Esta disposición forma parte de la política del mandatario floridano para combatir la inmigración irregular y fortalecer la seguridad fronteriza dentro del estado.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en Tallahassee, DeSantis dio a conocer el acuerdo firmado con la citada agencia federal mediante el cual los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida podrán interrogar y detener a personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales, así como procesar a quienes han reingresado al país tras ser deportados.

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“Ahora es la última oportunidad de acabar con la inmigración ilegal de una vez por todas”, comentó DeSantis, luego de dar a conocer este acuerdo que concede “autoridad migratoria” a la estatal Policía de Carreteras, dependiente del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

“Florida no será un santuario para la inmigración ilegal. Seguiremos tomando medidas contundentes para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, agregó el gobernador.

En virtud de este acuerdo con DHS, los efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida podrán además detener a indocumentados que lleguen a este estado del sur del país por vía marítima y entregarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Este acuerdo permite a los agentes de la ley estatal de la Patrulla de Carreteras de Florida entregar y ejecutar órdenes de arresto por violaciones de inmigración, arrestar a cualquier extranjero que intente ingresar a nuestro país ilegalmente y entregarlo al ICE sin demora, e interrogar a los presuntos inmigrantes ilegales y detener a cualquier persona que viole nuestras leyes de inmigración. Nuestras fuerzas de seguridad estatales tendrán la autoridad de emitir órdenes de detención de inmigrantes y preparar documentos de acusación con anticipación, lo que agilizará las deportaciones”, dijo.

La pugna con el Legislativo

DeSantis explicó que por tratarse de un acuerdo con el Gobierno Federal, la medida anunciada no requiere de aprobación por parte del Legislativo de Florida, con quien el gobernador mantiene una pugna.

En una sesión extraordinaria convocada por DeSantis, el Congreso estatal ha aprobado un proyecto migratorio que ignora propuestas realizadas por el gobernador, quien ha replicado que planea vetar la iniciativa una vez llegue a su escritorio para su firma.

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El plan del gobernador incluiría el nombramiento de un oficial estatal de cumplimiento migratorio, otorgar a las autoridades locales el poder de detener y deportar inmigrantes indocumentados, establecer penas criminales por ingreso ilegal y aumentar las sanciones por fraude electoral cometido por inmigrantes indocumentados, entre otras medidas.

De acuerdo con consideraciones hechas por organizaciones civiles pro-inmigrantes, las políticas migratorias de DeSantis han creado temor e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados en Florida, afectando la disponibilidad de mano de obra en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y la atención sanitaria. Indican además que dichas medidas han provocado que muchos eviten salir de sus hogares por miedo a ser detenidos y deportados.

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La ley conocida como SB4 podrá aplicarse mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por la Administración Biden y organizaciones pro inmigrantes.

El caso llegó al máximo tribunal estadounidense luego de una batalla legal emprendida por el gobierno de Joe Biden y organizaciones defensoras de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Los demandantes habían pedido al Tribunal Supremo que paralizara la implementación de la legislación mientras se ventilaba el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes 18 de marzo, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera de que el pleno votará sobre esta solicitud.

Pero el martes 19 de marzo los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas y permitieron que la medida entre en vigor mientras se da un fallo final en el caso. La polémica ley migratoria de Texas conocida como SB4, volvió este miércoles 20 de marzo a un tribunal de apelaciones, que deberá decidir si se autoriza o no aplicar la normativa.

Un panel compuesto por tres jueces federales, se dio cita este miércoles para escuchar los argumentos de los abogados del gobernador Greg Abbott y del Gobierno de Joe Biden, enfrentados sobre la pregunta de quién tiene la potestad para ejercer las leyes migratorias de Estados Unidos en la zona fronteriza.

La nueva regla tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular a Texas desde México.

A su vez, permite que los jueces del estado ordenen que los migrantes arrestados bajo este nuevo delito sean expulsados a territorio mexicano.

La ley SB4, que fue aprobada por la legislatura estatal de Texas el año pasado, ha provocado una avalancha de críticas por parte de organizaciones en defensa de los derechos civiles.

La organización ACLU, quien se unió a la demanda para presionar en contra de la norma, ha denunciado que de ser implementada llevaría a que las autoridades locales actuaran de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.

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La batalla legal por la ley SB4 es el último ejemplo del enfrentamiento entre el gobierno de Texas, liderado por el gobernador republicano Greg Abbott y el gobierno federal.

Abbott, aliado cercano de Trump, ha acusado a Biden de provocar una “crisis” en la frontera y ha lanzado medidas para restringir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo desde México. Entre ellas, la instalación de kilómetros de alambre de concertina y la militarización de distintas áreas fronterizas con el despliegue de la Guardia Nacional.

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