Según la oenegé Foro Penal, al menos 889 personas permanecen detenidas por motivos políticos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Otras organizaciones elevan la cifra a más de un millar.

Grupos de defensa de derechos humanos alertan de patrones sistemáticos de persecución política que incluyen “detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas”.

“Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico”, afirmó Türk ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra.

El responsable de la ONU alertó además que las autoridades venezolanas habían “intensificado la detención de personas percibidas como voces disidentes tanto en el país como en el extranjero”.

“Desde julio, mi oficina ha comentado la detención de al menos 17 personas -la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores- en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares”, dijo.

Türk pidió especialmente la liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, así como de cuatro adolescentes “que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024”.

En esos comicios, Maduro obtuvo un tercer mandato presidencial a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, encabezada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos no reconocieron los resultados.

Tras la votación del 28 de julio de 2024, estallaron protestas que se saldaron con 28 muertos y 2.400 arrestos.

La abogada Rocío San Miguel fue arrestada en febrero de 2024 bajo la acusación de “traición”, “terrorismo” y “conspiración” por supuesta vinculación a un atentado contra Maduro, según las autoridades.

El activista Carlos Julio Rojas fue arrestado en abril, acusado de ser “instigador” y “operador logístico” de un intento de asesinato contra el presidente.

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Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”. Él se declara inocente.

Eduardo Torres, abogado de la oenegé Provea, fue detenido en mayo de 2025 por “terrorismo” y “traición”.

Kennedy Tejeda, también abogado y miembro de Foro Penal, está encarcelado desde agosto de 2024.

Por AFP

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Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto.

En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.

Ataque a Brasil

“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50% al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.

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Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.

El caso europeo

También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España.

No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.

El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania.

Por el contrario Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado.

“Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade.

Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas.

Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.

Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones.

Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables.

Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.

Por: AFP

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La Asamblea Nacional, en un trámite exprés, aprobó el jueves una profunda reforma constitucional que permite la reelección presidencial “sin reservas”, amplía el mandato de gobierno de cinco a seis años, sincroniza las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y elimina la segunda vuelta electoral.

Es “el tiro de gracia a la democracia en El Salvador”, señaló en un comunicado Cristosal, una de las organizaciones que ha denunciado una “escalada represiva” desde que Bukele asumió la presidencia en 2019.

“Este último golpe al sistema democrático no devuelve el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial: se lo entrega sin límites a la familia gobernante”, indicó la ONG que recientemente cerró sus operaciones en El Salvador y partió al exilio por la “persecución” del gobierno.

En mayo, la jefa anticorrupción de Cristosal, la abogada Ruth López, fue detenida por supuesto enriquecimiento ilícito en una cuestionada acusación de la Fiscalía.

Por su lado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó la “flagrante manipulación de la Constitución de El Salvador” que le “otorga a Bukele reelecciones ilimitadas”.

“A esto conducen inevitablemente años de manipulación constitucional gradual: al desmantelamiento de la propia democracia”, agregó WOLA en X.

Bukele, de 44 años, goza de enorme popularidad por su “guerra” contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país, mediante un régimen de excepción que ha permitido miles de arrestos sin orden judicial.

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“Lamentablemente la historia de América Latina está llena de ejemplos de gobernantes populares que usan su popularidad para desmantelar la Constitución y concentrar el poder”, dijo a la AFP el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.

El Salvador va “camino a una dictadura” por el “desmantelamiento de la Constitución”, advirtió Pappier.

Mientras que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, consideró que “es necesario consultar al pueblo” sobre una reforma constitucional de este tipo “porque esto significa un cambio grande en el sistema democrático”.

Por: AFP

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En el informe, este importante movimiento global destacó que América Latina seguía siendo una región peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos, que eran objeto de detención arbitraria, campañas de difamación, desaparición forzada, desplazamiento forzado, vigilancia ilegal, homicidio, amenazas, tortura, y juicios injustos, entre otros abusos.

En países como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, los defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro de ser objeto de ataques y hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales y los actores no estatales.

Mientras que, en Bolivia, los guardaparques que protegían el Parque Nacional Madidi sufren amenazas y agresiones; y, en Perú, cuatro defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente, tres de los cuales eran líderes indígenas, perdieron la vida de forma violenta.

En cuanto a Venezuela, en 2024, las protestas que siguieron al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en julio se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.

En este país, no se garantizó el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia; se registraron detenciones arbitrarias y juicios injustos, torturas y otros maltratos, condiciones de reclusión inhumanas, impunidad, se registraron nuevos ataques a la libertad de expresión y los defensores de los derechos humanos seguían corriendo un grave peligro.

En Colombia, pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego, la población civil siguió viéndose afectada por las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario causadas por el conflicto armado, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes sufrían de forma desproporcionada.

También continuaron las desapariciones forzadas, y las búsquedas seguían siendo dificultosas. La violencia contra los defensores de los derechos humanos era generalizada, pese a las medidas adoptadas por el gobierno para mejorar su protección. 

En Cuba se redujeron los servicios sociales y la población tenía dificultades para acceder a los alimentos y los medicamentos. Se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión, mientras que persistieron las detenciones arbitrarias y la criminalización de activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes.

AI: “Los gobiernos no garantizaron mecanismos adecuados de protección”

En América Latino, “los gobiernos no garantizaron mecanismos adecuados de protección a las personas defensoras de los derechos humanos”, precisa el informe de AI, el cual fue publicado en la página web de este movimiento comprometido en crear un futuro en el que todos disfrutan de los derechos humanos.

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En Brasil, el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos funcionaba en menos de la mitad de los estados del país, mientras que, en Honduras, las organizaciones locales expresaron su preocupación por la debilidad e ineficacia del mecanismo nacional de protección.

En Perú, el Ministerio del Interior seguía careciendo de un protocolo para coordinar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos con la policía.

El escrito concluye que los estados deben garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. “Las ONG y otras asociaciones y movimientos de derechos humanos deben ser respetadas”.

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Milei, fuerte crítico y rival ideológico de Maduro, fue vinculado al “robo” de un avión de carga venezolano confiscado en Argentina y entregado a Estados Unidos en febrero pasado.

La orden de captura contra Maduro fue emitida por la Cámara Federal de Buenos Aires, que, según la prensa argentina, lo considera responsable de “secuestrar y torturar” a ciudadanos venezolanos en ese país.

“Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado –cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente”, dice un fragmento del fallo, difundido por el diario La Nación.

La justicia emitió la solicitud de captura a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario izquierdista y otros 30 funcionarios, entre ellos el ministro de Interior y considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

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Venezuela atraviesa una crisis poselectoral, luego de la proclamación de Maduro para un tercer período consecutivo tras los comicios presidenciales del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude.

Milei no reconoció el resultado provocando el retiro del personal diplomático de ambos países. Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral sin presentar el escrutinio detallado.

Por: AFP

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Erika Guadalupe Núñez, directora Ejecutiva de Juntos, aseguró que el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley es una instalación “plagada de violaciones masivas de derechos humanos”, al tiempo que agregó que las personas detenidas por ICE en Filadelfia con mayor frecuencia son enviadas a este lugar.

El lugar de procesamiento de inmigrantes es el más grande del noreste del estado, con una capacidad para 1.876 personas. Anteriormente era una cárcel federal y reabrió sus puertas como centro de detención de ICE en 2021. GEO Group, Inc., una empresa privada, opera en este lugar y en más de una docena de otros ubicados en todo el país.

El informe, titulado “A la sombra del valle”, describe tres áreas de abuso: maltrato físico y psicológico; barreras a la justicia, incluyendo la falta de representación legal; y problemas de salud y bienestar.

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De los 77 inmigrantes entrevistados para el informe en la primavera y el verano de 2023, más de la mitad manifestaron tener problemas médicos o de salud mental, y el 50% aseguró haber sufrido maltrato general por parte del personal de las instalaciones.

Además, más del 30% precisamente haber sido objeto de insultos raciales o despectivos, y el 6% haber sido víctima de fuerza física.

Visitas al centro, testimonios y solicitudes de registros públicos

Los autores, entre los que se encuentran las estudiantes de derecho Cristina de Arana; Alejandra Leona; Bianca Taipe; y la profesora supervisora, Jennifer Lee; recopilaron información de visitas al lugar, testimonios de detenidos anteriores y actuales y solicitudes de registros públicos.

Más allá de mejorar las condiciones en el centro, Lee enfatizó que el informe también plantea preguntas sobre por qué existe el centro de detención, especialmente cuando muchas de las personas detenidas tienen casos en curso que aún no se han decidido.

“Se trata de un centro que retiene a personas con multas civiles. No cumple ningún tipo de condena penal. Se supone que no es un castigo según la ley. Sin embargo, están excluidos en algo que básicamente es una prisión”.

Lee detalló que el gobierno federal paga a GEO Group aproximadamente 3,4 millones de dólares al mes para operar el centro. “La corporación recibe honorarios adicionales por cada persona detenida, además de una tarifa fija de 2,8 millones de dólares al mes”.

La docente indicó que hay otras formas de garantizar que las personas se presenten a sus procedimientos judiciales de inmigración y sean procesadas a través del sistema de inmigración. “Existen muchas alternativas comunitarias comprobadas”.

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La  Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Pennsylvania  y organizaciones comunitarias, entre ellas Juntos, Milpa, Casa San José, Make the Road PA, New Sanctuary Movement, VietLead, entre otras, coordinaron visitas al lugar y realizaron entrevistas con personas que estuvieron detenidas en el centro.

Las Clínicas de Derecho Transnacional y Justicia Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania y la Clínica de Asistencia Legal para Trabajadores Agrícolas de la Facultad de Derecho de Villanova también brindaron apoyo.

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Como líder en su campo y habiendo trabajado extensamente en la región y en Washington, Jiménez se ha encargado de impulsar al equipo de WOLA hacia una nueva era de impacto estratégico en pro de la justicia social y los derechos humanos.

Jiménez llegó a WOLA desde Amnistía Internacional, donde ocupó el cargo de directora de Investigación para las Américas, con sede en México. En sus casi 7 años en AI, dirigió un equipo de investigadores dedicados a documentar violaciones de derechos humanos y diseñar estrategias de defensa para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Su trabajo abarcó una gran variedad de temas y países, desde examinar los crímenes bajo el derecho internacional cometidos en Venezuela y Nicaragua hasta promover los derechos de los migrantes y refugiados en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Previamente trabajó para Open Society Foundations (OSF) como oficial de programa enfocada en migración para el Programa de América Latina y la Iniciativa de Migración Internacional, con sede en Washington D.C. Lideró la creación de Caminna, la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México, una colaboración de donantes para apoyar a las organizaciones de derechos de los migrantes en la región.

Anteriormente, fue gerente de programas en la unidad de Democracia, Gobernanza y Derechos Humanos de la Fundación para las Américas, una organización sin ánimos de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde dirigió una iniciativa regional para promover los derechos de trabajadores migrantes en Centroamérica y el Caribe. De 2008 a 2010, fue Directora Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela y en la frontera colombo-venezolana.

La trayectoria de Jiménez incluye una amplia experiencia en el ámbito internacional. Fue asistente de proyectos e investigación en la Universidad de las Naciones Unidas en Japón y trabajó en Argentina con la Unidad de Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y como asistente de investigación de la Red Internacional de Género y Comercio.

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Jiménez cuenta con un doctorado en estudios internacionales por la Universidad de Waseda, Japón, y realizó un programa postdoctoral en derechos humanos y ética en la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en derecho internacional y estudios asiáticos por la Universidad de Chuo, Japón, y un máster de filosofía en relaciones internacionales por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela.

Jiménez, quien considera que “la migración no puede ni debe bloquearse, pero puede gestionarse”, ejerce su trabajo con conocimiento, pasión y entrega, colabora con frecuencia en medios de comunicación y publicaciones de América Latina y Estados Unidos, especialmente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo y otros temas. Es ciudadana de México y Venezuela.

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Muy cerca del paso “El Coyote” en el citado río, una decena de comisionados internacionales firmaron el acuerdo este martes 28 de noviembre, con el propósito de prestar ayuda humanitaria en temas de salud, interés superior del niño y búsqueda de personas desaparecidas.

El representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, Gabriel Armando Hernández Rumoroso, dijo que el objetivo del acuerdo es apoyar a los migrantes y a instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dada la crisis migratoria que se ha registrado en los últimos meses en la frontera sur del país azteca.

“Se trata de hacer las cosas organizadas, porque últimamente han habido accidentes, muertos y al final de cuentas las personas buscan un mejor nivel de vida, tienen el derecho de migrar como cualquier otro”, indicó Hernández Rumoroso.

Dijo además que el organismo que representa ha recibido unas 7.000 quejas en México sobre violación a derechos humanos, seguridad, falta de acceso a la salud, de las cuales unas 1.620 denuncias se han hecho desde el pasado 22 de octubre hasta la presente fecha en el sur sureste del país.

Un migrante venezolano varado en el paso de “El Coyote”, lleva varios días esperando ser trasladado junto a su familia a Tapachula, pero las autoridades migratorias tienen una lista de espera para dicho trámite.

Este migrante venezolano que trabajaba en el sector de la construcción en su país, dijo que huyeron de Venezuela con la esperanza de tener una vida mejor y confía en poder llegar a la frontera norte de México y cruzar a Estados Unidos.

Otro migrante venezolano en el mismo lugar solicitó al Gobierno mexicano que los ayuden a salir de Ciudad Hidalgo donde ya tienen varios días esperando.

Aseguró que aunque no hay muchos migrantes en espera en el paso de “El Coyote”, las autoridades de migración solo disponen algunas unidades para ser trasladados a Tapachula.

Estos migrantes manifiestan temor por permanecer mucho a la espera de transporte, porque están en una zona fronteriza donde nadie se preocupa por ellos.

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Por su parte, consejero-presidente del observatorio Ciudadano en Chiapas, Reidid Jehu Pinto Madrid, admitió que la migración en la frontera sur mexicana ha rebasado la capacidad de las autoridades migratorias.

Agregó que la firma de este convenio busca atender más de 7.000 solicitudes de ayuda humanitaria a migrantes, quienes viven con enfermedades terminales y no se pueden atender porque se tienen que seguir el protocolo administrativo de migración.

La frontera sur de México registra un flujo migratorio “sin precedentes” en la región, tal y como advirtió la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con unos 16.000 migrantes que llegan diariamente a las fronteras del país, de acuerdo con el presidente, Andrés López Obrador.

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Su éxito la ha llevado a relatar su experiencia en conferencias con rotunda aceptación, dando como resultado un libro que promete ofrecer una visión completa y pedagógica sobre este tema, haciendo de ello un compromiso con la justicia social.

La experiencia de Estupiñan se pulió en tribunales con competencia penal y su labor como funcionaria adscrita al Ministerio Público venezolano a lo largo de los años, lo que se refleja en la cantidad de procedimientos penales que ha concluido y en las numerosas visitas a sitios carcelarios, vivencias que se reflejan en su libro.

Para Carolina el pensamiento crítico es la base para entender los derechos humanos. “Siempre he cuestionado las miradas que intentan minimizar la importancia de los derechos humanos. Creo que es esencial analizar y cuestionar las políticas y prácticas que puedan socavar los derechos fundamentales de las personas”, siendo esta idea la base de las conferencias que ya dieron la vuelta por América Latina y Europa.

Asimismo, recalca especialmente para aquellos que inician este camino, que el profesional debe estar dispuesto a confrontar y abordar las violaciones de derechos humanos en todas sus formas.

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Ante estos pensamientos y la necesidad de sembrar mentes profesionales conscientes, espera, a través de su publicación y meetings, ayudar a cosechar un mundo mejor en todos los aspectos, ya sea político, económico o social, tomando en cuenta que los DDHH son fundamentales para lograrlo.

Carolina tiene un compromiso con la justicia social como fuerza impulsora, y cada vez que puede mejorar la vida de alguien a través de su trabajo, siente cumplirlo.

Por: Nota de prensa

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“El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera”, comentó Türk en una declaración.

El alto funcionario señaló que las referidas medidas migratorias van “en contra de la prohibición de las expulsiones colectivas y del principio de no devolución”.

El principio internacional de no devolución garantiza que nadie debe ser devuelto a un país donde pueda sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

UN Human Rights Chief @volker_turk voices concern over new #USA border enforcement measures. Expanded legal pathways for some cannot replace rights of all to seek asylum and protection.

👉https://t.co/Yd8BlyEU6t pic.twitter.com/5mqzXJ3LKO

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 11, 2023

En los primeros días del presente año el presidente de Estados Unidos Joe Biden informó sobre la implementación de un nuevo plan migratorio que implica que personas que lleguen de forma irregular a la frontera serán más propensas a ser objeto de expulsiones inmediatas, además de una prohibición de entrar en territorio estadounidense durante cinco años.

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Como parte de dicho plan, Estados Unidos permitirá el ingreso mensual de hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en el país y lleguen en avión para no sobrecargar a los agentes que patrullan la frontera.

En gran medida la economía estadounidense depende de la mano de obra extranjera, esa habría sido la razón para que Biden prometiera a su llegada a la Casa Blanca brindar refugio a los solicitantes de asilo y poner fin a las políticas de su predecesor, Donald Trump contra la inmigración irregular.

La situación actual es que muchos migrantes que buscan escapar de la pobreza y la violencia en sus países de origen emprenden un camino lleno de peligros para llegar a territorio estadounidense.

De acuerdo con datos de las autoridades fronterizas citadas por la estación radial estadounidense NPR, en el actual año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2022, más de 800 personas se han ahogado en el Río Grande que marca la frontera entre Estados Unidos y México.

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En noviembre pasado las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron una cifra récord de 230.000 personas.

Hasta ahora Biden ha mantenido bajo perfil frente a las críticas de la oposición, pero también de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

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