El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a homicidas, violadores y terroristas.

Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia.

Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometan asesinatos, violaciones o participen en terrorismo.

“Esta es la primera condena de prisión perpetua en la historia del país”, señaló la fiscalía general en X, al anunciar la sentencia emitida por un juzgado de San Salvador contra un hombre de 31 años.

El procesado fue hallado culpable de robar y asesinar a un hombre en mayo pasado, tras golpearlo con piedras durante una discusión.

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Bukele gobierna bajo un régimen de excepción que representa la piedra angular de su guerra contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas y redujo la criminalidad a mínimos históricos.

Sin embargo, el mandatario derechista es acusado por expertos de Naciones Unidas y oenegés de abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Por AFP

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Del total acumulado, Guatemala lideró la recepción con 8.431,6 millones de dólares (53,2%), seguido por Honduras con 4.134,2 millones (26,1%) y El Salvador con 3.286,7 millones (20,7%). Estos recursos se destinan prioritariamente a la adquisición de vivienda, educación, alimentación y tratamientos médicos especializados.

A pesar del notable impacto macroeconómico, los receptores coinciden en la necesidad de valorar el sacrificio detrás de cada envío. Testimonios en la región reflejan que el encarecimiento de la vida y el costo de los alquileres en Estados Unidos han vuelto la situación más compleja para los migrantes.

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Madres y abuelas centroamericanas señalan que, aunque el dinero alivia las cargas del hogar, el costo de vida actual impide que los fondos cubran la totalidad de las necesidades básicas, obligando a los familiares locales a mantener empleos informales para subsistir. Asimismo, la incertidumbre sobre las condiciones laborales y el temor a políticas migratorias adversas mantienen en constante preocupación a los beneficiarios, quienes instan a la población a invertir este dinero con prudencia y respeto hacia el esfuerzo de quienes trabajan en el exterior.

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Sentados en sillas de plástico en una sala del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), los pandilleros son juzgados por más de 29.000 asesinatos, incluidos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron al presidente Nayib Bukele a declararle la “guerra” a las pandillas.

Son en total 486 reos que, desde diferentes cárceles, comparecen virtualmente en este juicio que Bukele equipara con los procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

Vestidos con camiseta y pantalón corto de color blanco, escucharon en total silencio el interrogatorio del juez a un pandillero que actúa como testigo en el tribunal Sexto Contra Crimen Organizado de San Salvador, observaron reporteros de la AFP.

A una de las víctimas “le quemamos los genitales y el trasero”, se escuchó en un altavoz decir al testigo, al relatar cómo torturaban y asesinaban a sus víctimas por órdenes de los jefes.

Entre los juzgados en el Cecot hay una veintena de esos líderes y decenas de lugartenientes con el rostro, la cabeza, las manos y el cuello tatuados, algunos de los cuales lanzaron miradas intimidantes a los periodistas. Todos son observados en pantallas desde el juzgado.

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Los juicios masivos son criticados por organizaciones de derechos humanos, que advierten que pueden involucrar a inocentes. Fueron aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso para procesar a unas 90.000 personas capturadas sin orden judicial bajo un estado de excepción.

Temidos jefes

El fiscal preguntó al testigo sobre las características de las víctimas. Según el relato, a muchas les amarraban de manos y las conducían a zonas desoladas donde se cometían los crímenes.

Es un “espantoso relato” que “para los pelos”, comentó a la AFP en el Cecot un agente de seguridad encapuchado que no se identificó.

Otros dos “testigos protegidos”, relataron cómo mandos de la pandilla ordenaban los homicidios desde las prisiones, una práctica denominada por ellos “apertura de válvulas”, detalló más tarde en X el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz.

En tres pequeñas salas se encontraban 15 miembros de la llamada Ranfla Nacional (cúpula) de la MS-13, a los que se les imputan directamente unos 9.000 crímenes.

En una se hallaba el máximo “ranflero” Borromeo Henríquez (“Diablito de Hollywood”), mientras en otra estaba Carlos Tiberio Ramírez (“Snaider de Pasadena”). Ambos escucharon las acusaciones sin gesticular.

Con la misma actitud permanecieron los demás procesados, esposados de pies y manos, en un ambiente caluroso marcado por el sonido de la lluvia. Eran 220 cabecillas acomodados en 10 filas.

Al final de una de esas líneas estaba Dionisio Arístides Umanzor, el temido “Sirra”, que operaba una de las “clicas” (células) más violentas.

Estos “sujetos por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”, declaró a la prensa el director del Cecot, Belarmino García.

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El pabellón 3 de la megacárcel, que suele ser mostrado por el gobierno de Bukele a visitantes extranjeros e influencers, tenía vacías sus 32 celdas. Sus ocupantes fueron llevados a otro sector de la prisión para que no perturbaran la audiencia.

Muchos de los enjuiciados ya purgan abultadas penas en el Cecot, adonde un grupo de medios extranjeros ingresó bajo un riguroso protocolo y extremas medidas de seguridad.

Por AFP

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Al filo de un barranco en el distrito de Mejicanos, López apunta hacia una presunta fosa clandestina en la que estaría Kathya. Tenía 16 años cuando hace casi una década salió de casa a ver a una amiga al parque, y no volvió más.

Entre casas abandonadas cuyos moradores huyeron de la Mara Salvatrucha (MS-13) años atrás, la de López sobresale por la tenue luminosidad de un altar: tres velas titilan frente a una decena de fotos de su hija pegadas en una pared sin pintar.

“Es como mantenerla viva. Lo peor es no saber dónde está”, dice la mujer de 46 años, vestida con una camiseta con el rostro de la joven de mirada intensa. En un hombro lleva tatuado su nombre.

Hace casi un año, Bukele aseguró que 90% de las desapariciones eran “homicidios disfrazados”. Esto implicaría el asesinato de 200.000 personas a manos de las pandillas en las tres décadas que aterrorizaron al país, y no de 120.000 como se calculaba hasta entonces.

Bajo el régimen de excepción que Bukele impuso en 2022, la captura de decenas de miles de personas acusadas de ser pandilleros abrió esperanzas en familiares de desaparecidos. Pero fueron efímeras.

“Son diez años de búsqueda, de esperar respuesta de la policía, fiscalía o medicina legal. Pero, para ellos, quienes desaparecen dejan de existir”, asegura López a la AFP, en su barrio de callejuelas de tierra.

“Lo que quiero es encontrarlo”

La pandilla Barrio 18, enemiga de la MS-13, mató al esposo de Carmen Armero, de 65 años, en 2006.

Quince años después desaparecieron a su hijo, un universitario que hablaba cuatro idiomas y planeaba casarse y viajar, cuando una noche salió a comprar golosinas.

“Solo hay dos caminos: que esté vivo o que esté muerto. Lo que quiero es encontrarlo. Ya no quiero saber de culpables”, expresa con voz quebrada, junto al altar que le hizo a Herber en la sala de su casa, en otra colonia de Mejicanos.

Para ella, presidenta del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se esconde la existencia de cementerios clandestinos porque eso afectaría la nueva imagen de “país seguro”.

Fernando, vendedor ambulante treintañero, desapareció en 2022 en el mercado de San Ana, otrora territorio de la MS-13 a 65 km de la capital. Su madre Sandra Gallegos, de 53 años, quisiera cada mañana “agarrar piocha y pala” para ir a buscarlo.

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“No podemos arriesgarnos. Si llega la policía dirá que colaboramos con las pandillas por saber de la fosa. No hay voluntad de ayudarnos. Se han enfocado en las capturas y no en reparar el daño”, dice Esmeralda Rosales, hermana de Fernando, de 40 años.

Toda información sobre desaparecidos, sean víctimas de las pandillas, la guerra civil de los años 1980 o migrantes, es reservada. La AFP consultó al gobierno, la fiscalía y diputados oficialistas, sin obtener respuesta.

“Hasta mi último aliento”

En México, donde hay más de 130.000 desaparecidos sobre todo por el narcotráfico, las familias, organizadas en colectivos, cuentan con un marco legal para obligar al Estado a buscar las fosas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo a la AFP que las familias “tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos”, y los Estados la “obligación” de responder, mantenerlas informadas “y garantizar su participación” en la búsqueda.

Hace dos meses, la diputada opositora Claudia Ortiz propuso una ley para obligar al Estado salvadoreño a investigar, buscar, crear registros y protocolos, y atender a las familias de desaparecidos. Pero el Congreso, controlado por Bukele, rechazó debatirla.

“Tenemos un gobierno que habla de seguridad, pero olvida a miles de familias (…), abandonadas por un Estado que desaparece a sus desaparecidos”, dijo Ortiz a la AFP.

Frente a un mural en memoria de los desaparecidos en la Universidad de El Salvador, en la capital, Gallegos dice sacar fuerzas de su nieto de 12 años, quien está convencido de que su papá va a regresar.

“Hay gente que me dice: ¡ya, entrégueselo a Dios! Pero mi mayor esperanza, mi fe, es encontrarlo vivo. Y si ya no está con nosotros, pues al menos sus restos para tener donde ir a llorar”, asegura, enjugando unas lágrimas.

Preocupada porque una construcción avanza hacia el barranco donde dice que está la fosa clandestina, López asegura que Kathya le habló en sueños: “¡No dejes de buscarme!”.

“Tengo que seguir… hasta mi último aliento de vida. Tengo la esperanza de algún día recuperar y enterrar lo poquito que quede de ella, y vamos a tener paz, ella, y yo”.

Por: AFP

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El penal, que estará en una finca incautada al narco en Izabal, 290 km al noreste de la capital, es una de las medidas para contener a las pandillas, que en los últimos meses lanzaron ataques contra la policía e hicieron motines en varias cárceles.

Tras un acto donde el presidente Bernardo Arévalo colocó la primera piedra, las autoridades descartaron que la prisión sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde hay miles de detenidos en la “guerra” antipandillas del mandatario Nayib Bukele.

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, aclaró a periodistas que la cárcel cumplirá estándares internacionales que establecen un máximo de dos reos en cada celda, y no serán “colectivas” como en el Cecot.

“El modelo de Guatemala respeta la integridad humana, (…) las órdenes de un juez, el debido proceso. No estamos en otro modelo que no sea el respeto al ámbito estrictamente de nuestro marco legal, jurídico” y de los derechos humanos, dijo por su parte el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

Bukele impuso hace cuatro años en El Salvador un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés humanitarias derivó en graves violaciones de derechos humanos.

La prisión en Guatemala será construida a un costo de 130 millones de dólares por ingenieros del ejército en un terreno incautado en 2012 a un narcotraficante guatemalteco condenado en Estados Unidos.

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“Esta finca fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas (..) usada para robarse nuestra paz y la seguridad. Hoy este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger”, dijo Arévalo, al poner la primera piedra.

En el lugar ya hay maquinaria para iniciar la construcción, que concluirá en un año, según las autoridades.

A mediados de enero, miembros de la pandilla Barrio 18 lanzaron ataques que dejaron 11 policías muertos.

Por AFP

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La propuesta amplía el alcance de la reforma constitucional que fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, a solicitud de Bukele, que impuso cárcel de por vida a los “homicidas, violadores y terroristas”.

“Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad” que cometan esos delitos, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa ante una comisión legislativa.

El menor que entra voluntariamente a una organización criminal o aquel “que viola o mata” debe “tener un tratamiento diferente” al de quien comete delitos menos graves, subrayó.

El ministro justificó la necesidad de esa medida porque, según dijo, la ley penal juvenil siempre garantizó “recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales”.

Ante la misma comisión, el ministro de Defensa, Francis Merino, manifestó que muchos de los homicidios de las pandillas fueron “producto de la permisibilidad de las leyes que hay que reformar”.

Hasta ahora la condena máxima era de 60 años y la pena perpetua estaba expresamente prohibida en la Constitución.

La enmienda debe ser ratificada por el Congreso, mientras la norma que incluye a los menores deberá ser sometida a aprobación legislativa en los próximos días.

“No hay vuelta a atrás”

A petición de Bukele, la Asamblea Legislativa reformó hace un año una ley para enviar a menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados de ellos hasta que cumplan 18 años.

En un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó la detención de más de 3.000 niños y adolescentes bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra contra las pandillas, lo que esa organización internacional consideró violatorio de normas internacionales.

Bukele goza de popularidad porque redujo los homicidios a mínimos históricos en su país y desarticuló a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador.

Pero su política de seguridad, que quieren replicar varios países de América Latina, es criticada por grupos de derechos humanos porque se basa en un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, bajo el cual han sido detenidas sin orden judicial 91.500 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.

“No hay vuelta atrás, lastimosamente con los pandilleros esa es la realidad. No hay posibilidad de reinserción con los pandilleros, no hay posibilidad de rehabilitación”, afirmó la diputada oficialista Suecy Callejas.

El ministro Villatoro aseguró que la cadena perpetua se aplica en Canadá, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos, país en el que se admite esa condena a menores pero con la posibilidad de que puedan salir en algún momento bajo libertad condicional.

Oenegés nacionales como Cristosal, en el exilio, e internacionales como HRW, Amnistía Internacional denuncian arrestos de miles de inocentes, torturas, muertes en prisión y desapariciones forzadas.

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El endurecimiento de la ofensiva antipandillas ocurre una semana después de que un grupo de destacados juristas internacionales señaló al gobierno de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política contra la delincuencia.El presidente salvadoreño rechaza esas acusaciones, tilda a las oenegés de “bufetes” de defensa de criminales y asegura que pretenden la liberación de miles de pandilleros.

Por AFP

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Un grupo de 252 venezolanos que fueron capturados en Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua fueron expulsados en marzo al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde aseguran fueron torturados.

El presidente Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita, sin presentar evidencias y sin pasar por un juicio.

Un tribunal federal en Washington pidió esta semana al gobierno estadounidense elaborar un plan para que migrantes deportados puedan tener el “debido proceso”.

En una rueda de prensa en Caracas, representantes de los exprisioneros dijeron que ellos querían la oportunidad de limpiar sus nombres.

“Hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos como al de El Salvador para que cumplan plenamente con la orden judicial”, indicó un comunicado leído por un grupo de unos 40 exprisioneros.

La decisión de la justicia federal abarca a 137 de los 252 venezolanos deportados. No quedó en claro si el texto lo suscribe la totalidad de los afectados.

“Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación”, añadió el texto.

El tribunal estadounidense propuso que las audiencias se pudieran realizarse fuera de Estados Unidos siempre que respeten el debido proceso.

Algunos de los afectados, como Arturo Suárez, de 34 años, dijeron que no tienen interés en volver a Estados Unidos.

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“Nosotros queremos que se limpie nuestro nombre y obviamente que paguen y traten de remediar (…) lo que nos hicieron injustamente”, dijo Suárez a la AFP.

En julio, un barbero de 27 años, entre las víctimas del Cecot, demandó a Trump por 1,3 millones de dólares.

Por AFP

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Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como “terrorista” por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.

Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.

Los pandilleros “crearon bases en diferentes sectores” de la provincia de La Libertad que “eran utilizadas para planificar” actos delictivos, agregó.

#CombateAPandillas | La @FGR_SV ha logrado condenas ejemplares de hasta 1,335 años de cárcel para 248 pandilleros de la clica TLS de la MS, por delitos cometidos entre el 2014 al 2022 en La Libertad en perjuicio de 169 víctimas.

Entre los graves hechos que estos criminales… https://t.co/SRsuvHYanW pic.twitter.com/MPL4x29NJW

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 21, 2025

El grupo extorsionaba a “víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas”, añadió la Fiscalía, afín a Bukele.

Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le “aplique la ley a los delincuentes”, pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el “debido proceso”.

“Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales” en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son “una estrategia populista de marketing” a favor de Bukele.

La “guerra” de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.

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Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.

Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.

Por AFP

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La orden se suma a las nuevas normas de disciplina en el sistema educativo fijadas en agosto, seguidas de nuevas reglas de cortesía escolar en setiembre.

“Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, afirmó el mandatario en X.

Además de su mensaje, Bukele publicó el memorando de la ministra de Educación, la capitán Karla Trigueros, en el que instruye de la prohibición a los directores de las 5.100 escuelas públicas.

“Palabras como ‘amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs’ o cualquier otra deformación lingüística que aluda a ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia”, advierte Trigueros.

La eliminación del “lenguaje inclusivo” persigue “el buen uso” del idioma y “se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”, señala.

La prohibición alcanza a todas las dependencias del ministerio de Educación, así como a los “materiales, contenidos y libros” que esa entidad entrega a los estudiantes.

En El Salvador, todos los estudiantes de centros de educación pública del país deben cumplir con estrictas normas de vestuario y corte de cabello. Además, deben saludar a sus maestros al entrar al aula y decir “por favor” al hacer una petición.

El gremio de maestros Frente Magisterial Salvadoreño consideró estas reglas como una “militarización” del sistema escolar.

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Bukele antes decía apoyar las reivindicaciones LGBTI, pero en 2024 dispuso que el ministerio de Educación eliminara “todo rastro” del enfoque de género de libros y guías escolares.

El gobernante, en el poder desde 2019, goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su “guerra” contra las pandillas. Grupos de derechos humanos denuncian sin embargo abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas.

Por: AFP

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Las nuevas reglas de “cortesía escolar” obligan a los alumnos a saludar al maestro al entrar al aula, decir “por favor” al hacer una petición y dar las gracias.

Se suman a estrictas normas de vestuario y corte de cabello en vigor desde hace unos días, lo que un gremio magisterial calificó como la “militarización” del sistema escolar.

La capitana Karla Trigueros, quien asumió como ministra hace dos semanas, ordenó sancionar a los alumnos que infrinjan las normas: el que acumule 15 anotaciones de demérito “no podrá ser promovido de grado”.

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La maestra Sonia Guerrero, del Instituto Nacional Jaime Francisco López de San Salvador, consideró que estas reglas son “muy buenas para la formación de los jóvenes” y para los docentes.

Sin embargo, la dirigente magisterial Idalia Zúñiga afirmó que implican la “militarización de la educación pública”.

Además, la líder del Frente Magisterial Salvadoreño afirmó que reprobar a alumnos por conducta “violenta la normativa de la evaluación” escolar vigente.

Para el analista independiente Carlos Araujo, el nombramiento de la capitana como titular de Educación “es una muestra más del autoritarismo que va imponiendo Bukele”.

“Hoy los estudiantes están obligados a seguir reglas de corte militarista, se quiere controlar todo, no quieren que nadie se salga del renglón y desentone”, señaló Araujo a la AFP.

Trigueros, quien viste regularmente uniforme de camuflaje, advirtió que los directores que no hagan cumplir estas normas serán sancionados.

La ministra destituyó la semana pasada al director y al subdirector de un secundario de San Salvador por aparecer en un antiguo video que Bukele compartió en X, en que se ven estudiantes de esa escuela haciendo con sus manos señas de pandillas.

Bukele goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su “guerra” contra las pandillas, pero grupos de derechos humanos denuncian abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas.

Por: AFP

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