Un panel de tres jueces del quinto circuito del Tribunal de Apelaciones emitió la orden en una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) presentada por el estado sureño de Luisiana, que tiene algunas de las leyes más estrictas contra el aborto.

La orden del tribunal, de mayoría conservadora, exige que las mujeres que buscan abortar en cualquier lugar de Estados Unidos obtengan la píldora en persona en centros de salud, y prohíbe su entrega por correo o en una farmacia. 

Laboratorios Danco, una de las dos compañías que distribuye el fármaco en Estados Unidos, pidió una suspensión administrativa de la orden por una semana para llevar de emergencia el caso ante la Corte Suprema.

El tribunal de apelaciones revocó la decisión de una instancia inferior que permitía que la mifepristona siguiera enviándose por correo mientras la FDA revisa su normativa sobre el fármaco.

La FDA aprobó originalmente la mifepristona en el año 2000. Es el método más común para realizar un aborto en Estados Unidos y también se usa de forma habitual para el manejo de abortos espontáneos tempranos.

La mifepristona, que impide la progresión del embarazo, y el misoprostol, que vacía el útero, están aprobados en Estados Unidos para interrumpir un embarazo de hasta 70 días de gestación.

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La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, celebró la decisión, al calificarla como una “¡victoria por la vida!”.

Pero Nancy Northup, directora ejecutiva del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que la decisión es sobre “hacer que el aborto sea lo más difícil, costoso e inaccesible posible”.

Se espera que la decisión sea recurrida ante la Corte Suprema.

Unos 20 estados han prohibido o restringido el aborto desde que en 2022 la Corte Suprema anuló el histórico fallo Roe vs. Wade, que consagró durante medio siglo el derecho constitucional al aborto.

Por: AFP

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La decisión judicial responde a una disputa legal impulsada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes argumentaban que la instalación debía someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción, al encontrarse en la zona de los Everglades, un ecosistema sensible y de gran biodiversidad.

Sin embargo, la Corte determinó que los demandantes no lograron demostrar que el centro estuviera bajo control federal, condición necesaria para exigir dicho análisis ambiental. En su fallo, los jueces concluyeron que la instalación es financiada con recursos estatales, lo que exime el cumplimiento de ciertas normativas federales en esta materia.

La orden de cierre había sido emitida en agosto por la jueza de distrito Kathleen Williams, pero quedó suspendida mientras avanzan los procesos legales. Con esta nueva resolución, el centro permanece operativo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha defendido el proyecto desde su inicio, asegurando que fue financiado con fondos estatales y construido con rapidez para responder a la presión migratoria.

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Por su parte, organizaciones como Friends of the Everglades han criticado la falta de transparencia sobre el número de detenidos y las condiciones del lugar. Sus representantes anunciaron que continuarán la batalla legal para lograr el cierre definitivo del centro, al que consideran perjudicial para el medio ambiente.

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El caso sería revisado en días posteriores al encargo por el juez federal Fred Biery, quien evaluará dicha recomendación judicial junto con los argumentos presentados por los abogados defensores y el Gobierno. La familia llegó a Estados Unidos en 2022 y mantiene una solicitud de asilo pendiente en medio de un proceso marcado por decisiones contradictorias y prolongados periodos de detención.

El esposo de Hayam, Mohamed Sabry Soliman, fue arrestado en 2025 acusado de participar en un ataque contra asistentes a una manifestación pro-Israel en Colorado. Sin embargo, tanto la mujer como su equipo legal sostienen que ella y sus hijos desconocían los planes del hombre, afirmación que fue respaldada por un agente del FBI ante un tribunal federal. Tras la detención de su esposo, Hayam inició un proceso de divorcio.

A pesar de que un juez de migración concedió en septiembre la libertad bajo fianza a la familia, el Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión, prolongando su permanencia en el centro. En febrero, la defensa presentó un habeas corpus argumentando violaciones al debido proceso, lo que derivó en la reciente recomendación judicial.

La jueza Chestney destacó en su resolución que la privación de libertad ha sido “considerable” y advirtió sobre los efectos negativos de la detención en menores. Subrayó que cada día adicional bajo custodia incrementa el riesgo de daños psicológicos y físicos duraderos, especialmente en contextos prolongados como el presente caso.

La familia está compuesta por cinco menores y jóvenes, incluidos dos gemelos de cinco años. La hija mayor, de 18 años, fue separada del resto dentro del centro, lo que los abogados consideran una represalia por haber ofrecido declaraciones a medios de comunicación.

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Asimismo, la magistrada consideró “incuestionable” que la familia ha sido señalada por las autoridades debido a los actos del padre, pese a la falta de evidencia que los vincule con el delito. Durante este tiempo, también se han reportado denuncias por condiciones inadecuadas y falta de atención médica en Dilley, un centro que ha sido objeto de críticas por organizaciones civiles y legisladores.

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El TPS permite a grupos reducidos de personas residir y trabajar en territorio estadounidense si se considera que corren peligro si regresan a sus países de origen, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Luego de volver a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin a ese sistema de protección temporal que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un juez federal había anulado esa orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el lunes un dictamen que permite al gobierno proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión.

La “orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación”, se lee en la decisión del lunes.

El TPS se había aplicado a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que el huracán Mitch devastara esos países centroamericanos en 1998.

Alrededor de 7.000 nepalíes cuentan con el estatus de protección tras el terremoto que azotó el país asiático en 2015.

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Históricamente, los presidentes estadounidenses han renovado el TPS a los migrantes en lugar de revocarlo y convertirlos en indocumentados.

Pero Trump ha prometido una campaña de deportación masiva, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió el lunes que “el TPS nunca se diseñó para ser permanente”.

Su cartera ha dicho que el retiro de ese estatus responde a la mejoría de las condiciones en esos países, hasta el punto de que sus ciudadanos pueden regresar a sus hogares de forma segura.

Por: AFP

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El decreto, actualmente suspendido por órdenes judiciales, prohíbe al gobierno federal otorgar pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense si su madre se encuentra en el país de manera irregular o temporal, y si su padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente. La restricción también afectaría a hijos de personas con visas de estudiante, trabajo o turismo.

La política desafía directamente el principio de jus soli, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución desde 1868. Esta enmienda, aprobada tras la Guerra de Secesión, estableció que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana del país, una protección diseñada originalmente para garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.

Aunque la Corte Suprema limitó recientemente la capacidad de los jueces federales para emitir bloqueos a nivel nacional contra medidas del poder ejecutivo, el tribunal no se había pronunciado sobre el fondo del decreto de Trump hasta ahora. La decisión de revisar el caso abre la puerta a un fallo que podría redefinir uno de los principios históricos de la ciudadanía estadounidense.

El gobierno de Trump sostiene que la ciudadanía automática actúa como un incentivo para la migración irregular. En un escrito presentado ante el tribunal, el fiscal general John Sauer argumentó que la “concesión errónea” de ciudadanía a hijos de personas en situación irregular ha “dañado sustancialmente” al país, afectando incluso su “integridad territorial”.

La orden ejecutiva debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero varios jueces federales frenaron su implementación. Entre ellos, el juez John Coughenour, del estado de Washington, calificó la medida de “manifiestamente inconstitucional” y afirmó que rara vez había visto un caso “tan claro” en más de cuatro décadas de carrera judicial.

La composición actual de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de seis magistrados —tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato—, agrega incertidumbre sobre el futuro del principio de ciudadanía por nacimiento.

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Organizaciones de derechos civiles se preparan para una nueva batalla legal. Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), expresó su confianza en que el máximo tribunal “derogue esta orden perjudicial de una vez por todas”, y advirtió que despojar de ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos sería “devastador y profundamente cruel”.

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El gobernador Ron DeSantis, principal defensor de la disposición, celebró la decisión y aseguró que no tendrá consecuencias negativas. “Cuando dices que el cielo se va a caer si tienes porte abierto de armas, puedo ver a más de 40 estados que lo permiten, y no he visto el cielo caer”, expresó durante un acto en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami.

Aunque no se modificó la ley estatal, ningún otro tribunal de apelaciones impugnó el fallo, lo que abrió la puerta a que ciudadanos puedan portar pistolas en la vía pública. No obstante, la normativa mantiene restricciones: seguirá prohibido exhibir armas en negocios privados que lo determinen, así como en aeropuertos, escuelas, bares, comercios de alcohol, cortes, instalaciones policiales y edificios gubernamentales, según informó la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas.

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La medida ha generado divisiones dentro del propio Partido Republicano en Florida. El presidente del Senado estatal, Ben Albritton, expresó su oposición, respaldado por la Asociación de Alguaciles de Florida, que había manifestado reservas por motivos de seguridad.

DeSantis, por su parte, subrayó que Florida se alinea ahora con la mayoría de los estados del país, incluidos algunos gobernados por demócratas, como Vermont, donde el porte abierto existe desde el siglo XVIII. Según el sitio especializado Ammo, en Florida el 35 % de la población posee un arma de fuego.

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Reclutado en la cuarta ronda del Draft 2019 por los New Orleans Saints, Gardner-Johnson destacó desde sus primeras temporadas por su velocidad, fuerza física y capacidad de anticipación. Su paso por Philadelphia en 2022 lo consolidó como uno de los mejores profundos de la liga: lideró con seis intercepciones, tercer mejor registro de la NFL, y fue pieza clave en la conquista del campeonato frente a los Kansas City Chiefs.

Sin embargo, su carácter impulsivo y la tensión con compañeros y entrenadores han sido constantes. Tras breves etapas con Detroit Lions y un regreso triunfal a Eagles, donde demostró su valor en la postemporada, el defensivo terminó nuevamente en el mercado. En Houston, pese a ser titular en los tres partidos de la actual campaña, sus críticas al grupo defensivo y su inconformidad con el rol asignado precipitaron la decisión de cortarlo.

Las estadísticas respaldan su calidad: desde 2019 acumula 304 tackleadas, 18 intercepciones y 51 pases defendidos, además de cuatro capturas y una anotación defensiva. No obstante, su futuro inmediato dependerá de qué franquicia esté dispuesta a equilibrar rendimiento y carácter.

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Gardner-Johnson asegura que su liderazgo ha sido malinterpretado: “No se puede programar el instinto animal de un defensa”. Ahora, con varios equipos necesitados de reforzar su secundaria, el profundo espera una nueva oportunidad para demostrar que su carrera aún tiene mucho por ofrecer.

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El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que esta orden disminuye la amenaza de cortes de energía durante las horas de mayor demanda, beneficiando a millones de estadounidenses.

“La Administración Trump mantiene su compromiso de desplegar con rapidez todas las herramientas y facultades disponibles para salvaguardar la confiabilidad, la asequibilidad y la seguridad del sistema energético nacional”, enfatizó Wright a través de un comunicado.

PJM Interconnection (PJM) solicitó esta orden para permitir el despacho y la operación de la Unidad 4 de la Central Generadora Wagner, con sede en Maryland, que supere su límite operativo.

La orden de emergencia permite a PJM, en coordinación con Talen Energy Corporation, operar unidades específicas en la Central Generadora Wagner según lo considere necesario para satisfacer la demanda eléctrica prevista.

Esta es la quinta orden de emergencia autorizada por la Sección 202(c) de la Ley de Poder Federal que Wright ha firmado desde que asumió el cargo a principios de este año.

Emergencia energética nacional

El 20 de enero, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva (OE) 14156, que declara una emergencia energética nacional . En esta se destacó que el suministro y la infraestructura energética deficientes del país han amenazado la seguridad energética de Estados Unidos y han provocado altos precios de la energía para los estadounidenses.

El presidente declaró una emergencia nacional con la intensión de mitigar esta amenaza a la economía, la seguridad nacional y la política exterior del país.

Los posibles impactos de la emergencia energética nacional se detallaron en el Informe de Adecuación de Recursos del Departamento de Energía: Evaluación de la Confiabilidad y Seguridad de la Red Eléctrica de EE. UU .

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En el informe se mostró que, si se mantienen sin cambios los programas actuales de retiro y las adiciones incrementales, la mayoría de las regiones de Estados Unidos enfrentarán riesgos inaceptables de confiabilidad dentro de cinco años y la red eléctrica nacional no podrá satisfacer la demanda prevista.

La Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía otorga al DOE la autoridad de apoyar a las compañías eléctricas durante tiempos de emergencia cuando de otra manera no se les permitiría suministrar a los estadounidenses energía confiable y constante, reemplazando los requisitos regulatorios normales.

PJM enfrenta una creciente preocupación

PJM ha declarado recientemente que su sistema enfrenta una creciente preocupación debido al crecimiento de la carga, el retiro de recursos despachables y otros factores.

La organización que opera totalmente regulada por la Comisión Federal Reguladora de Energía, prevé que ingrese una importante demanda al sistema, debido principalmente a la proliferación de centros de datos, pero también a la expansión del mercado de vehículos eléctricos, la electrificación de los sistemas de calefacción de edificios y el crecimiento de la industria manufacturera estadounidense.

Con sede en Valley Forge, Pennsylvania, PJM garantiza un suministro eléctrico confiable a 67 millones de clientes en la totalidad o parte de 13 estados y el Distrito de Columbia.

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Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha arremetido ferozmente contra magistrados por fallar contra sus decretos y bloquear sus medidas para deportar migrantes y recortar el gasto gubernamental.

En un discurso pronunciado el sábado 28 de junio en una conferencia en Carolina del Norte, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, no nombró a ningún individuo o partido, pero dijo que observó “profundas divisiones” y el uso de “adjetivos fuertes” contra el sistema de justicia y los jueces.

“Si alguien expresa una fuerte hostilidad hacia la Corte (…) el peligro es que alguien la utilice para sus propios fines. Y ya hemos visto graves amenazas de violencia y asesinato contra jueces simplemente por hacer su trabajo”, afirmó.

Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), el máximo tribunal estadounidense dictaminó el viernes 27 de junio que las decisiones de alcance nacional emitidas por jueces federales “probablemente exceden los poderes otorgados por el Congreso a los tribunales federales”.

Esto le dio una victoria significativa a la Administración Trump, al limitar el poder de los jueces para bloquear, a nivel nacional, decisiones ejecutivas que consideren ilegales.

En un informe publicado en diciembre pasado, antes del regreso de Trump al poder, Roberts ya había expresado su preocupación por la independencia del Poder Judicial, subrayando que las críticas al trabajo de los jueces podían ser saludables en una democracia, pero que algunas declaraciones caían en la categoría de “intimidación” y “violencia”.

“Los dirigentes políticos tienen derecho a criticar la labor del Poder Judicial, pero deben ser conscientes de que la intemperancia de sus comentarios contra los jueces puede provocar reacciones peligrosas en los demás”, subrayó entonces el presidente del máximo tribunal.

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La violencia y las amenazas contra los jueces en Estados Unidos han aumentado en los últimos años.

Un hombre fue arrestado en 2022 por amenazar con matar al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. En 2023, un juez de Maryland fue asesinado, mientras que un juez en Kentucky fue baleado y asesinado en su tribunal en 2024.

Por: AFP

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Diversas organizaciones sin fines de lucro, abogados especializados e incluso ciudades del país, como New York, han difundido información crucial sobre cómo actuar ante una redada, cuáles son los derechos fundamentales, qué decir, ser debe o no asistir a la corte, cómo proteger a los familiares y cómo estar preparado para una posible detención.

¿Qué pueden hacer los inmigrantes si el ICE toca su puerta?

Todo inmigrante tiene derecho a rechazar la entrada de agentes de ICE en sus hogares sin una orden judicial. Según precisa un documento compartido por la ciudad de New York, los pasos a seguir ante una eventual visita de miembros de esa agencia federal son:

• No abrir la puerta: Los agentes del ICE no pueden ingresar a un hogar sin una orden firmada por un juez.
• Pedir verificación: Si los agentes dicen tener una orden, la persona puede pedirles que la deslicen por debajo de la puerta. Si no tienen una orden, no se está obligada a dejarlos entrar.
• Derecho a guardar silencio: Los extranjeros tienen el derecho de no responder a preguntas.
• En situaciones de emergencia donde haya una amenaza directa a la vida o seguridad pública, el ICE podría ingresar sin orden judicial. Sin embargo, el derecho de los migrantes a guardar silencio se mantiene válido, lo que puede ayudar a protegerlos en el futuro frente a la ley.
• Si ICE empieza a registrar habitaciones u objetos de la casa, el inmigrante tiene derecho a decir: “No doy mi consentimiento a su registro”.

¿Qué pueden hacer los inmigrantes si ICE llega a su lugar de trabajo?

Los empleados pueden sentirse vulnerables si el ICE se presenta en el lugar de trabajo. Es por ello, que el documento de la ciudad aclara los siguientes puntos esenciales:

• Acceso público y privado: El ICE puede ingresar a las áreas públicas de un lugar de trabajo sin necesidad de orden judicial. Esto incluye lugares como vestíbulos, una oficina, un supermercado, una tienda minorista o el área de comedor de un restaurante.
• Áreas privadas protegidas: Funcionarios de ICE no pueden ingresar a áreas privadas, como la sala de descanso o el área de almacenamiento, sin el consentimiento del empleador o una orden judicial.
• Derecho a la privacidad: Si los agentes intentan registrar las pertenencias personales, los trabajadores pueden negarse a permitirlo y solicitar que el empleador intervenga.
• Si los agentes registran de todas formas las pertenencias personales, el trabajador no puede detenerlos físicamente, pero puede decir claramente que no da su consentimiento para hacerlo. Esto es importante en un futuro caso legal.

¿Cómo actuar ante un arresto?

En situaciones de arresto, los inmigrantes tienen derechos fundamentales tales como:

• Derecho a guardar silencio: Los inmigrantes tienen el derecho de no responder preguntas sin antes consultar a un abogado.
• Solicitar un intérprete: Si la persona no domina el inglés, tiene derecho a pedir un traductor durante el proceso de detención.
• Derecho a contactar a un abogado: La persona también puede negarse a firmar cualquier documento hasta que hable con un defensor legal especializado en inmigración.
• Contactar su consulado: El inmigrante tiene derecho a hablar con su consulado, y una vez que lo solicite, la autoridad tiene la obligación de comunicarle.
• Problemas de salud y cuidado de menores: La persona puede notificarles a los agentes que tiene un problema médico o que necesita coordinar el cuidado de menores.
• Llamadas y visitas: Una vez detenido, tendrá derecho a hacer una llamada a un ser querido o abogado. Además, puede recibir visitas, según las normas del centro de detención.
• Grabar la detención: Si los agentes de ICE intentan hablarle o arrestarlo, empezar a grabar o seguir haciéndolo puede ponerle en riesgo. Sin embargo, personas de la comunidad pueden registrar el momento siempre que no interfieran con los agentes.

¿Deben asistir a la corte si tienen procesos abiertos o citas?

Los agentes de ICE pueden realizar operativo dentro y fuera de los tribunales. Ante este nuevo panorama, muchos inmigrantes que tienen procesos migratorios vigentes o citas en la corte podrían tener dudas sobre si deben presentarse a su llamado. El abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de Inmigración de Televisa-Univisión, aclaró en entrevista con Univisión, que:

• Los agentes de ICE coordinan con el personal del tribunal para informarles de que va a llevar acabo un operativo, en caso de que este una persona de interés dentro del espacio.

• Acudir a la audiencia citada con el tribunal de migración.
• No asistir a la audiencia citada con el tribunal de migración puede llevar a una orden final de deportaciónemitida en ausencia.
• Toda persona que tenga una cita con un juez debe ir con un abogadode migración
• Si el caso no está relacionado con migración, el inmigrante debe asesorarse con su abogado para evaluar los riesgos que existen de ir a un tribunal a presentarse y llevar a cabo un proceso civil.

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 ¿Cómo prepararse para una posible detención?

Si bien es difícil prever una posible detención por parte de ICE, el documento de la ciudad de New York, y organizaciones comunitarias como Juntos y New Sanctuary Movement of Philadelphia, en Philadelphia, han coincidido en que la comunidad inmigrante debe:

• Crear un plan de emergencia familiar que incluya el cuidado de los hijos en caso de detención.
• Organizar y almacenar documentos legales y personales en un lugar accesible para familiares o contactos de emergencia.
• Establecer contacto con un abogado de inmigración de confianza para obtener asesoría legal.

Las políticas federales actuales reflejan una postura de tolerancia cero frente a la migración irregular, lo que ha resultado en un aumento significativo de arrestos y operativos realizados por parte de ICE, de la división Enforcement and Removal Operations (ERO), y de otras agencias del orden público.

Este incremento en los operativos ha generado un clima de temor, incertidumbre y zozobra entre la comunidad migrante, que ya no se siente segura en los espacios públicos, en las escuelas o universidades, en sus hogares ni en los lugares de trabajo

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