La DEA mantenía una estrecha relación con las autoridades dominicanas hasta el jueves, cuando la embajadora estadounidense comunicó el cierre de la sede de la agencia antinarcóticos en Santo Domingo hasta nuevo aviso.

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El agente Meliton Cordero fue detenido el jueves en Washington y acusado de participar en un esquema de soborno y fraude de visados estadounidenses, según la fiscalía federal para el distrito de Columbia.

El supervisor de la DEA en Dominicana “presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, detalló la entidad en un comunicado.

Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en República Dominicana.

“La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, dijo el jueves la embajadora Leah Campos en un comunicado publicado en X al anunciar el cierre de la oficina antinarcóticos en Dominicana.

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“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio”, añadió.

Las medidas se producen una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.

Por AFP

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La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) detuvo a más de 100 extranjeros en situación irregular en un club nocturno clandestino, que la fiscal general Pam Bondi en X afirmó que era “frecuentado por terroristas” de la banda venezolana Tren de Aragua y de la pandilla MS-13.

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump declaró como “organizaciones terroristas” a las bandas Tren de Aragua y MS-13, envió tropas a la frontera con México y defiende la expulsión masiva de migrantes irregulares, como parte de una política de mano dura.

El magnate republicano está enfrentado a jueces federales, grupos de derechos humanos y a la oposición del Partido Demócrata, que afirman que con su campaña de deportaciones masivas vulnera los derechos humanos y la Constitución.

Muchos extranjeros denuncian haber sido expulsados de forma exprés, sin haber tenido derecho a una audiencia.

Las imágenes publicadas en X por la DEA muestran a agentes armados rompiendo una ventana y gritando a los asistentes al club que levanten las manos, mientras la multitud sale corriendo.

La DEA informó que más de 100 extranjeros en situación irregular fueron detenidos en el “club nocturno clandestino” de Colorado Springs.

“Se han incautado drogas y armas”, indicó la agencia en X.

El agente especial de la DEA Jonathan Pullen declaró a las cadenas de televisión locales que durante la redada se encontró a varios miembros del ejército estadounidense en el club, “como clientes o trabajando como seguridad”.

Trump celebró el domingo la operación en su plataforma Truth Social en una publicación en la que afirmó que esta acción estuvo dirigida contra “algunas de las peores personas que se encuentran ilegalmente” en Estados Unidos.

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El mandatario también arremetió contra los jueces que han bloqueado deportaciones de migrantes y afirmó que estos magistrados convertirán a Estados Unidos en un “caos plagado de delincuencia”.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron el sábado que las autoridades deportaron a tres niños estadounidenses junto a sus madres, que eran extranjeras indocumentadas, y que uno de los menores sufre un agresivo cáncer.

Por: AFP

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Latika Davis-Jones, secretaria del Department of Drug and Alcohol Programs (DDAP), detalló que el objetivo es desechar todos los medicamentos recetados caducados, sin usar y no deseados de forma segura.

Además de los Días de Devolución de Medicamentos Recetados de la DEA, la Administración Shapiro ofrece oportunidades durante todo el año para desechar medicamentos a través de los centros del Programa de Devolución de Medicamentos Recetados del DDAP.

En Pennsylvania hay cerca de 900 cajas de devolución de medicamentos del DDAP disponibles durante todo el año para el uso de los residentes, incluso en los edificios del gobierno estatal.

Desde el inicio del programa de recuperación de medicamentos de Pennsylvania en 2015, se han destruido más de 1.5 millones de libras, 750 toneladas, de medicamentos recetados en 67 condados del estado. Esto equivale al peso de aproximadamente 30 camiones de bomberos.

El DDAP colabora con otras agencias de la Administración Shapiro, incluyendo la Policía Estatal de Pennsilvania y el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos, para recolectar y destruir los medicamentos que se entregan en los buzones de recogida.

El Policía Estatal de Pennsylvania busca proporcionar un método seguro y conveniente de eliminación durante todo el año mediante la recolección de medicamentos recetados no deseados en 65 estaciones en todo el estado. No se requiere información personal y los buzones están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En 2024, recolectó más de 4000 libras de medicamentos.

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El comisionado de la policía estatal, Christopher Paris, precisó que la institución se compromete a mantener las drogas peligrosas fuera de las comunidades. “Haga su parte para asegurarse de que los medicamentos recetados no terminen en las manos equivocadas ni se utilicen de forma incorrecta, desechándolos de forma responsable”.

La Fuerza de Tarea Conjunta Antidrogas es operada por la Guardia Nacional de Pennsylvania y, junto con agentes antinarcóticos de la Fiscalía General, se encarga de recolectar y pesar los medicamentos recetados desechados a través del programa de devolución de medicamentos de Pennsylvania.

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El estado sureño es también un punto relevante para el narcotráfico, especialmente la ciudad de Miami que ha sido apodada la capital del narcotráfico del estado.

En Florida las leyes contra el tráfico de drogas prohíben la posesión, distribución y venta de sustancias controladas, a tal punto que poseer marihuana en una cantidad inferior a 20 gramos merece un cargo de delito menor de primer grado, a menos que esa sustancia sea para uso médico y tenga permiso para ello. Una condena por este delito puede resultar en una pena mínima obligatoria de prisión aunada a multas de cientos de miles de dólares.

En Miami actúan como entes de seguridad y control la DEA, el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y el Departamento de Policía de Miami-Dade. Y a todo esto se unen iniciativas y programas de prevención y educación sobre sustancias ilícitas, servicios de tratamiento y recuperación de personas con adicción y opciones de sentencias alternativas.

Pero todo lo expuesto no pareciera ser suficiente, ya que el estado de Florida aún está catalogado como un punto estratégico para el narcotráfico, especialmente la ciudad de Miami debido a su largo historial como centro para el tráfico de drogas, cuyos inicios se remontan a las décadas de 1970 y 1980 cuando los cárteles colombianos utilizaban la ciudad como puerta de entrada para contrabandear cocaína a Estados Unidos.

La cercanía de la ciudad floridana con Latinoamérica, su diversa y numerosa población, y sus concurridos puertos y aeropuertos combinados con su vibrante vida nocturna convierten a Miami en un destino atractivo tanto para los narcotraficantes como para los consumidores.

Según la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, en la actualidad, cuando ya ha transcurrido medio siglo, Miami sigue siendo el principal centro de distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo en Florida. La agencia ha informado además que Miami es una fuente de suministro de otras drogas, como marihuana, éxtasis y opioides recetados, que se trafican a otras partes del estado y del país, según refiere un reporte elaborado por el medio MohaveTV.

Nefastas consecuencias

En Miami el tráfico de drogas tiene graves consecuencias tanto para la ciudad como para sus residentes pues fomenta la violencia, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado. El tráfico de drogas también representa una amenaza para la salud pública, en virtud de que el abuso de sustancias y las muertes por sobredosis de droga están aumentando en Miami y en todo el estado.

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De acuerdo con datos del Departamento de Salud de Florida, en 2019 se registraron 5.576 muertes relacionadas con drogas en Florida, lo que significa un aumento del 14,7% con respecto a 2018.

Del total de estos decesos, 2.773 involucraron opioides, 1.948 incluyeron cocaína y 1.301 implicaron metanfetamina. El condado de Miami-Dade tuvo el mayor número de muertes relacionadas con las drogas en Florida con 1.037 decesos, seguido por el condado de Broward con 833 muertes y el condado de Palm Beach con 626.

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Fuentes oficiales confirmaron que la detención de Caro Quintero, de 69 años de edad, ocurrió debido a que presuntamente las autoridades detectaron que el fugitivo regresó a la actividad criminal.

El capo  fue detenido en un operativo de la Secretaría de Marina (Semar). Era buscado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena perpetrado en febrero de 1985, así como por otros crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Caro Quintero fue fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los principales capos en la década de 1980; también fue uno de los primeros en enviar droga a gran escala a Estados Unidos.

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Nació el 3 de octubre de 1952 en el estado de Sinaloa, cuna de grandes capos mexicanos del narcotráfico. Amasó una gran fortuna y fundó su cartel junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

La detención de Caro Quintero sucede días después de una reunión entre los presidentes de México, Andrés López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden.

Finalizando noviembre de 2019, una jueza federal mexicana otorgó al capo Caro Quintero un amparo contra la extradición a Estados Unidos donde era requerido por el asesinato del agente de la DEA en 1985.

A principios de octubre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo contra la extradición al narcotraficante que estaba prófugo desde que salió de prisión en 2013 por un fallo judicial que luego fue revocado. Caro Quintero estuvo preso de 1985 a 2013.

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En abril de 2018 Estados Unidos presentó un nuevo proceso criminal contra el capo mexicano como responsable del secuestro, tortura y asesinato del agente Camarena.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 20 millones de dólares para quien proporcionara información que les permitiera localizar y capturar a Caro Quintero, señalado como el líder de una organización criminal.

Tras salir de prisión, las autoridades conjeturan que se unió a las filas del cartel de Sinaloa y estuvo implicado en el tráfico de drogas. Esto habría sido el motivo para que Estados Unidos decidiera abrirle un nuevo proceso en la corte del distrito este de Nueva York, la misma en la que se juzgó a Joaquín “el Chapo” Guzmán.

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Gutiérrez, el diputado más votado de Santiago, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami a donde arribó en un vuelo comercial procedente de su país, de acuerdo con un comunicado oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

La ejecución del arresto estuvo a cargo de agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en trabajo conjunto con la DNCD y la Procuraduría General de República Dominicana.

El citado comunicado indica que el caso está en fase de investigación y no especifica los cargos por los que se investiga al legislador.

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La DNCD puntualizó que esta operación está enmarca en el fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana.

Gutiérrez Díaz es diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la organización política del presidente Luis Abinader, y fue electo para el cargo en 2020.

Según una información publicada en el periódico dominicano Listín Diario, el detenido lidera tres empresas en Santiago, donde fue el candidato más votado en las pasadas elecciones.

Es oriundo de Gurabo, Santiago y hasta ahora se le conocía como un “prospero empresario del sector inmobiliario” vinculado también el sector de la construcción. Según el reporte del rotativo dominicano, Gutiérrez Díaz de 58 años de edad, no tuvo carrera política antes de ser electo diputado el año pasado. Sus intenciones de ingresar a la política las hizo públicas en 2018 sin tener una carrera en este ámbito. En 2019 presentó oficialmente su precandidatura para ganar una curul lo que logró con facilidad.

El informe periodístico refiere que su poder económico combinado con su influencia en Santiago, hizo que algunos sectores dentro del PRM perfilaran como candidato a alcalde para las elecciones municipales de 2024.

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According to state law, the doctor must discuss the risks and benefits of opiates and other alternatives during these video meetings. They must also provide the necessary information on medical cannabis, check in with a Prescription Monitoring Program for what they prescribe and supply a maximum supply of 5 days when it comes to acute pain diagnoses. The meetings must also have video and audio enabled from all participants and must be “consistent with the standard of care.”

Despite all the bureaucratic obstacles, Cannabis telemedicine is growing. Telemedicine has proven to be a safe option during the pandemic. It gives patients the chance to get the medical advice they need while saving money, time and stress.

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“New Jersey health care practices are again offering in-person services, but telehealth remains an important option for patients and providers,” said Attorney General Gurbir Grewal. “Today, we’re making it easier for patients to choose telehealth services for any reason, including to avoid an in-person visit due to the continuing risk of COVID-19.”

While telemedicine is a simple way of eliminating in-person visits to hospitals and doctors offices and, thus, preventing the spread of the virus, New Jersey’s new ruling has to follow the DEA’s standards.

Due to the pandemic, the DEA has allowed a temporary waiver that allows medical practitioners to supply medical cannabis through video but doctors will likely be extra careful when prescribing these, ensuring that the condition being treated fits neatly into their state’s medical cannabis program.

Other states in the U.S. have implemented cannabis telemedicine, not only due to the pandemic, but also in hopes of facilitating virtual visits for patients who are in no condition to visit a doctor’s office or who live far away from their physician.

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Alcalá Cordones se habría presentado ante agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia en horas del mediodía del viernes 27 de marzo para que mediaran en su entrega voluntaria a la justicia de Estados Unidos que lo incluyó en el cartel de recompensas por narcoterrorismo del régimen de Nicolás Maduro.

Durante varios años este general retirado ha criticado abiertamente al mandatario venezolano, pero el jueves fue acusado de presuntamente operar en complicidad con Maduro y con el jefe del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, una confabulación narcoterrorista que según fiscales estadounidenses convirtió al Estado venezolano en una plataforma para cárteles violentos y grupos guerrilleros colombianos.

El Departamento de Justicia estadounidense había ofrecido 10 millones de dólares como recompensa a quien diera pistas para arrestar a Alcalá quien según fuentes oficiales, vivía desde 2018 en Barranquilla y este jueves 26 de marzo se declaró sorprendido por estar dentro del cartel de recompensas.

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Trascendió que el detenido abordó un vuelo fletado que lo llevó a Estados Unidos desde la ciudad de Barranquilla tras renunciar a una audiencia de extradición y acceder a colaborar con los fiscales.

Tras ser acusado por el Departamento de Justicia, Alcalá sorprendió al adjudicarse la responsabilidad de un lote de fusiles de asalto y equipo militar de fabricación estadounidense incautado en una carretera de Colombia, que según dijo era para un plan que tenía como objetivo derrocar a Maduro. Sin ofrecer evidencia, dijo que tenía un contrato con el líder opositor Juan Guaidó y sus “asesores norteamericanos” para adquirir las armas.

Las confusas afirmaciones de Alcalá quien se encontraba entre los críticos de Maduro fueron retomadas por éste quien acusó a la DEA de estar detrás de un plan del general retirado para asesinarlo a él y a otros líderes políticos.

Según la acusación formal, cuando Alcalá era uno de los asesores de confianza del entonces presidente Hugo Chávez en 2008, se le encargó coordinar los envíos de drogas con elementos corruptos de las fuerzas armadas venezolanas y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Estados Unidos consideraba un grupo terrorista.

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La Audiencia Nacional española divulgó el auto en el que argumenta la decisión de no extraditar a Carvajal, detenido en España en abril de este año a raíz de una petición de Estados Unidos.

El tribunal español recriminó a Washington que su reclamación “se fundamenta en una motivación política por su condición de exdirector de los Servicios de Inteligencia Militar durante las presidencias de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro, dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela”.

La Audiencia Nacional anunció el lunes, que rechazaba la solicitud estadounidense y decretó la puesta en libertad de Carvajal quien salió de la prisión de Estremera en Madrid, pocas horas después.

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Carvajal había sido detenido en España en abril a raíz de una petición de Estados Unidos por supuesto tráfico de drogas con destino a territorio estadounidense.

En el auto en el que se explican los motivos, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional reprocha a EE.UU. que no concreta los cargos contra Carvajal y que solo se basa en una declaración jurada de un miembro de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).

Indica que eso no es suficiente para acusar a Carvajal ya que el agente de la DEA achacó al ex general chavista “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos”.

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Según informó la cadena de televisión NBC News, los agentes integrantes de la llamada “Operación Cazador” de la DEA, también registraron y cerraron una docena de farmacias en el estado de Florida entre los días 27 y 29 de agosto, incautando más de 200 mil opiáceos y otras píldoras en una acción contra las sustancias que están en el centro de la crisis de opiáceos del país, la cual provoca miles de muertes cada año.

“Estamos ahí fuera y estamos tratando de adelantarnos a este problema, tratando de reducir las fatalidades en nuestras comunidades”, dijo Justin Miller, agente jefe de inteligencia en la oficina de la DEA en Miami.

En el operativo también participó la policía local y entre los detenidos se encuentra un sujeto identificado como Thomas Renckley de 31 años, quien convirtió su hogar en una “farmacia” de drogas.

El domicilio se encuentra ubicado en Jacksonville y en el interior se localizaron varios tipos de narcóticos, según informó el agente especial de la DEA, Mike Dubet.

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La agencia antidrogas también informó que entre las personas detenidas hay integrantes de un cartel mexicano y durante el operativo se ubicó un artefacto explosivo.

El operativo se dirigió principalmente contra médicos y farmacéuticos que, a los ojos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, han empeorado la crisis de las sobredosis.

En Florida central, por ejemplo, los agentes de la DEA arrestaron al gerente de un establecimiento que ha sido acusado de vender heroína y cocaína vinculada a múltiples muertes por sobredosis.

Más de una docena de personas fueron arrestadas en conexión con una tienda en la ciudad de Winter Garden, que, de acuerdo con la agencia, estaba al frente de una red de narcotraficantes conectada a múltiples decesos por sobredosis.

Asimismo, la DEA atrapó en el centro del estado de Florida al gerente de una tienda acusado de vender heroína y cocaína; y en la localidad de Ormond Beach detuvo a un farmacéutico que ya había sido apresado con anterioridad y despojado de su licencia, tras lo cual volvió a abrir su farmacia y comenzó a vender medicamentos.

“La farmacia podría estar en cualquier parte de nuestras comunidades a través del país”, dijo Marcus Anderson, agente especial asistente a cargo de la división de campo de la DEA en Miami.

Fue sólo una parte de una redada en la que los agentes llevaron a cabo unas 50 órdenes de registro de farmacias y 25 entrevistas con médicos, e interceptaron varios paquetes transportados por el Servicio Postal de Estados Unidos y la compañía FedEx.

La operación a gran escala se produjo cuando se calcula que las muertes relacionadas con los opioides en Florida están por encima del promedio nacional y, en algunos condados, son significativamente más altas que en el resto del país.

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