Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

“Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas.

También quedan autorizados los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo de Venezuela bajo su control directo.

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasma”, sometidos a sanciones.

El nuevo gobierno de la presidenta encargada, Delcy, Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró de nuevo Trump este viernes. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió.

“Visitaré Venezuela”, aseguró, aunque no dio una fecha concreta.

Un futuro prometedor

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en la industria, muy decaída.

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“Venezuela tiene un enorme potencial económico, pero años de inestabilidad, corrupción y mala gestión han limitado el crecimiento y la prosperidad del país. Estas licencias generales invitan a las empresas estadounidenses y otras afines a desempeñar un papel constructivo para apoyar la recuperación económica”, aseguró el Departamento de Estado.

Trump convocó a los líderes del sector poco después de la caída de Maduro, y pintó ante ellos un futuro prometedor, para animarlos a invertir de nuevo en el país sudamericano.

Uno de los que expresó escepticismo ante el estado actual del sector petrolero venezolano fue el jefe de ExxonMobil, Darren Woods, que dijo que se necesitarían años antes de poder rentabilizar las inversiones.

ExxonMobil no aparece en la lista de las cinco petroleras publicada este viernes.

Las licencias que ha ido emitiendo el Departamento del Tesoro tienen características similares: se abren las inversiones y se permiten las transacciones con PDVSA y sus filiales, siempre y cuando las empresa se avengan a dirimir sus problemas ante la justicia estadounidense, no venezolana.

Además, todos los ingresos pasan por las cuentas bancarias que el Departamento del Tesoro ha abierto en Catar, una situación provisional, según el secretario de Estado.

A causa de los litigios pendientes que arrastra Caracas con numerosas empresas internacionales, cualquier dinero que pudiera llegar a cuentas bancarias en Estados Unidos podría haber sido bloqueado, refirió Rubio.

Esta situación ha provocado críticas de la oposición demócrata, que introdujo una proposición de ley para que el gobierno Trump haga una auditoría de ese dinero y de su destino en Venezuela.

Las licencias estadounidenses no autorizan transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. En 2025 llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

Por: AFP

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La actualización de la norma también contempla la renovación para ciertos casos de no ciudadanos que están autorizados a trabajar en función de su estatus o circunstancia, incluidos aquellos admitidos como refugiados, con permisos de permanencia temporal como refugiados que se les concedió asilo, así como los que recibieron suspensión de remoción.

“Hemos aumentado a cinco años el periodo máximo de validez de los EAD iniciales y de renovación para ciertos no ciudadanos que deben solicitar autorización de empleo, incluidos los solicitantes de asilo o suspensión de remoción, ajuste de estatus bajo INA 245, y suspensión de deportación o cancelación de remoción”, refiere el USCIS en su página web.

Aumentar el periodo máximo de validez de los EAD a cinco años tiene el propósito de reducir de forma significativa el número de Formularios I-765, de Solicitud de Autorización de Empleo, que se recibirán para la renovación de los EAD en los próximos años. Las autoridades consideran que esto contribuirá en los esfuerzos por reducir los plazos de procesamiento y los retrasos asociados.

Sin embargo, el hecho de que el no ciudadano mantenga la autorización de empleo sigue dependiendo de su estatus subyacente, las circunstancias y la categoría de presentación del EAD. Por ejemplo, si una persona recibió un EAD bajo la categoría (c)(9) a base de una solicitud pendiente de ajuste de estatus por el período máximo de validez de cinco años, y la solicitud de ajuste es entonces denegada, su autorización de empleo asociada puede ser terminada antes de la fecha de caducidad que aparece en su EAD.

Las personas no ciudadanas que necesitan solicitar este permiso son aquellas que están autorizadas para trabajar en Estados Unidos en base a si estatus de inmigrante o circunstancias.

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Estas categorías son solicitantes de asilo, personas con asilo aprobado, personas con estatus de refugiado, personas que califican a cancelación de deportación, personas que califican a paro de deportación y personas aplicando al ajuste de estatus.

Hay que tener en cuenta que la aplicación a un permiso de trabajo no es lo mismo que el trámite de la visa de trabajo en los Estados Unidos (H-1B). Este es un proceso distinto y más extenso que el del EAD; además, otorga distintos beneficios.

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El fallo, emitido por la División de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) permitirá a servicios, como DoorDash, Instacart y Amazon Flex, realizar despachos que incluyen cócteles, desde restaurantes, bares y licorerías hasta las puertas de los clientes.

“Abrir la puerta para permitir que los servicios de terceros entreguen bebidas alcohólicas a los residentes de Nueva Jersey permitirá a nuestras empresas locales adaptarse al mundo siempre cambiante de la tecnología y el comercio electrónico”, dijo el gobernador Murphy en una publicación de la página oficial del estado.

La seguridad es clave

“La seguridad es un elemento clave de este fallo; queremos asegurarnos de que los que participan en la entrega y recepción de estos productos están autorizados a hacerlo. A medida que continuamos con la recuperación económica COVID-19, debemos seguir tomando medidas para evolucionar y adaptarse a nuestra nueva normalidad.”

Actualmente, las regulaciones de la ABC permiten que solo los minoristas y transportistas con licencia entreguen bebidas alcohólicas en New Jersey.

Sin embargo, el Permiso de Entrega de Terceros, que tiene un costo anual de $2,000, actualiza esos procedimientos al autorizar un modelo de entrega de terceros. Esto permite que los contratistas independientes usen sus vehículos personales (sin insignias de tránsito) para entregar los pedidosa las residencias de los clientes en nombre de los licenciatarios minoristas y cobren una tarifa fija por sus servicios de entrega.

De acuerdo al fiscal Platkin, la autorización promueve la ampliación del mercado de servicios de entrega y el aprovechamiento de éste por parte de los minoristas.

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“Este nuevo permiso logra un equilibrio que ha sido el sello de la Administración Murphy para continuar la innovación y el crecimiento de los negocios, pero sin sacrificar o poner en peligro la seguridad pública. Esto también es una bendición para los consumidores que se han acostumbrado a usar aplicaciones de entrega de teléfonos inteligentes para pedir todo, desde comestibles hasta comidas gourmet.”

Estímulo económico

El proceso de concesión de permisos se produce gracias a la colaboración con entidades del sector de las bebidas alcohólicas como la New Jersey Licensed Beverage Association, la New Jersey Liquor Store Alliance y los participantes en el sector de la entrega a terceros.

“Este es un cambio de juego para la industria de bebidas alcohólicas de New Jersey y una tremenda oportunidad de crecimiento”, dijo el director de ABC James B. Graziano, quien además subrayó su alcance como estímulo económico.

“Hemos trabajado con diligencia para elaborar un permiso que sirva de estímulo económico para el sector, manteniendo al mismo tiempo la integridad de las sólidas leyes sobre bebidas alcohólicas de New Jersey”, agregó el director.

Las solicitudes para la obtención de permiso de entrega de terceros estarán disponibles exclusivamente en el sistema de licencias de la División (POSSE) a partir del 1 de octubre de 2022.

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El medicamento es un comprimido “antiviral oral en fase de investigación”. Un tratamiento del COVID-19 de leve a moderado en adultos. “Funcionaría en quienes corren el riesgo de evolucionar a COVID-19 grave y/o de ser hospitalizados”. Así apuntó la empresa Merck en un comunicado.

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Según la AFP Merck inició los trámites este lunes. La compañía dijo que estaba trabajando “con las agencias reguladoras de todo el mundo. Solicitará permiso de uso de emergencia o de autorización de comercialización en los próximos meses”.

Molnupiravir contra la COVID

Robert Davis, director ejecutivo y presidente de Merck habló del medicamento molnupiravir contra la COVID a través de un comunicado. “El extraordinario impacto de esta pandemia exige que nos movamos con una urgencia sin precedentes”, dijo

A su vez Wendy Holman, directora ejecutiva de Ridgeback Biotherapeutics, socio de Merck, apuntaló. Calificó la solicitud de “paso fundamental para poner el molnupiravir a disposición de las personas. Muchos pueden beneficiarse de un medicamento antiviral oral que puede tomarse en casa poco después del diagnóstico de COVID-19″.

Merck y Ridgeback llevaron a cabo un ensayo clínico entre unos 770 pacientes. Aproximadamente la mitad recibió un tratamiento de cinco días de la píldora, mientras que el resto, un placebo.

Los resultados clínicos

Todos los pacientes tenían COVID-19, o, con síntomas que se desarrollaron en los cinco días siguientes a su asignación a los respectivos grupos.

De los pacientes que recibieron molnupiravir, el 7,3% fueron hospitalizados en el día 29. Contrasta con el 14,1% de los que recibieron un placebo. Esto supone una reducción del riesgo relativo de alrededor del 50%.

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Las empresas afirmaron que la eficacia es la misma frente a todas las variantes, incluida la delta. Además que el molnupiravir contra la COVID es seguro. AFP tiene contextualizaciones dadas por expertos. Estos aseguran que no se trata de cura milagrosa. El fármaco debe complementar las vacunas, no sustituirlas.

Merck dijo en el comunicado que espera producir 10 millones de tratamientos para finales de 2021.

Estados Unidos ya ha adquirido 1,7 millones de estos tratamientos de molnupiravir en caso de que se apruebe. La agencia de salud mundial Unitaid informó de que estaba trabajando con una asociación llamada ACT-Accelerator. Con ella asegurará el suministro para los países de ingresos bajos y medios.

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