Durante una rueda de prensa, Uthmeier declaró que el estado está tomando medidas firmes frente al uso indebido de la inteligencia artificial en actividades criminales. “Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuese una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, afirmó.

El caso: tiroteo en la Universidad Estatal de Florida

La investigación surge tras una revisión preliminar del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado de perpetrar un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida en abril de 2025.

El ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas y siete heridas, generando conmoción en la comunidad universitaria y a nivel nacional.

Según Uthmeier, el chatbot habría proporcionado “consejos significativos” al tirador antes de cometer el crimen, incluyendo recomendaciones sobre el tipo de arma y las municiones adecuadas.

Posible responsabilidad penal de OpenAI

La indagatoria busca determinar si OpenAI puede tener responsabilidad criminal bajo la legislación estatal. En Florida, la ley contempla como delito el hecho de “ayudar, incitar o aconsejar” a una persona en la comisión de un crimen.

Como parte del proceso, las autoridades han emitido una citación para que la empresa entregue:

• Políticas internas sobre prevención de daños
• Materiales de entrenamiento del modelo
• Protocolos de cooperación con autoridades
• Listado de directivos, gerentes y empleados

El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, subrayó la importancia de comprender los riesgos asociados a estas tecnologías: “Es importante que todos seamos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades”.

Crece la presión legal sobre la inteligencia artificial

Este caso se suma a un contexto más amplio de creciente escrutinio legal sobre las empresas de inteligencia artificial en Florida.

En marzo, se conoció que una familia presentó una demanda contra el chatbot de Google, Gemini, acusándolo de inducir a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos.

Debate regulatorio: Florida vs. normativa federal

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha reiterado su intención de impulsar regulaciones estatales sobre inteligencia artificial. Entre las propuestas se incluyen normas para la instalación de centros de datos y mayores protecciones para los usuarios.

Estas iniciativas contrastan con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha abogado por una regulación exclusivamente federal para evitar restricciones a nivel estatal.

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Un precedente clave para el futuro de la IA

La investigación podría sentar un precedente significativo sobre la responsabilidad legal de las herramientas de inteligencia artificial en actos criminales. Expertos anticipan que el caso podría redefinir los límites entre tecnología, responsabilidad corporativa y uso indebido por parte de usuarios.

A medida que la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana, el equilibrio entre innovación y regulación se convierte en un tema central para gobiernos, empresas y la sociedad en general.

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Las cifras corresponden al periodo comprendido entre el 20 de enero y el 15 de octubre, y representan más de un tercio de las 220.000 detenciones realizadas por ICE en ese lapso. Aunque la Administración Trump había señalado que las redadas migratorias estaban dirigidas principalmente a criminales violentos, los datos muestran que una parte significativa de los arrestados no tenía antecedentes penales.

El informe tampoco incluye las detenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que efectuó operativos en varias grandes ciudades, entre ellas Los Angeles. La ausencia de estos datos sugiere que el número total de personas sin historial delictivo detenidas podría ser considerablemente mayor.

Además, el análisis señala que los registros de ICE no distinguen entre infracciones menores y delitos graves cometidos por los detenidos con antecedentes, lo que dificulta evaluar con precisión el perfil criminal de quienes fueron arrestados. De acuerdo con los datos disponibles, cerca del 90% de las personas detenidas hasta mediados de octubre eran hombres, y la nacionalidad más frecuente era la mexicana, seguida por la guatemalteca y la hondureña.

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Aún no está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, aunque casi 23.000 figuran en la categoría de deportación voluntaria. El informe aporta nuevos elementos al debate sobre las prioridades migratorias del gobierno de Trump, que ha defendido sus políticas como una estrategia para incrementar la seguridad pública, mientras organizaciones y expertos han cuestionado el impacto real de estas detenciones masivas.

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Durante la firma de un acuerdo con Paraguay un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

Rubio no lo negó. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, contestó.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos y aseguró que “el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)” de Estados Unidos.

“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (…) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano”, añadió Cabello en una rueda de prensa.

La semana pasada medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

“Esos grupos serán confrontados”, afirmó Rubio sin especificar cómo. Según él, algunos “utilizan el espacio aéreo” para “transportar veneno a Estados Unidos”.

“Es un tema muy serio, tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no”, apuntó.

Días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro, Rubio dijo que el gobierno del presidente venezolano no es “legítimo”.

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“Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana”, estimó el secretario de Estado.

La víspera, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro.

“Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas”, declaró en una entrevista con Fox Noticias.

“También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos”, añadió.

En un comunicado publicado este jueves el gobierno de Guatemala afirma que “no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales”.  

“Rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi”, afirmó la cancillería, recordando que Guatemala no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro.

En la red social X, la cancillería de Honduras calificó de “falsa” la declaración de Bondi.

Por: AFP

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Al asumir su segunda presidencia, Trump declaró terroristas a grupos criminales y cárteles, como el Tren de Aragua (TDA) y la mara salvadoreña MS-13.

Las autoridades neoyorquinas anunciaron la semana pasada la inculpación de 10 personas -supuestos miembros del TDA- por venta y posesión de armas de fuego, conspiración y otros crímenes al término de una investigación de larga data denominada Operación Descarrilamiento del Tren, que resultó en la confiscación de 34 armas, entre estas dos rifles de asalto y 48 gramos de un cóctel de drogas conocido como tusi o “cocaína rosa”.

La operación se llevó a cabo en Nueva York, Texas, Miami y Colorado y con planes de extenderse a Colombia, supuesto destino final de las armas.

Según la fiscal de Queens, Melinda Katz, los detenidos “desempañaban cada uno diferentes papeles en favor de la agenda del Tren de Aragua”.

El alcance de sus actividades se extiende por los estados de Connecticut, Pennsylvania, Texas, Florida y Colorado, aseguró Katz.

Otro supuesto miembro de la banda, Anderson Zambrano Pacheco, uno de los participantes en el asalto a un edificio en la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado, el pasado agosto, que llevó a Trump durante su campaña electoral a colocar a este grupo criminal en lo alto de la lista de sus prioridades contra la inmigración ilegal, fue también inculpado en un tribunal de Nueva York por posesión de armas.

“Miembros del TDA han participado en numerosos tiroteos y asesinatos (…). Mucha de la violencia se debe a las hostilidades entre miembros y exmiembros” de la banda, dice Michael Bonner, uno de los investigadores.

Pero el exagente de la DEA, Mike Vigil, asegura a la AFP que el TDA “no es fuerte” en Estados Unidos y culpa a Trump de presentar a esta banda criminal, nacida en una cárcel en Venezuela y extendida por países como Colombia, Brasil, Chile y Perú, como “si fueran una invasión pero no es cierto”.

“No hay evidencia de que muchos de los detenidos sean del TDA” aseguró.

La mayoría de los acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel si son declarados culpables.

Solicitado por la AFP, el departamento de Seguridad Interior no confirmó el número total de detenidos del TDA en Estados Unidos.

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Trump pedirá al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que repatríe “a todos los criminales y pandilleros venezolanos que han sido exportados a Estados Unidos”, anunció el pasado viernes 31 de enero el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

El Tren de Aragua está acusado de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y de migrantes.

En julio pasado, el Departamento de Estado admitió que la actividad de esta organización se había extendido a Estados Unidos y ofreció recompensas por tres de sus miembros que podrían estar en Colombia y Venezuela.

Por AFP

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El Tren de Aragua, considerada una banda transnacional originada en territorio venezolano, opera en varios países suramericanos vinculada a extorsiones, homicidios y tráfico de drogas, y de acuerdo con las autoridades de Texas, también participan del tráfico de migrantes.

Como consecuencia de la crisis política, económica y social en Venezuela, sus ciudadanos pueden acceder a un programa humanitario que les permite llegar a Estados Unidos e iniciar un trámite de asilo.

Pero, para el zar de fronteras de Texas, Mike Banks, “Venezuela ha liberado prisioneros con una condición: váyanse y no vuelvan. No es de extrañar que tengamos un problema de pandillas en Estados Unidos” y responsabilizó por esta situación a la política de “fronteras abiertas” del presidente Joe Biden.

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En conferencia de prensa en Houston, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró al Tren de Aragua como una “organización terrorista extranjera”, y anunció un equipo para perseguir a la que consideró como una “Mara Salvatrucha con esteroides”.

Abbott informó que en fecha reciente arrestaron a más de 20 personas en un hotel de El Paso y se “sospecha” que “muchos de ellos son miembros del Tren de Aragua”.

El anuncio de Abbott ocurre una semana después de que, durante el debate con miras a las elecciones presidenciales de noviembre, Trump culpara a su oponente, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, de permitir el ingreso indiscriminado de migrantes.

Abbott fundamenta su afirmación en el “incremento en la llegada de jóvenes en edad militar desde Venezuela que parece que tienen las características de un miembro del Tren de Aragua”.

Mostró imágenes de tatuajes presuntamente vinculados a la banda, como una estrella, un tren, un fusil AK-47, la silueta de Michael Jordan con el número 23 o el nombre de una canción de trap latino.

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El pasado julio, el Departamento de Estado estadounidense admitió que la actividad de esta organización se había extendido hacia el país y ofreció recompensa por tres de sus miembros que podrían estar en Colombia y Venezuela, entre ellos su líder, Héctor Rusthenford Guerrero, reconocido con el mote de “Niño Guerrero”.

Recientemente en Colorado, la policía detuvo a ocho individuos a los que etiquetó como miembros del Tren de Aragua y los responsabilizó de cometer actos de violencia contra la comunidad migrante.

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“La designación hoy del Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional subraya la creciente amenaza que representa para las comunidades estadounidenses”, indicó el subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, citado en el comunicado.

El Tren de Aragua se creó en una prisión venezolana, conocida como la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, en el centro-norte del país suramericano, pero en los últimos años sus tentáculos se han extendido hacia otros países de América Latina y Estados Unidos, ante lo que el Departamento del Tesoro ha dicho que “representa una amenaza criminal mortal en toda la región”.

La organización criminal se vale de sus redes transnacionales para la trata de personas, a las que obligan a contraer deudas, y para la explotación sexual de mujeres y niñas migrantes.

Cuando las víctimas intentan escapar “las matan y publicitan sus muertes como una amenaza para los demás”, refiere el citado comunicado.

El Tren de Aragua también ha desarrollado “fuentes de ingresos adicionales a través de una variedad de actividades criminales, como la minería ilegal, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas ilícitas como cocaína y el MDMA”, aseveró el gobierno estadounidense.

En la medida que se expande, la organización se infiltra “en las economías criminales” de varios países de Suramérica, en los que desarrollan operaciones financieras y lavan fondos a través de criptomonedas, agrega el texto.

Además, la organización criminal ha establecido vínculos con el Primer Comando de la Capital, un grupo del crimen organizado de Brasil, sometido a sanciones de Estados Unidos.

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Por su parte, el Departamento de Estado anuncióde de forma paralela recompensas por un total de hasta 12 millones de dólares por cualquier información que permita detener o condenar a los líderes del Tren de Aragua “por conspirar para participar o intentar participar en el crimen organizado transnacional”.

Todos los bienes y participaciones en bienes vinculados a la referida organización delictiva que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados como resultado de las sanciones.

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