La medida busca retirar progresivamente artículos como pajitas, cubiertos, vasos, tapas y bolsas, así como el poliestireno expandido, conocido comúnmente como Styrofoam, en concesiones que operan en propiedades de la ciudad o que son administradas por el propio municipio. Aunque contempla algunas excepciones —como ciertos alimentos preenvasados—, la normativa apunta a una transformación significativa en la forma en que la ciudad gestiona sus contratos.

Los plásticos de un solo uso representan una de las principales fuentes de contaminación urbana y ambiental. Muchos de estos productos no son fácilmente reciclables ni biodegradables, lo que provoca que permanezcan en el entorno durante cientos de años. Además, estudios han detectado microplásticos en ecosistemas marinos, así como en el cuerpo humano, lo que ha incrementado la preocupación por sus posibles efectos en la salud.

La resolución forma parte de un esfuerzo más amplio por proteger la Bahía de Biscayne, uno de los ecosistemas más importantes del sur de Florida, y reducir la acumulación de basura en vecindarios y sistemas de drenaje pluvial. Las autoridades locales consideran que limitar el uso de plásticos desde la raíz —es decir, en las compras y contratos— es una de las formas más efectivas de prevenir la contaminación.

“Los residentes de Miami están cansados de ver plástico en nuestras calles, desagües pluviales y vías fluviales, y tienen razón al exigir medidas”, afirmó Higgins. La alcaldesa subrayó que la ciudad cuenta actualmente con alternativas compostables y sin plástico que son accesibles y asequibles, lo que hace viable la transición hacia prácticas más sostenibles.

Por su parte, Pardo destacó el impacto acumulativo de las acciones individuales. Según explicó, cada objeto plástico que no llega a los desagües representa una mejora para el medio ambiente y la calidad de vida urbana. Asimismo, señaló que la resolución se enfoca en lo que la ciudad puede controlar directamente, sus políticas de contratación y operación.

La directora de Resiliencia y sostenibilidad, Sonia Brubaker, también respaldó la medida al destacar el crecimiento del mercado de productos alternativos. Indicó que la disponibilidad de opciones compostables permite a la ciudad liderar con el ejemplo y reducir tanto la contaminación como la cantidad de residuos enviados a vertederos.

Un enfoque gradual

De acuerdo con la resolución, los nuevos contratos incluirán requisitos específicos para prohibir plásticos de un solo uso, mientras que las concesiones ya operadas por la ciudad deberán eliminarlos completamente en un plazo de un año. Este enfoque gradual busca facilitar la adaptación de proveedores y socios comerciales conforme se renueven los acuerdos.

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Las autoridades aclararon que, en cumplimiento de la legislación estatal, la medida no constituye una prohibición general para toda la ciudad ni impone regulaciones a empresas privadas fuera de los contratos municipales. En cambio, se centra en el ámbito de competencia directa del gobierno local.

Con esta iniciativa, Miami refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la protección de sus recursos naturales y la mejora de la salud pública, consolidándose como una ciudad que apuesta por soluciones prácticas frente a los desafíos ambientales actuales.

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La medida afectó a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, empresas que habían suspendido sus conexiones con Venezuela ante una alerta de Washington por la actividad militar en el sur del Caribe.

La asociación “urge a las autoridades venezolanas a reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país”, indicó en un comunicado publicado en su página web.

“Las aerolíneas han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”, añadió la IATA.

De acuerdo con el organismo internacional, las compañías aéreas perjudicadas “reafirman su compromiso con el país” y su disposición a restablecer el servicio de manera segura “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

El gobierno venezolano acusó a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”, según un comunicado publicado el miércoles por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC).

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El aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, amaneció el jueves con poca actividad y las oficinas de las aerolíneas suspendidas cerradas.

Una fuente de Iberia dijo a la AFP que la compañía desea retomar los vuelos “lo antes posible”.

El ministerio de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, consideró la medida “desproporcionada” y dijo que apelan a canales diplomáticos con Caracas.

Por: AFP

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El acuerdo de transacción petrolera está vinculado a “condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de (el mandatario Nicolás) Maduro”, afirma en su red Truth Social.

Formalmente Washington no reconoce la reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031) y apoya al exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica un triunfo en los comicios presidenciales de julio pasado.

Trump acusa además al gobierno del líder chavista, de no aceptar a migrantes venezolanos en situación irregular al ritmo “que habían acordado”.

El gobierno del presidente demócrata Biden aligeró el 26 de noviembre de 2022 algunas sanciones petroleras impuestas a Venezuela en 2019, durante el primer mandato de Trump, en un esfuerzo por apoyar unas negociaciones entre Maduro y la oposición.

Ese día el Departamento del Tesoro permitió a la petrolera estadounidense Chevron reanudar la producción de forma “limitada” en Venezuela.

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Biden reimpuso buena parte de las sanciones al petróleo y el gas venezolano en abril de 2024 después de que Maduro incumpliera sus compromisos electorales pero mantuvo licencias individuales a algunas petroleras como la estadounidense Chevron.

Tras volver al poder el 20 de enero, Trump envió a un emisario a Caracas, Richard Grenell, quien regresó con seis presos en Venezuela y la promesa, según Washington, de que el gobierno de Maduro aceptaría a los migrantes en situación irregular venezolanos expulsados por Estados Unidos.

“El régimen no ha transportado a los criminales violentos que enviaron a nuestro país (…) de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado”, afirmó este miércoles.

“Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido ‘Acuerdo de Concesión’ de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo”, concluye.

Por: AFP

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