El programa, creado para permitir la rápida deportación de migrantes detenidos cerca de la frontera con México que hubieran ingresado en las dos semanas anteriores, fue modificado por la Administración Trump al inicio de su mandato en 2017. Bajo esa ampliación, el procedimiento podía aplicarse a cualquier persona en el país que no pudiera demostrar haber residido más de dos años en Estados Unidos, independientemente de su ubicación.

La jueza Jia M. Cobb, designada por el presidente demócrata Joe Biden, consideró en su fallo que esta práctica podía llevar a expulsiones “erróneas” y sin garantías mínimas de debido proceso. Según explicó, el esquema privaba a los migrantes de la oportunidad de demostrar el tiempo que llevaban viviendo en el país o de presentar otros argumentos de defensa.

“El Gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, y solo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso”, escribió la jueza Jia Cobb. “Si esto fuera cierto, no solo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro”, advirtió.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a todas las personas frente a abusos de autoridad y garantiza la posibilidad de ser escuchado en un procedimiento judicial. La jueza recalcó que su decisión no cuestiona la legalidad del mecanismo en la frontera, sino su extensión indiscriminada al interior del país.

La magistrada Cobb también citó principios constitucionales que establecen que nadie puede ser expulsado sin haber tenido, al menos en algún momento, la posibilidad de defenderse ante un tribunal. Este razonamiento se suma a una serie de decisiones judiciales que, en los últimos años, han limitado los alcances de las políticas migratorias más restrictivas de la Administración Trump.

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La promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados fue uno de los ejes centrales de la campaña presidencial del republicano. Sin embargo, su programa de deportaciones masivas se ha enfrentado a múltiples obstáculos legales, en particular por vulnerar el derecho al debido proceso de las personas afectadas.

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El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones, ratifica una decisión previa que mantenía vigentes las protecciones mientras el caso continúa en los tribunales.

No está claro qué efecto inmediato tendrá la resolución sobre los 350.000 venezolanos cuyas protecciones vencieron en abril. Sin embargo, el fallo cobra relevancia porque otro grupo de 250.000 venezolanos enfrenta el vencimiento de su TPS el 10 de septiembre próximo.

Argumentos de la corte

El panel judicial dictaminó que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito en su alegato de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cuenta con autoridad para revertir o anular una extensión previa del TPS. Según la corte, el estatuto redactado por el Congreso no otorga al DHS la facultad para eliminar dichas protecciones de manera unilateral.

Hasta el momento, el DHS no ha emitido comentarios oficiales tras conocerse la decisión.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio que otorga permiso de residencia y trabajo temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro.

En el caso de Venezuela, el TPS ha representado un alivio para cientos de miles de migrantes que buscan estabilidad en Estados Unidos, mientras persiste la crisis humanitaria en su país de origen.

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Impacto político y comunitario

El fallo del Noveno Circuito representa un revés para la política migratoria de Trump, que durante su mandato buscó limitar y cancelar varios programas de protección humanitaria. Por otro lado, la decisión ofrece un respiro para la comunidad venezolana, que se mantiene a la expectativa de nuevas definiciones legales y administrativas en torno a su estatus migratorio.

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La decisión emitida por la Casa Blanca el miércoles 4 de junio pretendía prohibir la entrada al país a la mayoría de los nuevos alumnos internacionales de Harvard y afirmaba que los ya matriculados corrían el riesgo de que se les revocara el visado.

“La conducta de Harvard la ha convertido en un destino inadecuado para los estudiantes y investigadores extranjeros”, decía la orden.

La universidad modificó rápidamente una denuncia presentada ante un tribunal federal, al afirmar que este “no es el primer intento de la administración de separar a Harvard de sus estudiantes internacionales”.

Alegó que forma parte de una campaña “creciente de represalias por parte del gobierno, en clara venganza por el ejercicio de Harvard de sus derechos amparados por la Primera Enmienda para rechazar las exigencias del gobierno de controlar la gobernanza, el plan de estudios y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes”.

La jueza Allison Burroughs dictaminó este jueves que la administración Trump no puede aplicar la orden del republicano.

Según ella, Harvard demostró que, sin una orden de restricción temporal, corría el riesgo de sufrir “un daño inmediato e irreparable antes de que se diera la oportunidad de escuchar a todas las partes”.

La misma magistrada ya había bloqueado el anterior intento de Trump de impedir que los estudiantes internacionales se matricularan en ese centro de estudios.

“Venganza del gobierno”

Harvard se ha convertido en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales universidades del país a las que acusa de antisemitismo por permitir manifestaciones propalestinas en sus campus y de imponer políticas de diversidad, inclusión e igualdad (DEI).

Su gobierno ya ha congelado en torno a 3.200 millones en subvenciones federales y contratos con esta integrante de la Ivy League, que reúne a los centros educativos superiores más prestigiosos del país, y la ha excluido de futuras ayudas además de amenazarla con anular sus exenciones fiscales.

Trump también ha apuntado a los estudiantes internacionales de Harvard, que representan el 27% del total de matriculados para el año académico 2024-2025 y son una importante fuente de ingresos.

En su demanda, Harvard reconoció que Trump tenía la autoridad para prohibir la entrada a toda una cohorte de alumnos extranjeros si se consideraba que era de interés público, pero subrayó que ese no era el caso en esta última decisión.

“Por lo tanto, las medidas del presidente no se han tomado para proteger los ‘intereses de Estados Unidos’, sino para llevar a cabo una venganza del gobierno contra Harvard”, afirmó.

Aunque la medida afecta a nuevos potenciales estudiantes, los alumnos que ya realizan estudios en la universidad más antigua del país, situada en Cambridge, cerca de Boston (noreste), no saben si podrán regresar después de las vacaciones estivales.

Un estudiante indio de la Harvard Kennedy School of Government, que no quiso dar su nombre por miedo a retaliaciones, dijo que sabían “que iba a ser un verano (boreal) largo”, pero que aún no han “recibido nada de Harvard”, lo que “no es sorprendente, aunque sí preocupante”.

“Esto es otra muestra autoritaria de extralimitación del gobierno que castiga a los estudiantes internacionales por asistir a una universidad que se niega a doblegarse ante la administración”, consideró también el galés-danés Alfred Williamson, que cursa el segundo curso de física y políticas públicas.

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Desde que volvió al cargo, Trump ha puesto en el punto de mira al mundo académico, en especial a las universidades de élite a las que acusa también de un sesgo liberal.

La secretaria de Educación de Trump también amenazó el miércoles con retirar la acreditación a la Universidad de Columbia, que a diferencia de Harvard ya cedió a las exigencias del gobierno para conservar sus fondos liberales.

Por: AFP

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Todo comenzó con un memorando de la Casa Blanca publicado el lunes por la noche, en el que se pide a los departamentos y agencias federales que congelen algunos gastos de “asistencia” para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las “prioridades del presidente”.

La orden de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, una semana después de la asunción de Trump, amenazaba con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, entidades educativas o pequeños préstamos para empresas.

En principio se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un “análisis completo”, según un documento al que accedió la AFP.

“Esta pausa temporal dará tiempo a la administración para revisar programas y determinar el mejor uso de fondos para las iniciativas que sean consistentes con la ley y las prioridades del presidente”, señalaba el documento.

Se trata de “una medida muy responsable”, sostuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a reporteros en Washington.

Pero el juez federal de la capital que atendió el caso ordenó en la tarde del martes la suspensión inmediata, hasta el próximo lunes 3 de febrero, del decreto.

Fiscales generales de 23 estados también anunciaron que impugnarán la orden del Ejecutivo.

Según Gillian Metzger, profesora de Derecho de la Universidad de Columbia, “el poder ejecutivo tiene la capacidad de “aplazar o cancelar el gasto, pero sólo en casos específicos y bajo procedimientos específicos”.

“El documento actual no presenta ninguno de los requisitos necesarios”, añadió.

Programas afectados por la decisión

Entre los programas afectados están los vinculados a la transición energética y los previstos para zonas afectadas por catástrofes naturales.

La decisión sigue a una similar que también congeló partidas de ayuda exterior.

La medida no afecta los fondos que llegan a los estadounidenses a través del sistema de seguro médico para los jubilados Medicare, por ejemplo.

Varias ONG y grupos empresariales presentaron una querella el martes contra la Oficina de Presupuesto del gobierno para intentar bloquear la orden de Trump.

La fiscal general del estado de Míchigan, Dana Nessel, abrió una investigación para “proteger estos programas y reactivar servicios vitales”, anunció en X.

Recortar el Estado

Trump ganó las elecciones con promesas de desmantelar amplios sectores del gobierno con el fin de recortar gasto público. Dejó claro que pretende revisar todos los programas federales en función de sus objetivos políticos.

El memo publicado la noche del lunes señala la voluntad del gobierno de “eliminar el peso financiero de la inflación sobre los ciudadanos, terminar con las políticas ‘woke’ (progresistas) y la instrumentalización del Estado”.

“El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump y le dio un mandato para aumentar el impacto de cada dólar de gasto federal. En 2024, sobre un total de casi 10 billones de dólares de gastos federales, 3 billones estaban ligados a asistencia financiera, préstamos y donaciones”, insiste en el documento el director interino de la Oficina de Presupuesto (OMB), Matthew Vaeth, autor del documento.

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La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un órgano no partidario, estimó en 6,75 billones de dólares el presupuesto del Estado federal en 2024.

Los demócratas acusaron inmediatamente a Trump de “desobedecer abiertamente la ley” al retener fondos que sostienen programas de asistencia en todo el país.

El congelamiento de ayuda exterior, en tanto, golpeó por ejemplo a Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que deberán determinar qué proyectos “son críticos y necesitan soluciones ahora” para solventarlos con las “finanzas públicas”.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, precisó en una nota que hay excepciones de congelamiento del gasto para la “ayuda humanitaria” y ayudas alimentarias de urgencia. También lo están las ayudas militares a Egipto e Israel.

La ayuda humanitaria está definida como “los medicamentos esenciales para sobrevivir, los servicios médicos, la alimentación, refugios y ayudas a la subsistencia”, escribió Rubio.

También el martes, Trump ofreció a los empleados federales la oportunidad de dejar sus empleos a cambio de ocho meses de indemnización, según un documento interno enviado al personal al que tuvo acceso la AFP. 

La oferta, que llegó al correo electrónico de dos millones de empleados federales, fue elogiada por el magnate Elon Musk en su papel de administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca.

El gobierno les pidió responder a la propuesta con un “renuncio”, si se acogían a ella, con formas corporativas similares a las que usó Musk cuando a fines de 2022 les anunció a los empleados de Twitter que compraba la red social para convertirla en X.

Por: AFP

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El juez de distrito de Tampa, William Jung indicó en su fallo que Florida ha demostrado que enfrenta un daño inminente y emitió una orden judicial preliminar para evitar que la normativa entre en vigencia este viernes 5 de julio.

Entre los demandantes se incluyen la Agencia estatal para la Administración de Atención Médica, que conduce el programa Medicaid, y el Departamento de Servicios Administrativos del estado, encargado del programa de seguro médico para los empleados de Florida.

La norma federal busca ayudar a implementar una ley que previene la discriminación en los programas de atención médica que reciben dinero federal. La ley previene la discriminación basada en el “sexo” e identidad de género.

El estado de Florida presentó la demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y los Centros federales de Servicios de Medicare y Medicaid en mayo pasado.

El pasado miércoles 3 de julio un juez federal de Mississippi también emitió una orden judicial preliminar contra la norma en una demanda a nivel nacional presentada junto con Tennessee, Alabama, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia y Virginia Occidental.

Las batallas legales en este ámbito han sucedido después de que Florida y otros estados controlados por los republicanos en los últimos años tomaran decisiones para prevenir o restringir los tratamientos para personas diagnosticadas con disforia de género.

La situación ha incluido prohibir la cobertura de Medicaid para tratamientos como la terapia hormonal y los bloqueadores de la pubertad, así como prevenir los tratamientos para menores.

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El magistrado Jung también mencionó fallos del Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito de Estados Unidos en casos sobre identidad de género, incluido uno de 2022 que confirmó una medida de la junta escolar del condado floridano de St. Johns que impedía que un estudiante transgénero usara los baños de niños en una escuela de secundaria, reportó el canal de televisión local News 6.

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John C. Cooper, juez de circuito del condado de Leon ubicado al norte del estado, lugar donde se interpuso una demanda a nombre de varias organizaciones proaborto, concluyó este jueves 30 de junio que la nueva ley HB 5, de nombre “Ley de Reducción de la Mortalidad Fetal e Infantil” y promulgada a principios de este año, viola la constitución de Florida.

El juez, quien escuchó las declaraciones finales de los abogados que representan a un grupo de proveedores de atención de la salud reproductiva, dijo que su fallo entraría en vigor solo después de que emita una orden por escrito, por lo que la ley aún podría activarse este viernes, como está programado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió el pasado lunes 27 de junio en la referida corte de Florida, en nombre de varias organizaciones, que bloqueara la entrada en vigor este 1 de julio de la nueva ley estatal que “prohibiría el aborto después de las 15 semanas de embarazo y amenazaría con encarcelar a los médicos por brindar atención esencial”, según indicó ACLU en un comunicado.

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En la demanda, ACLU representa a la organización Planned Parenthood que ofrece servicios vitales de salud reproductiva, educación sexual e información sobre sexualidad a millones de personas en todo el mundo.

Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, dijo a través de un comunicado que “hoy en Florida hay un rayo de esperanza para el acceso al aborto: una vez que la Corte emita su orden, los floridanos seguirán teniendo acceso a la atención protegida por la Constitución de su estado. Continuarán pudiendo decidir qué es lo mejor para sus propios cuerpos, vidas y futuros, sin interferencias políticas”.

El pasado 14 de abril, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la HB 5, que reduce de 24 a 15 semanas el periodo en que una mujer embarazada puede interrumpir legalmente su embarazo y solo contempla dos excepciones: que la vida de la madre corra peligro y que el feto tenga malformaciones.

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La nueva legislación establece que para que una mujer pueda interrumpir su embarazo en los supuestos contemplados, dos médicos deben certificar que es necesario, algo que los legisladores demócratas trataron, sin éxito, de cambiar a solo un médico.

El fallo de este 30 de junio se produce una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade, el derecho nacional al aborto de casi 50 años que la mayoría consideraba como una ley establecida. La mayor instancia judicial del país pone ahora la decisión sobre el aborto en manos de las legislaturas estatales.

El fallo señala que la Constitución “no otorga” este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al “pueblo” y sus “representantes electos”.

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La nueva regla, publicada el 23 de julio en el Registro Federal, concede poderes extras a los agentes de inmigración para detener, arrestar a inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional y para que puedan ser expulsados de forma acelerada si tienen antecedentes criminales y no demuestran que llevan al menos dos años en el país.

Esto quiere decir que los detenidos podían ser expulsados del país sin antes presentarse ante un juez de inmigración.

Según el portal de noticias Univisión, esta medida amplió a nivel nacional el programa denominado de Deportación Acelerada, que hasta septiembre solo se aplicaba dentro de las primeras 100 millas, 160 kilómetros, de la frontera.

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Este fallo es de cumplimiento inmediato y el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, no podrá aplicar las deportaciones expeditas mientras el proceso judicial continúa.

El fallo

En el dictamen, la jueza Ketanji Brown Jackson, quien preside la corte de distrito de Estados Unidos en Washington DC, ordenó parar la nueva política indicando que el proceso de toma de decisiones del gobierno de Trump parecía haber violado la ley federal.

Jackson indicó además que la nueva política migratoria de Trump parecía arbitraria, y criticó a los funcionarios federales de inmigración por no llevar a cabo una práctica formal de notificación y comentarios, pasos requeridos para llevar a cabo cambios importantes en normas federales.

“Los actores gubernamentales que toman decisiones de política en su capacidad oficial no pueden sucumbir a caprichos o pasiones mientras hacen las reglas”, escribió la jueza Jackson. “Si una decisión de política que toma una agencia tiene consecuencias suficientes de que califica como una regla de la agencia, entonces la arbitrariedad en la decisión de los contornos de esa regla (…) simplemente no servirá”, apuntó.

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