La primera preocupación de Kamala Harris” y más abajo “la frontera” pero con las letras atravesadas con una línea en color rojo, según las fotografías que publica el medio Florida Politics.

Hours after @RonDeSantis suspends Florida's only Black female State Attorney, the Governor's campaign trolls America's first Black female Vice President

Reporting by @AGGancarskihttps://t.co/mSrLq7iN8z#FlaPol pic.twitter.com/8hDLOBTYqO

— Florida Politics (@Fla_Pol) August 9, 2023

En la parte posterior está escrita la lista de las 10 tareas para Harris, primera mujer en llegar a la Vicepresidencia del país y también primera persona afroamericana en serlo.

Las primeras nueve tareas son “Cerrar la frontera” y la última “asegurarse de que Joe Biden no se caiga”. Además de la camiseta, la campaña de DeSantis para las elecciones primarias republicanas de 2024 ofreció por internet una taza con el decálogo del gobernador para la vicepresidenta.

Tanto la camiseta como la taza se envían a quienes donen a la campaña de DeSantis una determinada cantidad de dinero.

“El gobernador DeSantis hará que Kamala Harris comience a buscar trabajo; entendemos por qué está obsesionada con dañar nuestra campaña. Aun así, hemos reunido algunas sugerencias en las que podría enfocarse”, indica un texto de presentación.

“¿Qué piensas? ¿Quieres ayudarnos a recordarle a nuestra vicepresidenta que haga su trabajo? Haz clic aquí para donar y te enviaremos una camiseta o taza”, dice el texto promocional.

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DeSantis ha tenido varios roces con Harris por temas como las restricciones al aborto legal y a tratar el racismo sistémico en las escuelas impuestas por leyes promovidas por él.

Recientemente el gobernador le propuso a Harris participar en un debate en Tallahassee sobre los textos de historia de los afromericanos en las escuelas de Florida, después de que ella criticara duramente que en uno de ellos se dijera que algunos de los esclavos se beneficiaron de serlo porque aprendieron un oficio, pero la vicepresidenta rechazó debatir con él.

Florida Polítics dice que justo hoy DeSantis destituyó a otra mujer afroamericana elegida en las urnas como fiscal estatal de un distrito de Florida, a la que acusó de “negligencia” y “no cumplir con su deber” por no imponer las penas que marca el estado para delincuentes y traficantes de drogas y aplicar su propio criterio.

Monique H. Worrell tachó al mandatario estatal de “dictador” y alegó que es una decisión “política” tras conocer su suspensión.

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DeSantis solicitó al secretario de Estado de Florida, Laurel M. Lee, revisar los sistemas de seguridad electorales, especialmente en lo que concierne a la ciberseguridad, en los 67 condados del estado, a objeto de poder identificar y resolver cualquier vulnerabilidad que se detecte.

“Las fisuras no comprometieron el resultado de las elecciones de 2016, sin embargo resalta la importancia de proteger la seguridad de nuestro sistema electoral”, recalcó el republicano según un comunicado difundido por su oficina reseñado por la agencia de noticias EFE.

El gobernador ha pedido a Lee que convierta en prioridad el “garantizar que la infraestructura de las elecciones de Florida a nivel estatal y local esté protegida”.

El anuncio se da luego que este mes el FBI informará a DeSantis que piratas informáticos rusos penetraron en las bases de datos de las autoridades electorales de dos condados de Florida durante los comicios presidenciales de 2016, en las que resultó electo Donald Trump.

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El gobernador señaló que no puede decir los condados que fueron víctimas de la acción de los piratas informáticos, una posición cuestionada por legisladores demócratas y del propio Partido Republicano como Matt Gaetz, quien la semana pasada aseguró que hubo además otros intentos de ataques aunque “no exitosos”.

El secretario de Estado de Florida señaló que trabajan con la junta de Supervisores Electorales para reforzar la “ciberseguridad” de los procesos electorales y proteger la información de los votantes estatales de cualquier “amenaza” futura, según recoge el comunicado.

El Departamento de Estado floridano distribuyó en 2018 más de 14,5 millones de dólares en fondos para los Supervisores Electorales destinados a asegurar los sistemas de seguridad.

“Desde 2017, cuando las elecciones fueron señaladas como infraestructura crítica, el Departamento de Estado de Florida y los Supervisores Electorales han invertido millones de dólares en seguridad electoral”, refleja la nota.

El Departamento ha destinado además 1,9 millones de dólares de fondos estatales en un sistema de detección de amenazas cibernéticas, llamado ALBERT, que alerta de inmediato a las autoridades si hay algún sistema o base de datos en riesgo.

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