Según el proyecto de ley número 230649, ningún hospital de la ciudad de Philadelphia puede “participar en la deportación médica, ya sea directamente o a través de un agente designado”.

Los concejales Jim Harrity, Kenyatta Johnson, Sharon Vaughn, Jamie R. Gauthier y Quetcy Lozada fueron los patrocinadores del proyecto. Alegaron que los hospitales de la ciudad utilizan la deportación médica como una forma de deportar a residentes indocumentados que necesitan atención a largo plazo, sin consentimiento informado forzado de la familia del paciente.

Lozada, una funcionaria de ascendencia puertorriqueña que nació y creció en la sección de Hunting Park, y que representa al Distrito 7, manifestó que siempre se ha sabido que Philadelphia es una ciudad acogedora, y que “este proyecto de ley continúa apoyando a las personas que vienen aquí y que necesitan atención médica para que puedan recibirla independientemente de cuál sea su estado”.

Según la Campaña Fin a la Deportación Médica, bajo esta práctica, los proveedores médicos podrían alquilar vuelos privados para transportar pacientes indocumentados a su país de origen, lo que puede resultar en la muerte o el agravamiento de su enfermedad o lesión.

Un proyecto inspirado en una posible “deportación médica”

El proyecto de ley presentado por los concejales está inspirado en parte en Claudia Martínez y su tío, Armando Vargas, quienes en 2020 se le notificó que sería deportados a Guatemala, su país de origen, para recibir atención médica después de un grave accidente en moto.

Si Vargas, que era indocumentado, hubiera sido expulsado del país, no habría podido regresar. En ese año, líderes y activistas comunitarios acudieron en masa al Jefferson Torresdale Hospital para detener su traslado. Él pudo ingresar a un centro de rehabilitación y tres años después ya camina y habla.

El Proyecto Migración Libre ayudó a Martínez a detener la deportación de su tío y trabajó con el Concejo Municipal de Philadelphia para asegurarse de que ningún inmigrante indocumentado tuviera que pasar por una situación similar.

Con el nuevo proyecto de ley en vigor, los hospitales deben proporcionar consentimiento informado, minimizar los riesgos para la salud si se va a realizar una repatriación médica y garantizar que cualquier instalación que reciba al paciente tenga espacio y haya aceptado recibir al paciente.

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Este proyecto también proporciona supervisión al exigir a los hospitales que informen sobre qué tanto se utiliza la práctica de la deportación médica y responsabilizaría a los actores de esta práctica. Además, permite al Department of Public Health multar a los centros asistenciales que violen la ley.

Como centro atención médica se considera a cualquier instalación que proporcione servicios de salud clínicamente relacionados, incluyendo, entre otros, un hospital general o especial, un hospital psiquiátrico, lugares de rehabilitación, instalaciones quirúrgicas ambulatorias, atención a largo plazo y centros de enfermería especializada y de tratamiento del cáncer.

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