“Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, al descartar un plan del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que había provocado indignación.

“La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean”, añadió Trump.

La decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan fue ampliamente rechazada tanto dentro como fuera del país, provocó indignación entre políticos demócratas y republicanos de Estados Unidos, la Iglesia católica, grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas.

La cancelación supone un revés para Hegseth, que ya está bajo fuego por la guerra estancada con Irán y sus consecuencias, que lastran las posibilidades del Partido Republicano en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos indicó que personalmente no se oponía al plan de transmitir la ejecución, y afirmó que “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y ESCORIA como Hasan”.

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Pero “muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir”, dijo Trump.

La ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde abatió a 13 personas en 2009, será la primera realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945.

Por AFP

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Nidal Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino, mató a 13 personas en un ataque en la base militar Fort Hood en 2009.

Su ejecución, prevista para el 3 de diciembre, será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que será pública.

Y “será transmitida en vivo. Se darán más detalles”, confirmó a la AFP un funcionario del Pentágono.

Hegseth dijo al “influencer” y activista de derecha Jack Posobiec que un pelotón se encargará de cumplir con la orden de pena de muerte.

“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público”, dijo Hegseth en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

“La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos”, añadió.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció este viernes la difusión en directo como una forma de “tortura”.

“Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante”, dijo la oficina del Alto Comisionado en un mensaje transmitido a la AFP.

“La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura”, insistió.

La última ejecución militar en Estados Unidos ocurrió en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio.

Afganistán e Irán

El senador demócrata Chris Murphy calificó de “repugnante” la decisión de transmitir la ejecución.

“Comprendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales”, declaró a CNN.

Según el grupo de derechos de Amnistía Internacional, se sabe de al menos 17 ejecuciones públicas realizadas en 2025: seis en Afganistán y 11 en Irán.

De acuerdo con la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 135 soldados han sido ejecutados por el ejército de Estados Unidos desde 1916.

El Pentágono anunció a comienzos de esta semana que el presidente Donald Trump había aprobado la ejecución de Hasan por llevar a cabo un ataque inspirado en Al-Qaeda.

Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan fue alcanzado por los disparos de una agente de la policía civil y quedó parcialmente paralizado.

Fue sentenciado a muerte por un jurado militar en 2013.

En otro video, Posobiec preguntó al jefe del Pentágono si Hasan había hecho alguna petición final.

“No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”, respondió.

Durante el juicio, Hasan asumió su propia defensa, pero no llamó a ningún testigo ni rindió declaración ni intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal creían que estaba buscando la pena de muerte.

Al tribunal que lo condenó se le informó que él se oponía a las ocupaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

También que Hasan había hablado con una supuesta figura de Al-Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki.

De origen yemaní y con la ciudadanía estadounidense, Al Awlaki murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.

Aunque los tiroteos masivos ocurren con frecuencia en Estados Unidos, son relativamente raros en instalaciones militares.

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En 2025, un soldado abrió fuego en una base en el estado de Georgia, e hirió a cinco soldados antes de que fuera detenido.

En 2019, un marine estadounidense mató a tiros a dos personas e hirió a una tercera en una base en Hawái.

Ese mismo año un alumno militar saudita asesinó a tres personas en una instalación militar en Florida.

Y un ciudadano de Estados Unidos, nacido en Kuwait, atacó dos instalaciones militares en Tennessee en 2015, matando a cuatro marines y un marinero.

El FBI concluyó que el episodio fue inspirado por un “grupo terrorista internacional”.

Por AFP

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Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado por la corte suprema por haber liderado una organización criminal armada que trató de aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su defensa adelantó que recurrirá la decisión judicial.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

La condena al líder de la derecha brasileña, primer ex jefe de Estado sentenciado por golpismo, se produce a poco más de un año de las elecciones presidenciales.

Trump reaccionó de inmediato en apoyo a su aliado.

El republicano tachó la condena de “muy sorpresiva” y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos “responderá en consecuencia” a la “injusta” sentencia.

Trump ya aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una caza de brujas contra quien considera un “gran amigo”.

El gobierno de Lula repudió la reacción de Washington.

“Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (…) no intimidarán a nuestra democracia”, señaló en X la cancillería.

¿A por la amnistía?

Bolsonaro, en arresto domiciliario en Brasilia desde agosto por incumplir medidas cautelares, no participó en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.

El expresidente está “con la cabeza en alto”, porque “la historia demostrará que estamos del lado correcto”, reaccionó frente a la casa de su padre el senador Flávio Bolsonaro.

El legislador aseguró que el bolsonarismo actuará con “todas sus fuerzas” para unir el parlamento y lograr una amnistía.

Mayoritaria en el Congreso, la derecha presiona por aprobar un perdón legislativo a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes en Brasilia del 8 de enero de 2023, que incluya también a su líder.

“Pretendemos votar (la amnistía) la semana que viene”, dijo a la AFP el líder bolsonarista en la Cámara de Diputados Luciano Zucco.

Recurso a la vista

La corte suprema también condenó a los siete coacusados junto a Bolsonaro, entre ellos exministros y jefes militares, a entre 2 y 26 años de cárcel.

La defensa de Bolsonaro adelantó que apelará la sentencia, inclusive a “nivel internacional”, al considerar las penas “absurdamente excesivas”, según una nota.

Una fuente del supremo detalló que la defensa tiene un plazo de cinco días para presentar sus recursos, una vez haya publicado la sentencia.

El expresidente sólo puede ingresar a prisión una vez que los recursos se resuelvan, explicó Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.

“Es injusto: morirá en prisión”

La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida entre quienes consideran el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas.

En un bar de Brasilia, donde el juicio fue transmitido en pantalla gigante, los clientes rompieron en aplausos cuando se impuso la condena, algunos con gritos de “¡Bolsonaro a prisión!”.

“Después de tanta espera, este individuo despreciable está siendo enviado a la cárcel”, celebró el traductor Virgilio Soares, de 46 años.

En una pequeña vigilia frente a la casa de Bolsonaro, un pastor evangélico se lamentó.

“Con la edad de Bolsonaro, todos sabemos que acabará muriendo en la cárcel (…) El de hoy fue un juicio injusto para sacar a nuestro presidente de la carrera electoral”, lamentó Vantuir Batista, de 50 años.

Presidenciales en 2026

Los brasileños votarán en las presidenciales de 2026.

Mientras Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección, la condena a Bolsonaro debe precipitar la carrera en la derecha para sucederle.

Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios.

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Bolsonaro es el cuarto expresidente de Brasil en ser condenado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

Previamente, fueron sentenciados por corrupción Fernando Collor, Michel Temer y Lula, que ya presidió el país entre 2003 y 2010.

El líder izquierdista pasó 19 meses en prisión antes de ser liberado en 2019, al obtener la anulación de su condena por un defecto de forma.

Por: AFP

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El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado.

Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo.

De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997).

Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas.

De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Líder de la derecha

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo.

El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro.

Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos.

Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión.

Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

“Miedo”

De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos.

Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia.

Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018).

Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022).

Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical.

El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

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“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero.

Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial.

Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Por: AFP

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Franco, de 24 años, fue acusado de haber sostenido relaciones con una joven que entonces tenía 14 años.

El juicio comenzó el 2 de junio en Puerto Plata (norte), cuando se impuso una pena de 10 años a la madre de la joven, Martha Vanesa Chavalier, por explotación sexual.

“Mírenos, Wander”, dijo la jueza Jakayra Veras al dictar sentencia. “No se acerque a menores de edad para fines sexuales”.

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La corte tomó en consideración “la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera”, dijo la magistrada.

El jugador de los Rays de Tampa Bay, de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense, fue incluido en una lista de peloteros “restringidos”, que incluye a los beisbolistas que no pueden jugar pero que aún tienen contrato.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023.

Recibió igualmente una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

La condena contra la madre no fue suspendida y se le impuso igualmente una multa equivalente a 5.000 dólares.

Durante el juicio, el Ministerio Público señaló que Chavalier extorsionaba a Franco a cambio de su “silencio por el crimen de abuso infantil que estaba cometiendo”.

La fiscalía identificó siete pagos mensuales de unos 1.700 dólares y la compra de un auto y otras propiedades, varias de las cuales le serán confiscadas, de acuerdo a la sentencia del tribunal.

“Quien tenía el interés de beneficiarse económicamente y quien utilizaba a su hija como un objeto sexual era la señora Martha Vanesa Chavalier”, señaló la jueza.

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La defensa del pelotero dijo que apelará el veredicto.

Franco enfrenta otro proceso judicial por porte ilícito de un arma de fuego. Una pistola marca Glock le fue hallada luego de que participara en una riña.

Por: AFP

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“Mauricio Funes ha sido condenado a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos”, anunció la Fiscalía en la red social X.

“Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que le adjudicara la construcción del puente de San Isidro sobre el río Lempa”, en el norte del país, aseguró la Fiscalía.

“A cambio de ese beneficio a la empresa constructora, Funes recibió una avioneta como dádiva”, aseguró el ente de justicia.

Según la Fiscalía, Funes y el empresario José Miguel Menéndez realizaron “una negociación ilícita” al adjudicarle a la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción dos proyectos de construcción en carreteras del país, sin que esta tuviera “capacidad” para realizar la obra.

El requerimiento fiscal contra Funes y Menéndez se inició en febrero de 2022. El empresario fue condenado a 8 años de cárcel en agosto de 2022.

En El Salvador se permite desde septiembre de 2022 juicios con imputados ausentes.

Tras ser acusado de malversar 351 millones de dólares, entre otros cargos de corrupción durante su gobierno, Funes huyó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. En julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.

Otros dos exmandatarios salvadoreños afrontan procesos judiciales también por casos de corrupción.

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El expresidente derechista Elías Antonio Saca (2004-2009) guarda prisión desde 2016 y purga desde 2018 una condena de 10 años de cárcel por lavado de dinero y otros actos de corrupción por 301 millones de dólares durante su gestión.

También el exgobernante Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) afronta cargos de corrupción por malversar 350 millones de dólares. Antes de ser detenido también huyó y se asiló en Nicaragua, donde fue nacionalizado.

Por: AFP

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“No”, respondió Biden cuando los periodistas le preguntaron durante una rueda de prensa en la cumbre del G7 en Italia si le conmutaría la pena. 

“No voy a indultarlo”, añadió el mandatario demócrata, afirmando estar “orgulloso” de su hijo, que fue declarado culpable esta semana pero que todavía está pendiente de que el tribunal dictamine la condena.

Biden, que tiene la mira puesta en su campaña por la reelección en las elecciones del 5 de noviembre frente al exmandatario republicano Donald Trump, ya se había comprometido a no beneficiar a su hijo y a “respetar el proceso judicial”.

Hunter Biden, de 54 años, fue declarado culpable por posesión ilegal de un arma de fuego debido a que mintió en la documentación para adquirirla en 2018, cuando afirmó que no consumía sustancias.

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El hijo del presidente estadounidense, que habla sin tapujos de sus problemas con las drogas en el pasado, afirma que no se consideraba un adicto en ese momento.

Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel, pero se espera que reciba una sentencia más leve ya que no tiene antecedentes penales y que el arma en cuestión no fue utilizada en ningún crimen.

Por: AFP

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Shivers, de Fort Lauderdale, perdió un ojo tras ser agredido con unas tijeras en una prisión federal mientras dormía. En 2001 lo sentenciaron por cargos de conspiración para poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína.

El recluso demandó en vano al Gobierno federal, pero el presidente Joe Biden le otorgó la medida de gracia al igual que a otros dos presos de Florida. El próximo 24 de agosto podrá irse a casa aunque estará sujeto a 10 años de libertad supervisada.

De acuerdo con los documentos oficiales, Shivers tenía 64 años justo en el momento de la agresión ocurrida en 2015. Su atacante y compañero de celda tenía 26 años. La reyerta se produjo en la penitenciaría Coleman II en Coleman, Florida.

La demanda que ejerció Shivers refería que la Oficina Federal de Prisiones fue negligente y además violó sus derechos civiles al colocarlo en la celda con el recluso más joven a pesar de sus advertencias.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos desestimó los argumentos de Shivers en un veredicto de 2021, según Bloomberg.

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También se le redujo la sentencia a Manuel Rubén Duran-Pimentel de Miami quien fue condenado en 2016 por cargos de conspiración para importar sustancias controladas y lavado de instrumentos monetarios en el Distrito de Puerto Rico.

Duran-Pimental fue sentenciado a 151 meses de prisión. Tendría que permanecer en prisión durante unos 12 años y medio. Pero la sentencia expirará en abril del próximo año gracias a Biden. No obstante, tendrá que permanecer durante cinco años bajo libertad supervisada.

Además, Cleola Sullivan fue sentenciada a 120 meses de prisión en 2016 y pronto podrá salir de prisión. La habían declarado culpable de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir base de cocaína y 5 kilogramos o más de cocaína.

Más sentencias conmutadas

La Casa Blanca también informó acerca de la conmutación de las penas a otros 75 infractores. Se trata de casos  “no violentos” vinculados con delitos de narcotráfico. La mayoría de los indultados por Biden cumplían condenas bajo arresto domiciliario debido a la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con medios locales, los reclusos indultados obtuvieron la medida justo cuando en el Congreso cuestionan las malas prácticas y el tratamiento que reciben los presos por parte de la Oficina Federal de Prisiones.

El Washington Post publicó un análisis donde refiere que la medida de gracia llega en un momento plagado de críticas. El medio asegura que en el Partido Demócrata le pidieron a gritos que ejerciera su autoridad ejecutiva, sobre todo en el área de la reforma de la justicia penal.

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Las medidas se adoptan justo en el “Mes de la Segunda Oportunidad” donde las personas con antecedentes penales reciben esa prerrogativa.

“Mi administración continuará revisando las peticiones de clemencia y entregará reformas que promuevan la equidad y la justicia, que brinden segundas oportunidades”,  declaró el Presidente.

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Este viernes el ministerio de Educación de República Dominicana anunció la cancelación del clérigo dominicano, declarado culpable por pedofilia en Estados Unidos, y que era docente en un centro educativo en provincia La Altagracia.

El encargado de comunicaciones del ministerio, Glenn Davis Felipe Castro, informó que dada la gravedad del caso se ordenó al Colegio del Caribe apartar de sus funciones a Hadmels DeFrias, quien se desempeñaba como profesor en inglés.

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La medida ocurrió tras la publicación de un reportaje de la cadena de noticias NBC titulado “Defrocked Jersey priest who molested boys now teaches kids English in Dominican Republic”. En el mismo se detalla que el record del sacerdote en República Dominicana está limpio, a pesar de que en 2004 fue declarado culpable de contacto sexual con dos menores de edad entre 2001 y 2002 y sentenciado a tres años de prueba.

Entre los acuerdos estaba no tener acercamiento a ningún menor de edad en el estado de Nueva Jersey.

Desde febrero de 2018 imparte docencia en el Colegio del Caribe, donde en cada clase es acompañado de una asistente, por lo que niega que se haya sobrepasado con los alumnos de este centro.

“No veo a los niños con esos ojos ya… Para mí ellos son niños y necesitan ser tratados como niños porque es lo que ellos son. No siento la atracción. No estoy diciendo que probablemente algún día esté ahí, porque no puedo predecir el futuro”, dijo DeFrias a NBC.

El hombre, de 47 años, fue diagnosticado con efebofilía, que significa atracción sexual hacia adolescentes.

Según dijo a NBC era la combinación de depresión y no tener educación sexual apropiada.

Actualmente pertenece a la Iglesia Anglicana de Rito Celta Dominicana.

Hadmels DeFrias nació en República Dominicana, cursó estudios universitarios de religión en la Universidad de Seton Hall, de Nueva Jersey, en los Estados Unidos en 1995.

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