“Yo no sé si mi hijo está bien, si está enfermo, yo no sé si me está comiendo”, dice Wilmer Gutiérrez, el padre de Merwil, a la AFP.

Tampoco sabe por qué se lo llevaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, en unas deportaciones que han generado un debate legal en Estados Unidos ante la falta de un debido proceso y el atropello a los derechos humanos.

A Merwil se lo llevaron unos agentes el 24 de febrero a las 23H00 de la puerta del edificio del Bronx donde vivía, tras bajar a comprar comida y detenerse a saludar a unos vecinos.

Su padre asegura que los agentes le preguntaron por el nombre de otra persona. Después de comprobar su identidad, uno de los agentes le dijo que se podía ir, pero otro decidió detenerlo, junto con otras dos personas, explica Wilmer.

La última vez que habló con su hijo cuando estaba retenido en un centro en Texas, éste le anunció que al día siguiente le deportarían. Ambos supusieron que sería a Venezuela.

“Cuando nos enteramos que llegaron esos vuelos a El Salvador (…) pensamos que él está allá (…). No estábamos seguros aún, pero tampoco estábamos como claro (seguros), de que lo hubieran mandado a Venezuela, porque no iba a salir ningún vuelo”, rememora este hombre de 40 años, padre de otras dos hijas. Una de ellas, Wisleydy libra la batalla para la liberación de su hermano en Venezuela.

Hasta que se divulgó una lista del gobierno estadounidense con el nombre de los deportados a El Salvador en la que figura su hijo, no lo supo con seguridad.

El Departamento de Seguridad Interior no respondió a los mensajes de la AFP sobre el caso.

“Secuestro”

El gobierno de Donald Trump expulsó a El Salvador a 288 inmigrantes, de ellos 252 venezolanos a los que acusa de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua (TDA), en aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La semana pasada, un juez de Texas bloqueó las deportaciones en virtud de esta ley al considerarlas “ilegales”. Otros, tribunales, las habían paralizado temporalmente.

Merwil tenía “asilo radicado”, dice a la AFP la abogada Ana de Jesús de la organización Inmigración al Día, que considera que lo que ha pasado es “horrible”.

Junto con otras organizaciones de defensa del inmigrante, están considerando presentar “una orden judicial de mandamus”.

“Independientemente de que se pueda hacer algo o no, lo que estamos intentando es hacer ruido, presión pública porque lo que se está haciendo -no siguiendo el debido proceso de ley, no permitiéndonos ayudar a nuestros clientes – simplemente es un secuestro”, dice.

Uno de los casos más polémicos es la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego Garcia, enviado al CECOT, pese a que desde 2019 había un orden judicial que impedía su deportación.

Para los congresistas latinos Alexandria Ocasio-Cortez y Adriano Espaillat, la detención de Merwil por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es un “secuestro”.

“Merwil fue arrebatado de su padre y de nuestra comunidad, sin debido proceso, sin acusaciones criminales, y sin orden de deportación emitida por un juez”, lamentaron en un comunicado.

Tras una peligrosa travesía por la selva del Darién entre Colombia y Panamá, como hicieron centenares de miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden, Wilmer y su hijo de entonces 17 años, entraron en Estados Unidos el 21 de julio de 2023 y solicitaron asilo.

Su hijo, apasionado por la “ropa y los zapatos”, tampoco tiene “ningún tatuaje”, uno de los criterios esgrimidos por el gobierno estadounidense para proceder a detenciones de los supuestos miembros del TDA.

“Si cometieron un error en este país, pues que lo paguen en este país o lo manden a su país”, dice Wilmer que desde que llegó a New York trabaja de noche, como hacía su hijo, en un almacén de paquetería cerca del aeropuerto. La noche de su detención estaba libre.

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“Ese sueño (de venir a Estados Unidos) se convirtió pesadilla. Era bonito mientras veníamos. La lucha que hacíamos” dice al tiempo que busca fotos de su hijo en el teléfono de esa dura aventura. “Mira su cara de niño”, dice con brillo en los ojos.

“Si me lo regresan acá, me iría con él. Y si lo regresan a Venezuela (…) yo agarraría mi maleta y me voy”, dice.

“Hasta ahí llega el sueño americano”, zanja.

Por: AFP

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En octubre de 2024 el Ejecutivo dominicano implementó un plan de deportaciones con el que busca repatriar a 10.000 haitianos por semana para controlar la migración irregular. Desde entonces las autoridades han deportado a 180.417 haitianos sin documentación, según datos suministrados por la DGM.

El pasado octubre fueron repatriaron 40.223 haitianos; en noviembre 28.703 y en diciembre, 25.085. Este año en enero se registraron 31.213 expulsiones; otras 26.659 en febrero y 28.534 en marzo.

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“Todos los procesados, antes de su deportación, fueron registrados y validados mediante equipos de biometría, depurados de acuerdo a los protocolos establecidos y evaluados de manera individual y detallando el perfil de cada uno”, explicó la DGM.

Las autoridades dominicanas desplegaron sus operaciones migratorias en al menos 19 localidades del país. Migración indicó que estos operativos se ejecutaron “respetando los derechos humanos, la dignidad de los inmigrantes y cumpliendo con las normas del derecho internacional y proceso democrático vigente”.

En 2024, el Gobierno dominicano expulsó a 276.215 haitianos, según cifras oficiales.

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República Dominicana comparte con Haití la isla La Española, con 340 kilómetros de frontera. Desde su llegada al poder, el presidente Luis Abinader reforzó la presencia militar y levantó un muro, cuya construcción en la primera fase ha avanzado en más de un 80%.

Cerca de 500.000 inmigrantes haitianos viven en República Dominicana, un país de 10,5 millones de habitantes, aunque grupos nacionalistas estiman una cifra mayor.

Por: AFP

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