El acuerdo, conocido como 287(g), convierte a la policía local en agentes auxiliares de inmigración, lo que preocupa a defensores de derechos humanos debido al perfil demográfico del condado de Miami-Dade, donde el 54% de la población es nacida en el extranjero y el 70% se identifica como hispana o latina.

Dariel Gómez, miembro de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) en Florida, advirtió que esta política “es peligrosa para Miami” y afecta directamente a una comunidad históricamente construida por migrantes. Manifestantes denunciaron la medida con pancartas en inglés y español que exigían el fin de las redadas y defendían la unidad familiar.

La decisión se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento de políticas migratorias en el llamado “estado del sol”, promovidas por el gobernador Ron DeSantis y respaldadas por el fiscal general del estado. El jefe de Policía de Miami, Manny Morales, justificó el acuerdo alegando que su incumplimiento conllevaría pérdida de fondos estatales.

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Mientras tanto, otro acuerdo entre ICE y las cárceles del condado, aún pendiente de votación, también genera alarma por sus implicaciones para los derechos de los migrantes detenidos.

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