En una carta dirigida al mandatario, Levine Cava afirmó: “Insto respetuosa pero firmemente a Estados Unidos a reconocer formalmente y guiar activamente al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado como los líderes legítimos de Venezuela”.

“La voluntad democrática del pueblo venezolano es inequívoca”

La alcaldesa subrayó que los venezolanos han dejado clara su decisión de respaldar a González y Machado como líderes para retornar al país a la democracia, el estado de Derecho y poner fin al autoritarismo.

El condado de Miami-Dade alberga la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos, con más de 100.000 residentes, muchos de ellos concentrados en la ciudad de Doral, conocida como “Doralzuela”.

Levine Cava recordó que Doral fue escenario de manifestaciones de euforia tras la captura, el pasado 3 de enero, del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcoterrorismo.

Presión diplomática y mensaje contra la dictadura

Según la alcaldesa, un reconocimiento formal por parte de Estados Unidos, acompañado de presión diplomática internacional, enviaría un mensaje contundente: “Los Estados Unidos no legitimarán la dictadura, el robo electoral ni la persecución política en la región”.

Asimismo, instó a garantizar la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y a exigir responsabilidades por violaciones de derechos humanos y fraude electoral.

“El condado de Miami-Dade es testigo del costo humano de esta crisis”, afirmó Levine Cava, al señalar que miles de familias han sido separadas, se han perdido medios de subsistencia y vidas humanas mientras los venezolanos huyen de la represión y la desesperación.

Solicitan restaurar el TPS para venezolanos en EE.UU.

La alcaldesa también pidió al presidente Trump restaurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos, revocado por la Administración el año pasado, una decisión que ha generado una prolongada batalla legal tras diversos fallos judiciales.

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La transición de poder esperada no se concretó y, en su lugar, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro, asumió la presidencia interina tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respaldada por el chavismo.

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones diplomáticas y petroleras con Estados Unidos, en medio de un escenario político aún incierto.

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La carta, obtenida por la AFP de una fuente parlamentaria que solicitó permanecer en el anonimato, llega después del despliegue a finales de agosto de varios buques en el mar Caribe y la destrucción de cuatro lanchas supuestamente de narcotraficantes, según Trump, con al menos 17 muertos.

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra, y esta declaración oficial puede tener como objetivo, para la administración Trump, justificar legalmente las operaciones llevadas a cabo en el Caribe.

Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas “más armados, mejor organizados y violentos” y “causan directa e ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año”, estima el Pentágono en esta carta revelada inicialmente por el New York Times.

“En respuesta, sobre la base del efecto acumulado de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y países amigos, el presidente ha determinado que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, continúa el memorando.

Por lo tanto, “el presidente ha ordenado al ministerio de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados”, afirma también el Pentágono, que concluye diciendo que “aprecia el apoyo del Congreso en estas acciones”.

Washington ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su gobierno de liderar una vasta organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

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Caracas rechaza vigorosamente estas acusaciones y, en respuesta al despliegue estadounidense, considerado como una “amenaza militar”, lanzó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias.

El ministro de Defensa venezolano también denunció el jueves el sobrevuelo de cinco aviones de combate estadounidenses cerca de las costas del país.

Por: AFP

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Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes buscan implementar un impuesto a las remesas del 5%, lo que afectaría a más de 40 millones de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a residentes permanentes.

La propuesta de los representantes republicanos fue incluida en el proyecto de ley de presupuesto del presidente Donald Trump y afectaría a todos los inmigrantes indocumentados, así como a todos aquellos que tengan un proceso migratorio pendiente. 

A través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, los representantes del caucus hispano expresaron que “esta disposición profundamente equivocada, metida en el proyecto de ley tributario más amplio del Partido republicano de la Cámara de Representantes, se dirige desproporcionadamente a las comunidad inmigrantes, socava los lazos económicos con nuestros vecinos hemisféricos y contradice los principios mismo de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo afirma defender”.

Los legisladores señalaron que las remesas, las transferencias voluntarias de dinero enviadas por individuos en Estados Unidos a seres queridos en el extranjero, son una piedra angular tanto del apoyo humanitario como del desarrollo económico.

“Solo en 2023, los residentes de Estados Unidos enviaron 93 mil millones de dólares en remesas a nivel mundial, según el Banco Mundial. Estas transferencias no son lujos frívolos, son vitales para ayudar a los miembros de la familia en el extranjero a cubrir la comida, la ropa, la educación y la vivienda en países donde tales necesidades básicas a menudo están fuera de su alcance”.

“Este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas”

En el texto continuaron explicando que “este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas, incluidos los titulares de la tarjeta verde y los titulares de visas de no inmigrante, trabajadores H-1B, H-2A y H-2B, entre ellos, mientras eximen a los ciudadanos estadounidenses”.

Los representantes hispanos indicaron que la medida, de ser aprobada, crearía un preocupante sistema de dos niveles que castiga a los inmigrantes respetuosos de la ley y trabajadores que contribuyen en la economía y que a menudo trabajan en actividades esenciales como la agricultura, la atención médica, la infraestructura y la tecnología. “Es discriminatorio en la práctica y punitivo en efecto”.

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Según la carta de los representantes, América Latina y el Caribe recibió más de $160.900 millones de dólares en remesas el año pasado, de los cuales $65.100 millones de dólares se dirigieron solo a México, seguidos de flujos significativos a Guatemala, República Dominicana, Colombia y El Salvador. “El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que estas transferencias crecieron un 9% en 2023 y son fundamentales para la estabilidad y el desarrollo regional”.

Los legisladores hispanos coincidieron con expertos en remesas, dirigentes y ciudadanos que emigraron a Estados Unidos, que afirman que prohibir, limitar o añadir un impuesto a ciertas remesas podría perjudicar a las comunidades que dependen de estas, resultar una carga para los ciudadanos y empresas estadounidenses y, paradójicamente, acabar provocando aún más migración ilegal en el país norteamericano.

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Más de 2.400 personas fueron detenidas durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición. Del total, un centenar eran menores de edad.

Un grupo de 86 chicos ya fueron excarcelados. Miguel, el hijo de Urbina, junto a Yenderson, Daiber, Héctor, Bleider, Ángel, Diomer y Alexander, que también firmaron la carta, permanecen en una comisaría policial en Caracas a la espera de su libertad.

“Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie pertenece”, sigue el texto que Urbina leyó con la voz entrecortada en una protesta por la libertad de su hijo este jueves 26 de septiembre frente a la fiscalía en Caracas. “Esto no es vida, cómo es posible estar pagando algo que ni mis compañeros ni yo hicimos”.

A la fecha hay 68 adolescentes detenidos, según conteos privados divulgados este jueves. “Hay personas que fueron sacadas de sus casas día a día entonces eso va sumando y otros que no se habían registrado, por eso los números han aumentado”, explicó a la AFP Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que recopila información sobre los arrestos.

Las protestas escenificadas entre los días 29 y 30 de julio dejaron 27 muertos -entre ellos dos militares- y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos que son tachados de “terroristas” por el propio Maduro.

A Miguel Urbina lo detuvieron el 2 de agosto cuando comía una golosina en la entrada de su casa. “Llegaron dos funcionarios y se lo llevaron”, relata su madre, manicurista de 32 años, que afirma que no estuvo involucrado en manifestaciones.

Ella asegura que su hijo está aislado junto a los demás adolescentes en un espacio donde al menos no tienen contacto con presos comunes. “Me decía que tenía miedo”, sigue. “Mi hijo no es un delincuente, no es un terrorista”, insiste.

Este jueves entregaron ante la fiscalía un documento para pedir que sean liberados.

“Estamos privados de libertad, encerrados como si fuéramos delincuentes o un peligro para la sociedad, somos inocentes de todos los cargos que nos están inculpando”, sigue la carta, escrita con caligrafía escolar.

Familiares cuentan que, antes de ser trasladados al sitio de reclusión actual, a algunos de los adolescentes les pasaron descargas de corriente y les pusieron una bolsa en la cabeza amenazándolos con llenarla de gases lacrimógenos.

“Ayúdenos a salir de aquí”

También de 16 años, Ángel Moisés Ramírez, hijo de Nérida Ruiz, de 39 años, lleva casi 60 días detenido. Ella abraza una fotografía del mayor de sus hijos vestido con el uniforme de la escuela.

Se lo llevaron de su casa mientras cuidaba a su hermano de año y medio. Lo acusaron de “hurto calificado, incitación al odio, terrorismo y resistencia a la autoridad”. Esto luego de que una de las motos saqueadas en un almacén fuera dispuesta en el camino para subir a su casa.

“Él empieza la semana que viene” el último año de la secundaria, cuenta Ruiz a la AFP. “Y esa es su mayor preocupación, que él empieza clases y cómo va a hacer”, remarca esta madre, que trabaja como cajera en una mueblería.

Debido a las dificultades económicas de su familia, Miguel Urbina no estaba estudiando, señala su madre.

“Todos en mi casa debemos trabajar, trabaja mi esposo, trabajo yo, y mi hijo estuvo trabajando, aprendiendo carpintería”, cuenta.

“No estaba estudiando pero iba a comenzar a estudiar para retomar tercer año” de secundaria, asiente Urbina, que clama por la excarcelación de todos los menores detenidos.

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Se aferra al papel donde está plasmado el pedido de libertad de Miguel, el mayor de sus cuatro hijos.

“Lo único que pedimos es justicia”, señala la carta. “Por favor ayúdenos a salir de este lugar tan feo, apóyenos, no aguantamos ni un día más en este lugar, solo somos jóvenes que no tenemos nada que ver en lo que está pasando en el país, no somos terroristas”.

Por: AFP

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El Departamento de Ingresos envía cartas a los contribuyentes cuando tienen un crédito en una cuenta, debe dinero o cierra una cuenta. También para solicitar más información sobre peticiones de reembolso, auditorías o errores en la declaración de impuestos.

Los contribuyentes con cuentas en el Centro de Impuestos de Philadelphia pueden comunicarse con nosotros de manera segura en línea. De esa manera, las personas no tienen que esperar a recibir facturas o cartas en papel.

El Centro de Impuestos les permite a los residentes elegir la facturación sin papel, enviar y recibir mensajes seguros, y ver y responder cartas, lo que ahorra tiempo y costos de envío.

Sin embargo, la ley obliga al departamento a enviar cierta información por correo postal. Ya sea de preferencia recibir información mediante cartas o en línea, hay cinco cosas que los residentes de la ciudad deben hacer cuando reciba una carta del Departamento de Ingresos:

1. No entrar en pánico

La persona no debe asustarse, pero tampoco ignorar la carta o el correo. Por lo general, se envían cartas sobre saldos pendientes, declaraciones de impuestos o para solicitar más información. En esta se indica por qué la recibe y qué hacer a continuación.

2. Actuar rápidamente

La mayoría de las cartas le piden que tome medidas, como por ejemplo:

• Realizar un pago
• Solicitor desgravación fiscal,
• Proporcionar más información o documentos de apoyo
• Entrar en un plan de pago.

Si se actúa con rapidez ante las notificaciones de facturas, se evitarán intereses y multas. También se evitarán facturas posteriores de hacienda o agencias de cobro de deudas privadas .

La forma más fácil y rápida de pagar es a través del Centro de Impuestos de Filadelfia. Se pueden pagar facturas usando el teléfono inteligente, tableta o computadora. Si no se puede pagar la deuda en su totalidad, se puede solicitar un plan de pago o inscribirse en programas de asistencia tributaria en línea.

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3.   Llamar si tiene preguntas

Ante alguna pregunta, es importante comunicarse con el departamento siguiendo las instrucciones que se encuentran al final de la carta.

4.   Llamar si la carta lo indica

Por lo general, no es necesario llamar al departamento ni enviar un correo electrónico, solo si la carta lo indicará. Los casos más comunes que requieren más comunicación incluyen auditorías, casos de cobro o asuntos legales.

5.   Estar atentos a las estafas

El Departamento de Ingresos nunca le solicitará información confidencial por correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Por lo general, envía facturas y cartas por correo postal. Si la persona no está segura de si debe impuestos vencidos, debe consultar el saldo en Philadelphia Tax Center o a través del número telefónico (215) 686-6600.

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A través de una carta, dirigida al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se explicó que el tránsito en la región de Filadelfia podría sufrir una espiral de muerte, debido a que los servicios podrían verse recortados ante la falta de fondos, lo que provocaría una caída en el número de pasajeros.

El senador John Fetterman destacó que el colapso de Septa podría impactar en toda Pensilvania, ya que la región sureste genera es el 42% de la actividad económica estatal y el 38% de la base impositiva del gobierno estatal.

“El servicio de SEPTA es esencial para toda la región sureste de Pennsylvania porque además, proporciona más de 700.000 viajes diarios en cinco condados, ciudades y territorios suburbanos. Es un sistema de transporte de alta calidad, es esencial para mantener el crecimiento y la vitalidad económica, tanto en el centro como en toda la región”.

Septa enfrenta un déficit de $240 millones cuando finaliza el financiamiento federal por la pandemia en julio, lo que podría llevar a recortes de servicios y aumentos de tarifas. En la carta se asegura que los recortes perjudicarían desproporcionadamente a los pasajeros de menores ingresos, así como a empresas, al turismo y a la economía en general.

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La carta estuvo firmada por Fetterman, el senador Bob Casey y los representantes demócratas Madeleine Dean, Dwight Evans, Mary Gay Scanlon y Chrissy Houlahan.

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“Ahora mismo, la gente de Afganistán está perdiendo su capacidad para comunicarse en las redes sociales y para expresarse libremente”, dijo la estrella de Hollywood que durante muchos años ha sido activista humanitaria.

“Así que me he unido a Instagram para compartir sus historias y las voces de aquellos en todo el mundo que están luchando por sus derechos humanos básicos”, refirió Jolie quien en pocas horas acumuló más de 2 millones de seguidores en Instagram.

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La actriz contó que unas semanas antes de los atentados del 11 de septiembre, se encontraba en la frontera con Afganistán y conoció a los refugiados que huían de los talibanes.

“Eso fue hace veinte años”, rememoró Angelina Jolie destacando que se pone “enferma” al ver de nuevo a los afganos desplazados de su país por el miedo y la incertidumbre.

“Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder dinero para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender“, acotó.

Al respecto, Jolie insistió en su compromiso con los refugiados y especialmente con las mujeres y niñas de Afganistán.

Bajo el título “Una carta de una niña afgana”, la actriz compartió el escrito de una adolescente que por motivos de seguridad, no menciona ni su nombre ni dónde vive.

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La joven cuenta su miedo por la llegada al poder de los talibanes. “Algunos dicen que los talibanes han cambiado, pero yo no lo creo porque tienen un pasado muy malo”, explica en el texto.

“Todos hemos perdido nuestra libertad y somos presos de nuevo“, añadió.

Estados Unidos comenzó la retirada de sus tropas de Afganistán en mayo pasado, pero se ha visto obligado a acelerar la evacuación de los estadounidenses que quedan en ese país y de sus aliados, tras el rápido avance de los talibanes que el domingo 15 de agosto tomaron Kabul y controlan casi todo el país tras la huida de Ashraf Ghani, quien era el presidente afgano.

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John Eckenrode, presidente del sindicato, no ve a sus agremiados inmunizados para el próximo mes. Oficialmente la Asociación de Funcionarios Penitenciarios del Estado de Pensilvania remitió una misiva a Harrisburg. La carta fue redactada y enviada dos días después de que Wolf ordenara a los guardias y a algunos otros trabajadores estatales que se vacunaran completamente antes del 7 de septiembre o se enfrentaran a pruebas semanales.

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Una decisión similar fue tomada por la Casa Blanca recientemente. Todos los empleados Federales y las empresas junto a su fuerza laboral que tienen contratos deben vacunarse. Es parte de las nuevas medidas para contener el avance de la virulenta variante Delta de la COVID-19. Sobre el tema escribió Mark Scolforo de WYHH, quien tomó datos de la Associated Press.

Custodios no se quieren vacunar

El presidente del sindicato de custodios que no se quieren vacunar tuvo palabras directas para Wolf. Dijo que “el anuncio de su política era “una bofetada en la cara”. Añadió que “francamente, ha sido demasiado tarde, porque miles de nuestros miembros ya han sido infectados, debido a su inacción”.

La nota de WYHH News colcoó en boca de Eckenrode más declaraciones. “Este es el último episodio de lo que ha sido una política de vacunación/prueba/enmascaramiento lamentablemente incoherente. Llevado a cabo por parte de esta administración en nuestras prisiones estatales”, escribió. Añadió que el sindicato “ha dado instrucciones a un asesor legal para desafiar este último cambio de política propuesto.”

Palabras desde Harrisburg

La secretaria de prensa de Wolf, Lyndsay Kensinger, se expresó este jueves. Dijo que la iniciativa fue diseñada para proteger a los guardias, a sus familias. Asimismo para amparar a las personas con las que trabajan. Desde Harrisburg no se tiene una idea del por qué no se quieren vacunar los custodios.

“El sindicato existe para proteger y apoyar a los empleados que representa. De allí que la oposición del sindicato de correccionales a esta iniciativa es extremadamente decepcionante”, dijo Kensinger. La aspiración de la Gobernación es detener la propagación del COVID-19.

El sitio web del Departamento de Prisiones indica que alrededor de 4.800 de los más de 12.000 empleados del sistema penitenciario han sido infectados por el coronavirus. La Union dice que casi 3.700 de sus miembros se han contagiado de COVID-19. El departamento admitió que unos 3.600 empleados de prisiones están actualmente totalmente vacunados.

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Eckenrode dijo a Wolf que el plan de pruebas no hará más segura a la gente. Argumentó que no se extiende a los familiares de los reclusos, los contratistas, los proveedores y los voluntarios.

“En cuanto al enmascaramiento, nuestros miembros están obligados a llevarlo, pero los reclusos no”, dijo Eckenrode. De allí que concluyó que la política de enmascaramiento no hace más seguras las prisiones.

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La carta fue firmada por 38 senadores demócratas entre los que se encuentran los excandidatos a las primarias Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Kamala Harris, Elizabeth Warren y Cory Booker, así como el líder de la minoría en la Cámara Baja, Charles Schumer, y el senador Bob Menendez, entre otros.

La comunicación dibuja como panorama que la medida solicitada beneficiaría a las 800 mil participantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a los que se acogen al Estatus de Protección Temporal (TPS) “salvará vidas estadounidenses y evitará futuras disrupciones en la economía”.

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De acuerdo a los senadores esta acción está en correspondencia con el espíritu de la nación, un alma que en tiempos de dolor no ve con buenos ojos “seguir adelante con el esfuerzo de la Administración para deportar a más de un millón de beneficiarios de DACA y TPS” (…) sería innecesariamente cruel y un gran debilitamiento de la fuerza laboral de la nación”, se apunta en la carta.

Los integrantes de la Cámara Alta, signatarios de la esquela, estiman que más de 200 mil beneficiarios de DACA trabajan en sectores declarados esenciales por el Departamento de Seguridad Nacional, de los que 41 mil 700 están empleados en la industria sanitaria como médicos, enfermeras, paramédicos o terapeutas respiratorios, entre otros; a los que se les suman otros 11 mil 600 beneficiarios de TPS que trabajan en este sector.

Adicionalmente, afirman que unos 14.900 beneficiarios de DACA -también conocidos como soñadores- son maestros, muchos de los cuales están educando a distancia a sus alumnos durante la pandemia.

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Debido al COVID-19 las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han sido cerradas al público, y muchos de sus servicios fueron suspendidos temporalmente, como la toma de huellas dactilares, por lo que la agencia ha intentado paliar el creciente atraso en la renovación de permisos de trabajo usando los datos biométricos pasados.

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Con miras a formalizar la postura de la ciudad, el alcalde Jim Kenney remitió una misiva al secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, en la que dejó en claro que Filadelfia permitirá el continuo reasentamiento de refugiados en sus tierras.

Con esta acción la Ciudad de Filadelfia se suscribe también a un escrito de amicus, junto con otras 25 ciudades y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, en apoyo a una demanda presentada por HIAS, Church World Service (CWS) y Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS) que cuestionaba la legalidad de la Orden Ejecutiva 13888.

Y es precisamente como consecuencia de las dudas sobre la constitucionalidad de la medida dictada por Trump que Filadelfia se une al escrito de amicus en apoyo de una demanda que desafía la Orden Ejecutiva de la Administración Trump

La Orden Ejecutiva 13888: “Sobre la Mejora de la Participación Estatal y Local en el Reasentamiento”, fue emitida por el presidente Trump el 26 de septiembre de 2019 y requiere que los gobernadores y ejecutivos a nivel de condado firmen cartas indicando que todavía quieren que sus comunidades reciban refugiados.

Kenney habló por todos 

Además de la carta formal, solicitada por el gobierno federal, el alcalde Kenney emitió la siguiente declaración en respuesta a la Orden Ejecutiva del presidente Trump sobre el reasentamiento de refugiados en comunidades estadounidenses:

“Filadelfia es una ciudad que da la bienvenida a todos los que se enfrentan a la persecución y al peligro. La tolerancia y la aceptación están entre nuestros valores fundamentales, y la diversidad es una de las mayores fortalezas de Filadelfia. Los inmigrantes y refugiados han ayudado a construir nuestra ciudad y continuar haciéndola crecer y prosperar. Estamos comprometidos a mantener nuestras puertas abiertas a los refugiados, ofreciendo esperanza, libertad y la posibilidad de comenzar una nueva vida en nuestra ciudad. A lo largo de los años, los Estados Unidos de América han aceptado a innumerables refugiados que huían de la violencia. Filadelfia honrará la tradición de nuestro país, dando la bienvenida a aquellos que buscan un refugio seguro. Instamos a los condados vecinos a que apoyen a los refugiados y ayuden a reasentar a estas familias vulnerables. Nos unimos al Gobernador Wolf en su compromiso, y si otros estados y condados rechazan a estas familias, nuestra ciudad estará ahí para ellos”.

Informe amicus 

El informe amicus aborda la profunda incompatibilidad entre el Decreto Ejecutivo y el papel de las ciudades en virtud de la Ley de Refugiados, que refleja la intención del Congreso de asentar a los refugiados en las comunidades en las que prosperarán.

El Congreso se negó específicamente a dar a las jurisdicciones locales o estatales un simple veto, y el diseño de la Orden Ejecutiva socava fundamentalmente la intención del Congreso.

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