McNeill precisó que detectar la intoxicación por monóxido de carbono en niños es difícil, ya que no tiene olor ni color y suele causar dolores de cabeza y náuseas, “síntomas que niños y educadores no suelen asociar con la intoxicación por monóxido de carbono”.

“Las fugas de monóxido de carbono pueden pasar fácilmente desapercibidas, lo que puede tener consecuencias trágicas”, aseguró la demócrata por Lehigh, a través de un comunicado.

Según la representante, actualmente no existen requisitos estatales para el uso de alarmas de monóxido de carbono, y cientos de estadounidenses mueren cada año por esto. “Se estima que 50.000 estadounidenses acuden a urgencias cada año por exposición accidental”.

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“Esta legislación protegería a los más jóvenes y vulnerables de nuestra población. Es una medida de seguridad sensata que debe implementarse”.

En octubre de 2022, más de dos docenas de niños y adultos que los cuidan fueron hospitalizados por intoxicación por monóxido en una guardería de Allentown.

El Proyecto de Ley 156 requeriría que las instalaciones de cuidado infantil ubicadas en edificios con fuentes de monóxido de carbono estén equipadas con al menos una alarma de monóxido de carbono, dependiendo del tamaño del edificio.

La legislación contó con el apoyo de más de dos docenas de copatrocinadores. El proyecto ahora se dirige al Senado estatal para su consideración.

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 Kathryn Zerfuss, comisionada de la PUC, enfatizó que esto forma parte de un acuerdo que representa un avance significativo para la seguridad pública. “Al explorar un conjunto integral de medidas de prevención, herramientas de detección innovadoras para los residentes y mejoras aceleradas de la infraestructura, podemos proteger mejor a los residentes y las empresas de la ciudad”.

Este acuerdo fue alcanzado entre la Comisión de Servicios Públicos de Pennsylvania y la PGW, donde la empresa se comprometió a invertir hasta $800,000 en el proyecto piloto, que se posiciona como el primero de su tipo en el país.

Este también abarca que la empresa acepte buscar hasta 125 millones de dólares en subvenciones federales para reemplazar sus tuberías principales de hierro fundido.

El acuerdo surge a raíz de una trágica explosión de una casa registrada al sur de Philadelphia en 2019, donde dos personas fallecieron. Este marcó el inicio de un conjunto de iniciativas de seguridad, incluyendo un programa único en su tipo para proporcionar detectores de metano residenciales.

El proyecto piloto denominado “Detector de metano residencial con alarma audible” comenzará dentro de nueve meses y los detectores se distribuirán de forma gratuita hasta que PGW alcance el límite de gasto de $800.000.

PGW busca reforzar sus procedimientos

Más allá del proyecto piloto de detectores de metano y la búsqueda de fondos federales, la Philadelphia Gas Works además reforzará sus procedimientos para abordar problemas en calles subterráneas a través de la educación y la capacitación de los trabajadores, con el fin de que identifiquen y reporten problemas de seguridad como fallas en las líneas de agua o alcantarillado, deslaves, inundaciones o indicios de cavidades subterráneas.

También tomará medidas para mejorar la comunicación, la educación y la colaboración con el Departamento de Agua de Philadelphia, funcionarios de la ciudad y propietarios de instalaciones subterráneas y excavadoras.

Según los registros de la empresa, a partir de 2022, más de la mitad de las más de 3000 millas de tuberías principales de gas de PGW se consideraron en riesgo o hechas de hierro fundido o acero sin protección, las cuales se vuelven las frágiles con el tiempo. Entre 2016 y 2020, tuvo un promedio de 278 roturas de tuberías de hierro fundido al año.

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La PGW, que es liderada por el presidente y director Ejecutivo, Seth Shapiro, es la empresa de gas municipal más grande del país. Administra y mantiene un sistema de más de 6000 millas de tuberías de gas y de servicio que suministran anualmente 78 mil millones de pies cúbicos de gas natural a unos 500.000 clientes cada año.

Fundada en 1836, Philadelphia Gas Works es propiedad de la ciudad y busca reducir las emisiones de metano en un 80% para 2050, a través de diferentes planes y estrategias que incluyen la modernización de la infraestructura e implementación de nuevas tecnologías.

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Ante la situación planteada, la junta escolar de Miami-Dade estaría considerando la instalación de detectores de metales en algunas escuelas del condado, como ya se comenzó a hacer en las escuelas de Palm Beach y Broward donde constituyen una de las herramientas usadas para prevenir posibles incidentes violentos.

La sola presencia de detectores de metales puede actuar como un elemento disuasorio psicológico. De tal manera que sería menos probable que los estudiantes, personal o posibles intrusos lleven armas a las instalaciones educativas si saben que existe la posibilidad de que los descubran, lo que puede reducir potencialmente la cantidad de incidentes peligrosos.

Los detectores de metales en funcionamiento en varias escuelas de Broward y Palm Beach forman parte integral de un sistema de seguridad más amplio que incluye la requisa de mochilas sospechosas.

El director de seguridad de las Escuelas Públicas del Condado de Broward, Jaime Alberti, ha dicho que estos dispositivos son una medida proactiva para mantener la seguridad en las instituciones educativas. No obstante, en Miami-Dade la propuesta aún está en etapa de deliberación.

Evaluando la viabilidad

Como miembro de la junta escolar que representa al Distrito 7, Mary Blanco anunció que a finales de julio se realizará un taller para evaluar la viabilidad y el costo de esta disposición. Además destacó la necesidad de un análisis profundo para determinar si la inversión es factible para el distrito.

Por su parte, la presidenta de United Teachers of Dade, Karla Hernández-Mats manifestó su preocupación por la posible implementación de los detectores de metales pues considera que los fondos destinados a esta medida podrían tener un mejor uso en el aumento de los salarios de los docentes, así como en programas que promuevan el aprendizaje socioemocional de los estudiantes en lugar de enfocarse en la vigilancia intensiva.

El aspecto económico es un punto focal en el debate sobre la instalación de los referidos dispositivos de seguridad en las escuelas de Miami-Dade, ya que cada detector tiene un costo aproximado de 16.000 dólares lo que representa una significativa inversión para el distrito.

En Broward, la implementación de estos dispositivos en 31 escuelas públicas tuvo un costo de unos 1.8 millones de dólares, cifra incluye los equipos y su instalación.

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La viabilidad financiera de este proyecto en Miami-Dade dependerá de una evaluación detallada de los recursos disponibles y de las prioridades establecidas por la Junta Escolar. En dicha valoración los miembros de la comunidad educativa deberán medir si esta inversión es la mejor forma de utilizar los fondos disponibles para la seguridad escolar.

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