Un juez federal condenó a Henon a tres años y cinco meses de prisión, y cumplirá la pena en una cárcel cercana a Filadelfia.

Además de la pena de prisión, por la que debe presentarse antes del 17 de abril, también debe renunciar a más de 207 mil dólares, pagar una multa de 50 mil dólares y realizar 100 horas de servicio comunitario.

El demócrata, elegido por primera vez en 2011, fue condenado en noviembre de 2021 en un juicio federal, en el que también se resultó implicado John Dougherty, el exlíder del sindicato de electricistas.

Se descubrió que Dougherty, de 62 años, había sobornado a Henon por el acceso al poder y la toma de decisiones en el Concejo Municipal de Filadelfia.

Según informaron los abogados, Dougherty fue declarado culpable de ocho cargos y se enfrentará a otros dos juicios antes de ser sentenciado, mientras que el exconcejal de 10.

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En enero de 2022, Henon, de 53 años, presentó su renuncia como representa de cuatro comités ante el presidente del concejo, Darrell Clarke.

Por su parte, Dougherty, quien había sido durante mucho tiempo el líder laboral más poderoso del sureste de Pensilvania, renunció en el 2021 a su puesto en el sindicato eléctrico que ha dirigido durante tres décadas.

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El anuncio de la oficina de Henon se produce dos meses después de que éste fuera condenado por soborno y conspiración.

Un jurado determinó que Henon utilizó su escaño en el Ayuntamiento para cumplir las órdenes del poderoso líder sindical John “Johnny Doc” Dougherty. Esto a cambio de un salario de 70.000 dólares del Local 98 de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos.

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“Hoy, he renunciado oficialmente a mi puesto como concejal de Filadelfia en representación del 6º Distrito del Consejo”, dijo Henon. “Estoy agradecido a los residentes del 6º Distrito por permitirme servir como concejal durante los últimos 10 años”, dijo el Demócrata que representa al noreste de Filadelfia en su documento de renuncia.

Poco después de su condena en noviembre, Henon dimitió de sus funciones de liderazgo en comités del consejo. Lo hizo como presidente del Comité de Propiedad Pública y Obras Públicas, presidente del Comité de Licencias e Inspecciones, vicepresidente del Comité de Finanzas y vicepresidente del Comité de Salud Pública y Servicios Humanos.

No dimitió de su cargo en el Ayuntamiento en ese momento. Según la ley de Pensilvania, no tenía que hacerlo hasta su sentencia, que está prevista para febrero, según reporta WHYY.

En el anuncio de su dimisión, habló de los logros alcanzados durante su etapa como concejal, que incluyen la inversión millonaria de la ciudad en parques y centros recreativos y la creación de nuevos puestos de trabajo en la zona.

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“Aunque mi tiempo en el Ayuntamiento de Filadelfia está llegando a su fin, mi dedicación al noreste de Filadelfia nunca disminuirá. Seguiré, como siempre, comprometido con una vida de servicio”, dijo Henon.

Decisión apropiada

El alcalde Jim Kenney reaccionó a la renuncia calificándola como apropiada. “Con tantos desafíos apremiantes a los que se enfrenta Filadelfia, es fundamental que los líderes de la ciudad, incluidos nuestros socios en el Ayuntamiento, sigan centrándose directamente en las necesidades y prioridades de nuestros residentes”, dijo Kenney.

El alcalde también señaló su respeto por el ex concejal. “Aunque ahora debe afrontar las consecuencias de sus decisiones pasadas, es importante evaluar la totalidad de las contribuciones de una persona al servicio público a lo largo de toda su carrera”.

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El consejero Bobby Henon ha presentado recientemente un par de proyectos de ley. A través de una ordenanza aumentarían las multas diarias por aparcar en la acera. Además prohibirían el uso de las calles o aceras públicas para la venta de automóviles. La multa por aparcar en la acera aumentaría un 500%, pasando de 50 a 300 dólares.

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Ryan Briggs, de WHYY News, obtuvo primero la información. Asimismo un comentario de la portavoz de Henon. Se trata de Courtney Voss.  Ella dijo que la nueva legislación “es una reacción”. Una estructurada respuesta  a la “dramática” proliferación de trabajos de reparación y venta de vehículos en las calles y aceras.  Ocurre en un momento en el precio de los automóviles usados se disparó tras la pandemia.

La doble vía de los “curbstoners”

Utilizar las calles como agencias de ventas de automóviles o como talleres de reparación trae caos a la urbe. La actividad genera un problema estructural que golpea la funcionabilidad de la ciudad. Hacer negocios es un asunto que requiere de una estructura. De allí que los curbstoners sean un problema porque ellos las eluden. Trabajan sin permisos, no ofrecen garantías y no tributan a ningún nivel de gobierno.

Lo peor del tema es que fabrican una doble vía, una en la que exitosamente caen tentados algunos concesionarios formales. Una parte no mesurada de autos en ventas en las aceras pueden venir de concesionarios. Los vendedores legales de automóviles que se dedican al curbstoning están eludiendo el derecho de los consumidores. Los excluyen de protecciones como las garantías federales y las state lemon laws.

Estos ilegales venden autos usados dañados y recuperados a los compradores y desaparecen. Los compradores de los curbstoners no tienen ninguna información de contacto del vendedor. La situación los deja atrapados con carros sin valor, o peligrosos y con problemas.

El asunto en Filadelfia

Courtney Voss, la vocera del consejero de Filadelfia compartió la perspectiva de una génesis del desorden. Achacó el problema, en parte, al creciente número de mecánicos y vendedores aficionados que operan sin un negocio físico.

“Utilizan la calle como sus talleres y dejan los vehículos aparcados hasta que encuentran compradores por Internet”, dijo Voss. “A nivel nacional y local, los precios de los automóviles usados se están disparando. Los individuos que se dedican a esta actividad se están beneficiando potencialmente de forma sustancial. Ellos no toman en cuenta el impacto que están teniendo en sus barrios”.

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Atribuyó el uso de la vía pública para fines comerciales a una serie de problemas de calidad de vida. Mencionó la disminución del aparcamiento en la calle. También el impacto medioambiental. En la actividad se vierten fluidos de los automóviles en las alcantarillas. Además está la contaminación sónica derivada del trabajo de los automóviles.

Se pretende que la ley sea una pieza de una estrategia más amplia para combatir el creciente problema del “curbstoning”. Busca detener la proliferación de la reparación, el almacenamiento y la venta de automóviles en el derecho de paso público”, dijo.

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