El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

La oficina del presidente israelí indicó el domingo que “se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones”. “Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera”, manifestó un comunicado.

Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó posteriormente esta solicitud en nombre del “interés público” en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los “enormes retos” a los que se enfrenta el país.

“La continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones e intensificando las fracturas”, argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores.

“Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita”, prosiguió.

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Nuevo candidato

Netanyahu recordó que su juicio comenzó hace casi seis años y afirmó que testificar tres veces por semana era “una exigencia imposible de cumplir”.

En septiembre, Herzog insinuó que podría concederle el indulto, declarando en una entrevista en la radio del ejército que el juicio del primer ministro “pesa mucho sobre la sociedad israelí”.

Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

En otros dos casos, se le acusa de haber intentado negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

A sus 76 años, Netanyahu es el primer ministro israelí que más años ha permanecido en el cargo, con más de 18 años al frente de Israel desde 1996.

El dirigente anunció que se presentará a las próximas elecciones, que se celebrarán antes de que finalice el año 2026.

Durante su actual mandato, que comenzó a finales de 2022, el líder del partido de derecha Likud propuso reformas judiciales de gran envergadura que, según sus detractores, tenían como objetivo debilitar los tribunales.

Su proyecto desencadenó manifestaciones masivas que no terminaron hasta el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Por: AFP

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Estas votaciones inéditas son la médula de una reforma judicial que el gobierno presenta como panacea para abatir la arraigada corrupción e impunidad del Poder Judicial.

Pero también atizan preocupaciones sobre la independencia de la judicatura y si facilitará a los criminales poder influir en las cortes con amenazas o sobornos.

“Hay razones para creer que las elecciones pueden ser más fácilmente infiltradas por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial”, dijo a la AFP Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Implican, además, “un riesgo de que el electorado no elija a los candidatos basándose en su mérito”, agregó.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostiene que solo quienes desean mantener la “corrupción y privilegios” del Poder Judicial denuncian una elección “amañada” para favorecer al partido gobernante.

“Nada más falso. Ahora lo que queremos es que el pueblo de México decida”, dijo la mandataria izquierdista en un video divulgado el sábado.

El proceso no ha sido empañado hasta ahora por la violencia que a menudo amenaza a los políticos mexicanos.

Pero es probable que los cárteles intenten influir subrepticiamente en los resultados, opina Luis Carlos Ugalde, consultor y expresidente de la autoridad electoral mexicana.

“Es lógico que los grupos del crimen organizado se hayan acercado a jueces y candidatos que son importantes para ellos”, indicó el Ugalde, director de Integralia Consultores, durante un foro del centro de reflexión Diálogo Interamericano.

Carlota Ramos, abogada y subdirectora del despacho de Sheinbaum, reconoció que aunque el riesgo de que las mafias infiltren las instituciones es real, esto ya ocurre de forma “invisible”.

“Tenemos cortes y tribunales locales completos que han sido efectivamente capturados por el crimen organizado”, apuntó la funcionaria, quien integró una de las comisiones de selección de candidatos.

El nuevo sistema permitirá mayor escrutinio de los aspirantes a jueces, agregó.

Cerca de 20 candidatos controvertidos se postulan a jueces

La oenegé Defensorxs ha identificado cerca de 20 candidatos “riesgosos”, incluida Silvia Delgado, antigua abogada del capo Joaquín “Chapo” Guzmán, el cofundador del Cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos.

Toda persona “tiene derecho a que un abogado lo asista”, dijo a la AFP Delgado, quien postula para jueza en el norteño estado de Chihuahua.

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Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad.

Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

“Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto”, afirmó en un video en Facebook.

“Buena reputación”

El domingo, desde las 08H00 locales (14H00 GMT), se elegirán unos 880 jueces federales -incluyendo a ministros de la Suprema Corte- así como a más de 1.700 magistrados regionales para 19 estados. Otra elección para las entidades restantes tendrá lugar en 2027.

Se pide a los candidatos un título en derecho, experiencia y “buena reputación”, así como no tener antecedentes penales.

Sheinbaum ha desestimado indicios de que la jornada tendría escasa participación, en parte por la complejidad del ejercicio.

“Ni siquiera sabemos en dónde van a estar las casillas. Hay una desinformación muy grande”, dijo a la AFP Teresa Vargas, abogada de 63 años, quien reconoce que no sabe bien cómo ni por quién votar.

El INE, autoridad que organiza los comicios, estima que participe entre 13% y 20% del electorado.

El trabajo de un “buen votante” implica elegir decenas de jueces entre centenares de candidatos, lo que requeriría horas de investigación, explicó David Shirk, profesor de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos.

Considera además que el grueso de la corrupción judicial se concentra en las fuerzas del orden y en las fiscalías.

“Es mucho más fácil sobornar a un fiscal y evitar cargos en general que terminar en el tribunal y luego tener que influir en el juez”, dijo Shirk, director del proyecto de investigación Justicia en México.

La reforma fue defendida por el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien se enfrentó frecuentemente con los tribunales y los acusó de servir a la élite política y económica.

La principal razón de las elecciones parece ser que López Obrador “tenía un resentimiento contra los jueces”, opinó Shirk.

Por: AFP

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La solicitud se habría realizado este jueves, 25 de enero, según informó la agencia de noticias AP que recordó que Alex Saab fue liberado de la prisión federal en Miami el pasado diciembre como parte de un intercambio de prisioneros y fue recibido en Venezuela como un héroe por el mandatario Maduro.

Una vez liberado, Saab lanzó una diatriba contra Estados Unidos, diciendo que había sido torturado mientras esperaba la extradición de Cabo Verde en un intento por obligarlo a volverse contra Maduro.

“El Gobierno de Estados Unidos cerró el caso contra Alex Saab cuando el presidente Biden perdonó sus crímenes. No hay base para ocultar las pruebas contra Saab al público estadounidense. La historia debería recordarlo como un depredador de personas vulnerables”, dice la misiva enviada al fiscal general Merrick Garland.

La carta fue firmada por el senador republicano Chuck Grassley de Iowa, miembro de alto rango del Comité Judicial del Senado; el senador Jim Risch de Idaho el principal republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado; y el senador Marco Rubio de Florida, vicepresidente republicano del Comité Selecto de Inteligencia.

“La carta cita informes que identifican a Saab como intermediario de Maduro ante Irán, que ayudó a las dos naciones a evadir sanciones estadounidenses y también lavó millones de dólares para funcionarios corruptos a través de una red global de empresas fantasma”, puntualiza el reportaje de AP. Los senadores fijaron como fecha límite el 7 de febrero para que el fiscal Garland publique los archivos solicitados.

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La liberación de Saab en un intercambio por 10 prisioneros estadounidenses y un contratista fugitivo del Pentágono retenido en Venezuela, fue vista como una importante concesión a Maduro.

El acuerdo se produjo inmediatamente después de la decisión de la Casa Blanca de revertir las sanciones impuestas por la Administración Trump a Venezuela luego de que Maduro fuera reelegido en 2018 en lo que Estados Unidos y otras naciones condenaron como una votación falsa.

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El padre de Arévalo salió al exilio cuando el expresidente Jacobo Árbenz fue derrocado en 1954 tras la intervención militar de Estados Unidos, por lo que Arévalo terminó naciendo en Uruguay, y regresó a Guatemala en su adolescencia con su familia.

Arévalo ha ocupado cargos importantes durante su carrera como el de cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores en su país y embajador en España.

Entre 2020 y 2024 fue diputado en el Congreso por Movimiento Semilla, un partido que surgió primero como un grupo de análisis tras las protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente, Otto Pérez Molina, salpicado por escándalos de corrupción política por los que fue finalmente condenado.

Arévalo fue el primer aspirante a presidente de la formación, dado que la candidatura de 2019 de la exfiscal general Thelma Aldana no fue finalmente autorizada por las autoridades electorales.

Su ideología izquierdista fomentó el rechazo en grupos que tradicionalmente ostentaron el poder en el país. Muchos de sus opositores lo calificaron de “comunista”.

Una de sus principales banderas en su campaña fue la lucha contra la corrupción en el Estado desde un gabinete específico anticorrupción y una comisión de vigilancia, autónoma del gobierno, creada con el mismo objetivo.

También aseguró que su gobierno no permitirá ninguna discriminación de la población, algo que sus opositores utilizaron para afirmar que perseguía legalizar el matrimonio igualitario y promover el aborto.

Arévalo y pocos aliados

El principal desafío de Arévalo será seguir tratando de mejorar las condiciones de vida y oportunidades de más de la mitad de la población que vive bajo el umbral de la pobreza y la mitad de la infancia que sufre desnutrición crónica.

Considerada la mayor economía de Centroamérica, el país también cuenta con una de las desigualdades más grandes de América Latina.

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Esto se refleja en una crisis migratoria que no deja de aumentar y en la ausencia de suficientes servicios básicos de salud y educación, especialmente en zonas rurales.

Aunque si hay un reto específico para Arévalo será el de tratar de cumplir con su principal promesa de acabar con la corrupción.

Otras de sus propuestas pasan por el control de las cárceles y fortalecer a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad, generar empleo mediante la construcción de carreteras e infraestructuras con inversión pública, la puesta en marcha de más de 400 nuevos puestos de salud y la concesión de becas para estudiantes.

Las altas expectativas que la mayoría de los habitantes de Guatemala han depositado en un proyecto como el de Arévalo, que promete tantos cambios tendrán que sortear el hecho de que cuente con muy pocos aliados.

Las dificultades de Arévalo podrían verse en un Congreso de amplia mayoría conservadora, donde el Movimiento Semilla cuenta con 23 diputados de un total de 160, por detrás del oficialista Vamos y la UNE que ya mostraron en el pasado su capacidad para forjar alianzas.

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La corrupción vinculada a la falta de oportunidades laborales se posiciona como un factor crucial en la toma de decisiones migratorias de los hondureños, indica el estudio llamado “Corrupción y Migración en Honduras”.

La investigación fue presentada en Tegucigalpa a diversos sectores por el Fosdeh, con el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Destaca la investigación del Fosdeh que la falta de empleo, la percepción de nepotismo en el ámbito laboral y la creciente violencia favorecen el “desencanto generalizado” en el país, lo que lleva a muchos hondureños a considerar la migración como una alternativa.

#CorrupcionMigracion https://t.co/O62kKq8CsH

— FOSDEH (@fosdeh) November 22, 2023

El 54,9% de los encuestados por Fosdeh considera “mala” la situación económica del país y el 77,7% no cree que la corrupción se pueda controlar a futuro. El 67,5% de los entrevistados para este estudio dijo que tiene intención de emigrar, y el 95,1% considera que el costo de vida en Honduras se ha vuelto más caro en el último año.

El fenómeno migratorio en Honduras radica en una crisis estructural que abarca la histórica migración de hondureños hacia Estados Unidos, la crisis política de los últimos 15 años, la disminución de “respuestas efectivas” de las políticas socioeconómicas del Estado, el deterioro institucional y la asociación directa con la creciente violencia, inseguridad y corrupción en el país, añade el documento citado por la agencia de noticias EFE.

🤚 Ya lo descargarte 👈

🔎 La investigación Corrupción – Migración: Causas Profundas Asociadas y Relacionadas, muestra que la población hondureña ha perdido la esperanza en la capacidad gubernamental para erradicar la corrupción, un problema que se entrelaza con la falta de… pic.twitter.com/EnzEVub6o5

— FOSDEH (@fosdeh) November 22, 2023

“La gente se va del país no solamente porque hay corrupción, sino también por la violencia e incertidumbre”, indica Rodulio Perdomo, uno de los autores de la investigación.

🇭🇳¿Cómo combatir la corrupción en #Honduras?

A criterio del investigador del @perdomor del @fosdeh , es fundamental generar un cambio en la actitud de la juventud, de manera que se sientan comprometidos a no ser propensos a normalizar situaciones que involucren corrupción. 👇

— Expediente Público (@ExpePublico) November 23, 2023

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Perdomo señaló además que la corrupción es un “sistema complejo” que provoca que la juventud “piense que sólo se puede encontrar empleo si se tiene una carta de recomendación”.

Es por eso que el investigador piensa que el sistema económico de Honduras necesita cambios sustanciales para evitar la migración irregular de los hondureños.

Dice que el modelo económico tiene que pasar del “extractivismo a una economía de servicios vinculada al comercio internacional o a la transformación del mismo extractivismo a uno diferenciado”, explicó.

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Mediante una orden ejecutiva emitida por gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ordena la suspensión con efecto inmediato a Díaz de la Portilla como comisionado del Distrito 1 por los presuntos delitos de los que se le acusa y que estarían vinculados al ejercicio de su cargo según se informó en un comunicado emitido por la oficina del mandatario floridano.

Nacido y criado en el barrio de La Pequeña Habana de Miami, Díaz de la Portilla, es hijo de exiliados cubanos y fue miembro del Senado de Florida hasta 2010.

La disposición ejecutiva le prohíbe a Díaz de la Portilla “realizar cualquier acto o función oficial de cargo público, recibir cualquier pago o asignación y tener derecho a cualquier emolumento o privilegio” por el cargo que desempeñaba.

🇺🇲 ¡Corrupción en Florida!

El comisionado (concejal republicano) de Miami Alejandro Díaz de la Portilla, fue arrestado por múltiples cargos entre otros los de soborno y lavado de dinero. pic.twitter.com/xOCXLYYMqx

— Catomedia (@catomedia_ucsg) September 16, 2023

En el comunicado publicado se menciona el arresto de Díaz de la Portilla, ocurrido en días anteriores, y los cargos que pesan sobre él que son blanqueo de dinero, soborno, uso indebido de un cargo público, conspiración criminal, mala conducta, no informar de regalos y contribución de campaña que excede los límites legales.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) había anunciado el arresto del concejal de 58 años y del abogado William Riley Jr., de 48 años acusado de no revelar los “gastos de los cabilderos”; ambos en Miami el pasado 14 de septiembre.

Díaz de la Portilla y Riley Jr. Fueron recluidos en el Centro Turner Guilford Knight y comparecieron ante un juez en la corte de fianzas en Miami. Salieron de la cárcel tras hacer pagar la fianza impuesta de 72.000 y 46.000 dólares, respectivamente.

Entramado de corrupción

Durante la investigación, los oficiales descubrieron evidencias de que Díaz de la Portilla, del Partido Republicano, y Riley Jr. aceptaron más de 15.000 dólares en pagos para la campaña judicial del hermano de Díaz de la Portilla, Renier, como candidato a juez de la Corte del Condado de Miami-Dade, “pero no los declararon, como lo exigen los Estatutos de Florida, Capítulo 106”.

Los investigadores también encontraron que Riley Jr. controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware para lavar unos 245.000 dólares en contribuciones políticas ocultas realizadas por una empresa de servicios de gestión a cambio de permiso para construir un complejo deportivo en Miami.

Asimismo, una investigación adicional estableció que Díaz de la Portilla también controlaba dos comités políticos utilizados no solo para apoyar la campaña de su hermano Renier, sino también para gastos personales.

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Los registros mostraron que uno de los comités informó de donaciones totales de aproximadamente 2,3 millones de dólares y el otro de más de 800.000 dólares, añade el FDLE.

Según reseñas de medios locales, este caso surgió de una investigación que adelanta la Fiscalía estatal del condado Broward, colindante con Miami.

En declaraciones a los medios, Díaz de la Portilla dijo que su detención era resultado de “una obra de ficción de un fiscal estatal demócrata dirigida a un comisionado municipal republicano”.

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Arévalo obtuvo 2 millones 441 mil 661 votos válidos con el 100% de las actas procesadas. Fueron 1.7 millones más votos que los que consiguió en la primera vuelta el 25 de junio cuando alcanzó 654 mil 534 sufragios.

El académico progresista de 64 años fue la gran sorpresa en primera vuelta y lo volvió a hacer en la votación final de las elecciones presidenciales de Guatemala tras romper la tendencia conservadora de los últimos gobiernos y presentarse como “el candidato anticorrupción” que dejará atrás la clase política tradicional.

“Lo que el pueblo grita es ‘basta ya de tanta corrupción’. Trabajaremos por garantizar instituciones que ganen su confianza. Esta victoria es del pueblo y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción”, dijo Arévalo en su primera declaración como presidente electo y en la que se refirió a su futuro mandato como “el gobierno de la nueva primavera”.

Y es que el principal reto del próximo presidente de Guatemala será continuar tratando de mejorar las condiciones de vida y oportunidades de más de la mitad de la población que vive en la pobreza y la mitad de la infancia que padece desnutrición crónica.

Pero uno de los principales desafíos para el nuevo presidente será tratar de cumplir con su principal promesa de acabar con la corrupción en su país. Arévalo ha dicho que el combate contra la corrupción se desarrollará mediante un gabinete específico anticorrupción y una comisión de vigilancia, autónoma del Gobierno, creada con el mismo objetivo.

Otra de sus propuestas son el control de las cárceles y fortalecer a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad; generar empleo mediante la construcción de carreteras e infraestructuras con inversión pública; la puesta en marcha de más de 400 nuevos puestos de salud y la concesión de becas para estudiantes.

Quién es Bernardo Arévalo

El sociólogo y exdiplomático es hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución de 1944. Su padre se fue al exilio cuando el expresidente Jacobo Árbenz fue derrocado en 1954 tras la intervención militar de Estados Unidos, por lo que Bernardo Arévalo nació en Uruguay y regresó con su familia a Guatemala siendo un adolescente.

Durante su carrera diplomática ocupó cargos como el de cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores en su país y embajador de Guatemala en España. En la actualidad es diputado en el Congreso por Movimiento Semilla, un partido que surgió como un grupo de análisis tras las protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente, Otto Pérez Molina, salpicado por escándalos de corrupción política por los que fue condenado.

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Arévalo fue el primer aspirante a Presidente de la nueva organización política debido a que en 2019 la candidatura de la exfiscal general Thelma Aldana no fue autorizada por las autoridades electorales.

Su ideología se topó con el rechazo de la élite económica y los grupos que tradicionalmente ha ostentado el poder en Guatemala. Muchos de sus opositores lo han calificado de “comunista” y aseguraban que en la como Presidente acabaría por expropiar tierras a los más ricos.

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“Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción”, manifestó el Jefe de Estado salvadoreño la noche de este jueves 1 de junio durante un alocución en la Asamblea Legislativa con motivo del cuarto aniversario frente de la Presidencia.

Discurso a la Nación 🇸🇻 https://t.co/zJMr8HN7k6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 2, 2023

“Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco vengan de donde vengan”, puntualizó.

En 2019 Bukele llegó a la Presidencia de El Salvador con la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y tomó el combate contra la corrupción como su principal promesa de campaña. En ese momento dijo que “nadie tiene derecho a ser corrupto, que nadie piense que está blindado”.

El Presidente ya en septiembre de 2022 anunció que buscará su reelección en 2024, refirió que “así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos”, y agregó que “incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado”.

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Bukele anunció además que hará una reorganización de la división política administrativa del país y reducirá de 262 a 44 los municipios del país y los 84 diputados en el Órgano Legislativo los bajará a 60.

“Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44, los municipios actuales se convertirán en municipios que a su vez integrarán estas 44 alcaldías, es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, solo 44 con sus respectivos consejos municipales”, explicó.

El mandatario afirmó que “muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente” y sin ofrecer más detalles, dijo que con la reducción de municipios “no van a desaparecer las identidades de los municipios, esas van a continuar convertidas en distritos”.

El mandatario salvadoreño también propuso al Congreso la reducción de 84 a 60 los diputados de esa instancia legislativa.

Los planteamientos del Presidente deberán ser votadas en el Congreso y dijo que ambas propuestas “espero que así sea, deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales de 2024”.

En 2024 El Salvador debe realizar elecciones a la Presidencia, Asamblea Legislativa, Alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen).

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Esta imputación, la primera del dosier, fue notificada a Temarii por los jueces de instrucción en un correo el 22 de mayo. Desde noviembre de 2021 tenía el estatuto, más favorable, de testigo asistido.

La AFP no pudo ponerse en contacto con su abogado para que comentara su situación sobre este supuesto caso de corrupción.

En este componente de la información judicial abierta en 2019 en París sobre la designación de Catar como anfitrión de la Copa del Mundo, los jueces de instrucción se interesan por el cambio de opinión de Temarii, antiguo presidente de la Confederación Oceánica de Fútbol (OFC), en la víspera de la atribución del torneo.

Suspendido un año por la FIFA el 17 de noviembre de 2010 por una infracción del código ético tras unos artículos del Sunday Times, Temarii no podía sentarse en el comité ejecutivo el 2 de diciembre para votar por la sede del Mundial.

La OFC tenía que designar un sustituto, que iba a votar a Australia en la primera ronda y en caso de que no continuara, a Estados Unidos, principal rival de Catar, en la segunda.

Pero Temarii recurrió su suspensión en la noche del 30 de noviembre, cuando inicialmente había anunciado que aceptaba la sanción.

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Al recurrir, según los estatutos de la FIFA, privaba a la OFC de un representante en la votación. El 2 de diciembre de 2010 Catar ganó la votación ante Estados Unidos, que era el favorito.

Por: AFP

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El ex manadario peruano de 77 años, llegó a la capital de su país en un vuelo comercial desde Los Ángeles y bajo custodia de agentes de la Interpol. En el aeropuerto internacional Jorge Chávez lo recibieron fiscales y policías, de acuerdo a lo que muestran imágenes difundidas por las televisoras del país suramericano.

🇵🇪 | AHORA – TOLEDO EXTRADITADO: El ex presidente peruano Alejandro Toledo ya ha pisado suelo peruano y está arrestado. pic.twitter.com/vCxkRoKHfI

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 23, 2023

Toledo bajó de la aeronave esposado, después de ser entregado por alguaciles de Estados Unidos a los agentes de la Policía Nacional del Perú, y conducido a la Dirección de Aviación Policial (DIPA) colindante al aeropuerto Jorge Chávez.

La fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, y el jefe de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza, ingresaron a la Dirección de Aviación Policial para constatar la entrega de Toledo a las autoridades de Perú, según informó la prensa local.

Solicitado por la Justicia peruana desde 2017, el fundador del partido Perú Posible está imputado por haber recibido supuestamente unos 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht, tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de la Ruta Interoceánica Sur que conecta Perú con Brasil, delitos por los cuales los fiscales piden 20 años y 6 meses de cárcel.

https://twitter.com/VillaFernando_/status/1650155448652234752

En marzo de este año, el Ministerio Público también solicitó la expropiación de los bienes inmuebles del ex jefe del Ejecutivo peruano y su entorno familiar.

Alejandro Toledo, quien gobernó Perú de 2001 a 2006, se entregó la mañana del viernes 21 de abril luego que el juez federal Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó el miércoles 19 de abril que se entregara para ejecutar su extradición a Perú, a la cual había dado luz verde dos meses antes el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Una vez en manos de las autoridades peruanas, Toledo pasará un examen médico legal y un control judicial a cargo de un juez y será trasladado al penal Barbadillo, en el distrito de Ate, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), donde también están recluidos los expresidentes Pedro Castillo (2021-2022) y Alberto Fujimori (1990-2000).

https://twitter.com/ctvperuoficial/status/1650137321113518080

En el penal Barbadillo deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva a la espera de que se inicie el juicio en su contra.

Toledo ha negado las acusaciones y presentó varias peticiones para bloquear la extradición que Perú buscaba desde 2017 y que Estados Unidos autorizó en febrero.

El expresidente peruano fue detenido en 2019 en Estados Unidos, donde residía tras haber trabajado en la Universidad de Stanford. Inicialmente fue encarcelado, pero en 2020 fue puesto bajo arresto domiciliario con la obligación de usar una tobillera electrónica.

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