En sectores como Caraballeda, en el golpeado estado Vargas (La Guaira), la tensión es evidente. Mientras algunas brigadas se resisten a cerrar operaciones aferrándose a supuestos ruidos bajo las estructuras colapsadas, los deudos exigen que comience la remoción definitiva.

“Hasta que yo no recupere los cuerpos, yo no voy a estar tranquilo. Que no vengan las máquinas y se los lleven como basura. Ese es el objetivo”, aseguró José Francisco Liendo, quien tiene a su padre y a su hermana sepultados en las ruinas de un edificio.

La cifra oficial provisional ya supera los 2.500 muertos, concentrados principalmente en el balneario de La Guaira y en zonas de Caracas. Sin embargo, el balance real sigue siendo una incógnita. Mientras el Gobierno evita dar un número de desaparecidos, Naciones Unidas estima la cifra en 50.000 personas, sumado a millones de damnificados que hoy subsisten en las calles o en refugios improvisados.

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Crisis sanitaria y morgues al aire libre

El paso de los días y las altas temperaturas caribeñas han acelerado la descomposición de los cuerpos, obligando a los ciudadanos a tomar medidas desesperadas ante la falta de apoyo estatal.

Medidas desesperadas: En varias fachadas se leen mensajes pintados como «Auxilio, aquí está mi madre muerta». Familias afectadas han tenido que arrojar cal sobre las estructuras para amortiguar los efectos de la descomposición mientras esperan por maquinaria pesada.

Morgue improvisada: En el puerto de La Guaira opera una morgue al aire libre donde se registran largas filas de ciudadanos que buscan identificar a sus familiares, recibir las actas de defunción y darles sepultura.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, descartó el uso de fosas comunes y ordenó la debida identificación de cada víctima, aunque los afectados denuncian que los equipos siguen siendo insuficientes.

Fuertes críticas a la gestión de la emergencia y militarización

La respuesta oficial ante la peor catástrofe natural reciente en el país ha desatado una ola de críticas. Habitantes de La Guaira denunciaron que las autoridades tardaron días en reaccionar y que, inicialmente, fueron los propios vecinos y voluntarios quienes removieron escombros con sus manos.

Frente a los cuestionamientos, Rodríguez —quien asumió el mandato interino tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de EEUU — defendió su gestión en rueda de prensa y justificó el despliegue militar inmediato: “La primera decisión ese día fue: se militariza el estado La Guaira porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”.

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El panorama político en medio de la catástrofe

La crisis humanitaria se desarrolla en un contexto de alta complejidad política e internacional:

Apoyo de EEUU: La administración de Donald Trump respalda la gestión de Delcy Rodríguez y coordina los esfuerzos internacionales de asistencia en el terreno.

Distanciamiento de la oposición: Washington ha marcado distancia de la líder opositora exiliada y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien busca regresar al país desafiando los frenos diplomáticos. Desde el exterior, Machado denunció la «ausencia total del Estado» tras los sismos.

Mientras la geopolítica avanza, en el terreno la realidad es desgarradora. Aloa González, quien espera rescatar el cuerpo de su hermana tras haber enterrado ya a sus padres, resume el sentir de miles de venezolanos: “¿Cómo me siento? Muerta en vida”.

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Las condiciones de vida a la que se somete a las familias de El Salvador, Honduras y Guatemala activa el mito construido por los mass media estadounidenses en torno al sueño americano, una historia que las políticas migratorias de la nación desea desaparecer, pero que tan solo en abril envalentó a las almas de al menos 8 mil 897 menores no acompañados, quienes según datos publicados a comienzos de mayo por la CBP fueron arrestados con los pies puestos en “la tierra prometida”.

Ellos forman parte de los 98 mil 977 migrantes indocumentados que las autoridades detuvieron en abril en la frontera con México y con esos arrestos ascienden ya a 460 mil 294 las detenciones de migrantes en el linde fronterizo desde el inicio del presente año fiscal 2019, que comenzó en octubre pasado.

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En medio de este evento socioeconómico, que involucra como variable la impericia de las naciones involucradas para manejar los asuntos geopolíticos comunes, existe una emergencia humanitaria que ha desbordado al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que tiene en su récord la muerte de al menos seis menores migrantes que estaban bajo su custodia.

Una mezcla preocupante

Los funcionarios Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) han declarado en diversas oportunidades que sus instalaciones de retención han sido rebasadas y que no cuentan con profesionales para monitorizar las condiciones de salud de los chicos que llegan solos o en compañía de adultos.

Desde el caso de Jakelin Caal Maquin ocurrido en diciembre de 2018, la niña guatemalteca que murió bajo custodia del Estado estadounidense, las alarmas han estado encendidas, pero muchas organizaciones de apoyo, en conjunto con sectores partidista, afirman que no se hace mucho para proteger la vida de los pequeños.

Una causa de la desconfianza está basada en el reporte de la última muerte de un menor reportada por el DHS, que en vocería oficial informó, nueve meses después del episodio, que una niña salvadoreña había perdido la vida estando bajo su custodia.

El penúltimo informe de un descenso hizo referencia al guatemalteco de 16 años Carlos Gregorio Hernández Vásquez, quien murió en un centro de detención en Texas. No ha habido un anuncio oficial sobre la causa del fallecimiento.

Los otros niños cuya muerte se conoce son Wilmer Josué Ramírez Vásquez, de dos años; Juan de León Gutiérrez, de 16 años y Felipe Alónzo-Gómez, de ocho. Ellos suman los seis difuntos.

Los alrededores y las circunstancias 

Muchas organizaciones no gubernamentales y activistas en general, opinan que al Estado no le interesa elevar los controles que impidan que este tipo eventos ocurran.

La organización humanitaria Niños con Necesidad de Defensa (KIND, en inglés) recomendó en EE.UU. que los menores detenidos por la Patrulla Fronteriza en el linde con México reciban atención de profesionales de bienestar infantil, y que se evite la separación de las familias.

Como abono a la trama de usar la muerte como propaganda persuasiva, se suma el Gobierno de Guatemala, que recientemente aseguró que Estados Unidos no ha informado del resultado de las autopsias realizadas a los cinco menores inmigrantes fallecidos en los últimos meses en territorio estadounidense.

Para extender el espectro de preocupación están los datos ofrecidos por KIND, que ha denunciado casos de niños que quedaron solos en Estados Unidos al ser deportados sus padres, o incluso se dan los casos en los que las autoridades no pueden informar sobre el paradero actual de muchos de estos menores.

La angustia de todos está en que al parecer las evidencias de descontrol en el manejo de la crisis humanitaria fronteriza, sea parte de una solapada política y no el resultado de una incapacidad devenida.

A manera de protesta, activistas, líderes religiosos y miembros de la comunidad iniciaron el lunes pasado la Caminata del Migrante, un recorrido anual por la ruta que siguen los inmigrantes indocumentados en el desierto de Arizona con el fin de recordar a los miles que han fallecido en el intento.

“Cada año que he participado en la Caminata del Migrante tengo la esperanza que sea la última”, dijo a Mohyeddin Abdulaziz, que secunda esta iniciativa desde hace una década.

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Los enfoques han cambiado bajo la óptica del observador, pero la finalidad es la misma, detener la oleada de centroamericanos que asumen la aventura de ir a los Estados Unidos en un peligroso viaje que tiene altísimas probabilidades de fracaso, no solo por no conseguir el asilo, sino por algo peor, pueden perder la vida.

De acuerdo a los datos recabados hasta ahora y que han sido ordenados por la agencia estatal de noticias de España, el Gobierno de los Estados Unidos no consigue frenar la llegada de migrantes, como demuestra la detención en marzo, pese a las medidas adoptadas, de 92 mil 607 indocumentados en la frontera, la cifra más alta en 12 años.

Génesis de la crisis humanitaria

De acuerdo a la reseña periodística las medidas comenzaron en el verano de 2014, cuando el entonces presidente, Barack Obama, dijo que la frontera con México sufría una “crisis humanitaria” por la llegada de miles de menores centroamericanos sin la compañía de un adulto.

Desde entonces, el Gobierno de EE.UU. ha intentado reducir esta ola de inmigración procedente de los países del denominado Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estas son sus principales medidas:

– El 8 de julio de 2014, el entonces presidente Barack Obama pide al Congreso 3 mil 700 millones de dólares para hacer frente a la llegada masiva de niños centroamericanos.

Parte de esos fondos se destinan a una campaña mediática en los países de la región en la que se advertía de los peligros de la travesía y las nulas posibilidades de lograr un estatus migratorio.

– El 12 de noviembre de 2014, el Gobierno anuncia el programa Menores Centroamericanos (CAM), que permitía a personas que vivían de forma legal en EE.UU. y con origen en Honduras, El Salvador y Guatemala solicitar permisos para que sus hijos u otros familiares migren al país para reunirse con ellos.

El programa fue cancelado por la Administración de Donald Trump en agosto de 2017, paralizando cerca de 2.700 solicitudes ya presentadas, aunque una decisión judicial obligó al Gobierno a procesarlas.

– El 25 de enero de 2017, pocos días después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump firma una orden ejecutiva para comenzar a construir el muro en la frontera con México, la creación de más centros de detención para inmigrantes y “acelerar la deportación” de un mayor número de indocumentados.

– Entre el 15 y 16 de junio de 2017 se celebra en Miami la primera Conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica destinada a financiar el desarrollo sostenible en el Triángulo Norte para así reducir la inmigración. El 11 y 12 de octubre de 2018 hubo una segunda edición en Washington.

– El Gobierno anuncia el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras (4 de mayo de 2018) y El Salvador (8 de enero de 2017) y Nicaragua (6 de noviembre de 2017), entre otros países.

Finalmente, y después de decisiones judiciales en contra de estas medidas, la Administración Trump da marcha atrás y deja en suspenso la cancelación del TPS y los extiende hasta enero de 2020.

– El 4 de abril de 2018 Trump ordena enviar a miembros de la Guardia Nacional a la frontera para apoyar a los agentes fronterizos en tareas de detección de inmigrantes, reparación del muro y apoyo logístico, entre otros cometidos.

– El 6 de abril de 2018 el Gobierno anuncia la política de “tolerancia cero” por la que se separa a familias de centroamericanos que son detenidos por cruzar de manera irregular la frontera y manda así un mensaje a los inmigrantes que se planteen emigrar al país.

– El 20 de junio de 2018, y tras una intensa polémica y la presión de su propio partido para acabar con una medida que ha separado a miles de niños de sus familias, Trump firma una orden ejecutiva para cancelar la “tolerancia cero”.

– El 6 de septiembre de 2018 los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el de Salud y Servicios Humanos (HHS) anuncian su intención de suspender el Acuerdo Flores, que impide que los menores en custodia gubernamental permanezcan retenidos más de 20 días.

– El 31 de octubre de 2018, el presidente anuncia el envío de hasta 15 mil militares a la frontera con México para colaborar en tareas de control y vigilancia.

– El 9 de noviembre de 2018 Trump firma una proclamación por la que busca restringir el acceso a las peticiones de asilo a los solicitantes que ingresan ilegalmente al país al obligar a realizar la petición en los puertos de entrada, medida que ha sido objeto de una demanda por parte de organizaciones civiles.

– El 18 de diciembre de 2018 el Departamento de Estado anuncia que su plan de cooperación bilateral con México para el desarrollo de Centroamérica incluirá 2 mil millones de dólares de nuevos fondos, para un monto total de 5 mil 800 millones.

Esta partida se sumaba a otros paquetes de ayuda aprobados por el Congreso y el Gobierno, aunque Trump ordenó el 30 de marzo de 2019 suspender esta asistencia después de criticar a los tres países por “no hacer nada” para evitar la formación de caravanas de migrantes.

– El 29 de enero de 2019, el Gobierno comienza a aplicar el programa de retorno a México de solicitantes de asilo centroamericanos mientras se procesa su petición, aunque un juez suspende esta medida de forma preliminar.

– El 15 de febrero de 2019 Trump firma una declaración de emergencia nacional para financiar la construcción de un muro en la frontera con México, en un movimiento que también ha sido objeto de demandas judiciales.

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Este miércoles 20 de febrero en un acto público que concentró al gremio de transportistas en Caracas, el líder opositor dijo que la ayuda humanitaria entrará por los muelles de Puerto Cabello en el estado Carabobo y La Guaira en el estado Vargas, ambos ubicados en la zona centro norte venezolana.

“Este 23 de febrero nos vamos a concentrar y movilizar hacia cada una de esas guarniciones (militares), hasta cada uno de esos puestos, para dar un mensaje muy claro de forma pacífica y contundente”, expresó Guaidó en la Plaza Francia de Altamira.

Aseguró que la ayuda humanitaria ingresará a Venezuela por San Antonio del Táchira en frontera con Cúcuta (Colombia), por el estado Bolívar en la frontera con Roraima (Brasil) y por las costas venezolanas en Puerto Cabello y La Guaira.

Exhortó a la ciudadanía a “estar muy pendiente para movilizarse”.

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“Este 23 de febrero habrán brigadas voluntarias y humanitarias trasladándose a los puntos de frontera. No solo Cúcuta y Táchira. Bolívar atento que será un punto importante”, afirmó.

Guaidó indicó que ayuda humanitaria entrará “sí o sí”. Dijo que será el primer paso para que luego se abra el canal humanitario con el que se espera beneficiar a 200 mil personas en una primera fase. Entre los primeros atendidos está la población más vulnerable conformada por niños desnutridos, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

“Iremos a esos puestos (militares) a exigir que ingrese la ayuda humanitaria que permita poder ayudar y salvar vidas, y que de paso a que abramos el canal humanitario. No es suficiente con lograr el ingreso de parte de la ayuda”.

El gobierno de Nicolás Maduro impide el ingreso de ayuda humanitaria suministrada por Estados Unidos. Además de una crisis política, Venezuela sufre una fuerte hiperinflación y una grave escasez de elementos esenciales como alimentos y medicamentos.

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