El 3 de febrero, en su visita a San Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que Bukele había hecho el ofrecimiento de acoger a presos enviados por Washington.

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“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año (renovable)”, aseguró el mandatario en la red social X. Estados Unidos incluyó a este grupo criminal en su lista de organizaciones terroristas.

El CECOT es la prisión de máxima seguridad que el gobierno de Bukele levantó para encerrar a pandilleros detenidos en el marco de su “guerra” en contra de esos grupos criminales lanzada hace casi tres años. Está ubicado en una zona rural a 75 km al sureste de San Salvador.

“Esto nos ayudará a concluir la recopilación de inteligencia y a perseguir a los últimos remanentes de la MS-13, incluidos sus antiguos y nuevos miembros, dinero, armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores”, señaló Bukele.

La información fue inmediatamente confirmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13, además de 21 de sus miembros más buscados, de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia”, anunció en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

“Además, como prometió @POTUS, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”, indicó Rubio.

Y agregó: “El presidente Bukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de Estados Unidos. ¡Gracias!”.

El Tren de Aragua se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte). Está vinculado a asesinatos, secuestros, robos, venta de drogas, prostitución, extorsión y trata de personas.

Sus actividades se expandieron a varios países del continente, entre ellos Estados Unidos, y en Suramérica a Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia.

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En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

“Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros”, agregó Bukele.

Tres países centroamericanos -Guatemala, Panamá y Costa Rica- han aceptado servir de “puente” para migrantes deportados por Washington, pero El Salvador es el único que acepta reclusos.

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“Es como un campamento de espera, no de vivir. Esperan cierta hora de la noche o cuando creen que puedan pasar rápidamente”, relató a agencias internacionales Arturo Guerra, un venezolano que lleva más de dos meses varado en Ciudad Juárez.

Refirió que ante los ataques de bandas y delincuentes mexicanos, muchos migrantes decidieron apresurarse a cruzar el cauce del río hasta llegar a la barricada de alambre donde ya es territorio estadounidense y se sienten más seguros. Otros llegaron hasta el muro.

Ante tal escenario, el venezolano prefiere esperar su cita. “Irse así es más riesgoso, te van a tener ahí todo el día hasta la tarde; te puedes deshidratar y no es seguro que nos van a dejar pasar”, acotó.

Cientos de migrantes instalaron hace días el campamento en el lecho del río frente a la puerta 28, a la altura de la escultura “La X”, ubicada en la Plaza de la Mexicanidad en la fronteriza Ciudad Juárez.

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Ante la entrada de cientos de migrantes que se meten por debajo de los alambres de navajas, la Guardia Nacional de Estados Unidos modificó su estrategia y colocó un agente cada cien metros a lo largo del río fronterizo, pero los migrantes seguían cruzando.

Aarón Marín, otro venezolano que llegó a Ciudad Juárez la semana pasada por tren creyendo que la frontera es segura, decidió no arriesgarse y esperar su cita a través de la aplicación CBP One, que es la forma oficial de entrar legalmente a Estados Unidos.

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Desde el pasado 14 de septiembre Laundrie ingresó a la lista de los delincuentes que el FBI persigue dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Aunque aún no le endosan el crimen de su pareja, se encuentra en el inventario de fugitivos junto a estafadores, asesinos, pornógrafos, terroristas, secuestradores y ladrones.

El FBI no olvida a Geoffrey John Busch quien desde 2007 es buscado por su presunta participación en un plan destinado a estafar a los inversionistas en Fort Lauderdale. Se sospecha que viajó a Australia.

La agencia federal ofrece una recompensa de 10.000 dólares por la información que conduzca a la captura de Pedro Santamaría. Se le acusa por su presunta participación en el robo de un camión con remolque que transportaba metales preciosos en 2015.

A Roda Abdulhassan Taher lo buscan por participar en una organización global de lavado de dinero. Se cree que puede estar en Nigeria, Sierra Leona, Líbano, Massachusetts o Michigan.

Jonathan David Cifuentes es requerido desde 2015 por dos cargos de intento de asesinato de dos personas en un club situado en Doral.

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George Edward Wright es buscado desde 1972 por el secuestro de un avión de Delta Airlines que partió desde Detroit con rumbo a Miami. En 2011 lo arrestaron en Portugal, pero después lo dejaron en libertad.

El Tribunal de Distrito de Wyoming emitió una orden de arresto federal para Laundrie, según la oficina local del FBI en Denver, luego de que un gran jurado lo acusó del “uso de dispositivos no autorizados” después de la muerte de Petito, reseñó la cadena CNN.

“Si bien esta orden de arresto permite a la policía arrestar al Sr. Laundrie, el FBI y nuestros socios en todo el país continúan investigando los hechos y las circunstancias del homicidio de la Sra. Petito“, dijo el agente especial a cargo del FBI, Michael Schneider, en un comunicado publicado en Twitter.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs

— FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021

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La semana pasada, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito concedió una petición del gobernador Ron DeSantis para revisar y suspender una decisión de un juez del tribunal federal de Tallahassee fechada en mayo. Éste magistrado criticó el hecho de que Florida estableciera bloqueos para cientos de miles de delincuentes que buscan acceso a las urnas en virtud de una iniciativa aprobada por los votantes, reportó NBC Miami.

La corte de apelaciones ha programado una audiencia sobre el asunto para el 18 de agosto, el mismo día de las elecciones primarias en Florida. La fecha límite de registro para participar en esa elección es el 20 de julio.

El tema del acceso a las urnas de Florida ha estado en el centro de innumerables disputas legales, lo que indica el papel preponderante que tiene el estado en la determinación del equilibrio de poder no sólo en Florida sino también en Washington.

Con márgenes muy estrechos que a menudo deciden la carrera comicial, el resultado de esta batalla legal podría tener diversas ramificaciones porque los 774.000 delincuentes privados de sus derechos en Florida representan un bloque significativo.

Un gran número de esos delincuentes son afroamericanos y presumiblemente demócratas, y si se les permite votar podrían desempeñar un papel decisivo en el resultado de las primarias de agosto y en las elecciones presidenciales de noviembre.

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Por otro lado, el Southern Poverty Law Center (Centro Legal de la Pobreza del Sur), junto con otros grupos que representan a los delincuentes, solicitó al juez Clarence Thomas de la Corte Suprema, que anule la referida revocatoria exigida por DeSantis.

“Estamos pidiendo a la Corte Suprema que mantenga la orden de la Corte de Distrito que establece pautas claras y directas a seguir, para el estado y los condados, para que todos los floridanos (delincuentes) elegibles puedan votar en las elecciones del 2020″, dijo Nancy Abudu, subdirectora legal del Southern Poverty Law Center.

En 2018 los votantes de Florida aprobaron por abrumadora mayoría la Enmienda 4, que devolvería el derecho al voto a la mayoría de los delincuentes que habían cumplido sus sentencias. Pero inmediatamente surgió un debate sobre lo que significaba completar una sentencia, lo cual aún está en disputa legal.

Los defensores de los derechos de los votantes demandaron al estado en 2019 después que DeSantis firmara un proyecto de ley elaborado por los republicanos que estipulaba que, antes de que un delincuente pueda ser elegible para votar, además del tiempo de condena cumplido, también tendrían que estar resueltas todas las obligaciones financieras legales como multas y restitución impagada.

En su fallo de mayo el juez del tribunal de distrito Robert Hinkle, dijo que los legisladores de Florida habían ideado un “sistema de pago a los votantes” y ordenó al estado que permitiera votar a muchos delincuentes de Florida, independientemente de las deudas legales pendientes.

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Al parecer los datos que maneja la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) describen un incremento en la detención de personas con “papeles falsos”. Asimismo el número de procesamientos de delincuentes dedicados al suministro de identidades fraudulentas también está en auge.

El castigo de la deportación es una sanción muy dura para aquellos que no son delincuentes y que solo desean permanecer en el país trabajando, pero acudir al “canal criminal” para obtener documentación falsa los transforma en delincuentes y ya pasan a ser casos indefendibles a los ojos de las ONG que luchan por los derechos de los inmigrantes.

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En los Estados Unidos y en cualquier país que tome en serio su legislación bajo la temática de la migración, los atajos para acceder a permisos de trabajos y a ejercer una vida ciudadana son sumamente peligrosos.

Cuáles son los delitos

Además de la pena, los detenidos tendrán que pasar por el drama del proceso de estar retenidos en un centro penitenciario a la espera de una audiencia donde se le llevará un caso que involucra falsa personificación de un ciudadano de los Estados Unidos; falsa declaración o reclamo de ciudadanía para obtener un beneficio federal o estatal de empleo; fraude y actividad relacionada en relación con la identificación características e información de autenticación de documentos y robo de identidad con reconocimiento.

Algunos de los datos de este trabajo han sido obtenidos de medios hispanos que hacen vida empresarial en Los Ángeles, California. De acuerdo a informaciones esparcidas por toda la red de la Ciudad de Las Estrellas, el parque MacArthur es el epicentro del comercio de las tarjetas laminadas en esta ciudad.

El área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza investigaciones para detectar este tipo de fraudes que ponen a imigrantes en la ruta directa a la deportación. Aquellas personas que ofrecen los documentos enfrentarían castigos penales.

De acuerdo a trabajos reporteriles divulgados en la WWW, un juego de documentos (una tarjeta del Seguro Social y una green card o tarjeta de residencia permanente) puede obtenerse por entre 80 y 200 dólares. El precio varía según el poder de negociación del cliente y la calidad de la falsificación.

Los inmigrantes sin documentos saben que vale la pena invertir en papeles falsos, puesto que estos abren la posibilidad de obtener empleo en restaurantes, hoteles y muchos otros establecimientos aquí, en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y en otras más.

Sin embargo en una reciente investigación reportada por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) permitió la detención de dos hombres que se declararon culpables de vender tarjetas de Seguridad Social y de Residencia Permanente fraudulentas a personas que viven como indocumentados en los Estados Unidos.

Los Ángeles es el centro

De acuerdo a un reporte de La Opinión de Los Ángeles, el fiscal Trent Shores indicó que Cristian Alvarado Morales, de 30 años, y Anderson Garcés López, de 29 años, ambos de Tulsa, se declararon culpables de varios delitos, incluyendo conspirar para transferir documentos de identificación; tres cargos de robo de identidad agravado; posesión con intención de usar y transferir cinco o más documentos de identificación. Alvarado había sido deportado el 25 de marzo de 2008, de Laredo, Texas.

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Según opinan los criminalistas la incapacidad del congreso estadounidense de llegar a un acuerdo sobre nuevas leyes migratorias o programas para trabajadores invitados —a fin de satisfacer las exigencias de la economía de Estados Unidos— garantiza la supervivencia de la industria de los documentos falsos, que surgió después de que los legisladores aprobaron la última reforma migratoria, en 1986.

La Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) dio estatus legal a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que se encontraban en el país desde 1982 y también prohibió a los empleadores contratar trabajadores no autorizados.

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En el escenario nacional el tema de los beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) ha tomado relevancia, porque desde varios puntos del país se desplegaron marchas que llegarían hoy a Washington para asistir a una audiencia en la Corte Suprema que determinará el destino de más de 600 mil “dreamers”.

Aunque supuestamente en su fuero interno el Presidente tiene estructurado un acuerdo para dejar como residentes a los “soñadores” si la corte tiene un fallo en su contra, hoy no se aguantó y dijo lo que sentía:

“Muchas de las personas en DACA, que ya no son muy jóvenes, están lejos de ser “ángeles”. Algunos son criminales muy duros y endurecidos. El presidente Obama dijo que no tenía derecho legal a firmar el pedido, pero que lo haría de todos modos. Si los remedios de la Corte Suprema se vuelcan, se hará un trato con los demócratas para que se queden!”

Many of the people in DACA, no longer very young, are far from “angels.” Some are very tough, hardened criminals. President Obama said he had no legal right to sign order, but would anyway. If Supreme Court remedies with overturn, a deal will be made with Dems for them to stay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2019

El presidente puso el mensaje en su cuenta de Twitter pocas horas antes de que comenzase en el Supremo la vista para escuchar los argumentos a favor y en contra del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), establecido por su antecesor, Barack Obama, para proteger a los jóvenes indocumentados de la deportación.

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“Muchas de las personas en DACA ya no son tan jóvenes y están lejos de ser ‘angelitos'”, afirmó Trump, que no obstante, prometió un acuerdo con los demócratas del Congreso para que se queden en caso de que el máximo tribunal suspenda el programa.

En relación a la marcha que se desplegó a favor de los “dreamers”, “es para que la gente sepa que el programa (DACA) está en peligro de abolición y los afectados desean recordar que todavía están aquí”.

Según el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay 660 mil beneficiarios del DACA, de los cuales 529 mil 760 (poco más del 80%) llegaron desde México. Otros provienen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil.

El Tribunal Supremo decidirá en los próximos meses si avala la decisión de Trump de acabar con este plan, decretado en junio de 2012 por el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017), o si extiende su vigencia a favor de miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres siendo niños y que no cuentan con un visado.

Según Trump, “el presidente Obama dijo no tener derecho legal a firmar el decreto (que aprobó DACA), pero igual lo hizo”.

“Si el Tribunal Supremo remedia esto anulándolo, habrá un trato con los demócratas para que (los amparados por DACA) se queden” en el país, añadió el presidente en su mensaje.

Desde que anunció su candidatura presidencial en 2015, Trump se ha referido muchas veces a los inmigrantes como criminales, violadores, traficantes de drogas y miembros de pandillas.

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Una de sus promesas principales en la campaña electoral de 2016 fue la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México para impedir la entrada de indocumentados, y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, que se calcula que ascienden a unas 12 millones de personas.

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El período coincide con los tres primeros meses de mandato del gobernador Wilson Witzel, electo en gran parte por estar alineado con la política de “mano dura” impulsada por el presidente Jair Bolsonaro para combatir la delincuencia.

Según las cifras del Instituto de Seguridad Pública del gobierno, 434 personas murieron “por intervención de un agente del Estado” entre enero y marzo, una cifra 17,9% superior a la registrada en el mismo período de 2018.

Se trata del trimestre con mayor número de muertes a manos de la policía desde que las autoridades iniciaron la serie estadística en 1998.

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El número total de muertes violentas (que incluye las ocurridas en operaciones policiales), se redujo 18% en relación al primer trimestre de 2018, al bajar de 1.866 a 1.528.

Los homicidios dolosos, también incluidos dentro de las muertes violentas, se redujeron aún más: un 26%, de 1.417 a 1.409 en los primeros tres meses del año.

A fines de marzo el gobernador Witzel reconoció en una entrevista al periódico O Globo que la policía ya estaba utilizando francotiradores para disparar contra sospechosos a distancia, iniciativa que había causado polémica durante la campaña electoral.

“El protocolo es claro: si alguien está portando un fusil, tiene que ser neutralizado de forma letal”, explicó el gobernador.

El inicio de su mandato estuvo marcado por numerosos episodios violentos con participación de la policía, como una operación policial en una favela del barrio Santa Teresa, en el centro de la ciudad, donde murieron 13 personas, nueve de ellas acribilladas dentro de una misma casa. La operación está siendo investigada por sospechas de tortura y ejecución.

El viernes la policía militar anunció en Twitter que cuatro “delincuentes” murieron tras un “enfrentamiento” con la policía durante una operación contra traficantes de drogas en una favela de la empobrecida zona norte de la ciudad.

El ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, presentó ante el Congreso un proyecto de ley que habilita a los jueces a reducir, o incluso dejar de aplicar, penas a aquellos agentes que actuando en legítima defensa tengan una reacción excesiva presas del “miedo, sorpresa o emoción violenta”.

Para los defensores de derechos humanos, el proyecto da “carta blanca” a la policía para ejecutar sospechosos.

Con más de 63.000 homicidios por año, Brasil es uno de los países más violentos del mundo.

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